Vuelven a ocupar un terreno en el parque nacional El Veladero, arriba de Costa Azul

Personas qué se instalaron en un predio en la parte alta de Costa Azul Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Por segunda vez personas tomaron un terreno en el parque nacional El Veladero, en la parte alta del fraccionamiento Costa Azul, y quienes a pesar de ser desalojados, aseguraron que van a mantener su lucha por el predio.
En declaraciones a este reportero, argumentaron que el predio está desincorporado y puede ser habitado, de acuerdo con Fidecomiso Acapulco e Invisur.
Pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda regularizar sus predios, porque aseguraron que la Policía Estatal los hostiga y amenaza con desalojarlos en sus recorridos constantes.
Dijeron que llegaron al lugar hace alrededor de un mes, pero al segundo día la Policía Estatal los desalojó sin tener una orden judicial y los amenazan con desalojarlo de nuevo.
El predio está ubicado atrás del hotel Bananas, un kilómetro arriba, colindante con el parque nacional El Veladero, parte alta del fraccionamiento Costa Azul.
Un vecino, que no dio su nombre, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado la regulación de los terrenos para 300 familias.
Reconoció que de nuevo ocuparon el predio porque afirmó que los ampara “el artículo cuarto constitucional” y por ser acapulqueños con escasos recursos económicos.
Reclamó que la Policía Estatal amenaza constantemente, “llaman por teléfono, nos toman fotos, hay un fuerte hostigamiento”.
Pidió la intervesión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y advirtió que hacen responsable a la policía de cualquier percance que pueda pasar.
Manifestó que las personas están dispuestas a pagar sus terrenos, “todo lo queremos hacer bajo la ley, estamos en nuestro derecho, la tierra es del pueblo”.
Precisó que “no somos invasores. El lugar está desincoporado por la autoridad, se puede habitar. A menos que sea para los empresarios y no para el pueblo”.
Incluso, dijo que los empresarios que tienen predios de gran extensión provocan incendios para responsabilizarnos, “quieren que tengamos un error, pero la fauna está intocable, solamente hemos cortado maleza”.
Indicó que las personas requieren los terrenos porque aseguró que la mayoría rentan departamentos o viven con familiares, “ya no queremos estar de arrimados”.
En el terreno no hay casas todavía construidas, solamente en la entrada hay llantas de automóviles, palos y hasta colchones viejos, como barrera de protección.
También hay una casa abandonada, que era un cuartel de la Policía Estatal, desde la que se custodiaba el parque nacional El Veladero.
Sin embargo, arriba de los terrenos hay mansiones construidas y según las personas, los dueños son judíos.

 

Toman trabajadores el sindicato de Salud y los desalojan; piden que renuncie Beatriz Vélez

Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal tomaron las oficinas de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) para exigir la renuncia de la secretaria general y candidata a alcaldesa de la capital, Beatriz Vélez Núñez, quien, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, pero fueron desalojados a empujones por simpatizantes de la dirigente.
A las 5 de la mañana, ocho integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud tomaron la oficina ubicada junto a la Alameda, que cerraron con cadenas y candados, y colocaron pancartas para exigir la destitución de Vélez Núñez, quien es candidata del PRI-PVEM.
A las 8 de la mañana, en respuesta a la protesta, unos 50 trabajadores que están a favor de Vélez Núñez rompieron cristales de la puerta principal, dañaron un portón para entrar a la fuerza y colocaron pancartas a favor de la dirigente.
Mientras que dentro del inmueble los integrantes del Frente colocaron escritorios y muebles pesados para evitar que los simpatizantes entraran; sin embargo pudieron entrar, pues eran más.
“Trae el martillo y las pinzas del centro de salud para abrir… hay que romper los cristales no importa pero hay que entrar… mira con ese palo hay que romper… entre todos hay que jalar la puerta para abrirla”, manifestaron algunos trabajadores vestidos con batas y otros que llegaron del centro de salud de la Alameda.
En el lugar había un joven de unos 30 años, quien ayudó a los simpatizantes a doblar el portón del estacionamiento y entrar, vestía camiseta blanca y pantalón de mezclilla, una gorra roja con la leyenda, “Ricardo Moreno”, y una mochila del Partido Verde (PVEM), y tenía los brazos tatuados.
Al ingresar al centro de salud, los trabajadores le dijeron al joven que ya no podía entrar hasta donde estaban los integrantes del Frente, que se retirara.
Una vez adentro, confrontaron a los inconformes que estaban ahí, les gritaron y comenzaron a empujarlos mientras coreaban, “¡Bety, Bety, Bety!”, un integrante del Frente, el médico Hilario Zúñiga Escamilla cayó de rodillas ante los empujones.
Una simpatizante de Vélez Núñez expresó, “ya no hay que golpearlos, déjenlos porque si seguimos empujándolos van a denunciar que los agredimos físicamente, ¡que se larguen!”.
Cuando los sacaron del edificio, Hilario Zúñiga Escamilla y el ginecobstetra del Hospital General de Chilpancingo, Francisco Ramírez Adame exigieron la renuncia de Beatriz Vélez porque, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, y una nueva convocatoria para elegir a un líder sindical que realmente respalde a los trabajadores.
Comentaron que la líder sindical viola el artículo 62 de la Constitución, porque tiene un cargo y busca ocupar otro a la vez. También pidieron un alto al acoso laboral y la reinstalación de los cinco médicos que fueron despedidos del Hospital Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, Acapulco.
Zúñiga Escamilla manifestó que, “un grupo de choque, desde la mañana que tomamos nos ha estado molestando”, y responsabilizó a Vélez Núñez de cualquier atentado en su contra, y de las agresiones sufridas.

