Este viernes, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) cumplieron 16 días de paro, para exigir la destitución de docentes señalados como agresores y acosadores sexuales.
Organizaciones sociales de mujeres activistas, defensoras y feministas, se pronunciaron en favor de las estudiantes y pidieron a la directora Fredislinda Vázquez Paz, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto Nacional de Mujeres cero tolerancia al acoso en el ámbito escolar y, por lo tanto, la renuncia o despido de los maestros agresores.
Sobre las estudiantes víctimas, que se les repare el daño, porque es importante reconocer y visibilizar la voz de las mujeres jóvenes, para poder romper el cerco cultural, que discrimina y cosifica sexualmente a las mujeres, no debe y no habrá impunidad en esos delitos.
Las organizaciones sociales, colectivas, activistas, defensoras y feministas de Guerrero, que firman el comunicado publicado en Facebook son Redefine Guerrero, Ddeser, OVM, Femversas, Marea Verde Guerrero, Red Feminista de Acapulco y Mujeres Guerrenses por la Democracia.
El comunicado dice: “Nos pronunciamos para exigir de manera inmediata el cese y alto al hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito escolar, que viven las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, ubicado en Tlapa. Es necesario e importante decir, cero tolerancia, fuera docentes acosadores”.
Mencionan que ninguna mujer, estudiante, debe sufrir hostigamiento en sus espacios donde construyen sus proyectos de vida, y que las autoridades deben garantizar espacios escolares libres de violencia.
Los estudiantes llevan tres días bloqueando las carreteras federales, este jueves fueron la carretera a Puebla, en el punto conocido como La Nopalera, y el Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec.
El docente de la secundaria Juan N Álvarez, en el poblado Plan de los Amates, Lorenzo Méndez Abarca, al iniciar su huelga de hambre afuera del Ayuntamiento de Acapulco. Exige a la SEG que le pague nueve horas que atiende desde hace tres años Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
El profesor de la secundaria Juan N Alvarez, en el poblado Plan de los Amates, Lorenzo Méndez Abarca, inició una huelga de hambre para exigir que la Secretaría de Edu-cación Guerrero (SEG) le pague las nueve horas que ha estado atendiendo desde hace tres años y resuelva otras demandas de los maestros en paro desde hace dos semanas.
Dijo que pide una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que vea que la lucha es justa e informó que puso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) por la falta de atención a sus demandas.
El profesor es el vocero de los docentes de la escuela y dijo que esta decisión de ponerse en huelga de hambre es porque en la SEG no les resuelven diversas demandas. Añadió que en esa escuela hay otros dos maestras a las que les deben también horas, pero que no se pusieron en huelga de hambre, porque ya son mayores.
El docente se colocó en la explanada del Ayuntamiento, donde puso una lona en la que se lee: “Por falta de pago atrasado declaro huelga de hambre, hasta tener una solución de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Profesor Lorenzo Méndez Abarca”.
Informó que en su caso se le deben nueve horas de la asignación de español que ha dado durante tres años. El docente dijo que ese problema está en todas las secundarias y es una “bola de nieve que está creciendo”, que el secretario Marcial Rodríguez Saldaña no ha sido capaz de resolver.
Méndez Abarca señaló que han sido muy pacientes para ser atendidos por la SEG, que ya cumplieron dos semanas de paro de labores, en su petición de pagos de adeudo, pero no ha habido respuesta, porque nada más dicen que no hay presupuesto.
Recordó el profesor que ya cumplieron con todos los requisitos que se les pidieron, que esas horas ya están reconocidas y válidas en los diferentes departamentos de las dependencias.
Por ello, mostró un documento donde se les han validado esas horas, por parte del departamento de Programación y Presupuesto, Juan Antonio Magdaleno García; del enlace de la dirección de personal, Juan Carlos Barragán Álvarez, y la secretaria técnica de la Dirección General de Administración de Personal, que es la que contrata y emite los nombramientos, Sofía Martínez Villalobos.
Señaló que ellos están esperando el pago y subrayó que no hay voluntad de las autoridades para resolver las demandas, porque el viernes tuvieron una reunión en Chilpancingo, donde fueron puros representantes sin poder de decisión.
