Se reúne Evelyn en Altamirano con alcaldes que denunciaron amenazas de Los Tlacos

El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.

 

Se reúne Evelyn con alcaldes y diputados que denunciaron amenazas de Los Tlacos

 

El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado

Se reúne Evelyn en Altamirano con alcaldes que denunciaron amenazas de Los Tlacos

Dialogan más de tres horas en el cuartel del 34 Batallón de Infantería, en medio de fuertes medidas de seguridad. Insisten en que no hay condiciones para ir a Chilpancingo. El objetivo fue “fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”, dice la gobernadora en un comunicado. No se dan detalles del encuentro ni de los acuerdos. Asisten el comandante de la Novena Región Militar y la fiscal del estado

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.

Despliegue de la Marina y la Policía del Estado sobre la carretera federal frente al 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, mientras se desarrollaba la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con alcaldes y diputados de la región Tierra Caliente y algunos de la Norte Foto: Israel Flores

Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo

Para el presidente estatal del PRI, la seguridad se debe extender a todos los ciudadanos, “quienes no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.

Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.

 

Desconfía el gobierno de los ciudadanos, resignados a la violencia: Jesús Mendoza

El padre Jesús Mendoza Zaragoza en entrevista en la iglesia San Isidro Labrador del poblado de La Sabana en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El párroco Jesús Mendoza Zaragoza opinó que la difusión de un mapa sobre la presencia de grupos delictivos en la entidad es el reconocimiento de cómo se han repartido el territorio. En contraste la estrategia de seguridad de las autoridades ha sido insuficiente pues se necesita vigilancia de calidad, pero también acciones que mejoren el tejido social, el cultural y el desarrollo económico.
En entrevista en la parroquia de San Isidro Labrador de La Sabana, Mendoza Zaragoza consideró que el tener un mapa que identifique en qué regiones del estado operan los grupos de violencia es “un avance”.
El lunes 3 de abril se publicó en El Sur un mapa en el que se identifican 16 grupos delictivos que operan en Guerrero. Uno de los grupos dominantes es La Familia Michoacana, con presencia en Tierra Caliente, zona Norte y Costa Grande; Los Tlacos en la región Centro, zona Norte y la Montaña,y Los Ardillos que operan en la región Centro, Montaña y Costa Chica. En Acapulco, sólo se mencionan a los grupos Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos.
El padre Jesús Mendoza reflexionó que los grupos delictivos operan donde pueden obtener dinero y los ciudadanos que están en la indefensión sólo tienen la opción de someterse para preservar su integridad a costa de afectar su salud mental con el miedo y la frustración. “Si no hay una estrategia que vincule a la sociedad con los gobiernos vamos a seguir estacionados” en el problema de la violencia.
Señaló que hay una descomposición en la entidad debido a que hay desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y de las autoridades hacia los ciudadanos y eso provoca que el problema de la violencia y la inseguridad esté estacionado y a las autoridades “les parece aceptable cuando sigue desarrollándose”.
–¿Qué opina de este mapa que habla de 16 grupos delictivos en la entidad?
–Yo creo que al menos el gobierno del estado reconoce la existencia de una serie de grupos que se han repartido el estado y que en ocasiones son generadores de diferentes tipos de violencia, y al menos que hayan reconocido eso es un avance y el hecho de que también reconozcan que implícitamente hay territorios, aunque no lo hacen explícitamente, territorios que están bajo su control. Zona Norte, La Sierra, son los ms castigados, también Tierra Caliente pues tienen control territorial.
–¿Qué significa que haya 16 grupos delictivos en Guerrero?
–Creo que esto es resultado de la política gubernamental desarrollada ante el narcotráfico y ante las drogas. Yo creo que por ahí viene esa dinámica. Los Estados Unidos han desarrollado el prohibicionismo, de alguna manera ha llevado que grandes cárteles tengan mucho poder y que el gobierno mexicano con esa misma política prohibicionista la haya emprendido con la guerra con los cárteles. Como resultado de esa guerra se ha desarrollado toda una fragmentación de los mismos al grado de que todos estos grupos son herencia de algunos grupos que en el pasado, Cartel de Sinaloa, Cartel de Beltrán Leyva, tuvieron el control del terreno, pero ahora ya se fragmentaron y ahora es más complicado porque cada grupo tiene ya su propia estructura, sus propias dinámicas y sus propias rutas. Este es el resultado de todas esas dinámicas que se han llevado hace mas de 20 años.
–¿Este reconocimiento que hace el gobierno de estos grupos, cómo lo debemos entender?
–Es bastante complicado y complejo en el sentido de que hay espacios donde el Estado no actúa. No está presente y hay espacios donde hay serias sospechas de que autoridades del estado están involucradas en algunas regiones.
Puso como ejemplo lo ocurrido en El Parotal, en la sierra de Petatlán que llevaban a elementos de La Familia Michoacana disfrazados de policías. “Eso hace pensar a la población de que el gobierno no es confiable, por eso la población busca salidas a esta situación de capos y contrarios. Los grupos que se arman en la sierra o los grupos desplazados que llegaron a Tecpan, entonces cada quien va a resolver su situación por sí mismo. Hay una seria desconfianza. Los ciudadanos no confían en el Estado y las autoridades no confían en la población, por eso no permite que la población intervenga mas allá de una denuncia.

