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Niega el gobierno del estado medidas cautelares para defensoras de Iguala; no hay dinero, dice

 

El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, no tiene dinero para proveer de medidas cautelares a las defensoras de derechos humanos de Iguala Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, quienes dejaron sus hogares tras ser amenazadas de muerte.
“No hay esperanza de volver pronto, no hay esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, no hay esperanza de seguir luchando por los derechos humanos”, enfatizó Bahena García.
La mañana de este miércoles, las dos luchadoras sociales se reunieron en la Secretaría General de Gobierno con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas, quien no les dio una respuesta sobre las atenciones a las medidas cautelares dictadas en su caso.
“Uno de los puntos para poder regresar es que el gobierno ayude a mejorar la calidad de vida”, agregó Bahena García.
La reunión tuvo lugar en el despacho del subsecretario, quien únicamente recibió las propuestas de las activistas para atender su caso, sin darles una solución o fecha para darles una respuesta.
Al concluir la reunión, Bahena García explicó que el gobierno del estado únicamente recibió sus propuestas, y justificó que no puede darles ayuda porque no hay dinero.
“Nos dijo tajantemente que no hay recursos, que ellos no manejan dinero, que este gobierno entró sin dinero y que el otro gobierno los dejó endeudados”, señaló.
La activista cuestionó que el gobierno del estado siempre tenga apoyo para gestores que lucran y se aprovechan de otra gente, pero no abonan ni trabajan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos.
Bahena García detalló que la propuesta entregada al gobierno del estado para poder regresar a Iguala es que mejore sus condiciones de vida, ya que la casa en la que vive una de ellas es de cartón y no cuenta con los servicios básicos.
Agregó que se solicitó alumbrado público para su colonia, aunque reconoce que no es suficiente garantía de seguridad, “por lo menos para correr y salvar la vida”.
Recordó que el beneficio no es sólo para ellas sino para las familias que viven en la colonia Tlachinollan, de Iguala, así como la ayuda a la regularización de los predios.
Las activistas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito huyeron de la ciudad porque recibieron amenazas de muerte.
Evelia y Diana han recibido agresiones, amenazas, hostigamiento y difamación por su trabajo en ese asentamiento, que se incrementaron a mediados de 2015.
El 30 de julio 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 7:16 de la tarde: “¡Ah!, contigo quería hablar, tu eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”, señaló.
Luego de la llamada, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular que reiteraban la amenaza de muerte.
Las amenazas obligaron a ambas defensoras y sus familias a desplazarse de Iguala, y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios

 

Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.

Insisten en la necesidad de transparencia

En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.

Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias

De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.

El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR

En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.

Cuidará que la nueva estrategia de seguridad respete los derechos humanos, dice Astudillo

