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Desaloja el Ayuntamiento unos cien locales de comerciantes que invadían la calle Matamoros

Tenían de 20 años ocupando esa céntrica vía

Luluani Vega

De manera sorpresiva fueron desalojados unos cien locales de comerciantes agremiados a los líderes priístas Eloy Polanco y Reyna Medina Manríquez, quienes tenían más de 20 años invadiendo la banqueta de la calle Matamoros del Centro, la operación fue la noche del viernes alrededor de las 23:00 horas.

La operación del desalojo estuvo a cargo del secretario General del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, quien aseguró acudió a la calle Matamoros, ubicada frente al mercado El Parazal, para coordinar los trabajos y constatar que no hubiera abusos de parte de los policías de la Secretaría de Protección y Vialidad.

Larequi Radilla aseguró que independientemente de que se hayan retirados los puestos, posteriormente la dirección de Imagen Urbana intervendrá para realizar trabajos de rehabilitación del lugar “lo que sea necesario se hará para que el lugar quede bien”.

El funcionario municipal aseguró que se les notificó a los comerciantes de las acciones del Ayuntamiento, mencionó que con la ex secretaria General, María de la Luz Núñez Ramos, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los comerciantes, “el retiro de los puestos obedece a un programa de recuperación de la vía pública”.

Larequi Radilla acepto que lamentablemente el Ayuntamiento no les dio ninguna alternativa de trabajo en las reuniones que ya se habían hecho, “la verdad de las cosas, no hay nada más estamos haciendo mención de la recuperación de la vía pública”, después dijo que buscarán en la dirección de Fomento Económico y Desregulación una alternativa para los vendedores.

El Ayuntamiento tiene prevista la recuperación de otras calles, aseguró el funcionario municipal, quien no quiso decir cuales son, porque las operaciones serán sorpresivas, “el programa de rescate a la vía pública es en las principales calles del Centro y Mercado Central”

Justo cuando Larequi Radilla termino de dar la información  a los reporteros, llegó la representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, quien le grito al secretario General del Ayuntamiento que había un acuerdo de por medio, en el que las autoridades municipales se habían comprometido a reubicar a los comerciantes y el cual no respetaron.

“Yo tengo 20 años tengo registro de la organización, ¿porque nos están haciendo esto? Sabemos que es la autoridad, pero no es justo lo que nos hizo, estamos perdiendo todo, díganos que vamos a hacer nos mantenemos de las ventas, usted y el señor presidente se pasaron, estabamos en platicas”.

Medina Manrique aseguró que no tuvieron ninguna notificación del Ayuntamiento para que retiraran por lo menos sus mercancías, al mismo tiempo Larequi Radilla decía “hubo varias reuniones de trabajo”, enseguida se quitó del lugar y se reunió con otras autoridades municipales que presenciaron el desalojo. Entre ellos se encontraba el director de Protección Civil, Sabás Arturo de la Rosa Camacho; el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez; la coordinadora de Servicios Públicos, Rosa María Gómez Saavedra; el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Váldez; el director de Saneamiento Básico, Fernando Terrazas Sánchez; el director de Mercados, Jesús Gómez Salgado; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Orlando Soberanis Vargas.

Los puestos de lámina fueron retirados por maquinaria especial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como por 45 inspectores de la dirección de Vía Pública; 35 de la dirección de Mercados y diez personas de Bomberos.

También acudieron unos cien policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, quienes esperaban en las calles aledañas la orden para poder intervenir, en caso de registrarse algún enfrentamiento con los comerciantes desalojados, pero no fue así porque a pesar de lo aparatoso que fue la operación, no se registró ningún incidente que hubiera requerido la acción de los policías preventivos municipales.

Los puestos de lámina desmantelados fueron trasladados en volteos de la dirección de Saneamiento Básico al relleno Sanitario ubicado en Paso Texca.

El sábado los trabajos de rehabilitación de la calle Matamoros continuaron en calma, aunque se tuvo la presencia de policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, inspectores de Vía Pública y de Mercados, quienes tienen instrucciones de impedir que los comerciantes se adueñen del lugar.

La representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, informó que no harán ninguna manifestación    porque temen ser objeto de represalias del presidente municipal Alberto López Rosas. Asimismo, lamentó que ni siquiera les hayan notificado de la acción para rescatar  sus mercancías. “Todo nuestro patrimonio se lo llevaron, lamentamos que el presidente municipal actúe de esta manera porque merecemos respeto, además como lo dije antes se nos había prometido que seríamos reubicados”, expreso la señora Medina.