Las autoridades desconfían entre sí

–¿Cómo entender la existencia de 16 grupos delictivos en la entidad, no los combaten, permiten que se expandan?
–Tengo entendido que los equipos de inteligencia que tiene el Ejército y quizá también la Guardia Nacional son suficientes como para reconocer la presencia de estos grupos, para detectarlos, para definir sus movimientos, sus dinámicas. Ahora, no sé qué tanto estas fuerzas armadas compartan la información con los gobiernos estatales y estos a su vez compartan la información con los gobiernos municipales y en particular entre policías. Creo que en el ámbito político no hay una suficiente confianza entre ellos para que haya una verdadera coordinación. Dicen que hay Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz pero yo no creo que no tengan entre ellos la suficiente confianza para manejar la información. De tal forma que en cada municipio las policías actúan de acuerdo a instrucciones de los presidentes municipales, que son de distinto carácter, y entiendo que en los municipios hay autoridades digamos sometidas, que no tienen margen porque la delincuencia tiene más poder en cuanto a las armas, y también hay municipios en que al parecer las autoridades han sido puestas de acuerdo con los grupos delincuenciales. Hay una relación muy diferenciada, municipio por municipio y región por región y eso hay que tomarlo en cuenta en las distintas formas como se dan están relaciones entre los policías, Ejército y los distintos grupos de población.
–Esta desconfianza que hay entre autoridades y ciudadanos, habla de una descomposición…
–Desde luego hay una descomposición política y a esa le juntamos la descomposición social que tenemos, porque en la misma sociedad hay segmentos que viven de la economía del narcotráfico o de la delincuencia organizada o que viven sometidos y que asumen ese sometimiento. Por ejemplo, cuando los delincuentes llevan a los comerciantes o a los transportistas a hacer manifestaciones públicas, están sometidos y de alguna manera reciben un beneficio, el beneficio de la protección. En ese sentido yo veo que hay una descomposición política y social y de la descomposición política no se habla. Tienen sus mesas de coordinación pero es evidente que no hay confianza entre las distintas autoridades y se ha visto en algunas ocasiones en las que la federación actúa en algún estado y ni siquiera avisa.