Señaló que la única titular fue la directora del Uesicamm, Lucila de los Santos Rangel, quien “nos pide que nos evaluemos, pero que no hay recursos”. Manifestó que fue la única que habló en la mesa de trabajo y los demás eran representantes que no tenían poder resolutivo, ni capacidades para resolver esta situación.
Agregó que le dijo a la comisión que acudió a la reunión que busquen otro trabajo, “y eso es un insulto hacia nuestra persona. Los funcionarios todavía tienen sueldos que les alcanza para alimentar a su familia”.
Maestros de la Zona Escolar 42 se manifiestan afuera de las oficinas de Protur, para exigir la liberación del profesor David Beltrán Salas, quien fue detenido por la Marina Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Por segundo día, familiares y maestros de la zona 42 bloquearon frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Se informó que la primera audiencia del docente será hoy a las 5 de la tarde, en los juzgados federales. Los alrededor de 100 manifestantes, primero marcharon por el bulevar, una vez que salieron del punto conocido como El Revolcadero para llegar a los juzgados federales, donde llevaron a cabo un bloqueo de alrededor de una hora.
La marcha ocupó todo el carril Puerto Marqués-Areopuerto, lo que provocó un fuerte tráfico en el transitado bulevar.
En su segunda protesta consecutiva, los manifestantes insistieron en la liberación del maestro de educación física, de 50 años y maestro de la primaria Juan N Alvarez, de la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En declaraciones, el supervisor escolar de la zona, Rey Rueda Padilla, informó que mañana sábado a las 5 de la tarde se llevará a cabo la primera audiencia del caso del maestro, por lo que piden al juez federal no cometer una injusticia contra el docente.
El supervisor dijo que estaba en esa protesta para “dar el testimonio de que el compañero David, a nosotros nos consta, es una persona honorable, dedicada a su trabajo, muy responsable. Ese es el motivo de la manifestación, de nosotros como magisterio, de declarar que es un maestro honorable”.
Subrayó que si están defendiendo al maestro David Beltrán, es porque lo conocen y es una persona “honorable y uno de los mejores elementos de la zona. Es un destacado docente”.
Indicó que ellos nada más defienden al maestro, no a las personas que fueron detenidas con él, porque no los conocen, porque lo conocen y estuvo “en el lugar equivocado a la hora equivocada”, porque se encontraba en un festejo religioso.
Agregó que quieren que se dé una sensibilización en este caso. El supervisor dijo que la información que tienen es que el “delegado fiscal en Guerrero está haciendo los enlaces con la Fiscalía federal, donde le indican que ya se está trabajando, ya están revisando la carpeta de investigación del maestro David y se está sensibilizando”.
Indicó que hay pruebas contundentes a favor del maestro, que no es como lo dice la parte acusadora y que apelan al juez, para que “revisen bien el caso, no se equivoque y no declare culpable a una persona inocente, porque ahí sí vamos a emprender un movimiento de lucha”.
Mientras que la hermana del maestro, Consuelo Beltrán Salas, dijo que acudirán a poner una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los golpes que recibió su familiar.
Dijo que los delitos que se le imputan son posesión de droga y armas, lo que es “totalmente falso”. Señaló que la carpeta de investigación ya la tienen sus abogados, para revisarla, y su movilización es porque es “injusto de lo que se le está acusando”.
Miembros del Consejo Académico de la Preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informaron que la Comisión de los Derechos Humanos de la universidad inició por oficio una investigación sobre las denuncias de acoso, que alumnas de esta escuela realizaron ante medios de comunicación contra seis profesores, y en 50 días dará su fallo.
Este viernes, después de las 11 de la mañana, en la escuela, en la que no hubo clases por segundo día, el director y presidente del Consejo Universitario de la escuela, Juan Araujo Juárez; acompañado de la subdirectora administrativa, Antonia Bernabé Vargas, y el consejero Moisés Ocampo Delgado, ofreció una conferencia de prensa derivado de este conflicto, que se ventiló el viernes de la semana pasada.