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores defendió el nombramiento del comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, como coordinador de la nueva estrategia de seguridad para Guerrero.
Después de que la Organización de la Naciones Unidas (ONU), además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendara al gobierno mexicano, el regreso del Ejército a sus cuarteles, este martes fue nombrado el comándate Saavedra Hernández como coordinador de la nueva estrategia de seguridad.
Ante el hecho el gobernador aseguró que estará al pendiente de los operativos que se realicen en esta nueva estrategia de seguridad, para evitar la violación a los derechos humamos.
Consultado durante el recorrido que realizó en Palacio de Gobierno, después del mediodía, señaló que la Marina así como el Ejército ya han estado participando en las estrategias de seguridad.
Sobre el hecho un reportero le preguntó si esto no significaría desatender las recomendaciones realizadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a lo que respondió que hay que pensar lo que opina la sociedad.
“La sociedad también esta pidiendo ser protegida y por supuesto hay una combinación de opiniones”.
Comentó que él está “absolutamente” convencido que la presencia de la “fuerzas nacionales”, como la Marina y Ejército se han convertido en una necesidad para hacer frente a los hechos de inseguridad.
“La presencia de las fuerzas nacionales como en este caso la Marina y la defensa nacional, se han convertido en algo que obliga a una necesidad de su presencia para ayudar frente a una ola de la delincuencia”, agregó.
También se le preguntó si esta designación federal, que coloca a la cabeza de la nueva estrategia de seguridad a un militar, representa un peligro de confrontación con las organizaciones sociales que exigen justicia por los 43 normalistas desaparecidos hace 13 meses, dijo: “No tengo elementos para decir si tenga responsabilidad o no y si yo los tuviera por supuesto…”.
En Acapulco, por la mañana, en declaraciones después de dar el banderazo de arranque a la obra del reencarpetado de la avenida Escénica, Astudillo Flores no precisó en qué consiste la nueva estrategia porque “sería imprudente”.
No obstante, informó que “más de mil 500 elementos” de las fuerzas federales brindarán seguridad en todo el estado “y se incorporarán más”, como parte de la nueva estrategia de seguridad pública que el martes anuncio el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Reiteró que la seguridad se reforzará donde la incidencia delictiva es mayor y habrá una reasignación de los policías que ya están en el estado para ubicarlos en las zonas de mayor inseguridad.
El gobernador dijo, sin dar detalles, que habrá operaciones se seguridad también en colonias populares y no sólo para la Costera.
Al gobernador se le preguntó qué garantía hay en que una nueva estrategia de seguridad con militares y policías federales dará resultados cuando ya se han aplicado otras en la entidad y los hechos de violencia e inseguridad continúan: “hay que darle el beneficio de la duda, lo peor que se podría hacer es no intentarlo”.
Opinó que el problema de la inseguridad no se va resolver sólo con operativos, sino con educación y empleos

Critica uso de cohetones por “encapuchados” tras la toma de protesta en el Congreso

Al gobernador se le preguntó sobre la protesta que el martes hicieron los normalistas de Ayotzinapa como “bienvenida” a su gobierno: “no me sorprende, no me espanta, afortunadamente creo que quienes lo hicieron son encapuchados, me parece que ese es un asunto no correcto, no positivo pero yo creo que el arranque del gobierno fue un arranque correcto”.
El martes en Chilpancingo, después de que Héctor Astudillo rindió protesta como gobernador, unos dos mil manifestantes encabezados por padres de los 43 normalistas desaparecidos marcharon en Chilpancingo y arrojaron piedras al Congreso local en rechazo a la llegada del priista.
Al preguntarle que si esa protesta era el anuncio de que tendrá una relación ríspida con las organizaciones sociales, el gobernador dijo que “afortunadamente no es la única bienvenida, hubo mucha gente que me dio una muy buena bienvenida”.
A pregunta expresa sobre la relación que espera del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero con los maestros de la CETEG, el gobernador dijo que confía que mejore porque su decisión de incorporarlo fue muy bien reflexionada.
En Chilpancingo, se le preguntó sobre uno de los ejes centrales de su discurso; Las mineras, a lo que prefirió responder con una pregunta: “¿Ustedes que opinan de los cohetones que aventaron ayer en la sede del Congreso?”, en referencia a los manifestantes que arrojaron piedras después de su toma de protesta.
“¿Ustedes se han dado cuenta que son artefactos preparados y que pueden lastimar a un ser humano?”.
Por la pregunta formulada a los reporteros, se le preguntó si interpondrá algún recurso legal contra las personas que participaron en la marcha y contestó
“Yo soy respetuoso de los movimientos sociales, pero me parece que también es conveniente analizar que ayer se presentaron artefactos que fueron fabricados especialmente y que tienen una potencialidad destructiva importante”, agregó.
Mencionó que en los hechos resultó lesionada una mujer policía, pero al preguntarle sobre cuál eran sus lesiones sólo dijo que estaba en el hospital bajo cuidado médico.
Sobre el uso de los artefactos que calificó como cohetones, se le preguntó si se alertara sobre su uso en las marchas: “Yo creo que lo que hacen es hacer un llamado para que seamos cuidadoso para que no se utilicen ese tipo de artefactos , que indiscutiblemente están fuera de la ley”, señaló.
Insistió que reprueban cualquier tipo de agresión que sea causada “por cualquier cuerpo”, así como lamenta cuando se lesiona a cualquier ser humano.
Después de evadir responder a las preguntas sobre los proyectos mineros en Guerrero, se le volvió a consultar sobre su postura, y señaló que es un a actividad importante, que ya está en desarrollo en el estado.
“Tiene que ver fundamentalmente con la explotación del oro, cuando hablo de la explotación me refiero a la extracción hay una capacidad muy notable en relación a la producción de oro, estamos en tercer lugar pero podríamos estar en primer lugar”, agregó.
Pero enfatizó que hay que ser cuidadosos con el medio ambiente y el respeto a los pueblos originarios, ya que varios de los yacimientos detectados están en zonas protegidas.
De la incorporación del ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex diputado local Mario Ramos del Carmen como contralor de su gobierno, Héctor Astudillo reiteró que ese cargo no puede ser para alguien que es parte de su mismo partido y por eso invitó al ex diputado local.
El gobernador dijo que el Acabús se pondrá en operación a principios de enero porque si se hace en la víspera del periodo vacacional podría ocasionar caos en la ciudad, en atención a ese razonamiento dijo que será después del 5 enero cuando podría empezar a funcionar.
La fecha tentativa que había dicho el gobierno de Rogelio Ortega era entre el 20 de enero y el 20 de febrero.

