Huicochea: espera el PRI que la Comisión de la Verdad permita resolver el caso Ayotzinapa

“Lo que nos interesa es que se haga justicia” en un problema de “controversia mundial”, dice. Los padres “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”, subraya el candidato al Senado Manuel Añorve

Karina Contreras

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, aceptó la creación de la Comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, pues dijo que “si hay eslabones que haya que conectar adelante; lo que queremos precisamente es que queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes, y si eso abona a que se resuelva esta controversia mundial”.
Al concluir un acto del PRI en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la resolución de un tribunal federal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Respondió que es un tema en la esfera del tribunal y es la que está retomando toda esta parte y “yo creo que tendrá que resolverse en esas instancias”.
“De proceder y ser necesario lo que nos interesa es que se haga justicia, si hay eslabones que haya que conectar adelante, lo que queremos es que precisamente queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes”.
En breves declaraciones sobre el tema, el dirigente priista descartó que esa resolución empañe el proceso electoral.
Indicó que es un proceso, es una ruta, “yo creo que los culpables ya están en la cárcel, detenidos y que finalmente ojala lo que más esperamos es que estén con vida los 43 (normalistas) es por lo que decimos adelante, pero pudiera haber un buen indicio en ese tipo, (pero) fuera de ahí tiene que cursar la parte legal”.
Mientras que en el mismo tema, el candidato al Senador de la coalición PRI-PVEM, Manuel Añore Baños indicó que es bienvenido todo lo que abone para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero particularmente todo lo que se dé para que los padres “tengan la tranquilidad y puedan volver a ver a sus hijos”.
Insistió que todo es bienvenido para resolver el grave problema que afecto al estado y a los padres de los jóvenes porque “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”.

Si Badillo tiene pruebas que el PRI dio billetes falsos, que las presente

En otro tema a Heriberto Huicochea Vázquez se le preguntó sobre los señalamientos del candidato del Frente por Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, de que el PRI está comprando votos con billetes falsos,.
Dijo que no iba entrar en confrontaciones, pues quienes están haciendo ese tipo de señalamientos debe hacer sus denuncias concretas antes las autoridades correspondientes. “Nosotros estamos trabajando y preparados para la competencia porque sabemos que va ser fuerte y por eso nos ejercitamos”.
Indicó que quien acusa tiene que probar legalmente sus hechos y “vamos a dejarlo en esa esfera”, porque ellos se están preparando para la competencia, “estamos en la pista preparados, nosotros nos ejercitamos para está carrera y tenemos una “estructura poderosa en todos los niveles, estamos en todos los rincones del estado, en todas las secciones y “vamos a ganar la elección porque nosotros tomamos con seriedad y responsabilidad el proceso electoral 2018”.
Reconoció que no se llevarán carro completo, “eso no va ser posible ya en ninguna parte”.
Indicó Huicochea que están preparados para todo, pero que tampoco están provocando problemas para seguir con la gobernabilidad, que lo que quieren es que haya participación libre de los ciudadanos porque se trata de abonar y “no agitamos al mal tiempo para lo que va venir”.
Añadió que hacía un llamado al partido para que se actúe con seriedad y mesura, que cada quién haga lo que le corresponda, pero que ellos tienen estructura, buenos candidatos y “seguro vamos a alzarnos con el triunfo en la mayoría de nuestras candidaturas”.

La PGR puede incurrir en responsabilidad penal si no atiende la sentencia sobre Ayotzinapa: Vidulfo

Resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y establece lineamientos para el acceso a la justicia en todos los casos de desapariciones, considera el abogado de los padres de los 43