Araujo Juárez afirmó: “Nosotros no solapamos a nadie”, y justificó que antes, las alumnas no habían presentado ninguna denuncia por escrito ni verbal del acoso escolar que sufren.
Informó que solicitaron la intervención de la Coordinación Zona Norte y mencionó que atendieron a las alumnas que hicieron la denuncia, sin embargo, no quisieron dialogar y rompieron la mesa de negociaciones. Sin dar detalles ni mencionar a nadie, advirtió que “hay personas externas que están participando”.
Narró que este jueves, a petición suya, estuvo la Comisión de los Derechos Humanos de la Universidad para atender a los alumnos “que decían ser acosados, sin embargo, no se prestaron al diálogo”.
Agregó que debido a las denuncias que las jóvenes realizaron en plataformas de Facebook y medios de comunicación, se citó a los maestros que tienen señalamientos, y ya en la escuela les notificaron de una demanda de oficio, que está siguiendo la Comisión de Derechos Humanos de la UAG, así como el inicio del proceso de investigación.
El director argumentó que los paristas no querían que se siguieran los protocolos y procedimientos legales, sino que en ese momento se corriera a los maestros, pero la Comisión de Derechos Humanos les dijo que se les tiene que dar la garantía de audiencia, “porque tienen una presunción de inocencia”.
Explicó que a partir de que se integró de oficio la carpeta de investigación, se corre un término de 50 días para que la Comisión de Derechos Humanos determine el fallo, con el ofrecimiento y desahogo de las pruebas.
Reclamó que “en lugar de conciliar, a la misma comisión le dijeron que hoy (viernes) iban a tomar las instalaciones, incluso, amenazaban a través de audios de que había grupos externos que los iban a apoyar”.
Desde la mañana, las instalaciones estuvieron solas y ya no se presentó el grupo de alumnas que el jueves tomó la escuela, a pesar de esto, no hubo clases, porque la dirección notificó que no habría clases y alertaba de posibles protestas radicales.
Por su parte, el consejero Moisés Salgado opinó que las denuncias de acoso realizadas por alumnas “se están politizando, en el marco de la coyuntura electoral (dentro de la UAG)”.
El director dijo que el lunes ya habrá clases, día para el que solicitará seguridad pública afuera de la escuela, para evitar una posible confrontación entre estudiantes.
Durante el bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, maestros de la zona 42 de Educación Primaria discuten con automovilistas que exigían el retiro de la protesta porque ya llevaban mucho tiempo bajo los rayos del sol Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Alrededor de 100 maestros de primarias de la zona escolar 42, bloquearon más de tres horas el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Los familiares informaron que están preocupados por el docente de 50 años, con 26 de servicio en la SEG, porque fue golpeado y es díabético, que no está tomando sus medicamentos. Informaron que están detenido en la Fiscalía General de la República y que fue detenido el sábado.
Aseguró Marcela Beltrán, hermana del detenido, que tienen pruebas de que su hermano es inocente, que hay testigos de cómo fue detenido en Espinalillo y no en Pénjamo, como dice la versión oficial. Señaló que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de los Derecjos Humanos, por la violacion a sus derechos y al debido proceso.
Añadió que uno de sus hermanos pudo platicar con David Beltrán y se dio cuenta que no podía caminar, porque recibió golpes, y están preocupados porque es diabético, “no hemos obtenido ninguna respuesta del gobierno estatal”.
Durante la protesta hubo un altercado con automovilistas, que desesperados pedían a los manifestantes que los dejaran pasar, porque ya tenían mucho tiempo varados bajo los intensos rayos del sol.
Luego de ese altercado, los manifestantes abrieron cinco minutos y volvieron a bloquear media hora más. Luego decidieron retirarse, ante la presión que ejercieron los automovilistas que no dejaron de tocar sus bocinas.
Los conductores enfrentaron verbalmente a los manifestantes y les arrebataron las lonas de la protesta y estuvieron a punto de llegar a la violencia física. También los manifestantes arremetieron contra un taxista, de la ruta a Colosio, a quien le estrellaron el parabrisas del vehículo.