Reuniones

Este miércoles Astudillo Flores pidió que se organizara una reunión de gabinete para definir la situación del resto de las secretarías que complementan el gobierno del estado.
La finalidad es continuar con las designaciones de secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de cada una de las dependencias, por eso se analizará en la reunión que se celebrará este jueves.
“Habrá cambios de directores, tendremos una reunión de gabinete que será preparada”, detalló.
Recordó que cualquier nombramiento deberá pasar por su autorización. “Tendremos una reunión con el gabinete para dar directrices exactas muy correctas desde el punto de vista del gobernador en turno qué es lo que se debe de hacer”, dijo.

Sí se respetan los derechos humanos en los retenes en el municipio, dice Castro Ibarra

 

El delegado de Gobernación, Erick Castro Ibarra, pidió a los ciudadanos comprensión y confianza ante las acciones que se llevan a cabo en el municipio, y aseguró que los retenes son para revisión y están apegados a un protocolo de seguridad y de respeto a los derechos humanos.
De la situación en Tixtla, indicó que es importante que haya autoridades electas para que se trabaje en coordinación los tres ámbitos de gobierno.
En breves declaraciones al llegar al Centro de Convenciones Mundo Imperial, el funcionario federal indicó que las revisiones que hacen los militares en diferentes puntos de la ciudad están apegadas a un protocolo y se respetan los derechos de los ciudadanos.
“Los ciudadanos de Guerrero demandan y exigen mayor seguridad y de alguna forma son los sistemas de operación que el gobierno federal aplica para dar seguridad”, expuso.
Castro Ibarra insistió en su llamado a los ciudadanos a que entiendan que las revisiones son parte de las acciones que se darían a conocer horas después por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la paz.
“Pedimos confianza a la sociedad, apoyo para que respalden estas iniciativas de seguridad, que se den de manera contundente bajo el respeto de los derechos humanos”, dijo.
Del toque de queda en Tixtla, del cual informaron el lunes los integrantes del Consejo Municipal, Erick Castro manifestó que se trabaja en la seguridad y consideró importante que se tengan autoridades locales electas, para ello, recordó, “se busca con los órganos electorales que se realicen sin ningún contratiempo”.