Bloquean capitalinos una calle; exigen desalojar a vendedores de la vialidad

El alcalde Saúl Alarcón no cumplió con retirar a comerciantes mayoristas y camiones de descarga que invaden cerca del mercado Baltazar R. Leyva, dicen

 Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Vecinos de la colonia Ampliación Caminos, de Chilpancingo, bloquearon ayer la calle Arturo Alvaradejo, aledaña al mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, para exigir al presidente municipal Saúl Alarcón Abarca el retiro “inmediato” de camiones de descarga, así como la alineación de comerciantes mayoristas, pues ambos obstruyen el paso vehicular y peatonal.

Cerca de las 7 de la mañana de ayer domingo, unos 15 vecinos cerraron con piedras la calle Arturo Alvaradejo, porque “ya estamos cansados de la invasión de baquetas, problemas de basura, problemas viales que ocasionan los comerciantes”, aseguró la presidenta del Comité de Desarrollo, Lourdes Noriega Avelino.

Explicó que el problema de los comerciantes que “obstruyen” las banquetas con su         mercancía, y el de los camiones de carga que “afectan” la circulación de vehículos, prevalece sobre todo en tres calles ubicadas del lado norte del mercado central, de la colonia Ampliación Caminos.

Indicó Noriega Avelino que en reiteradas ocasiones han solicitado a la dirección de Gobernación municipal que establezca límites a los comerciantes que tienen locales, y “los inspectores vienen, pero a la vuelta de la esquina los vendedores se vuelven a salir a las banquetas”.

En el caso de los camiones de descarga –que venden mercancía al mayoreo–, Noriega Avelino dijo que fue el periodo de Efrén Leyva         (1991-1994) cuando sólo autorizaron la permanencia de cinco vehículos, pero “hoy son demasiados” y la cifra incrementó tras el incendio del mercado central, cuando los comerciantes se ubicaron en las calles.

De acuerdo con Noriega Avelino, el 29 de febrero el alcalde Saúl Alarcón Abarca se comprometió –con la firma de una minuta– a que en cuanto se reinstalaran los comerciantes damnificados “las calles y banquetas quedarían libres, pero no fue así, incumplió con su palabra, seguimos igual”.

De ahí que Noriega Avelino exigió al alcalde capitalino “el retiro inmediato” de los camiones de descarga, y la alineación de los comerciantes que tienen locales en las calles aledañas a mercado.

Aseguró que como el alcalde no ha “cumplido totalmente con los acuerdos, vamos a continuar con el juicio de revocación de mandato” que interpusieron ante el Congreso del Estado.

Desalojan un plantón de los Palma y policías de civil se llevan a tres de ellos

Intentaban ponerse en las inmediaciones del hotel Quinta Real

Los acusan de ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín. Exigen el pago de 70.5 hectáreas en Punta Diamante

 Karina Contreras y Jorge Nava

César Sabino Palma, su esposa Alba Peláez Galeana y Pedro Palma Rivera fueron detenidos por policías vestidos de civil al mando del comandante de la Motorizada, Guadalupe Arellano Delgado adscrito a El Coloso, tres horas después de que habían iniciado un plantón afuera del hotel Quinta Real para exigir la indemnización de un predio de 70 hectáreas y media en la zona de Punta Diamante que reclaman como suyo. Hasta las 10 de la noche se supo que los delitos eran ataques a las vías de comunicación en agravio de la sociedad y motín por lo que se inició la averiguación previa Tab/Col/183/2004.

A pesar de esto, el titular del Ministerio Público de El Coloso, David García Muñoz, continuó negando que los detenidos estuvieran a disposición de esa agencia.

La familia Sabino Palma comenzó a las 10 y media de la mañana un plantón afuera del hotel Quinta Real. En un área verde hicieron mesas de palos y pusieron un toldo para iniciar otro plantón para exigir el pago por la afectación de la que fue objeto su familia en las valiosas tierras que, a decir de ellos, tiene un valor mínimo de 700 millones de pesos.

Tenían una manta donde se leía: “Sr. presidente Fox. El gobernador del estado e inversionistas no quieren pagar a la familia Palma los terrenos en Punta Diamante. Solución” o la de “Señor gobernador. La familia Palma exige solución en Punta Diamante. Ya, ya, ya”.