 

Ya serán demolidas 27 casas inservibles en Nuevo Mirador; familias damificadas desde 2013 irán a un albergue

Veintisiete familias damnificadas por las tormentas de 2013, y reubicadas en el fraccionamiento Nuevo Mirador, esperan que esta semana sean llevadas a un albergue temporal para demoler las viviendas inservibles, aledañas a la manzana que no se habitó porque tenía el mayor riesgo.
En consulta telefónica el director de Protección Civil municipal Gustavo Vela Guevara, manifestó que le acababan de informar que 27 familias serían trasladadas a un albergue temporal debido a que ya se van a demoler los edificios del fraccionamiento que están inservibles desde que se habitaron en enero del 2016.
Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) informaron que se espera que este lunes se reúnan con vecinos del lugar para hablar al respecto, pues es probable que esta misma semana sean desalojados.
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, sin embargo 32 de ellas son inhabitables porque pueden colapsarse en cualquier momento, aunque también el resto de viviendas tienen daños en paredes, pisos y techos y son un riesgo para las familias.
Sobre todo corren riesgo las que se ubican enfrente y atrás de la manzana inservible.
El 14 de noviembre maestros, alumnos y damnificados del fraccionamiento bloquearon la Autopista del Sol en la salida de Chilpancingo a Acapulco para exigir a la Sedatu la reparación de sus viviendas.
Posteriormente los vecinos junto con el entonces delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, acudieron a la PGR para dialogar y conocer la demanda contra la empresa que ejecutó mal la construcción de las viviendas; ahí se les informó que por la investigación se haría un peritaje en el fraccionamiento, para posteriormente proceder a la demolición. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Se ha notificado a mil familias de Chilpancingo que deben desalojar zonas de alto riesgo; faltan 800: Protección Civil

El director de Protección Civil municipal de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara, informó que no se ha terminado de entregar notificaciones de desalojo a familias que habitan en zonas de alto riesgo, que serán unas mil 800, y se han entregado mil.
Dijo que hay personas que se resisten a acatar la indicación de desalojo, y la Secretaría General del Ayuntamiento aplicará la ley.
En consulta telefónica Vela Guevara indicó que “hay resistencia a salir y dejar su patrimonio de muchos años, sí hay mucha resistencia, pero bueno tenemos que notificar y ya la Secretaría General va a actuar por la parte legal”.
Dijo que además cuando se les notifica se les informa de los refugios temporales en caso de emergencia.
Dijo que en el caso de familias afectadas en el deslizamiento de tierra en la colonia El Mirador el año pasado, en la barranca del Tule, 37 de ellas fueron reubicadas así como cinco de la colonia Nochebuena, y ya les dieron su constancia de propiedad.
“Yo he estado dando recorridos constantes por esa zona, las zonas que me pueden generar algún problema las tenemos bien monitoreadas, yo personalmente me voy a dar mi vuelta, déjeme decirle que la semana pasada di un recorrido por esa zona, ya están construyendo, tres de esas 37 (familias)…la verdad sí da hasta coraje porque arriesgan su vida, donde está el deslizamiento a escasos cinco metros ya están construyendo”.
Agregó que en el caso de la barranca Las Calaveras en la parte alta también en plena barranca construyeron una casa de dos pisos y que son casas en las que si hay una lluvia fuerte la va a tirar, y que los vecinos creen que pueden contra una barranca pero que es imposible, “es un cuento de nunca acabar”. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Intentan desalojo de colonos para instalar un cuartel en Teloloapan; irrumpen militares en casas de Tlapehuala

