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Exhuman agentes de la SEIDO restos humanos hallados en fosas de Carrizalillo del grupo criminal Guerreros Unidos

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) comenzaron la mañana de ayer la exhumación de restos humanos que habitantes de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, encontraron en tres fosas clandestinas en los alrededores de ese pueblo desde el sábado.
Otro grupo de la dependencia federal instaló al mediodía una mesa de atención al público en la plaza central de la comunidad, para recibir denuncias y datos de los familiares que tienen personas desaparecidas. Hasta la tarde de ayer habían acudido 10 familias, la mayoría del pueblo de Mezcala que también pertenece al municipio de Eduardo Neri.
Los agentes de la SEIDO llegaron a Carrizalillo la tarde del martes en un convoy de unos 20 vehículos, entre ellos llegaron peritos, médicos forenses, antropólogos y policías federales con binomios caninos. Se incorporó también, personal del Semefo local para la exhumación de los restos.
Desde las 4 de la tarde del martes recorrieron los alrededores de Carrizalillo, donde los habitantes les enseñaron las fosas clandestinas, después acordonaron la zona e impidieron la presencia de los representantes de los medios de comunicación.
El cerco continuó ayer miércoles, cuando solamente permitieron el acceso al personal de Televisa para que hiciera tomas de video del lugar donde se hacían los trabajos.
Uno de los habitantes informó que en las actividades de reconocimiento de la zona y la exhumación de los cuerpos participa el comisario del lugar, Nelson Figueroa Peña.
El equipo se integra por peritos forenses, antropólogos, binomios caninos para la búsqueda de más fosas y se auxilian con cámaras para fotografías y videos.
El personal comenzó ayer la exhumación de los restos que encontraron los habitantes en tres fosas, una en el punto conocido como Los Cazahuates, a 5 kilómetros al poniente de la localidad y que fue abierta el sábado, aunque en este lugar trabajadores del Semefo de Chilpancingo acudieron el lunes para exhumar los restos, sin embargo hubo una visita de reconocimiento en el lugar.
También acudieron a otra de las fosas que fue encontrada al oriente de Carrizalillo el martes en El Pedregal, a unos 5 kilómetros de Carrizalillo, y la que fue abierta a unos 200 metros en el punto conocido como El Puertecito.
En la tarde se informó que continuaban los trabajos en esta zona.
Según las denuncias recientes de vecinos, las fosas fueron abiertas por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos para enterrar a sus víctimas.

Denuncias de desaparecidos

Otro grupo de la SEIDO se instaló después del mediodía en la plaza del centro de la localidad en donde comenzó a recibir las denuncias y datos de familias que tienen a desaparecidos.
En la tarde 10 familias acudieron a denunciar la desaparición de personas, la mayoría del pueblo de Mezcala que se encuentra a unos 15 minutos a orillas de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
Entre los datos que piden también está una muestra de ADN para integrar una base de datos y compararlas con los restos que han sido encontrados y los que se hallen posteriormente.
Una de las familias que pidió el anonimato denunció, por ejemplo, que reconocieron a integrantes de las familias Peña Celso, Peña Onofre y a Valeriano Celso Solís cuando en una ocasión bajaron a Mezcala a levantar a algunas personas. La mayoría de las que se acercaron a presentar las denuncias y a aportar datos de sus familiares desaparecidos, son mujeres y piden que se busquen a sus esposos, a sus padres o hermanos.
Otra mujer denunció que el año pasado (no precisó fecha) cuando levantaron a su esposo, al siguiente día fue a Carrizalillo y frente a la casa de Onofre Peña Celso vio la camioneta Ram roja en la que fueron a levantarlo.
Funcionarios responsables del grupo de trabajo informaron al comisario municipal Nelson Figueroa Peña que la información la irán proporcionando a través de boletines que emitirán en la medida que vayan arrojando resultados sus investigaciones.
Mientras tanto, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un boletín de prensa ayer en el que informa que gentes del Ministerio Público de la federación y personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, con el apoyo de elementos de la División Táctica y Científica de la Policía Federal trabajan desde el martes en el poblado de Carrizalillo.
El comunicado agrega que la diligencia tiene como finalidad ubicar las fosas señaladas por los habitantes de esta localidad, y proceder al levantamiento de los hallazgos.
“Las acciones de investigación y búsqueda que realiza personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades comunales”, dice el escueto comunicado.

Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d

Llaman vecinos de Carrizalillo a los padres de los 43 desaparecidos a que los busquen en esa área

 

Vecinos de la comunidad de Carrizalillo llamaron a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a que vayan a ese poblado para buscar a sus hijos.
Ayer en una visita a la comunidad del municipio de Eduardo Neri (Zumpango), algunos pobladores que pidieron a los reporteros que acudieron no revelar su identidad debido al hostigamiento que tienen de la delincuencia organizada, dijeron que hay indicios de que los estudiantes pudieron ser llevados a ese lugar luego de los ataques que sufrieron en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, como se publicó en estas páginas anteriormente.
Las personas a las que se entrevistó forman parte del grupo que defendió al presidente del Comisariado Ejidal Ricardo López García,  a quien el miércoles policías federales intentaron detener y que fueron retenidos por los vecinos junto a un presunto halcón del grupo criminal Guerreros Unidos.
Uno dijo que la noche del 27 de septiembre del 2014 llegó a Carrizalillo un grupo de aproximadamente 30 sicarios de Guerreros Unidos de Iguala, quienes ingresaron a la comunidad a bordo de camionetas de lujo, portando chalecos antibalas, granadas y armas de alto poder.
Agregó que este grupo de sicarios pertenecen al grupo criminal Los Peques, a quienes identifican como el brazo armado de Guerreros Unidos, que en Carrizalillo    está a la cabeza la familia Peña Celso, de la que uno de sus integrantes fue retenido junto a policías federales.
Expuso que esa noche algunos pobladores vieron trabajar una retroexcavadora, que dos montículos de tierra que había afuera del panteón del pueblo, destinados al aplanamiento de una calle, desaparecieron, porque la mañana del 28 de septiembre ya no estaban.
Comentó que el pasado miércoles cuando retuvieron a nueve policías federales y a Modesto Onofre Peña Celso, presunto halcón de Guerreros Unidos, éste confesó que en los cerros de Carrizalillo hay fosas, en donde sepultaron los cuerpos de sus víctimas.
Dijo que la revelación de Onofre Peña, así como los ataques en contra de los estudiantes la noche del 27 de septiembre del 2014, los hace suponer que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron llevados a Carrizalillo, y probablemente se encuentren en las fosas de las que habló Peña Celso.
Luego de una operación en la que participaron gendarmes, policías federales, militares y marinos en Carrizalillo, el 21 de octubre del 2014, en donde detuvieron a integrantes de la familia Peña Celso, a quienes vinculan con los Guerreros Unidos, éstos abandonaron la comunidad y se refugiaron en Iguala.
El 22 de octubre del 2014 se publicó en estas páginas que una comisión de los padres de los estudiantes se trasladó a ese poblado a buscar a sus hijos, porque recibieron una llamada anónima que les informó que un grupo de jóvenes estaba retenido ahí.
Los habitantes de Carrizalillo explicaron que antes de la operación del 21 de octubre,  Guerreros Unidos difundió el rumor de que en cualquier momento llegarían al pueblo los padres de los 43 normalistas y estudiantes de Ayotzinapa, para buscar por la fuerza a sus hijos.
Recordó que los padres de los normalistas no subieron a Carrizalillo, situación que consideró prudente porque en esas fechas aún había presencia de sicarios de pistoleros de Guerreros Unidos, y no fue hasta después de la operación del 21 de octubre del 2014 que los vecinos de esa comunidad dejaron de ser sometidos por la delincuencia, porque se organizaron.

Indican en México a familiares de desaparecidos en Chilapa que la PGR investiga sólo 24 casos

 