Alrededor de las 12 del día César Sabino Palma en declaraciones a los medios dijo que estaban cansados de las promesas del gobernador, René Juárez Cisneros, quien delante del presidente Vicente Fox Quesada el 29 de septiembre prometió dar solución al problema.

En esa ocasión la esposa de César Sabino Palma, Alba Palma, burlando todo los dispositivos de seguridad en el evento del Día Internacional de Turismo logró llegar hasta donde estaba el presidente Vicente Fox, a quien interrumpió durante su discurso, para exponerles el problema de valioso predio en Punta Diamante y exhibió al gobernador Juárez Cisneros que atinó a decir que “se trataba de un asunto local, que después de despedirlo en el aeropuerto la recibiría y que hoy mismo estaría solucionado el problema”.

Entonces Juárez Cisneros le dijo a Sabino Palma que se fueran a Protur y que ahí los recibiría, pero dicha reunión no se llevó a cabo, ya que el ejecutivo los dejó esperando. Ese día César Sabino Palma calificó a Juárez Cisneros como “mentiroso” y que sólo dijo que los iba atender para evitar más escándalos frente al presidente

César Sabino durante la entrevista antes de que fuera detenido por los judiciales precisó que ellos lo que querían es que les pagarán las 70.5 hectáreas que son de ellos y que el gobierno renejuarista se ha resistido a pagar. Dijo que el gobierno pensó que cuando su abuelo muriera ya no iban a reclamar las tierras, pero dijo que tienen documentos que demuestras que esas tierras son de ellos, ya que las tierras nunca entraron en el decreto de expropiación de esa área.

Precisó César Sabino que las villas Océano, Cactus, y el hotel Quinta Real están construidos en las 70.5 hectáreas que reclaman, y dijo que no se oponían al desarrollo siempre que se les indemnizara. Lamentó que tuvieran que estar en plantón “mire, nosotros somos los dueños y aquí estamos como arrimados, mientras ellos están vendiendo las tierras que son nuestro patrimonio”.

Reconoció que con el plantón daban mala imagen, pero el gobierno del estado los obligó a actuar así, ya que desde el domingo trató de buscarlos para que le dijeran qué pasaba con la solución a su problema y no le hicieron caso.

Recordó que incluso buscó en la inauguración del Tianguis Turístico al gobernador por medio de la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda, y siempre lo bloquearon y manifestó que no veía intención al gobernador René Juárez Cisneros de querer resolver su problema y lo único que quieren es ganar tiempo para al salir “dejarlo al próximo gobernador para empezar de nuevo y así nunca acabar”.

Al lugar llegó el secretario del director de la Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro, Ignacio Ortiz, quien le informó que su jefe le mandaba a decir que su problema sería tratado en el Consejo de Administración de Protur el 27 de este mes, “para dar una solución definitiva”.

El consejo está integrado por el gobernador, René Juárez Cisneros, la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Juan Farill Herrera, entre otros.

Sabino Palma le respondió que entonces permanecerían en plantón hasta esa fecha, ya que hace tres meses le dijeron lo mismo y no ha visto claro.

La detención

Cerca de las 2 de la tarde aproximadamente 30 judiciales vestidos de civil y en varias camionetas y policías preventivos llegaron al lugar donde horas antes se había instalado el plantón y sin avisó detuvieron a César Sabino Palma al que subieron a una camioneta blanca sin ninguna inscripción federal; mientras que a Alba Palma se la llevaron en un Tsuru blanco.

Para ello una camioneta de policías preventivos bloqueó la entrada a Quinta Real –cerca de la gasolinera de El Revolcadero– y otra se ubicó sobre el lado del hotel.

Posteriormente al lugar llegaron alrededor de 30 policías del estado y policías preventivos para resguardar el área. Al momento de la llegada de los reporteros estaban en reunión el delegado de Gobernación estatal, Manuel Zorrilla Suazo y el jefe de operativos de la Preventiva, Humberto Hernández, quienes inmediatamente se dispersaron, pero antes prohibieron dar información a los policías. Luego se reunieron en el destacamento de la Policía Judicial de Llano Largo.