 

Pobladores de la colonia La Mohonera, de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron ayer que unos 200 policías antimotines, policías ministeriales y soldados armados, así como funcionarios del gobierno estatal intentaron desalojar a más de 80 familias de este asentamiento sin una orden judicial, ya que en la zona se construyen las instalaciones del cuartel del 41 Batallón de Infantería.
Por separado, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de ayer, gendarmes y soldados del Ejército ingresaron por la fuerza a catear sus casas y robaron dinero y diversos artículos.
Un vecino de La Mohonera, Cristino Bahena Salgado denunció, vía telefónica, que ellos tienen constancias de propiedad de esos predios, que son usados como parcelas de cultivo de maíz hace más de 17 años, y que durante el gobierno perredista de Ignacio de Jesús Valladares Salgado y Ángel Aguirre Rivero, se falsificaron las escrituras para ceder los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un video que los afectados compartieron con el reportero, se ve a los antimotines con los escudos de la policía del estado y toletes, también se ve a otros policías, al parecer ministeriales, cubiertos del rostro, y a soldados del Ejército armados.
En la grabación de uno de los vecinos se alcanza a escuchar cómo los pobladores, entre ellos mujeres, reclaman a los policías y soldados que, “así deberán de actuar en contra de los delincuentes que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa, allá sí se necesitan armas para pelear con los delincuentes y los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa y encontrar a los culpables, no con la gente humilde, los campesinos, vienen a hacer sus ‘panchos’, allá vallan a hacerlos y busquen a aquellas personas”.
Cristino Bahena denunció que, la mañana de ayer llegaron unos 200 antimotines y después de las 3 de la tarde empezaron a avanzar hacia ellos de una forma intimidatoria.
Señaló que el gobierno municipal le cedió parte de esos terrenos a la Sedena para la construcción del cuartel, que el gobierno sacó una escritura “falsa” de la propiedad de ese predio en 2012, pese a que ellos tienen constancias de propiedad desde hace 17 años. Precisó que esas tierras son ejidales y las utilizan para la siembra de maíz, y que de hecho empezaron a preparar las tierras para este ciclo agrícola.
Puntualizó que ellos no están en contra de que se construya el Batallón en esa zona, “sino al contrario, pero que respeten nuestro trabajo y nuestras tierras”.
Comentó que en ese asentamiento viven 140 familias, pero las afectadas directamente son unas 80. El predio donde se construye el cuartel militar está en la carretera Teloloapan-Apaxtla, a unos 5 kilómetros de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el área en disputa se construye una barda.
Dijo que en el gobierno de Ignacio Valladares se compraron casi 14 hectáreas del terreno que después se donaron a la Sedena, pero que ahora pretenden invadir otras 15 hectáreas del predio y los pretenden desalojar sin una orden judicial y con el uso de la fuerza pública.
Señaló que las autoridades han ofrecido reubicar a las familias, pero en un terreno “más feo” y pedregoso, que no les conviene, y declaró que ayer por la tarde se dialogó sin que se diera ninguna confrontación, y después se retiraron del lugar los antimotines.