Desconoce Donoso el convenio para el diagnóstico de derechos Humanos: Tlachinollan




El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró ayer que la postura del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Fernando Donoso Pérez, en torno a que no hay sustento legal para asignar un millón de pesos al diagnóstico sobre derechos humanos, refleja el “desconocimiento” que existe del convenio que firmaron los tres poderes, para que se elabore dicho documento.
Dijo que en ese sentido, lo que preocupa a las Organizaciones No Gubernamentales es que “no se entienda, ni se conciba” a los derechos humanos como un asunto importante en un estado como Guerrero. Sin embargo advirtió que aún cuando no haya esos recursos el comité que se formó en noviembre “va a seguir trabajando”.
Hace cuatro días, el jueves 28 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rossana Mora Patiño, informó que estaba buscando etiquetar un millón de pesos para los trabajados del diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero, que hará un comité en este año. Un día después Donoso dijo que no existe “sustento legal” para asignar esa cantidad.
Consultado al respecto, Barrera Hernández señaló que si el diputado del PRD, “se refiere a que no existe un escrito, un planteamiento como presupuesto, pues eso es cierto, no lo hay, pero sí existe un compromiso de los tres poderes de gobierno para impulsar la elaboración del diagnóstico y eso debe estar por encima”.
Vía telefónica agregó que la postura de Donoso sólo muestra que “desconoce la naturaleza” del acuerdo tripartita que firmó el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, y Rossana Mora, en noviembre del año pasado.
Por esta situación, dijo que a las ONG “nos preocupa la manera de concebir este trabajo por parte del diputado Fernando Donoso, nos preocupa que no lo encuadre dentro del compromiso que asumió el Poder Legislativo”.
Barrera Hernández recordó que el dinero se está solicitando porque aún cuando la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que tiene sus propios recursos, “éstos no podrían sustentar todo el trabajo”. Además refirió que con la firma del convenio “se asumió el compromiso en términos de hacer un trabajo colectivo”.
Sin embargo insistió que para eso “se necesitan recursos, porque se van a hacer análisis, investigaciones de campo, consultas a expertos, en fin, no es sólo una cuestión de irnos a sentar e intercambiar opiniones, se trata de ir a las regiones y preguntar a las víctimas cómo ven esta problemática”.
Dijo que por ello, en la reunión que tuvo el comité el 22 de diciembre “se planteó que sea la diputada Rossana Mora quien se encargara de considerar esa situación de los recursos, para poder operar las actividades elementales y necesarias”.
Acerca de si ve viable que el comité acuda al Congreso local para formalizar la asignación de recursos, Barrera Hernández, descartó esa posibilidad y explicó que quienes deberían asegurar las condiciones son los representantes de los tres poderes, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra por parte del Ejecutivo, Rosana Mora por el Legislativo y Román Pinzón por el Judicial, “ellos tiene la capacidad para hacerlo, su compromiso está implícito en el convenio”.
“Si no se puede desde el Congreso, el gobierno del estado lo puede hacer a través de un fondo que puede formar de sus distintas secretarías, aunque propuso que no se debe ver en qué programa encaja, sino como una investigación propia, lo otro le restaría importancia”, apuntó.

Sin sustento queja contra delegado de Invisur en Derechos Humanos, hecha por colonos de la 7 de junio

No se puede escriturar sin el aval del dueño, aduce López Salgado

Karina Contreras El delegado de Invisur, Alejandro López Salgado, dijo que la queja en la Coordinación Regional de los Derechos Humanos contra él, hecha por los habitantes de la colonia irregular 7 de junio no tiene razón de ser, pues el predio invadido es de un particular y ellos no pueden escriturar sin la autorización del dueño.

En una reunión sostenida en sus oficinas con inconformes de esa colonia, les aclaró que es mentira que tenga interés en el predio, pues solo ha acudido a levantar el estudio socioeconómico para hacer la regularización, a petición de los propios colonos.

López Salgado les manifestó que incluso a suspendido los trámites de escrituración por los problemas internos que tiene, le ha señalado al dueño del predio, Jorge Armando Platas, que mientras no se solucionen los problemas esa dependencia no va a regularizar.

El sábado pasado, habitantes de la 7 de junio pusieron una queja en la Codehum contra el director general del Invisur, Marco Antonio Castrejón Lobato y el delegado, Alejandro López Salgado, por violaciones al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y por ejercicio indebido de la función Pública.