Sabino Palma fue ubicado hasta las 3 de la tarde en los separos de la Policía Judicial del Estado en El Coloso, pero lo mantenían incomunicado. Lo que se pudo ver de él fue que la camisa amarilla que portaba estaba desabrochada y como los judiciales no querían que lo vieran le ordenaron que se recargara en la pared.

César Sabino Palma ha denunciado que en varias ocasiones ha sido amenazado y secuestrado, y en una de esas ocasiones fue cuando salía de Palacio de Gobierno de una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, dijo que fue liberado cuando la prensa se dio cuenta de su detención.

En el área de guardia, los judiciales tenían detenidos a una mujer y a un hombre. El comandante Felipe Bahena Camiña argumentó que no se encontraba nadie en el lugar; pero el lugar está resguardado por cerca de 10 judiciales que lo custodiaban.

En el lugar se mantuvo la postura de no tener detenido a Sabino Palma, que se asomaba por las rejillas de los separos para que los reporteros lo vieran. Después de esto, Felipe Bahena recomendó que se acudiera con el agente determinador del Ministerio Público, David García Muñoz, para solicitarle la presentación de los detenidos.

El servidor público argumentó que fueron policías auxiliares del estado los que detuvieron a esas personas que según dijo desconocía de quiénes se trataba y se limitó a argumentar que la Policía Auxiliar del Estado no había puesto a disposición a los detenidos ni bajo qué cargos.

Por la noche se supo ya de los delitos que le imputaban a los detenido, pero el determinador siguió negando los datos.

Dan feligreses 15 días a una familia para desalojar un asilo de ancianos de Iguala

Oracio Lagunas Iguala

Feligreses de la parroquia San Gerardo María Mayela dieron un plazo de 15 días a la familia Rosendo Brito para abandonar las instalaciones y la administración del Asilo de Ancianos, los cuales la habitan desde hace 22 años.

La tarde y noche del miércoles, unos 100 feligreses del Comité Pro Defensa del Asilo de Ancianos San Gerardo María Mayela se reunieron en los patios que dividen los terrenos de la parroquia y del asilo, para determinar, con base a denuncias de vecinos, qué hacer con los señores Juan Salomé Rosendo Brito, Tomasa Brito y su hijo Benjamín Rosendo Brito, encargados de administrar los recursos del asilo desde 1982.

Los inconformes acusaron a la familia Rosendo Brito de administrar bienes muebles e inmuebles, donaciones de particulares y asociaciones civiles y no gubernamentales nacionales e internacionales, “de manera turbia”, sin rendir cuentas a nadie.

Indicaron que no han permitido la remoción o modificación del cascarón donde se asienta el asilo de ancianos, que data de hace más de 35 años, por el bien de unas 20 personas de la tercera edad que han sido abandonadas por sus familias.

De acuerdo con un documento entregado a los asistentes a la reunión, se indica que a la 1 de la tarde del 25 de marzo, una comisión de feligreses limpiaba en la parte poniente del predio utilizado como cancha de futbol, y de manera imprevista se presentaron Rosendo Escobar y su esposa para amenazarlos de muerte porque ellos no habían ordenado nada.

“Por lo anterior y tomando en cuenta que los terrenos donde se encuentran el asilo y la parroquia de San Gerardo María Mayela no son propiedad particular, sino federal, manifestamos nuestro desacuerdo total…”.

Durante la reunión se acordó que darán 15 días para que la familia Rosendo Brito se retire de manera voluntaria, o de lo contrario se solicitará la presencia de la fuerza pública.

Exigen semifijos desalojar a ambulantes de las calles del mercado Baltazar R. Leyva

 

 Nosotros nos retiramos para no afectar al consumidor, pero ahora el administrador de la central de abasto no hace nada por retirar a oportunistas, se quejaron

 Comerciantes semifijos del Mercado Baltazar R Leyva Mancilla exigieron al presidente municipal de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca, a que “más tardar este lunes” retire a los comerciantes “oportunistas” que con el respaldo del administrador, Jorge Bernabé González, se colocaron sobre una de las calles aledañas a la central de abasto, y advirtieron que “o limpia la calle o limpiamos nosotros”.

El dirigente de los semifijos, Juan Serrano Moreno, entrevistado en las instalaciones de la central de abasto, expuso que tras el incendio ocurrido el 23 de mayo se firmó un acuerdo alcalde Saúl Alarcón Abarca, y el compromiso fue que “para no afectar al consumidor” la calle 21 de Marzo –ubicada a un costado– quedaría libre de semifijos.