En declaraciones, la hermana del profesor, Marcela Beltrán, explicó que ellos son originarios de Espinalillo y que habían ido a una peregrinación, que luego su hermano se dirigió al domicilio de un amigo en el mismo pueblo, donde “cayó la policía y se lo llevaron y al buscarlo, lo encontramos en la Fiscalía”.
Señaló que desconocía los cargos que se le estaban imputado, pero al estar en la Fiscalía quería decir que eran delitos federales. Subrayó que el maestro es una persona honorable y por eso estaban sus compañeros de zona, exigiendo la libertad inmediata de su hermano, “no tiene nada que ver en los hechos que se le están imputado, porque están diciendo que es delincuente”.
Indicó que formalmente no saben de qué se le acusa, más lo que han escuchado y que es por portación de armas. Dijo que exigen la libertad de su hermano, porque no tiene nada que ver con los hechos que están imputado. “Mi hermano esta cerrado injustamente”, aseguró.
Mientras, el inspector de Educación Física, Ignacio Calderón Navarro, dijo que estaban en protesta para exigir la libertad del maestro y que esperaban una respuesta de la Dirección de Gobernación del estado, porque hasta el mediodía no se había dado un acercamiento. Agregó que lo que quieren es la liberación del profesor, quien da clases en la primaria Juan N Alvarez, ubicada en la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que en la zona escolar incluye 12 planteles, ubicados en comunidades como San Pedro Las Playas, Amatillo, Oaxaquilla, Ranchito, Sal si Puedes y Agua Caliente.
Aseguró que estaban exigiendo una pronta solución a la situación legal para que lo dejen en libertad.
Los manifestantes quitaron el bloqueo casi a la 1 de la tarde, porque no querían golpes, pero dijo la hermana de de David: “Esto fue pasivo, estamos esperando la respuesta del gobierno, pero de no darse, lo harán más agresivo y contundente”.
Portaron una manta donde se leía: “La zona escolar 42 de Educación Primaria exige la liberación inmediata del profesor de educación física, David Beltrán Salas. Paro laboral hasta la liberación del profesor”.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza José Alfredo Romero Olea, aseguró que se hace la investigación correspondiente por las cámaras localizadas en los baños de la preparatoria 29 Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, el pasado 23 de febrero.
En un comunicado, la UAG indicó que respecto a la denuncia, relacionada con actos de vulneración a la intimidad de jóvenes estudiantes de la preparatoria, la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició un procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Detalló que se inició la investigación por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad personal de las alumnas, para tal efecto se radicó la queja DDHU/002/2023, en virtud de que se detectó una mini cámara espía en el baño de las mujeres.
Aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios dictó medidas cautelares, para proteger la integridad de las estudiantes; asimismo, se han practicado diversas diligencias en las que personal especializado en informática de la UAG, realizó los estudios técnicos del artefacto relacionado con los hechos, para el deslindamiento de las responsabilidades correspondientes.
“En plazo breve se concluirá con la investigación y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar, de acuerdo con la legislación universitaria”, se leía en el boletín.
La UAG refrendó el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos y universitarios de la comunidad universitaria, así como sancionar, de acuerdo con su legislación, cualquier acción u omisión que viole derechos fundamentales.
El miércoles, alumnas de la preparatoria 29, ubicada en Tixtla, denunciaron que no había avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirían a la Agencia del Ministerio Público, por la nula atención del rector José Alfredo Romero.
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Arriba, las personas que se manifestaron en solidaridad con el Ejército la mañana de este domingo en el Campo Militar 35-C del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y abajo las que lo hicieron en la sede del 109 Batallón de Infantería en El Ticuí, vecino de Atoyac Fotos: El Sur y Francisco Magaña
Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña
Chilpancingo / Iguala / Atoyac
Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.
El 27 batallón de Infantería en Iguala
Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.
Apoyo al Ejército en Atoyac
Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.
