Reportan los precaristas nueve lesionados, 26 detenidos y una niña desaparecida, y los policías ocho golpeados. Casi una hora duró el enfrentamiento que comenzó con la entrada al terreno de cientos de motorizados y judiciales del estado y preventivos del municipio de Acapulco. A los golpes, los colonos respondieron con pedradas, dicen desalojados
Karina Contreras, Jorge Nava y Roxana Ibarra
Por una orden del Ministerio Público, la madrugada de ayer unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil donde el domingo ya había unas 500 familias.
El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, informó que el desalojo es parte de las acciones “para combatir el delito de despojo que se ha convertido en el modus vivendi de algunas personas”.
El abogado de los detenidos, el perredista Alvaro Díaz Castro denunció que durante el desalojo hubo nueve precaristas lesionados, entre éstos una adolescente embarazada, y una niña desaparecida de 5 años. Las corporaciones policiacas, por su parte, reportaron ocho agentes con diversas lesiones, cuatro de ellos policías del estado y cuatro municipales, así como varias patrullas con daños.
El fiscal especial para la Atención de Delitos Graves, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando Monreal Leyva informó que hubo 26 detenidos que están a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica en 48 horas. Sin embargo, el boletín oficial de la Procuraduría sobre estos hechos, sólo reconoce a 25 personas detenidas.
Entre los detenidos que se encuentran en los separos está el dirigente perredista de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, suplente de la diputada local del PRD, Yolanda Villaseñor Landa. En el Sector Central del MP se encontraban 21 de los detenidos, y otros cinco en los separos de la Policía Ministerial (Judicial) de Renacimiento.
El abogado Díaz Castro señaló que entre los 26 detenidos se encuentra el caso de Severo Chapín Abarca, quien era atendido de fuertes lesiones en la Cruz Roja, de donde fue sacado por la fuerza por agentes de la Policía Ministerial para llevarlo a los separos. Por la tarde, se quejó de que el delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo, no permite que Chapín Abarca regrese a la Cruz Roja para ser atendido por las lesiones que tiene en la cabeza y el cuerpo.
La señora Gloria Vargas García, dijo a El Sur que los policías golpearon a su hija Edith Ramírez Vargas, de 16 años, que cuenta con tres meses de embarazo y que por los golpes que recibió presentó un sangrado vaginal.
Según versiones de los ocupantes del predio y de los policías, ambos grupos se enfrentaron durante más de una hora. Del lado de los precaristas la versión indica que se defendieron a pedradas contra los policías cuando éstos llegaron a desalojarlos a golpes con macanas y rociando gases lacrimógenos.
El director de Seguridad Pública del estado, Víctor Hugo Peña López –al mando de 200 antimotines que vigilaban el lugar– aseguró que los policías “conminaron” a los colonos a que desocuparan el predio, pero en lugar de hacerlo “lanzaron piedras y varillas”, y fue cuando tuvo que “entrar” la Policía Judicial.
Según dijo, en la operación de desalojo participaron 150 policías del estado, 80 judiciales, y 120 preventivos. En la PGJE se informó que también participaron 12 agentes del Ministerio Público de diferentes agencias de la ciudad.
No fue orden de desalojo, sólo una inspección ocular, dice el fiscal Monreal
Funcionarios del departamento Jurídico del Invisur informaron a El Sur que el desalojo, ocurrido a las 5 de la mañana de este martes, fue ordenado a raíz de la denuncia Tab/V/073/2004 que presentó el lunes el delegado de ese Instituto, Alejandro López Salgado, por el delito de despojo contra quien resultara responsable, por la invasión a un predio en propiedad de la dependencia.
En un comunicado de prensa de la PGJE, el procurador Ramírez Guerrero explicó que el MP especializado en Despojos “en uso de sus facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, dio inicio a la averiguación previa TAB/V/073/04 y acudió al lugar de los hechos, con el propósito de realizar el desahogo de la diligencia”.
Ramírez Guerrero advirtió que “acciones delictivas como el despojo que se han convertido en un negocio lucrativo para algunas personas, se seguirán combatiendo enérgicamente por la dependencia a su cargo”.
Asimismo, el procurador exhortó “a los guerrerenses a no dejarse engañar, porque este es un delito de los considerados como graves, que alcanza una penalidad mínima de siete y una máxima de 18 años.
Sin embargo, por la tarde, el fiscal Monreal Leyva negó que se haya tratado de una orden de desalojo, y que los policías sólo acudieron “como apoyo” a una inspección ocular para integrarla a la averiguación que se abrió por la demanda del Invisur.
El delegado López Salgado pidió en la demanda que había presentado ante la Quinta Agencia del Ministerio Público especializada en despojos, la recuperación del predio para ser reintegrado a Invisur, pues está destinado para reserva territorial de esa dependencia para el desarrollo de programas de la comunidad.
Los colonos comenzaron la agresión, dice el delegado de la PGJE
Ayer por la tarde, un grupo de desalojados presentó la queja número Crac/100/04/2004 en la Coordinación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), en contra el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, de agentes de la Policía Ministerial del Estado, y de agentes de la Policía Preventiva municipal, por violación a los derechos humanos, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.
Por su parte, el fiscal Monreal Leyva negó que hubiera enfrentamiento y responsabilizó a los colonos de comenzar la agresión.
Indicó que en el momento en que se hacía “la diligencia de inspección ocular”, encontraron en el predio “a mucha gente posesionada en el mismo”. Agregó que los invitaron “a que desalojaran el lugar”, y los colonos comenzaron con la agresión.
Del predio, indicó que quedó a disposición del Invisur, que es el propietario.
Verifica la Codehum la violencia contra los colonos
Por la tarde, acudió a los separos del Sector Central de la Policía Judicial, el coordinador regional de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, donde al concluir su visita a los detenidos habló con algunos de sus familiares sobre el estado en el que se encontraban.
Declaró a reporteros que encontró sólo a 18 detenidos, de los cuales a cinco tienen lesiones en diversas partes del cuerpo, sin atención médica por parte del Ministerio Público. Advirtió que por ello podría fincarse alguna responsabilidad porque el MP debe de verificar en qué condiciones se encuentran los apresados.
Agregó que al encontrarlos en ese estado llamó a la Cruz Roja para que en ese momento fueran atendidos en algún hospital de la ciudad.
Navarrete Magdaleno dijo que quiso verificar la violencia que ejerció la policía contra los desalojados, y señaló que ésta no se justifica.
Más tarde, Navarrete acudió al hospital general del IMSS Vicente Guerrero, y al Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento, para tomar la declaración a los lesionados por la queja que presentaron sus familiares. Sin embargo, en el módulo de información de la sala de urgencias del Vicente Guerrero no encontró registrado ninguno de los nombres que tenía en su lista de presuntos lesionados.
En el Donato G. Alarcón le informaron que atendieron a Edith Ramírez y Maricela Marcos, pero que ya habían abandonado el lugar. Dijo que pedirá por escrito el informe de las condiciones de salud en las que se encontró a la lesionadas. De la visita, a la que lo acompañó su secretaria Patricia Delgado Rojas, señaló que levantará una constancia.
Agregó que harán intervenir al Ministerio Público adscrito a la Codehum para que en caso de que los policías acusados tengan culpa, respondan de manera legal.
Indicó que la médico legista adscrita a la Comisión, María Soledad Nava Arango, hará un examen médico a los lesionados detenidos en los separos para tener la valoración médica, y que toda la información se integrará al expediente.
Dijo que se pedirá por escrito la versión de los hechos al secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Lima Gómez, al director de la Policía Judicial del Estado, Ricardo Leonel Coronel, y al delegado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.