Pero –según Serrano Moreno– “nos están haciendo una serie de jugadas” con el apoyo del administrador Jorge Bernabé González, ya que permitió que en la calle 21 de Marzo se instalaran 15 comerciantes gaviotas –llamados así porque no están registrados en el padrón–.

Precisó que en dos ocasiones se ha entrevistado con el alcalde, pero “sólo nos dice: mañana los quito y seguimos igual.         Nadie le hace caso, su palabra no vale y sabemos que atrás de este desorden está el síndico Humberto Calvo”.

En este conflicto –dijo Serrano Moreno– el director de Gobernación sólo viene a “simular” que los retira, pero “no pasa nada y no se vale que nosotros hayamos quitado a nuestra gente y ahora lleguen los oportunistas a colocarse”, por lo que exigió al alcalde a que “más tardar este lunes quite a las gaviotas”.

Y advirtió: “o limpia o limpiamos nosotros, porque respetamos lo acuerdos pero él no lo ha hecho, además de los hechos violentos que se susciten aquí responsabilizamos a las autoridades municipales”.

Desalojan a taxistas del Padrón del 97, tras un año de plantón en el Asta Bandera

 Taxistas integrantes de la Organización de Trabajadores del Volante del Padrón 97 fueron desalojados, la noche del domingo del Asta Bandera, luego de haber permanecido un año cuatro días en plantón para exigir a las autoridades estatales la entrega de concesiones, responsabilizan al gobernador René Juárez Cisneros y al presidente municipal Alberto López Rosas, de lo que les pueda ocurrir en los próximos días.

El chofer Pedro Carvajal Robles dijo, en conferencia de prensa que se efectúo en la Playa Tamarindos, que el presidente municipal, Alberto López Rosas, acudió al Asta Bandera el domingo alrededor de las 5:30 de la tarde e invito a sus compañeros a retirar su plantón por la temporada de Semana Santa, pero no ofreció ninguna  alternativa a sus demandas y fue a las 11: 40 de la noche cuando policías de la Secretaria de Protección y Vialidad e inspectores de Vía Pública desalojaron a unos 25 choferes que se encontraban en el lugar.

El 30 de marzo del 2003 taxistas de la agrupación del Padrón del 97, se instalaron en plantón a un costado del Asta Bandera, exigen la entrega de concesiones porque en el 97 fueron excluidos, así lo señalaron en más de cuatro marchas pacíficas que hicieron el año pasado.

Carvajal Robles argumentó que los choferes del padrón del 97 harán movilizaciones en los próximos días, pero “no daremos a conocer las acciones porque el desalojo fue sorpresivo y así actuaremos”.

El presidente municipal, Alberto López Rosas, dijo   que la decisión fue tomada luego de que se les invitó en varias ocasiones a los transportistas a retirarse, pero no hubo ninguna respuesta favorable. Asimismo, el alcalde preciso: “Inicié las conversaciones desde las cinco y media de la tarde, y ellos tomaron la decisión a las 9 de no retirarse, les propuse que se retiraran temporalmente, mientras pasaba la temporada vacacional que yo respetaba su movimiento, aunque ya no podría darles la razón porque no me correspondía. Yo si soy respetuoso de las inconformidades que puedan estar disponibles, pero que ya había pasado más de un año y que tenía que desalojarse el área. La otra propuesta fue que se ubicarán             en otro sitio, no precisamente en esa ventana ecológica, ante la renuencia tuvimos que intervenir y se desalojó el área, a las 12 de la noche tomamos posesión de lugar, hicimos una limpieza, mantenemos el resguardo con el propósito de desalentar cualquier acción de reincidencia”.

Los plantones en playa Tamarindos y la Torre Victoria

En cuanto a los otros plantones que se encuentran en Playa Tamarindos y afuera de los Condominios Torres Victoria, el alcalde dijo “poco a poco estamos tomando las acciones en su momento, y en su oportunidad entraremos en dialogo con los demás grupos inconformes, espero que piensen más en Acapulco, que por más justas que sean sus demandas nadie tienen derecho a crear zozobra e incertidumbre en un destino turístico

A su vez, los choferes dijeron que acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos a interponer su denuncia. Además tienen planeado solicitar la intervención del Ministerio Público, toda vez que su plantón             “era pacifico y no afectaba a nadie, solamente estuvimos protestando para que se nos haga justicia”.