La descomposición social es tremenda

–¿Qué hacer con la descomposición que hay?
–En el ámbito político es muy complicado. Yo no podría decir gran cosa de lo que sucede allá y lo que tendrían que hacer porque corresponde a una estrategia que ya se ha definido y no la van a querer cambiar. En el ámbito social es posible hacer caminos, es decir que todos los sectores que de alguna forma se sientan afectados, llegue al momento en que confluyan en una plataforma social para dar pasos. La descomposición social es tremenda porque en el mismo corazón de la sociedad hay una participación de la delincuencia, la delincuencia se genera en la vida de la misma sociedad y de la mano de autoridades. Toda esa parte tenemos que reconocerla. En los sicarios hay un drama económico y para que esto se resuelva tiene que intervenir el Estado, pero la iniciativa depende de los ciudadanos. En el Estado se ve que están empantanados, ni para adelante ni para atrás, como si se hubieran estacionado en una situación de violencia y ya les parece aceptable cuando sigue desarrollándose. La sociedad se siente abandonada, en la indefensión y cada quien resuelve sus broncas, un taxista, un comerciante la resuelve a su modo.
Un grupo delictivo busca donde hay dinero, donde puede sacar dinero y en ese sentido ensayan digamos mil formas de… donde no hay dinero no llegan entonces si ven una mina de dinero en la producción del campo o en la cuestión forestal o en el comercio o en el transporte o en las ferias de los pueblos y ahí están entonces le quitan a la autoridad competente la responsabilidad y la asumen ellos. Y en muchos casos a las autoridades municipales no les queda de otra, tienen que someterse.
–Los grupos delictivos disputan territorios no solo por la venta de droga, ahora es explotación de recursos naturales, cobro de cuotas, extorsiones y los ciudadanos siguen con ellos. ¿Por qué?
–Porque no les queda de otra. Hay gente que dice, ‘yo no estoy de acuerdo con esto pero está es la opción que tengo para sobrevivir’. Es la situación de indefensión, si tu sabes que nadie te va a proteger, que nadie te va defender, bueno, doblas las manos.
–¿Esto de qué manera repercute en los ciudadanos?
–La salud mental de los ciudadanos va en declive. El miedo, la frustración, todas estas situaciones empeoran la situación de la gente. Después de la pandemia que nos dejó con muchas arañas en la cabeza, toda la situación de la delincuencia sigue permeando el miedo, el miedo está, nomás que a veces lo arrinconamos, pero el miedo ahí está. Luego otro impacto que no es menor, la fragilidad del tejido social. Cada quien busca solucionar las cosas y crece la desconfianza en los vecinos, crece el número de víctimas y el crecimiento de formas de victimizar. El hecho de que haya control de ciertos territorios y ciertas cosas, por ejemplo que en un territorio esté controlado el cobro de piso, que el comercio esté cooptado, que el transporte esté sometido. Esto llega hasta el hecho de que la vida democrática va en declive, las poblaciones pequeñas que tienen ciertas características democráticas hasta ahí se van abajo, porque el que decide es arriba, y esto lo vamos a ver ahora que vengan las campañas electorales, habrá candidatos puestos por ellos (los grupos delictivos).

Las autoridades deben confiar en la gente

–¿Hay trabajo del gobierno en reconstruir el tejido social?
–Creo que la autoridad tiene que confiar en la gente, porque no confía en la gente por eso la abandona y por eso suceden tantas situaciones de conflicto que no se resuelven. Esta situación del tejido social nos toca básicamente a la sociedad, nos toca a nosotros que podamos desarrollar procesos en colonias, en zonas de la ciudad porque no lo vamos a esperar de quienes no confían en nosotros.
–¿Como podemos identificar esta desconfianza de las autoridades en los ciudadanos?
–A nivel federal, a nivel estatal en las mesas de Coordinación de Construcción de la Paz no hay ciudadanos: hay militares, hay Guardia Nacional, hay policías, hay autoridades, pero no hay  gente que represente a la sociedad. ¿Entonces quién es el que lleva la estrategia? Ellos. Los ciudadanos no importan. El ciudadano lo único que tiene que hacer es denunciar pero no denuncia porque sale mal parado, no hay confianza. Para mí esa parte de la estrategia es la que hace que las cosas no funcionen y que estemos estacionados en una situación de violencia que pareciera aceptable.
–En Acapulco hay mucha vigilancia, está la presencia constante de militares, marinos pero siguen ocurriendo asesinatos, no inhiben a los delincuentes.
–Creo que es una estrategia insuficiente. Sí necesitamos vigilancia, vigilancia de calidad, pero esta no es suficiente. Creo que debe haber estrategias de carácter social, cultural, económico. En el asunto económico que bajen las condiciones que dan pie a la inseguridad, que las familias tengan lo que necesitan para comer al menos. El asunto de la redistribución de la riqueza. En lo cultural, el individualismo que tenemos que permea en toda la vida de la sociedad no nos permite eso. El hecho de que cada quien quiera resolver lo suyo nada más. Si en una de estas colonias hay un desaparecido, se resigna y se repliega, nadie le ayuda, se siente señalado, acusado, una victimización tremenda, él tiene que resolver su asunto y lo resuelve recluyéndose en su casa y todos los lazos comunitarios se rompen. Estas historias dan una radiografía de lo que está sucediendo en las familias, en las colonias.
–¿Y en lo social qué se puede hacer para mejorar la estrategia de seguridad?
–Hubo intentos en años pasados en la reconstrucción del tejido social en algunos perímetros de la Zapata, Renacimiento, Jardín, Progreso pero… sé que se gastó mucho dinero pero quedó en nada. Cada gobierno va a lo suyo. Mira solamente hasta tres años y no le interesa lo que suceda después de tres años. Entonces eso no funciona, cuando es la sociedad la que tiene la posibilidad de darle seguimiento, pero si no hay ese vínculo entre sociedad y gobierno todo queda en tiradero de dinero, tiradero de recursos.
De los programas sociales, dijo que están ayudando a contener la pobreza pero no sirven para un proyecto de reactivación económica: “no se han desarrollado respuestas para que la gente se desarrolle a sí misma en el plano económico. Lo que hace el gobierno es dar dinero, eso no resuelve, contiene los niveles de pobreza y resuelve algunas necesidades de subsistencia pero no es igual a desarrollar una economía de la gente”.
Del problema de la violencia en las playas de Acapulco, el párroco deseo que esas ejecuciones no provoquen un problema como el que sucedió en 2011 en el municipio que la Costera estaba vacía y fue cuando inició la operación Guerrero Seguro que no ha terminado.

