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Observan ONG limitaciones institucionales y colusión de autoridades con el crimen en casos de desaparecidos

El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.

 

Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia

El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la  “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización

 

Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.

Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.

Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Recibió una queja la Codehum desde que inició la Operación Chilapa, dice el ombudsman

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que desde que inició la Operación Chilapa, en la que participan 3 mil 500 soldados y 200 policías federales, estatales y ministeriales, la dependencia que él encabeza sólo ha recibido una queja en contra de la Policía Federal.
Consultado vía telefónica, el Ómbudsman estatal dijo que recibió una queja en contra de policías federales, de la mamá de uno de los detenidos en la búsqueda del líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro.
En Chilapa, el 28 de enero en un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federales resultaron heridos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, estas acciones tuvieron como objetivo detener al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro. Tras el enfrentamiento, la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Sin dar detalles, el presidente de la Codehum dijo que una madre de familia interpuso una queja en contra de los Policías Federales porque detuvieron a su hijo que, aseguró, es inocente. “Es la única queja que he tenido desde que inició el operativo, la cual será analizada”, indicó Naverrete.
Dijo que, “quisiéramos que el Ejército estuviera en sus cuarteles, que es para lo que fueron creados, para la defensa de la soberanía, pero hay una disposición de las autoridades que los faculta para estar en la calles, y mientras sea así que sus acciones se sujeten en el marco de la ley”.
En la zona de Chilapa y La Montaña, funcionarios de la Codehum hacen recorridos para vigilar que los militares no violen derechos humanos; Navarrete Magdaleno dijo que no ha recibido ninguna denuncia ante la presencia del Ejército, sin embargo aseveró que se mantiene expectante.
Explicó que en la zona de La Montaña hay trabajadores de la Codehum, “pero no tenemos suficiente equipo para estar en todos los lugares donde están haciendo operativos los policías federales y militares”; sin embargo, explicó que sus funcionarios se presentan con la gente para que, si tienen algo que denunciar contra cualquier autoridad lo hagan.
Navarrete Magdaleno indicó que, pese a que la comisión quiere que el Ejército esté en sus cuarteles y no en las calles, la ciudadanía quiere seguridad, “está enfadada de estos actos criminales”, y que una de las instituciones que generan más confianza es el Ejército, opinó.

Tiene intención mediática la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa, dice Tlchinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la llegada de más de 3 mil 500 militares a Chilapa trata de generar un efecto mediático para que la población crea que se está combatiendo el crimen; sin embargo, el Ejército sólo llegó para seguir cometiendo violaciones “graves” a los derechos humanos y para proteger a las instituciones, porque hay un descontento social.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que los más de 3 mil 500 militares enviados a Guerrero son una respuesta que busca generar un efecto mediático, para que la sociedad crea que el gobierno está tomando decisiones duras y fuertes para abatir el crimen.
Dijo que los operativos no sirven si no son parte de una estrategia integral para abatir los altos índices de inseguridad, las acciones impunes que prevalecen entre las autoridades y corporaciones policíacas, en el mismo órgano investigador de delitos, de acciones preventivas y de atención a víctimas, si no son para combatir a fondo a la impunidad.
“Lamentablemente, todo queda en apostarle al uso de la fuerza, a que se sigan consumando violaciones graves a los derechos humanos con la presencia del Ejército, que no tiene ningún control civil”, precisó Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan consideró que las autoridades no están atacando las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la corrupción de las corporaciones policíacas, y que protegen a quienes violentan los derechos humanos, y que todo esto pasa porque hay desconfianza en el órgano investigador.
Además, expresó que se deberá tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos en estos operativos y acciones que utilizan solamente al Ejército para inhibir a los grupos del crimen, porque son insuficientes y cuestionables en un contexto donde no hay control civil sobre las fuerzas armadas, y donde se han consumado violaciones a los derechos humanos, y principalmente que no se está aportando a que sean las policías comunitarias, que surgen de la misma sociedad, las que se preparen para las tareas de seguridad.
“Sabemos que estas acciones van en contracorriente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos; en la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a México, una de las recomendaciones al gobierno mexicano fue que se pensara en el actuar de las fuerzas armadas, porque hay un alto grado de violaciones graves cometidas”, explicó.
De acuerdo con Barrera Hernández, pese a que ya hay cuarteles militares, no han abatido la impunidad ni la corrupción. Las políticas de seguridad en Guerrero contradicen las recomendaciones de las tendencias de los organismos internacionales de los derechos humanos, porque se ha documentado que la presencia militar va aparejada a graves violaciones, con un mayor grado de impunidad.
También, Abel Barrera consideró que los soldados están en la calle ante la crisis de gobernabilidad, la crisis y el desorden que hay de las policías, la desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar la seguridad de las personas.
Asimismo, señaló que es evidente que la militarización también sirve para contener la inconformidad social, para inhibir la organización ciudadana, para reprimir y generar miedo y terror.
Aseguró que la militarización en las calles es para resguardar a las instituciones, para desmovilizar a la población, es decir, es una estrategia más mediática, “para tener sometida a una población que está molesta, y exigiendo resultados, porque no hay verdad donde, a 16 meses que llevan los 43 normalistas desparecidos, no hay ningún indicio de que se ataque a los grupos de la delincuencia y que se investigue a las autoridades responsables de estas desapariciones”, indicó.

Preocupa a la ONG de Irlanda Front Line Defenders la detención arbitraria de Nestora Salgado

La organización no gubernamental Front Line Defenders con sede en Dublín, Irlanda manifestó su preocupación por el arresto “arbitrario” por parte del gobierno de la promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García para impedir que siga con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
El 6 de enero la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado rechazó el recurso judicial presentado por la defensa de Nestora Salgado. Y en respuesta a esta misma resolución la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDDHM) convocó el domingo a una visita masiva a la luchadora social en el penal de Tepepan.
En un comunicado difundido el martes, la organización expresa que, “se encuentra preocupada por el arresto arbitrario y la detención de la defensora de los derechos humanos Nestora Salgado, y expresa preocupación por su integridad física y psicológica, así como los cargos falsos presentados en su contra”.
Front Line Defenders “cree que la detención de Nestora Salgado García es un intento de impedir que siga con su trabajo legítimo de defensa de los derechos de los pueblos y su derecho a la autodeterminación en México”, se lee en la misiva.
Asimismo señala que Salgado García fue ilegal y arbitrariamente detenida el 21 de agosto de 2013, “bajo cargos falsos de secuestro agravado y que los cargos se originan de acciones tomadas por la defensora de los derechos humanos en consonancia con su papel y deberes como integrante de la CRAC”.
Front Line Defenders fue fundada en Dublín en el año 2001, para proteger a los defensores de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se indica en su portal electrónico.