Advirtió que ellos defenderán sus tierras hasta las últimas consecuencias, y responsabilizó a las autoridades estatales y militares de lo que llegue a suceder; dijo que, de ser necesario convocarán a vecinos de otras colonias de Teloloapan para defender sus terrenos, y que el ofrecimiento de reubicación que les dan es en un predio de tres hectáreas, lo que rechazan, y exigen la presencia del ex alcalde, Ignacio de Jesús Valladares, para que aclare la situación.
En el video se alcanza a ver al Subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel.
En hechos separados, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de este miércoles gendarmes y soldados del Ejército irrumpieron en sus casas para hacer cateos y terminaron robándose dinero en efectivo y diversos artículos que encontraron.
Frente al centro de salud de San Juan Mina, vecinos reportaron que en dos viviendas se metió la gendarmería reclamando que tenían reportes de que ahí había mariguana escondida, y exigiendo a los dueños que la entregaran.
En una de las viviendas estaba una pareja con una niña de unos nueve años de edad, a quienes amenazaron y apuntaron con rifles y pidiendo que entregaran la droga.
La familia reportó que los gendarmes encontraron sobre la mesa una bolsa llena de hojas secas y semilla de hierbabuena, que la señora siembra, y que mostró en el patio el lugar donde tiene sembrada la planta, pero que los gendarmes insistieron en que era mariguana.
Tiraron muebles, ropa, camas, y en el cateo se llevaron el dinero en efectivo que ahí había.
“Eran sólo mil pesos que tenía para la semana. Mi esposo es albañil y eso tenía guardado”, dijo la mujer entre lágrimas. “Tenemos miedo de presentar denuncia, nos amenazaron y tenemos miedo de que vayan a volver. Si nosotros anduviéramos en cosas malas, no tendríamos así la casa, de humilde”, dijo la mujer.
Al fondo, la vivienda se conecta con otra casa. En donde rompieron una cama en la búsqueda de diversos artículos. Ahí reportan el robo de un celular y unas bocinas. El dueño dice que se dedica a la venta de agua, y que a la hora del cateo no estaba en su casa.
La localidad de San Juan Mina está muy pegada a Tlapehuala, y en la ruta que conduce a pueblos del río Balsas que pertenecen al municipio de Ajuchitlán.
En San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán, ubicado a 5 kilómetros de San Juan Mina, también reportaron la incursión de la Gendarmería, pero también reportaron la presencia de una patrulla del ejército. Ahí señalaron que, alrededor de las 11 de la noche llegaron buscando a hombres armados en un rancho abandonado.
Amenazaron a los vecinos de un rancho abandonado, para exigirles que les dijeran dónde estaban los hombres.
“Nos apuntaron a toda la familia, somos cuatro, tenemos una niña en casa y así con el rifle se metieron a la casa. Se llevaron como 12 mil pesos que teníamos, se llevaron unos cartuchos de un rifle 22, tenemos una escopeta y se la querían llevar, pero está muy vieja y la dejaron. Luego escuchamos disparos y se fueron”, indicaron.
“Sólo pedimos al gobierno que no venga a robar, si vienen contra alguien, vayan contra ellos, pero por qué se meten a las casas a robar, eso no está bien”, expresó uno de los inconformes.
En el rancho se observó una camioneta estacionada; de acuerdo con los vecinos, el dueño desapareció hace varios años y el lugar está solo. A la camioneta le rompieron los vidrios y había un cartucho percutido a un costado. Luego se fueron del lugar.