 

Denuncian constructores de la AMIC que en Guerrero usurpan su representación

Los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción A.C. el ex presidente estatal Alfredo Felipe Avilés; el presidente nacional Rafael Fentanes y el presidente estatal Daniel Álvarez en confe-rencia de prensa en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), alertaron a las autoridades en Guerrero que un grupo de personas han cometido irregularidades que configuran conductas penales, ostentando las siglas de esta organización pese a que fueron expulsados de la misma.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el presidente nacional de la AMIC, Rafael Fentanes Hernández, aseguró que actuando con alevosía y ventaja, el anterior presidente de la asociación, Ricardo García de León, obtuvo sólo con un documento notariado la firma FIEL en el SAT de la AMIC, para socavar a la organización.
“Todo su proyecto se basa en una asamblea espuria que fue declarada como no instalada por nuestro presidente nacional en ese momento, Ricardo García de León. Yo acudí a esa asamblea porque llevaba los estatutos que se iban a aprobar ese día, en los que trabajé durante año y medio, con el autodenominado presidente, que traiciona esos estatutos con la intención de arrebatar la AMIC”, señaló.
Informó que la AMIC se integró hace 17 años con constructores separados de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), porque mientras la mayoría de los socios no tenían trabajo ni para comer, supieron que otros, acusados de incumplimiento de contratos, recibieron 3 mil millones de pesos en obras del gobierno federal.
Así formaron una asociación civil local en Nuevo León para no ser parte de la corrupción. Desde hace siete años son la segunda asociación de constructores más importante del país.
Destacó el trabajo en los estados de personas como el presidente de la AMIC en Guerrero, Daniel Álvarez Añorve, y el ex presidente, Alfredo Felipe Avilez, presentes en la reunión de socios en la capital del estado, donde luego ofrecieron la conferencia de prensa.
“Cuando la asociación de constructores se volvió un botín comenzaron los corsarios que se dedican al pillaje, a atacar, que quieren acabar con la AMIC”, denunció.
Hace unas semanas, Ricardo de León, quien también se ostenta como presidente de la asociación, viajó de Nuevo León a Guerrero para llamar al gobierno estatal a recibir a los representantes legales de la AMIC.
Fentanes Hernández informó que la otra representación está demandada por el uso de la marca. Abundó que hay demandas civiles y penales de ambas partes, porque cada acto de piratería que se realice constituye un delito.
“Aquí estamos los buenos, los legales, los firmes y los fuertes, y vamos de nuevo a reconstituirnos y a llegar a hacer de la AMIC la primera fuerza de la industria de la construcción en Guerrero, con obras de calidad, y lo vamos a lograr en poco tiempo, van a ver”.
Reconoció al gobierno del estado y ayuntamientos por la atención con la AMIC, que los han considerado sus aliados, amigos, colaboradores y compañeros, para coadyuvar al crecimiento de Guerrero.