Los colonos le manifestaron que los sacaron de las lista para que se han regularizados, y se está metiendo a otra gente ajena, cuando ellos tienen más de 7 años posesionados del predio. En ese momento, el delegado López Salgado pidió el nombre a uno de los presentes y reviso la lista oficial donde encontró el nombre del quejoso, diciéndole “no se vale confundir”. Finalmente, acordaron que van a revisar la lista que tiene el Invisur detalladamente.

Antes, en una conferencia de prensa en el zócalo, los colonos, encabezados por el abogado Alvaro Díaz Castro, acusaron que Invisur y el dueño del predio, José Armando Platas, les quieren quitar sus predios a 66 familias y por los cuales han pagado 5 mil pesos de enganche.

Según Díaz Castro de “manera perversa y dolosa”, quieren sacar a las familias de las listas de regularización para beneficiar a gente extraña y a familiares del delegado López Salgado y del líder priísta Antonio Ruiz Rodríguez. Manifestó que en el lugar se vive un clima de zozobra, violencia e inestabilidad por culpa de Invisur y José Armando Platas, por lo que pedían la destitución del delegado.

Montiel mandó construir la puerta negra, un lugar de tortura en la cárcel de Acapulco

 

 Testimonios de los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra

 Los ex presos políticos Eloy Cisneros Guillén, Arturo Gallegos Nájera, Juan García Costilla y Rosa María Gómez Saavedra, señalaron al ex director de reclusorios en Guerrero, Agustín Montiel López, como responsable de haber torturado y desaparecido a luchadores sociales durante la época conocida como la guerra sucia.

Agustín Montiel –quien fue subdirector de Seguridad Pública con José Francisco Ruiz Massieu, además de ser el responsable de los reclusorios en Guerrero de 1987 a 1993– fue señalado por los ex presos de la entidad de orquestar desapariciones y torturas a quienes participaban en luchas sociales.

El martes, Montiel López –que actualmente ocupaba la Dirección de la Policía Ministerial de Morelos– fue detenido por la PGR y puesto a disposición de un juez federal.

Eloy Cisneros –quien asegura haber sido torturado directamente por Agustín Montiel en el Cereso de Acapulco– informó que la Asociación Nacional de Luchadores Sociales ya puso una querella en la Procuraduría General de la República, además de que buscarán entrevistarse con el fiscal especial para los Movimientos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, a quien le solicitarán se amplíe la investigación sobre los delitos que Agustín Montiel cometió en Guerrero.

“Desde que lo iban a nombrar jefe de la policía en Morelos, algunos guerrerenses les dijimos que era un delincuente, que no podía estar en ese puesto, que tenía que estar encarcelado”.

Recordó que Agustín Montiel fue parte importante en la represión del 16 de marzo de 1990 ocurrida en Ometepec, tras las elecciones municipales de un año antes. “Ahí hubo desaparecidos, varios detenidos. Aquí también está ligado al narcotráfico”.

Eloy Cisneros comentó que en ese desalojo fue golpeado y traslado en una camioneta, “debajo de una llanta de refacción y con un custodio encima de mí. Cuando llegué al Cereso fui recibido por Agustín Montiel. Ahí me suturaron la cabeza sin anestesia, sin atención médica y el comandante Oscar Cruz Anguiano me siguió golpeando”.

Añadió que entre los desaparecidos en ese hecho están Andrés de la Cruz Zacapala y Daniel López Alvarez, además de la muerte de Román de la Cruz Zacapala, la que atribuye al propio Montiel.

Por su parte, Arturo Gallegos señaló que conoció a Agustín Montiel por 1989 cuando era director de la cárcel regional en Acapulco. Dijo que en ese entonces acudía como parte del PRT a ver a dos presos políticos. Uno de ellos, Jesús Real Dimas, quien acusó a Montiel de corrupción, además de ser homosexual, lo que ocasionó que lo llevaran a “la puerta negra” –un lugar que aún existe en el reclusorio, debajo de los puentes–.

“Será importante que se remitan a su historial negro en Guerrero”. dijo.

Acerca de Montiel, Juan García Costilla –actual diputado federal por el PRD- confirmó que tuvo “mucho que ver” en la represión en Ometepec, entre varios otros delitos como narcotráfico y desapariciones, por lo que cuando fue diputado local informaron a sus homólogos de Morelos sobre el historial de Agustín Montiel.