En un documento enviado al gobierno federal, los soldados que apoyan a sus compañeros encarcelados destacan: “Soy militar, pero no soy cualquier militar. Soy aquel adolescente que, con 15 años, entró con el corazón lleno de emoción y orgullo a la Heroica Escuela Naval; soy ese cadete del Heroico Colegio Militar que cantó el himno de la institución durante los desfiles, debajo de la lluvia. Soy el teniente que no pudo presenciar el nacimiento de su hijo por estar en comisión del servicio. Soy el soldado que se enteró de la muerte de su madre después de dos meses, por estar aislado en la sierra. Soy el médico que sostuvo la cabeza del amigo que fue herido en combate. Soy el capitán que pasa semanas navegando lejos de su familia. Soy el comandante que entrena a su personal con máximo rigor y soy la enfermera que limpia las heridas de las fuerzas especiales”.
Abundaron que en tiempos tranquilos el Ejécito es ignorado, pero en tiempos de urgencia o desastre es convocado.
Citaron también: “Soy el marino que despues de 30 años de servicio, fue comisionado a la Guardia Nacional, aquel capitán de caballería que no fue consultado si quería pertenecer a GN, soy ese militar, el que cumple órdenes”.
Lamentaron que deban esconderse en la cobardia del anonimato para escribir esas líneas y no ser perjudicados, pero que entregan su vida y su trabajo por su país, “soy ese militar que no tiene derechos humanos, pero que en medio de la batalla debe respetarlos o ser enjuiciado. Soy el que soñó con ser de la naval y terminó de policía, soy ese fusilero paracaidista que no tiene libertad de expresión”.
Señalaron carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.
Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.
Exponen: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver. Soy el que cuida instalaciones estratégicas, el que pelea con huachicoleros, soy el piloto y el administrador que ahora administrarán bajo sus órdenes un aeropuerto. Soy el del servicio de sanidad, que ahora es responsable de resolver la crisis de salud cuando ya es demasiado tarde”.
Donde, además, el militar que recientemente vio a su familia peligrar por causa de la familia de El Chapo Guzmán, “a quienes usted ofrece ahora ayuda humanitaria”.
Señalaron que estan cansados y hartos de los secretarios, que México no merece esto. Las fuerzas armadas no lo merecemos, “así que decimos ya basta”.
En instalaciones militares de Chilpancingo (imagen), Iguala y Atoyac, lo mismo que en la Ciudad de México y otras de la república, militares en activo y retirados y familiares de soldados se manifestaron para exigir respeto a lo que llaman sus derechos humanos, exigieron al presidente la liberación de cuatro efectivos acusados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y reclamaron que si no se les va a permitir enfrentar con firmeza a los delincuentes que mejor los dejen en sus cuarteles Foto: Jessica Torres Barrera
Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos
También exigen al presidente López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero
Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña
Chilpancingo / Iguala / Atoyac
Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.
El 27 batallón de Infantería en Iguala
Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.
Apoyo al Ejército en Atoyac
Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.
Marchan militares activos y en retiro; protestan
contra AMLO por arrestos y muertes de soldados
Cientos de personas salen a las calles en la Ciudad de México y en al menos otras 15 ciudades luego de que cuatro militares fueran vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que las víctimas eran parte del crimen y se encontraban armados, pero un sobreviviente lo niega
Staff / Agencia Reforma
Ciudad de México
Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.
Los manifestantes reclamaron por la estrategia de “abrazos no balazos”, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.
La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.
Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”; “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “Respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los 4 sargentos’”, fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.
También se reportaron manifestaciones en ciudades como Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.
Algunos de los participantes portaban prendas color verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban consignas como “¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Libertad!” y “¡Justicia!”, incluso marcharon cantando el Himno Nacional.
En la capital mexicana el contingente partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde realizaron una protesta frente a Palacio Nacional.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”, decían otras cartulinas.
“A mi no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí”.
También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Somos el pueblo de México”
“Señor presidente (López Obrador) los militares que ahorita se encuentran en la prisión militar no deberían estar ahí”, afirmó Rosalío, un militar retirado, quien encabezó la marcha en la Ciudad de México.
“Señor presidente no puedes dejar, no puedes hacer, que a un soldado lo maten porque como dice el himno nacional: “Un soldado en cada hijo te dio”“, dijo tras considerar que los elementos se sienten desarmados y sin posibilidad de actuar.