 

Denuncian redes feministas violencia institucional hacia mujeres activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer, representantes de redes feministas denunciaron que hay programas ineficaces y violencia institucional hacia las mujeres, en un mensaje virtual.
Entre ellas la guerrerense Olimpia Jaimes, del Frente Feminista Abolicionista, señaló la campaña en medios recurrente de denostación, la constante criminalización a los derechos de las mujeres, de las comunicadoras, de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista en general.
Reprochó el aumento de desplazamientos y feminicidios contra mujeres buscadoras, que forma parte de las acciones que frenan el avance de las mujeres.
Enfatizó que el Estado necesita de una sociedad civil organizada y segura para avanzar en la garantía de los derechos humanos, y que reconozca que las mujeres organizadas aportan trabajo, recursos, saberes y tiempo para construir un mejor mundo posible.
Asimismo, las Constituyentes Ciudad de México, exigieron que todos los congresos locales aprueben la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, y se eleve para que sea ley en todo el territorio nacional
El Frente Nacional de Lesbianas Feministas y el Movimiento Lébico Abolicionista, denunciaron las nuevas reformas excluyeron la categoría de sexo género e identidad de género, que se conocer como el borrado jurídico de las mujeres en la constitución, “al sustituirnos por persona, persona cis, persona gestante, vulvoportante, menstruante o lactante”.
La Red Nacional de Alertistas, planteó que se emita una alerta nacional por feminicidios en México, entre otras demandas, de mayor presupuesto a programas de mujeres, para el combate y prevención de la violencia que también se expresa en la incapacidad institucional de poder juzgar con perspectiva feminista, castigar a feminicidas y reparar al daño a las familias.

 

Descalifica Sánchez Esquivel denuncias en su contra por violencia política de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel afirmó que la denuncia que se presentaron 353 mujeres militantes de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de este partido, por violencia política de género contra de la actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, es una persecución política por parte de “algunos actores” que están buscando la manera de afectarlo.
En breves declaraciones telefónicas, se le preguntó sobre la queja intrapartidaria. Comentó que ya le notificaron por parte de la CNHJ respecto a ésta pero que no se menciona que esta se haya presentado por 353 mujeres morenistas, y que de acuerdo a lo que conoce se trata de una queja de la diputada Yoloczin Domínguez Serna en su contra.
“Yo he señalado desde hace muchos meses que hay una persecución política, que muchos actores o algunos actores iban a buscar algunos mecanismos para poder cristalizar esta persecución política, pero como esto ya es un tema que se tiene que resolver en instancias intrapartidistas pues es un tema que se lo deje a mi equipo de abogados para que ellos atiendan”.
De si además de ésta hay algún otro procedimiento en su contra por violencia política de género o relacionada a su paso por la Jucopo, respondió que “al ser esto una persecución política, te puedo garantizar que hay esta y muchas más”, pero no quiso precisar cuáles eran.
Lo que sí aseguró es que hay otros, además de la diputada Yoloczin Domínguez que tienen la intención de afectarlo “estoy seguir que sí los hay, ya en su momento daremos los nombres y haremos los señalamientos ya, de manera directa”, por lo pronto dijo que serán sus abogados los que se encargarán de atender las quejas o denuncias en su contra.
A la pregunta de si se trate de un tema político en su contra, se limitó a ejemplificar que a pesar de los señalamientos por las presuntas irregularidades en la demolición de la biblioteca del Congreso local, hasta ayer no se había presentado una denuncia en su contra por ese tema y únicamente se han realizado señalamientos públicos.
De lo declarado por el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, respecto a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal, respondió “es un dato muy práctico, yo no ejecuté recurso, no administré recurso y yo no licité obra, fue recurso manejado por Finanzas del Estado, y obra licitada, supervisada por Obras Públicas del estado, desconozco qué observaciones haya encontrado” la ASF a ambas dependencias.
Señaló que estas observaciones no serían a él, sino a alguna de las dos dependencias del gobierno estatal, la encargada de administrar el recurso y la que licitó y supervisó “a mí no se me ha notificado y no creo que se me notifique es un tema que si la ASF lo maneja, hay procesos internos que no son del dominio público, a no ser que solamente se busque un tema mediático o de golpeteo político”.