“A él le exigimos la presentación de los hermanos De la Cruz Zacapala de Ometepec. También ordenó la detención de Adolfo Plancarte –hoy presidente del Consejo Estatal del PRD-”.

En tanto, Rosa María Gómez Saavedra –actual coordinadora de Servicios Públicos Municipales– comentó que estuvo dentro del primer grupo de presos políticos en el penal de Las Cruces, ocho meses después de que fue inaugurado, en marzo de 1983.

“El tenía un doble discurso. Por un lado nos hablaba que era una persona democrática, que reconocía nuestros derechos como universitarios. Pero por otro lado hacía labor en contra de nosotros, nos confrontaba con los demás reclusos”.

Señaló que a las mujeres las quería recluir en el área de hospital. “Nos quería aislar. Inclusive mandamos una carta a Amnistía Internacional y a los hombres sí los tuvo aislados los nueve meses que estuvimos en el penal”.

Mencionó que el periodo en que Montiel estuvo en el reclusorio de Las Cruces mandó a construir el cuarto de tortura conocida como “puerta negra”. “Ese lugar lo hizo para castigar a quienes meses antes intentaron fugarse, porque él se ufanaba de que era la cárcel más segura”, concluyó.

Deben tomarse en cuenta las opiniones de EU sobre derechos Humanos, dice la Red

* Reales, las acusaciones sobre las policías, expresa

 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La secretaria técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Silvia Castillo, señaló que las opiniones del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso de ese país con respecto a derechos humanos en México, “son reales y deben tomarse en cuenta” por el gobierno mexicano.

Indicó que estos señalamientos y recomendaciones no deben tomarse a la ligera, sino que deben atenderse porque dijo que en México, y concretamente en Guerrero, sí son graves las violaciones a los derechos humanos y el involucramiento de los integrantes de las corporaciones policíacas en acciones ilegales.

Silvia Castillo citó por ejemplo el caso del ex comandante de la Policía Judicial del estado, Federico Peredo Jiménez, acusado por su participación en                   desapariciones forzadas de personas y sin embargo no ha sido juzgado por ello, a pesar de que existe una recomendación en su contra (la 019/2002) de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Indicó que ello también es parte de la impunidad que se vive en Guerrero, “porque las recomendaciones no se cumplen por parte de las autoridades por las violaciones a los derechos humanos”.

Por ello consideró que el Departamento de Estado de Estados Unidos “debe tener bases para haber emitido sus opiniones con respecto al tema al Congreso estadunidense, porque ese tipo de recomendaciones se hacen con base a un diagnóstico en materia de derechos humanos”, indicó.

En ese sentido señaló que debe haber bases y la información necesaria para emitir una recomendación de esa naturaleza.

Informó que la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos realiza actualmente un estudio de todos los casos de violaciones a los derechos humanos y de impunidad que existen “y en breve se dará a conocer la información de los casos con nombres y datos”, adelantó.

Las instituciones en México no hacen nada por el respeto a los derechos humanos: Reza Hurtado

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo n El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado afirmó que la impunidad de los agentes policiacos que siguen realizando ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Guerrero viene de “las altas esferas del poder”.

Consideró grave el hecho de que instituciones extranjeras evidencien los problemas nacionales como la constante violación de los derechos humanos, como lo difundió el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde califica de pobre el desempeño del esfuerzo por garantizar el respeto de los derechos humanos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Reza Hurtado, entrevistado en sus oficinas del Congreso local, aseguró que las instituciones que deben intervenir para desterrar la violación sistemática de las garantías individuales en el estado, no están cumpliendo su papel.

Como prueba mencionó que en el tiempo que lleva la 57 legislatura nunca se ha logrado el quórum necesario en las reuniones que convocan las comisiones de derechos humanos y de seguridad pública, ambas presididas por dos perredistas.