En la reunión que sostuvieron representantes de familiares de desaparecidos de Chilapa en la Ciudad de México con el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Heber Omar Betanzos, les informaron que sólo están siguiendo 24 casos de desaparecidos en periodos distintos a la irrupción de civiles armados del 9 al 14 de mayo, sin embargo no les dieron indicios del paradero de sus parientes.
Además les aseguró que en menos de 15 días estará en Chilapa junto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián.
El pasado viernes, el vocero de los familiares, José Díaz Navarro informó que Omar Betanzos los estaba citando en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR este lunes, para darles información respecto a las investigaciones de sus familiares.
A la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudió el vocero y un padre de familia.
El vocero expuso que les informaron que ellos no están llevando el caso de los 14 desaparecidos durante el ingreso de civiles armados en mayo, que esos casos los lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), porque hay señalamientos de que está involucrada la delincuencia organizada.
Les explicaron que ellos sólo investigan para localizar a desaparecidos, pero que no investigan si los victimarios forman parte de la delincuencia organizada.
Sin embargo los familiares regresaron a Chilapa sin saber el paradero de los 24 desaparecidos denunciados ante el Ministerio Público (MP) federal, que preside el equipo multidisciplinario de la PGR.
Les prometió que buscará el enlace de los familiares con la SEIDO para que les den información sobre las investigaciones de desaparecidos en mayo.
También les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estará en la ciudad junto con Campa Cifrián, para reunirse con todos los familiares.
Por otro lado el vocero y el padre de familia le increparon que la estrategia de seguridad que se está implementando en el municipio no funciona, porque no ha servido la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, pues el número de homicidios no ha disminuido.
Expusieron que un día antes, el domingo a las 7 de la mañana ejecutaron de cinco balazos a un transportista y que en inmediaciones de la comunidad Amate Amarillo, a unos 10 minutos de la cabecera municipal, fueron hallados dos cuerpos.
Pidieron que cambiaran la estrategia de seguridad para Chilapa.
Después de que civiles armados de comunidades del sur de Chilapa incursionaron en la ciudad del 9 al 14 de mayo, vecinos de la cabecera municipal comenzaron a reportar la desaparición de familiares.
Desde ese entonces comenzaron en conjunto a exigir la aparición con vida de sus parientes. Han pasado casi seis meses y el grupo de familiares cuentan con un registro de 55 personas desaparecidas, sin embargo siguen sin conocer su paradero.

Solicitarán familiares de desaparecidos de Iguala audiencias con el gobernador y con el Papa, anuncian

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala solicitarán por escrito una audiencia en la parroquia de San Gerardo de esta ciudad, para el próximo 10 de noviembre, con el gobernador entrante Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitarán los apoyos que incumplió el gobierno saliente de Rogelio Ortega Martínez.
Los familiares de víctimas de desaparición forzada de Iguala también buscarán un acercamiento con el papa Francisco durante su visita a México en febrero, y quien en próximos días enviará el expediente con las imágenes de unos 300 desaparecidos en esta ciudad y municipios de la zona Norte de Guerrero.
La asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, fue sólo entre familiares de víctimas de desaparición forzada, ante la ausencia del director general de la Unidad de Búsqueda de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Torrez Osorno.
En la asamblea se dio lectura a un oficio que fue firmado por más de 150 familiares de desaparecidos, y que para este día se prevé que sea enviado el gobernador entrante Héctor Astudillo Flores, a quien le piden una audiencia para el 10 o 17 de noviembre en la parroquia de San Gerardo.
En el oficio, del que este reportero tiene copia, dan una reseña breve del grupo de Los Otros Desaparecidos, desde su creación el 8 de noviembre luego del caso Ayotzinapa, y en el que existe un patrón de más de 380 víctimas de desaparición forzada y familias que tienen hasta tres integrantes desaparecidos.
“Actualmente, nuestro grupo ha localizado en fosas clandestinas un total de 104 restos humanos. Fosas clandestinas ubicadas en la periferia de esta ciudad de Iguala”, cita el oficio.
Y agrega, “nuestro comité está conformado en su mayoría por personas con una situación económica desfavorable, y por tanto las necesidades son muchas y muy variadas, lamentablemente nuestras solicitudes a la administración anterior nunca tuvieron eco; esperamos que en la administración que usted preside, la respuesta sea positiva y es por eso que solicitamos atentamente esta audiencia”.
El oficio fue firmado por más de 150 familiares de víctimas de desaparición forzada y le piden al gobernador Astudillo dar respuesta por escrito a la petición.
Ayer mismo, familiares del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala iniciaron la integración de un expediente con fotografías e información de más de 300 víctimas de desaparición forzada, el cual será enviado en próximos días a El Vaticano.
El expediente, según información proporcionada por una de las integrantes del comité, irá acompañado por una carta dirigida al papa Francisco, a quien le solicitarán un acercamiento en su próxima visita a México, programada para febrero.

Encabezan una marcha religiosa familiares de los 43 en Tixtla a 13 meses de su desaparición

 