Ignora el gobierno estatal sus demandas por jubilaciones y plazas, denuncia el SUSPEG

Karina Contreras

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los maestros estatales, Juan Alberto Rodríguez Rendón, mostró preocupación porque continúan las jubilaciones y las autoridades del estado siguen congelando las plazas, como tampoco manda los remplazos para cubrir esos espacios.
En declaraciones telefónicas, Rodríguez Rendón dijo que su reclamo ya parece una canción, por las denuncias que hacen, pero que en enero van 20 docentes que se jubilan y no les queda otra, porque no hay atención para resolver los problemas que hay en el magisterio estatal.
Anunció que hoy, a partir de las 8 de la mañana, los docentes se concentrarán en la glorieta de La Diana, para manifestarse y pedir la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque “estamos conscientes de que no se puede resolver todo, pero debe haber indicios ya de una voluntad, de que quieran regresar a ver al magisterio estatal, para que lo que se consiga para la federación se tome en cuenta también al magisterio estatal, por que tal parece que nosotros no pertenecemos al gobierno”.
Dijo que la próxima protesta fue determinada por los delegados de las escuelas, porque no ven avances en sus demandas, que nada más hay promesas de “que vamos a trabajar, que vamos a caminar”, que se va avanzando y de repente se caen todos los acuerdos, pero espera que hoy de verdad se empiece a “negociar seriamente con el gobierno”.
Indicó que un problema es que hay maestros que ya cumplieron la edad y se están jubilando, aprovechando que hay dinero en el ISSSPEG, que la que paga la pensión. “Ese es el gran problema, porque a diferencia de la federación cuando el maestro se jubila la plaza no desaparece, en el magisterio estatal sí. Se fueron, nada más de mi sección, cerca de 20 docentes en lo que va de enero, que a los jubilados les va pagar el ISSSPEG, pero aparte no se cubren esos espacios”, manifestó el dirigente sindical.

 

Encabeza Sonigas en Chilpancingo la lista de gaseras con más quejas, informa la Profeco

En Chilpancingo, la empresa repartidora de Gas Licuado de Petróleo (LP) Sonigas, es la que más denuncias tiene de usuarios por cobros indebidos, mal servicio y cilindros incompletos, informó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Saúl Montúfar Mendoza.
Ayer por la mañana y parte de la tarde se llevó a cabo un operativo para revisar las camionetas expendedoras de cilindros de gas LP, en el que se inmovilizaron 40 de ellos por encontrarse dañados y tener menos litros de los que deberían.
La operación, encabezada por el delegado estatal, se aplicó en varios puntos de la ciudad, en su mayoría colonias alejadas del centro como la Margarita Viguri y Vicente Lombardo Toledano, en las que se detuvo a dos camionetas de Sonigas y una de Gas Mundial por traer cilindros en mal estado.
El funcionario estatal detalló que fueron inmovilizados 19 cilindros que no tenían la cantidad exacta de litros, mientras que los demás no cumplían con las normas de seguridad.
Parte de la operación fue revisar las camionetas para descartar que tuvieran equipo para “ordeñar” los tanques, así como verificar que los precisos estuvieran exhibidos.
Montúfar Mendoza invitó a los consumidores a que revisen los cilindros que aceptan de las camionetas, ya que deben de verificar la base, así como las etiquetas de seguridad que llevan y de no cumplir con estas normas no los deben de aceptar.
Reconoció que en algunos casos a los tanques de gas en la parte de abajo le colocan algunas adaptaciones para que tengan más peso y de esta forma se simule que cuenta con el líquido completo.
Comentó que en la capital continuarán los operativos y se visitarán incluso las despachadoras que se dedican a llenar los tanques que lleva el consumidor, ya que deben de contar con los precios exhibidos y extender recibos a los clientes, además de las normas de seguridad para los trabajadores, por lo que se invitará a la Secretaría de Protección Civil del estado.