Reportan decomiso de droga y un vehículo en Tlapehuala

La Gendarmería puso a disposición del Ministerio Público federal, con sede en Altamirano, una camioneta con reporte de robo, 5 kilos de mariguana y una moto, decomisados en el municipio de Tlapehuala.
Informes policíacos señalan que aproximadamente a las 10 de la mañana, la Gendarmería puso a disposición una camioneta en la que señalan que llevaban un cargamento de 5 kilos de mariguana en una bolsa.
También pusieron a disposición una moto con reporte de robo, tipo Itálica. No se reportaron detenidos, ni se pusieron a disposición dinero, armas o teléfonos.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlapehuala, donde reportaron la presencia de la Gendarmería y el Ejército desde las 10 de la noche en la localidad de San Juan Mina y en San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán.

 

Desalojan a precaristas de un área protegida en Zihuatanejo; llevaban cinco días en el predio

Este martes, inspectores de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y de la de Ecología, policías municipales y bomberos, desalojaron a precaristas que el jueves 24 de mayo invadieron y se quedaron en un predio de más de 2 hectáreas, ubicado en el área natural protegida parque El Limón, en Zihuatanejo.
La zona invadida colinda con la colonia irregular La Cima de Jesús, en una de las partes más altas de los cerros al poniente de este puerto.
Los inspectores llegaron a las 11 de la mañana a informar a los precaristas que tenían que quitar los palos y las lonas con las que tenían levantadas sus tiendas; sin embargo, los invasores reclamaron que tienen necesidad de una vivienda y que han solicitado al Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo que les venda un terreno para construir sus casas, pero no han tenido una respuesta y por eso invadieron el predio.
Aunque los precaristas se enfrascaron en una discusión ríspida con los inspectores, no fue necesaria la intervención de los policías municipales, pues no ofrecieron resistencia cuando los trabajadores municipales empezaron a derribar las improvisadas techumbres, aunque advirtieron que las veces que los quiten serán las mismas que regresarán a ocupar el área natural protegida. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Apoyan vecinos a una madre de dos hijos con síndrome de Down que hoy sería desalojada

“No están solos”, apoyaron vecinos, madres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 1 Lucia Alcocer, a Mercedes Gutiérrez, para evitar que la deje en la calle su ex esposo, Mario Romero Hernández, quien pretende desalojarla junto a sus dos hijos con síndrome Down.
El pasado viernes, Mercedes Gutiérrez Martínez denunció que su ex esposo y la familia de éste la quieren desalojar de la vivienda que ocupa hace 29 años en la colonia Francisco Figueroa Mata. Una jueza falló a favor de su esposo y hoy martes debe ser desalojada con sus hijos y un perro.
Vecinos, alumnos del CAM, madres y padres de familia, tras enterarse de que la familia del ex esposo de Mercedes pretenden desalojarla, se reunieron este lunes afuera de la casa donde vive la madre de familia para acompañarla y brindarle su apoyo.
Una madre de familia, Eréndira Monroy Sanabria dijo que es una injusticia que se está cometiendo con Mercedes y sus dos hijos, y manifestó que son más de 120 padres que llevan a sus hijos al CAM número 1 quienes apoyan totalmente a Mercedes, y que están inconformes por el fallo que dio la juez segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y de Oralidad en Materia Mercantil del Distrito Judicial, Iracema Ramírez Sánchez, porque “prácticamente” dejó a la familia desamparada y en la calle.
Monroy Sanabria pidió que el ex esposo, que los abandonó en 2009, quien no les ha pasado pensión, compre un terreno y les haga una casa, “aunque sea de madera”, pero que los pongan en un lugar donde puedan vivir.
Aseguró que los niños y Mercedes no tienen a dónde ir, y que si los desalojan dormirán en la calle.
“En el CAM somos una familia, por eso los compañeros de Mario y María (hijos de Mercedes Gutiérrez) los apoyan, junto con las madres, y no vamos a permitir una injusticia y abuso de las autoridades y de los familiares”, indicó la madre de familia.
Manifestó que la juez viola los derechos de los niños con discapacidad, por lo que hizo un llamado al DIF y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) para que intervenga.
Los padres y vecinos también solicitaron que la presidenta del DIF, Mercedes Calvo, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, intervengan para que la familia no quede desampara.
Solicitaron que el caso se vuelva a investigar, porque no es posible que se violen los derechos de los niños especiales.
Por su parte, Mercedes Gutiérrez reprochó que, después de la denuncia que hizo el viernes, a su hogar acudieron funcionarios del DIF estatal que le solicitaron copia de la demanda para ver qué podrían hacer para evitar el posible desalojo, pero no le han informado nada.
Mercedes Gutiérrez se dijo satisfecha, “de que las madres y los compañeritos de mis hijos nos estén apoyando. No sé qué pasara mañana estaré en la espera”, declaró.
En el lugar, vecinos y el presidente de la colonia, Alejandro Martinéz López, dijeron que desde que se enteraron del desalojo le manifestaron a Mercedes su apoyo porque se comete una ilegalidad. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Denuncian comerciantes del mercado de Coyuca de Benítez que el alcalde los amenazó con desalojarlos

