La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales convocaron ayer a las comunidades indígenas a “increpar al poder”, levantando la voz ante los tribunales que han reconocido los derechos indígenas y a la Policía Comunitaria, y contra “los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”.
El pronunciamiento lo respaldan las casas de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, sí como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el colectivo El Grito.
“Ante el golpe artero de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado que de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”, dice el escrito que cuestiona la reforma al Artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Luego advierte que a pesar de este “atraco” los indígenas son los dueños primigenios “de este enclave sureño de vastas riquezas naturales”, y “herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos”.
“En contrapartida los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo aquí estamos de pie para emprender otra batalla más”, advierte.
Mediante este escrito los organismos recuerdan que en 1995 los pueblos indígenas de la Costa-Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad, originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder.
Agregan que ante esta amenaza los pueblos indígenas se vieron obligados a organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos, “inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad en un 90 por ciento, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”.
Sin embargo, la respuesta de “los de arriba” no se hizo esperar y el gobierno mestizo “que es cómplice de la corrupción se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos”.
Mencionan que lograron que las autoridades del estado reconocieran en la Ley 701 que la Policía Comunitaria es legal y legítima, y que además es un aporte transcendente que enriquece la pluralidad jurídica del estado y del país, como lo han reconocido los relatores especiales de pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo denuncian que a pesar de esta gran contribución, “hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos”.
Para la CRAC y las agrupaciones solidarias las reformas aprobadas el 27 de julio por los diputados locales, son una “contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”.
Por lo que hacen pública su protesta y advierten que como pueblos originarios de la Costa-Montaña, donde nació el proyecto de la Policía Comunitaria, “defenderemos con la ley en la mano este modelo ejemplar que nos ha garantizado la paz y la seguridad en nuestros territorios”.
Reprochan que “esa legislatura de triste memoria ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitamos los na’savi y me’pha se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático”.
Recuerdan que fue en este mismo municipio donde decidieron como pueblos nombrar a “nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias. Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del Estado y los mismos partidos políticos”.
Destacan que de esta misma forma nació la Policía Comunitaria, en las asambleas de los pueblos y “haciendo valer nuestro derecho a la consulta y en ejercicio de nuestra autonomía”.
Advierten que los pueblos no son vasallos de los gobiernos “usurpadores, ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese”, y se reclaman sujetos de derecho “no objeto de políticas asistencialistas”.
Convocan a los pueblos a que “con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas, increpar al poder levantando nuestra voz ante los tribunales que han sabido reconocer nuestros derechos y a nuestra Policía Comunitaria, que es un modelo ejemplar reconocido en leyes nacionales e internacionales”.
Añaden que ante la aprobación de esta contrarreforma, “por esta agónica legislatura”, hacen un llamado los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”.
Finalmente advierten que: “con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”.