 

Paran maestros de un bachillerato en Tlapa; exigen la salida de docentes por usurpación

Profesores del Centro de Estudios de Bachillerato 72 Ignacio Comonfort Ríos, de esta ciudad, iniciaron un paro laboral indefinido para exigir la salida inmediata y definitiva de los profesores Rafael Mastache Capos, Óscar Javier Peláez Moran, Édgar García López y Margarito Ibáñez Román, a quienes acusan de usurpación de funciones, falta de rendición de cuentas y transparencia.
En el plantel laboran más de 70 docentes que exigen una auditoría, incremento de horas al personal docente basificado y de mayor antigüedad, de acuerdo con el perfil académico; asignación de funciones al personal administrativo según la clave que tienen; basificación de personal administrativo y de apoyo de acuerdo con la antigüedad y regularización de prestaciones de seguridad social a personal de nuevo ingreso.
Los docentes en un comunicado explican que sus problemas laborales son de años, pero se agudizaron en los últimos y en el periodo del director Rafael Mastache, que lo ostentó por 13 años y que dejó el pasado agosto de 2017 de manera oficial, pero en los hechos usurpa las funciones al manipular a la persona encargada.
El texto menciona que realizaron las peticiones de manera legal, por la vía de las instituciones y jerarquías escolares en sistema educativo, pero no les dieron ninguna respuesta desde hace 10 meses, que la falta de director les empezó a afectar ya que el subdirector no tomaba decisiones y por eso iniciaron su paro laboral indefinido.
El cierre de la escuela inició a las 7 de la mañana, cuando ingresan los más de 2 mil 500 alumnos inscritos en el nivel medio superior, por lo que al mediodía se realizó una reunión con padres de familia que acudieron al plantel al norte de esta ciudad.
Ahí detallaron los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los recursos que entran al plantel, como el que cobren 400 pesos por inscripción y expiden un recibo oficial de 200 pesos; el cobro de fichas de admisión y certificados sin dar recibos; además, que no hay información sobre las cooperaciones “voluntarias” de los padres.
En lo laboral, dijeron que el profesor Rafael Mastache Campos usurpa la función de director, cuando el cargo lo dejó desde agosto de 2017, hace 10 meses, pero sigue fungiendo como tal, manipulando al subdirector Óscar Javier Peláez Morán.
Además de condicionar al personal que está de contrato y dar preferencia a algunos alumnos y personal directivo, en las normas disciplinarias de la escuela, y la más reciente arbitrariedad es que Mastache Campos interpuso una demanda civil contra cinco trabajadores.
Responsabilizaron a Mastache Campos, Peláez Morán y García López de cualquier tipo de represalia en contra de los paristas, sea laboral, moral o física con ellos o sus familiares.
Los padres de familia que asistieron al plantel formaron un comité temporal, para respaldar las peticiones de los profesores y que ellos también diseñarían sus medidas para exigir la solución pronta, como salir a tomar carreteras si no hay respuesta en 24 horas. (Antonia Ramírez / Tlapa).

 

Aprueba Itaig una demanda en contra de la SEG; no respondió a una solicitud ciudadana

En la 12 sesión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaig), fue aprobada una demanda en contra de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por falta de respuesta a una solicitud de información dentro del plazo establecido.
En el pleno del consejo también se acordó la revisión de la respuesta dada por la Secretaría de la Juventud y la Niñez, ya que no se cumplió con toda la información que solicitó un ciudadano.
En un boletín de prensa, en el que no se da mayor detalle sobre quiénes son los ciudadanos que solicitan la información, y en el que tampoco se revela el carácter de la información requerida a las instituciones públicas. De forma escueta y en un lenguaje técnico incomprensible, sólo se da a conocer el nombre de dos secretarías que no cumplen con su obligación de transparentar la información.
En la sesión se resolvió también que se sujetarán a revisión las respuestas de cuatro instituciones públicas, pero sólo se dio a conocer a la Secretaría de la Juventud y la Niñez, a la que acusan de incumplir en una respuesta al solicitante de información.
En el documento se explica que en el pleno del instituto se acordó que cuatro de los ciudadanos que solicitaron información a las dependencias, deberán revisar las solicitudes enviadas porque no están bien redactadas, por lo que tienen un plazo de tres días hábiles para que “subsanen su escrito”.
En el orden del día, los comisionados resolvieron dos proyectos de resolución de denuncias contra instituciones, debido a la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que no se cumplió durante el plazo establecido por la ley en la materia.
Uno de ellos, en contra de la SEG, donde se “propone declarar como fundada la denuncia por falta de respuesta a la solicitud de información, dentro del plazo establecido por la ley”.
Sobre la segunda resolución planteada, no se reveló el nombre de a quién se estaría demandando por la falta de transparencia. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).