“Tal parece que la bancada del PRI y otros representantes de partido que tiene coptado el sistema han construido un cerco para evitar que desde el Congreso se exhorte al gobernador para que realice una purga en el sistema de procuración e impartición de justicia”, expresó Rómulo Reza.

Mostró oficios y actas levantadas ante la ausencia de legisladores en reunión de comisiones, y señaló que si desde el Poder Legislativo no se hace nada, “qué podemos esperar del Poder Ejecutivo o Judicial”.

Recordó que desde el año pasado se entregó al Congreso local un documento firmado por ciudadanos del puerto de Zihuatanejo en donde hacen una serie de denuncias en contra del ex comandante de la Policía Judicial, Federico Peredo, actualmente desaparecido luego del atentado que sufrió en Acapulco, que van desde extorsión hasta secuestro.

También citó la recomendación 019/2002 emitida por la Codehum en contra de otros comandantes de la PJ en donde también el gobernador, René Juárez Cisneros, y el procurador, Jesús Ramírez Guerreo, han hecho caso omiso.

Es acertado lo que dice el informe sobre Guerrero , opina Ranferi Hernández

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo n El dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Raferi Hernández Acevedo, opinó que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que envió al Congreso de ese país sobre derechos humanos, en lo referente a Guerrero “es acertado, siguen existiendo un pobre respeto a los derechos humanos”, en lo que se ven involucrados cuerpos policiacos y “es a ellos a quienes se les debe marcar un límite ante las constantes arbitrariedades”.

En entrevista afuera del Tribunal Unitario Agrario, Hernández Acevedo dijo que coincide totalmente con el informe del Departamento de Estado, y que a pesar de “tantas denuncias que se han hecho, se siguen violando los derechos humanos”.

Esto también demuestra, según Ranferi Hernadez que “no hay un Estado de derechos” en la entidad y la situación se vuelve cada vez “más difícil”, porque continúan los atropellos, “sobre todo contra de los indígenas, que son quienes menos se pueden defender porque muchos no hablan el español”.

Resaltó Hernández Acevedo que efectivamente son los cuerpos policíacos y el Ejército los que en sus incursiones a las comunidades cometen los atropellos, y es a ellos a quienes se les debe marca un límite.

Informó que ante la situación que enfrentan los campesinos en la comunidad de Xotipontla, municipio de Ahuacuotzingo, donde el miércoles por la tarde policías judiciales intentaron detener a campesinos, el próximo sábado 6 de marzo una organización de derechos humanos del Distrito Federal acudirá a para recabar testimonios.

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Preocupa a Codehum la presencia del Ejército, advierte el visitador Hipólito Lugo




El visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, admitió ayer que es “preocupante” la presencia del Ejército en Guerrero, sobre todo porque tiene una imagen “negativa” por su labor en las décadas de los 60 y 70, durante la guerra sucia.
Señaló que por eso el organismo estará pendiente durante las acciones militares y de las policías federales para que no se violenten los derechos humanos y que, en su caso, turnará las quejas a la Comisión Nacional.
“Es preocupante la intervención del Ejército en labores que corresponden a autoridades del orden civil, sea locales, estatales o federales”, indicó y dijo que de 10 años a la fecha se ha visto el incremento en la intervención de las funciones policiales por parte del Ejército y de la Armada”.
Lugo insistió que la militarización es preocupante, tomando en cuenta que en Guerrero el Ejército tiene una historia “negativa”, sobre todo en la época de la guerra sucia “que dejó muchas heridas en la sociedad; agregó que por eso es preocupante para la Codehum que en aras del combate a la delincuencia exista el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de los guerrerenses.
Indicó que ese organismo estará pendiente por si se llegaran a presentar quejas e inconformidades en contra de los agentes que participan en este operativo turnar el caso a la Comisión Nacional.
Dijo que independientemente de que sean del amito municipal estatal o federal, “no podemos permanecer impasible ante las violaciones a los derechos humanos que lleguen a denunciarse”.
Lugo señaló que en caso de que se presentaran denuncias en contra del Ejército o de las policías federales, la Codehum intervendrá documentando los casos para tornarlos a la Comisión Nacional.