Aseguraron que la pinta de sangre que harán en el Congreso, anunciado             hace algunas semanas, se agilizará debido a que las negociaciones que tienen con el director de Transportes, René Morales Barrientos, no han funcionado, “solamente nos dan largas, nos están engañando y no vemos ningún avance, no nos han dado fecha”.

También denunciaron que el diputado local, Marco Antonio López García, esta involucrado en la entrega de concesiones “quiere favorecer a gente que es ajena al transporte, a gente que solamente tiene unidades piratas”.

La versión oficial

De acuerdo con un boletín de prensa que la dirección de Comunicación Social envío, se informa que no hubo interés del gobierno del estado en resolver la demandas de los taxistas marginados y después de muchos meses de intentar dialogar con los choferes, se tomó la decisión de quitarlos de la banqueta.

Se precisa que desde diciembre del año pasado hubo diálogo con la Secretaria General, pero no hubo respuesta e incluso el gobierno municipal se ofreció a ser interlocutor con el gobierno del estado, sin embargo, no aceptaron ninguna propuesta.

En la operación participaron 50 policías preventivos, 20 inspectores de Vía Pública, un camión de volteo y trabajadores de Saneamiento Básico, personal de bomberos y de la dirección de Gobernación.

Hasta ayer unos 10 policías de la Secretaria de Protección y Vialidad resguardan el Asta Bandera para evitar que se instalen nuevamente los choferes marginados. En tanto, el director de Vía Pública Uriel Leal Ramírez dijo que las pertenencias de los taxistas están en la bodega de esta dependencia.

Los choferes que se encuentran instalados en plantón, a un costado de la playa Tamarindos, y que están planteando las mismas demandas que los desalojados, dijeron que no temen ser objeto de la misma acción, asegurando que respaldarán las movilizaciones que realicen sus compañeros del Padrón del 97.

Maestros de secundaria de Ayutla piden a Pano reinstalación y que desaloje a padres

Junto con institucionales tienen tomada la escuela, dicen

Maestros de la Escuela Secundaria Plan de Ayutla, localizada en Ayutla de los Libres, pidieron ayer al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, que “desaloje” a los padres de familia –que desde el 11 de septiembre del año pasado mantiene tomado ese centro educativo– para que se practique la auditoría integral y posterior a ello “nos reinstalen”.

La maestra inconforme, Isidra Morales García –quien pertenece a la CETEG–, explicó que desde hace más de siete meses maestros institucionales, junto con padres de familia de la secundaria tomaron las instalaciones para protestar en contra la aplicación de una auditoría que debía hacerse por “supuestas irregularidades” en esa institución.

Enseguida se llevaron a cabo reuniones con los funcionarios de la SEG, para “buscar una salida al conflicto”, pero esa secretaría “se declaró incompetente y los funcionarios aseguraron que la única salida era la auditoría; sin embargo ésta no se puede aplicar debido a que sólo a 10 de 31 maestros y administrativos les permiten la entrada”.

Precisó Morales García que son “sólo dos padres de familia –Susana Lozano Villalobos y José Luis Abarca–, quienes hasta la fecha mantienen tomadas las instalaciones y no han permitido que se lleve a cabo la auditoría integral a todo el personal”.

La maestra pidió al titular de la SEG que intervenga y que “desaloje a esos padres de familia quienes inclusive tiene una demanda”, además adelantó que “de no intervenir, el ciclo escolar está en riesgo de perderse, ya que los maestros y algunos intendentes están inventando calificaciones, pero no imparten clases, sólo simulan hacerlo, entreteniendo a los estudiantes”.

También llamó al Procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, para que actúe, ya que en una reciente reunión “los padres de familia le pidieron que no se ejecuten las averiguaciones previas que existen en su contra”.

A golpes desalojan antimotines alarcistas que tomaron el Congreso

 Policías y judiciales los sorprendieron por la madrugada, en la víspera de la visita del gobernador

 Unos 50 integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez) fueron desalojados violentamente, la madrugada de este jueves, de los accesos del Congreso local, en una operación efectuada por policías antimotines y agentes de la Policía Judicial del Estado en la víspera de la visita del gobernador René Juárez quien iría a entregar su quinto informe de gobierno.