Familiares de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa originarios de la cabecera municipal encabezaron una marcha religiosa en las calles de la ciudad con integrantes de la Asamblea Popular Municipal, a 13 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala.
Distinto a otras manifestaciones que se caracterizan por la consignas de lucha y de protesta, unas 200 personas marcharon del arco de la entrada principal al Zócalo, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche con oraciones y cantos. Concluyeron en el auditorio municipal con un grupo de música tradicional andina.
Los asistentes de todas las edades, incluidos niños, llevaron globos, velas y al frente una lona roja con los retratos de los 43, con la leyenda “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Los organizadores explicaron que la actividad se acordó con los padres de familia que solicitaron a la Asamblea Popular Municipal continuar las manifestaciones en el marco de la acción global por Ayotzinapa, y la modalidad de la caminata también fue a petición de padres.
Reconocieron que la inseguridad en la cabecera municipal también está afectando al movimiento social en apoyo a la Normal Rural de Ayotzinapa. En las acciones también buscan evitar todo tipo de confrontación.
De la seguridad, incluso el presidente del Consejo Municipal, Raúl Vega Astudillo, reconoció que, por los últimos hechos de violencia se recomendó a la población resguardarse en sus domicilios después de las 9 de la noche.
Integrantes de la Asamblea Popular Municipal, que en el pasado proceso electoral impulsaron la constitución de un Concejo Popular Municipal mediante el nombramiento de concejales electos en asambleas y apoyaron el boicot a la elección municipal que promovieron los padres de los 43 desaparecidos, aclararon que no van a confrontarse con grupos, partidos ni el organismo electoral que convocó nuevas elecciones municipales en Tixtla.
Pero consideraron que los órganos electorales confrontan a la población convocando a las elecciones, que la población rechazó el 7 de junio.

Pide la PGR a familiares de desaparecidos en Chilapa que vayan al DF por información

Beatriz García / Chilapa

A los familiares de desaparecidos de Chilapa, que se reunieron como de costumbre, les informaron que este lunes tienen que acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, con el subprocurador de derechos humanos, Eber Omar Betanzos, para que les dé información.
Las familias llevan más de cinco meses reuniéndose cotidianamente, al principio lo hacían a diario y actualmente lo hacen tres veces por semana. Durante este tiempo han exigido a las autoridades la aparición pronta y con vida de sus parientes.
En estos cinco meses, el vocero de los familiares, José Díaz Navarro tiene el registro de 55 desaparecidos, de los cuales 38 tienen denuncia ante el Ministerio Público (MP) federal.
Sin embargo, a pesar de que las familias han tenido acercamiento con autoridades estatales y federales para exigir la búsqueda de sus parientes, no tienen ninguna pista del paradero de los desaparecidos, y si están vivos o no.
Este viernes les informaron que tiene que viajar una comisión de familiares a la Ciudad de México para reunirse con el subprocurador Betanzos.
El vocero explicó que solamente les dijeron que acudieran a la PGR porque el subprocurador les daría información.
Los familiares se quejaron de que llevan más de cinco meses exigiendo que busquen a sus desaparecidos y aún desconocen las líneas de investigación, los avances, y si ya ha habido detenciones por la desaparición de sus parientes.
Dijeron que el lunes, tres familiares estarán en la Ciudad de México para recibir la información.
Respecto al incumplimiento del fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz para reunirse con ellos este miércoles, dijeron desconocer por qué no asistió.
Díaz Navarro dijo que hasta este momento el fiscal no se ha comunicado con ellos para explicar por qué no llegó a la cita que acordó el día que se reunieron con el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores.
El 13 de octubre, en una reunión donde estuvo Astudillo Flores, el presidente municipal de Chilpa, Jesús Parra García, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la PGR, el fiscal general del estado aseguró a los familiares que el miércoles siguiente estaría en esa ciudad para tratar el tema de la búsqueda de sus desaparecidos, sin embargo, nunca asistió.
Los familiares siguen exigiendo justicia a las autoridades, se reunen durante la semana y están pendientes de la información o requisitos que les solicitan.

En dos años hay 148 trabajadores de Salud secuestrados y 17 desaparecidos, informa la secretaria del Sntsa

Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo

La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez dio a conocer que en los dos años que ha estado al frente del sindicato ha habido 148 trabajadores secuestrado y 17 desaparecidos.
Al término del mitin realizado minutos antes de registrar su planilla para participar por tercera vez para ser líder sindical, la funcionaria y también diputada federal por el PRI, informó que el sector salud a sido “lastimado”.
“Tenemos muchos compañeros desaparecidos y en todos los casos he estado al pendiente, me reúno con sus familiares”, agregó.
Insistió que este problema lo debe atender el gobierno del estado, así como la federación.
Señaló que le toca al gobierno del estado “poner orden”, e hizo referencia a su comité sindical, al que le corresponde atender los casos de trabajadores del sector salud que resulten afectados, aunque no mencionó a los 60 trabajadores del hospital de Filo de Caballos que huyeron por la violencia.
Comentó que en los dos años se han registrado 148 trabajadores secuestrados, mientras que otros 17 están desaparecidos, pero no dio detalle de las investigaciones de esos casos.
Comentó que algunos trabajadores han pedido su cambio de adscripción y han otorgado alrededor de 122.
Dijo que los lugares con mayor incidentes de violencia, son La Unión, Coauyutla, Zitlala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo y la región de Tierra Caliente.