El militar afirmó que la protesta es legítima, luego de que el mandatario federal aseguró en días pasados que detrás de ella podría haber otros intereses e incluso estar implicado el crimen organizado.
“No queremos que en la mañanera digas que estamos comprados, que somos un grupo de choque, no señor presidente, te lo sostenemos, que somos el pueblo de México. Solicitamos que no haya represalias contra nosotros”, pidió
Rosalío aseguró que las autoridades están procesando militares mientras ellos defienden al Estado y al pueblo mexicano.
“No podemos dejar que las personas que delinquen y causan daño al pueblo y al Ejército mexicano estén por arriba de los soldados mexicanos y los derechos humanos”, demandó.
El hombre, quien iba vestido de civil y portaba sombrero, emitió un discurso al llegar a la plancha del Zócalo y frente a Palacio Nacional aseguró que el Ejército vela por los intereses del pueblo de México, así como por los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afirmó que en la marcha participaron contingentes de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas y como lo dice el señor Presidente: “Son pueblo de México”“.
Insistió en que la manifestación era pacífica.
“No vamos a dejar que se infiltren grupos subersivos, no permitimos que el Ejército mexicano involucre a personas que realicen el mal”, dijo.
Por su parte, Paulino Jiménez Hidalgo, un general retirado, afirmó que los soldados no le juran lealtad al Presidente, sino al pueblo de México.
“Nuestra lealtad es al pueblo mexicano. El Ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución”.
Asimismo, denunció que los recursos que deberían dirigirse al Ejército han sido desviados para otras tareas.
“Tengo entendido que le sacó dinero del Fondo de Adquisición de Material Militar para metérselo al Tren (Maya), ojalá algún día ese Tren pase y se lo lleve a su rancho”, expresó.
En la movilización participaron decenas de personas, quienes lanzaron consignas como: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”; “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”, “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los cuatro sargentos’”, fueron otros de los reclamos plasmados en pancartas.
Los asistentes aseguraron que la marcha se realizó de manera simultánea en otras partes del país e incluso hay apoyo de Estados Unidos y Canadá.
“Somos militares, personal militar, personal retirado, personal de sector, que tienen buenos principios y buena fe. Son muchísimas personas, no solo las de aquí, en todo México y Estados Unidos, en Canadá, está pasando y está diciendo: los estamos apoyando”, expresó un participante que pidió el anonimato.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”.
“Los detenidos no tienen apoyo del presidente”
“Mi familiar no tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del Ejército”, aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la libertad de los militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El joven, quien portaba una pancarta cuyo mensaje decía: “Hagamos valer sus derechos, Hagamos valer su trabajo! Hagamos valer su, esfuerzo, indicó que provenía del Estado de México y que es familiar de uno de los militares detenidos por los asesinatos de cinco jóvenes en Tamaulipas; sin embargo, prefirió omitir el tipo de vínculo que lo relaciona con éste.
“Venimos por todas las inconformidades que hay con el Ejército. No puedo platicar bien (lo que sucedió en Tamaulipas) porque sólo ellos saben por qué lo hicieron”, indicó.
Aseguró que existen constantes anomalías en esa institución, así como violaciones a los derechos humanos de sus miembros. “No tienen nada de apoyo”, lamentó.
Yasmín, una joven de 26 años, cuyo padre, hermanos y tíos forman parte del Ejército, también acudió a la protesta para exigir la liberación de los militares señalados por los asesinatos de los jóvenes en Tamaulipas.
“Exigimos su liberación, no hicieron nada, fue en defensa propia. Millones de militares han sufrido está situación y no se han dado a conocer cuántos militares han muerto en cumplimiento de su deber”, aseguró la joven, quien portaba una pancarta en la que se leía: “Levanto la voz y visto de verde olivo porque mi papá, hermano, tío, pertenecen a esta institución y no estoy dispuesta a perder a ninguno de ellos”.
Es el crimen organizado, dijo el presidente
López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.
Desde su conferencia mañanera el pasado viernes, el presidente aseguró que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo laredo.
“No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina”, agregó.