Durante la movilización fue detenido el dirigente de la organización, Raymundo Velázquez Flores.

Los campesinos, en su mayoría indígenas de la Costa Chica, habían llegado casi a la medianoche y se instalaron en plantón afuera del Congreso local, para exigir la ejecución de obras, introducción de servicios públicos a sus comunidades y apoyos para proyectos productivos.

Pero aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, unos 100 policías antimotines apoyados por judiciales rodearon a los indígenas y los golpearon con toletes, mientras que a otros los arrastraban por la calle. Los policías también se llevaron los vehículos en los que llegaron los manifestantes.

Durante el desalojo, los judiciales detuvieron al dirigente de la organización, Raymundo Velázquez Flores, quien está acusado de los delitos de obstrucción a las vías de comunicación, motín, rebelión y sabotaje, según se informó en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Llegaron duro sobre ellos, yo escuché los gritos de las señoras que eran arrastradas y subidas a los carros que traían, y se los llevaron para allá, rumbo a Petaquillas”, informó un taxista que presenció los hechos.

Los miembros de la Larsez se habían instalado en plantón y bloquearon los dos accesos principales del Congreso local, donde por la mañana acudiría el gobernador.

Ayer, el director de Gobernación estatal, Rey Hilario Serrano, negó los hechos, aunque en la PGJE se informó de manera extraoficial de la detención de Velázquez Flores, quien habría sido trasladado a Acapulco, a petición de un juez de ese puerto.

Velázquez Flores había anticipado que ayer miembros de su organización protestarían también en Chilpancingo, contra las reformas a los artículos 200 y 202 del Código Penal local, donde se establecen sanciones para quienes efectúan bloqueos y tomas de edificios públicos, además de insistir en la ejecución de obras, servicios públicos y apoyos para proyectos productivos.

Se resiste a ser desalojada la familia Anzaldúa Catalán en Chilpancingo

* El gobernador ordenó la expropiación, dice el subsecretario estatal de Obras

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * “Por instrucciones del gobernador, René Juárez Cisneros”, el subsecretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Armando Figueroa Camacho, se presentó a desalojar un terreno particular de 4 hectáreas perteneciente a la familia Anzaldúa Catalán, en el proyecto de La Ciudad de los Servicios, que se construye en esta capital.

El funcionario estatal llegó al terreno a un costado de donde se pretende construir el Auditorio General del Estado escoltado por elementos de la policía municipal para exigir el desalojo de la familia Anzaldúa Catalán debido a que existe una orden de expropiación de terreno –que nunca mostró– porque está dentro del proyecto original.

El jueves por tarde, trabajadores de la obra de gobierno derribaron dos bardas del terreno particular, el hecho provocó que la integrante de la familia Anzaldúa Catalán –una de las integrantes del comité de financiamiento de la precampaña del precandidato del PRI, Héctor Astudillo Flores–, se plantara en el lugar para evitar que la maquinaria pesada derribara otra parte del bardeado.

Ante la protesta de la familia, este viernes por la tarde el subsecretario de Obras Públicas, se presentó para tratar de dialogar con el grupo afectado y ofreció pagar 40 pesos por metro cuadrado, lo que fue rechazado por la familia, al argumentar que ese terreno vale más de lo que ofrecen por la zona en donde está ubicado.

Entonces, Figueroa Camacho advirtió que mejor aceptaran la propuesta, “pues de todas maneras el gobernador ya ordenó la expropiación de las cuatro hectárea de terreno”.

Posteriormente, el subsecretario de Obras Públicas del gobierno estatal ordenó a sus secretarios llamar a un notario público para que diera fe de que el desalojo se realizaría conforme a derecho.

Ante la amenaza del funcionario estatal, al lugar se presentaron diversos amigos de la familia Anzaldúa Catalán, entre ellos el polémico empresario perredista, Pioquinto Damián Huato, quien exigió el documento que avale la expropiación y el subsecretario de Obras se negó en todo momento.

Hasta el cierre de la edición, los policías municipales permanecían en el sitio del conflicto, esperando la orden para desalojar al grupo de 15 personas que impedían que el gobierno del estado se adjudicara el terreno particular para la construcción del Auditorio Estatal.

El mes pasado, el gobernador, durante una gira de trabajo, colocó la primera piedra de lo que será el Auditorio Estatal y anunció que sería uno de los edificios públicos más modernos del estado.