El representante legal de los comerciantes del mercado Morelos de Coyuca de Benítez, José Rojas Vázquez denunció que el presidente municipal, Javier Escobar Parra amenazó con desalojar a los inconformes si no se retiran de las instalaciones.
En una llamada a la Redacción, Rojas Vázquez informó que ayer en la mañana trabajadores del Ayuntamiento se presentaron en el mercado, y les dijeron a los comerciantes que Escobar Parra solicitó que antimotines acudieran a desalojarlos por lo que era mejor que se retiraran del lugar de manera pacífica.
Expuso que la acción del alcalde se debe a que hoy se llevará a cabo un foro para discutir la situación de las instalaciones que siguen en litigio, por la demanda que presentaron los locatarios y que impide a las autoridades construir en el lugar. En el foro se espera la participación de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), así como de pobladores de la sierra que también discutirán el proceso legal de la posesión del predio.
Puntualizó que en las instalaciones hay cerca de 100 comerciantes que tienen miedo de ser desalojados durante la noche o en los siguientes días.
Declaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para que los comerciantes cuenten con protección y se respete su movimiento, porque las autoridades les devuelvan sus locales de los que fueron retirados sin ninguna explicación, a pesar de que algunos llevaban más de 40 años laborando en el mercado.
Añadió que el gobernador Héctor Astudillo Flores conoce de la medida cautelar y que Escobar Parra no ha hecho nada para evitar que el conflicto concluya, según lo que se determine en el proceso legal, prueba de ello es la amenaza de desalojo que recibieron los comerciantes de allegados del alcalde.
El 14 de marzo los comerciantes bloquearon 2 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir que las autoridades respeten el dictamen de un juez civil, que ordenó que no se debía tocar la propiedad donde se encontraba el mercado Morelos, mismo que fue demolido.
Desde entonces los inconformes instalaron un plantón en lo que fueron las instalaciones para evitar la limpieza de la zona, ya que introdujeron máquinas y delimitaron el lugar a pesar de que sigue el litigio por el predio. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

No reparan el drenaje en Ayutla en represalia a locatarios que no dejaban el viejo mercado, señalan

Comerciantes de Ayutla que se negaban a cambiarse del mercado que fue demolido en el centro de esa población, al nuevo que se construyó a la salida sur de la cabecera municipal, denunciaron vía telefónica que el domingo pasado reventó el drenaje en el área de fondas, lo que obligó al menos a seis comerciantes a mantener sus negocios cerrados desde entonces.
Otros locatarios, según se muestra en un video enviado a El Sur, tienen que barrer debajo de las mesas las aguas negras que escurren, mientras sus clientes consumen sus alimentos.
Los comerciantes afectados, el domingo denunciaron el desperfecto en el Ayuntamiento, pero no ha acudido nadie a repararlo, en represalia porque en esa nave están los comerciantes que se negaban a salir del viejo mercado y a ocupar las nuevas instalaciones y han sido hostigados por la administración del mercado.
Una de las comerciantes, Amada Morales Cerón denunció que a partir del domingo, comenzaron a brotar aguas negras de las coladeras de tres fondas, pero que hasta este martes las fétidas aguas ya salían en seis.
“Yo tengo la fonda número 940, y desde el domingo salió mucha agua de drenaje, que apesta mucho, mero cuando está la gente comiendo”, dijo la propietaria, quien se quejó de que no tiene a quién recurrir porque el administrador no les hace caso, “el señor está en contra de nosotros”, denunció la comerciante.
Informó que las aguas negras comenzaron a brotar precisamente el domingo, cuando tienen más clientes, y se quejó de que trabajadores del Ayuntamiento “nomás vinieron a ver”, pero no repararon la coladera.
Dijo que no les hacen caso porque son los que no se querían salir del mercado que estaba en el centro de la cabecera municipal y que fue demolido para ampliar el Zócalo.
Desde el domingo se vieron afectados, además los puestos del comerciante René Gutiérrez y de otra locataria que, definitivamente cerró su negocio.
Morales Cerón informó que unos comerciantes definitivamente cerraron desde el domingo, y otros tienen que estar barriendo permanentemente el agua pestilente que sale del drenaje, mientras sus clientes consumen sus alimentos.
Dijo que no tienen a quién acudir porque si el administrador no les hace caso, mucho menos la presidenta municipal, Hortencia Aldaco Quintana, del PVEM, quien ordenó el desalojo del antiguo mercado del centro para que se fuera a las nuevas instalaciones.