Familiares de desaparecidos buscan más fosas en Iguala

Familiares de desaparecidos se organizan para la búsqueda. Foto: Jessica Torres.
Familiares de desaparecidos se organizan para la búsqueda. Foto: Jessica Torres.

Carlos Navarrete

Iguala

13:15. Desde las 10:30 de la mañana, unos 60 familiares de personas desaparecidas de diferentes municipios de Guerrero salieron de la iglesia San Gerardo de Iguala para buscar posibles fosas clandestinas en los cerros cercanos de La Joya y El Maizal.

Los familiares partieron a bordo de cuatro camionetas y son resguardados por policías de la Gendarmería que se trasladan en otros cinco vehículos. Hasta la 1 de la tarde habían marcado más de 15 posibles fosas con indicios de tierra removida en el cerro de La Joya.

Algunas personas continúan con la búsqueda en el cerro de La Joya y se prevé que se trasladen al cerro conocido como El Maizal en las siguientes horas, para que el personal de la Procuraduría General de la República acuda a confirmar los hallazgos cuando concluyan los días de asueto.

Piden familiares el cambio del fiscal especial; Carrillo Prieto no dio resultados, afirman

Piden familiares el cambio del fiscal especial; Carrillo Prieto no dio resultados, afirman


Familiares de desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero demandaron al presidente Felipe Calderón el cambio del titular de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, por falta de resultados en las investigaciones y porque no contribuyó a la aplicación de la ley a los responsables.
Mediante un oficio, un grupo de familiares de víctimas de la guerra sucia en Guerrero durante los años 60, 70 y 80, encabezados por Teresa Flores Castillo, hermana del desaparecido en 1974, Trini Jacinto Flores, uno de quienes acompañaban al guerrillero Lucio Cabañas, pidieron al presidente Calderón la renuncia de Carrillo Prieto “ya que en los cuatro años que lleva al frente de la Fiscalía Especial no dio resultado alguno para localizar a nuestros familiares”.
Los familiares exponen que si la Femospp continúa en este sexenio que sea con un nuevo titular y con personal diferente, “para no llegar a lo mismo y por fin se den pasos y explicaciones claras”, señalan en su escrito, que respaldan también entre otros, Antonio Nava familiar de otro de los aproximadamente 600 desaparecidos en Guerrero.
“Nosotros, familiares radicados en Acapulco, Chilpancingo, Tecpan de Galeana, y Atoyac de Álvarez queremos que el fiscal renuncie y también pedimos la renuncia del director de investigaciones, Juan Carlos Sánchez Pontón, porque no dieron resultados y sólo desaparecieron el presupuesto que fue destinado para esclarecer el caso de los desaparecidos del movimiento de 1968 en Guerrero”, exponen.
Explican que Carrillo Prieto quiere hacer creer que la orden de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría “es para ayudarnos, pero ya conocemos sus artimañas, porque todo lo hace con acuerdo de los presuntos procesados”.
También denuncian que Carrillo Prieto, y sus funcionarios Georgina Landa, Mario Ramírez y Vicente Estrada están interesados en pedirle al gobierno que indemnice a los familiares de los desaparecidos y que incluso para ello ya integraron una sociedad civil para que por medio de ésta exijan al gobierno federal y estatal los recursos.
“Pero nosotros, los más de 400 familiares, rechazamos dicha indemnización, porque lo que queremos saber es dónde están nuestros familiares y cuando tengamos respuesta, entonces sí hablaremos de la reparación del daño”.
Mientras tanto de acuerdo a reportes del periódico Milenio del lunes 1º de enero, más del 85 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por la Femospp quedaron sin resolver, y que lo “significativo” es que la mayor parte corresponden a los más de 500 casos denunciados en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que dieron origen a dicha instancia.
También se señala que de acuerdo a funcionarios de la Procuraduría General de la República aún no se tiene claro qué pasará con la mayor parte de las investigaciones iniciadas por hechos de la llamada guerra sucia de nuestro país ocurrida en los años 60, 70 y 80.
Se destaca, asimismo, que hasta el momento el gobierno de Felipe Calderón no ha dado a conocer su postura en torno a la posibilidad de continuar esclareciendo los hechos ocurridos principalmente en Guerrero, Michoacán, estado de México y Distrito Federal, pues si bien se logró procesar al ex presidente Luis Echeverría por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, no se ha resuelto ninguno de los casos que dieron origen a la fiscalía del pasado.