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa si no atiende la sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito, que ordenó reponer el procedimiento de la investigación, y crear una Comisión para la Justicia y la Verdad para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con la participación de las víctimas.
En consulta telefónica reconoció que la sentencia tomó por sorpresa a los padres de los 43 desaparecidos, “no la teníamos en el radar, no lo esperábamos en esta coyuntura ni en los alcances extremos que maneja”.
De acuerdo con la sentencia la Comisión para la Justicia y la Verdad deberá quedar conformada en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir que la notificación a las partes, y deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito.
Rosales Sierra confirmó que la sentencia que resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un precedente y establece lineamientos para el acceso a la justicia no sólo para las víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino en todos los casos de desapariciones y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Lamentó la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al fallo del tribunal que rechazó y descalificó de la sentencia, cuando acusó a los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez de desconocer la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Aclaró que igual que la presidencia de la República, la PGR desconoce todo lo que cuestiona las irregularidades en la investigación o las observaciones para corregir las deficiencias, que ha negado el acceso a la justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Como ejemplo señaló los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe de la Oficina de la ONU en México para los Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, de los relatores internacionales de derechos humanos, y ahora el fallo del tribunal colegiado de Tamaulipas.
Advirtió que si la PGR no atiende la sentencia vinculante a las dependencias de gobierno y a los poderes de la Unión, puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa.
La sentencia incluye una exhortación al presidente Enrique Peña Nieto para que “gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida comisión”.
El abogado subrayó que el tribunal “hizo trizas” la tesis oficial de la PGR, de que los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y obliga a crear un camino donde el protagonista fundamental de la investigación sean las víctimas.
De acuerdo con la sentencia la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia debe de estar conformada por el Ministerio Público federal, las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y deja abierta la posibilidad de que se integren “otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Destacó que el fallo servirá como referente para otros casos de graves violaciones a los derechos que se sostienen en actos de tortura y declaraciones de autoincriminación, y que avalan los jueces.
Insistió en que por esa razón no avanza la justicia en el país, porque el método de investigación que priva es el de detenciones ilegales, uso de tortura, maltratos, demora en puestas a disposición de personas detenidas, privilegia el testimonio directo y soslayar la investigación científica para llegar a la verdad.
“Deja un precedente para el acceso a la justicia de todas las víctimas en el país, pone el dedo en el renglón en irregularidades que privan en el Ministerio Público y la policía en el país y que nos tiene estancado, son cientos de víctimas que no pueden acceder a la justicia, porque hay métodos irregulares. Hoy en día es más fácil obtener una confesión que lleve a la teoría del caso, que una investigación científica y exhaustiva”.
Como ejemplo de lo fácil que es justificar una demora en la puesta a disposición señaló el caso de tres actores de la demanda de amparo que fueron puestos a disposición después de 11 horas y media de la detención, y los argumentos de los aprehensores (policías federales y soldados de la Marina) para explicar el retraso fue la “ponchadura” de una llanta, que a los vehículos oficiales se les empezó a calentar el motor y que había marchas en la Ciudad de México”.
Añade que en el parte informativo tampoco se narran situaciones de violencia que señalaron los declarantes, ni las lesiones que presentaron desde el primer dictamen médico que se les practicó apenas momentos posteriores a su puesta a disposición.
Se concluye “que los agentes aprehensores en lugar de poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, se trasladaron hacia un lugar a efectuar labores investigativas, sin que estuviera presente ni existiera instrucción del fiscal para ello”.
Rosales indicó que el tribunal colegiado puso el dedo en el renglón y pide un alto a esta situación, y opinó que los movimientos de derechos humanos “debemos acuerparnos y apoyar la resolución del tribunal colegiado para sentar precedente en el acceso a la justicia que incluye el derecho a la salud a las víctimas del delito, es esperanzador que el poder Judicial asuma un papel de contrapeso al poder Ejecutivo en México, se vislumbra una luz al final del túnel, de ponerse como protector de los derechos humanos”.

La Comisión de la Verdad podrá entrar a los cuarteles a buscar a los 43, dice la sentencia

La PGR no investigó las líneas que involucran a elementos del Ejército y de la Policía Federal, plantea. Es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria, señala

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión de la Verdad del caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos del caso Iguala.
“Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”, dice el fallo.
Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusó trabas del gobierno federal.
En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense, es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.
“Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, establece la sentencia de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno y del Ejército.
Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.
“Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió”, cuestiona.

Ordenan investigar y sancionar a responsables de la destrucción de videos de la noche de Iguala

Las grabaciones hechas por las cámaras del Palacio de Justicia fueron enviadas a la Presidencia del Tribunal, donde se presume que las destruyeron

La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
“Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia”, dice la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidos.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras.
“Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido”.
“Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial”, señala el tribunal.

Retención ilegal

El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas.
De acuerdo con el fallo judicial, la Policía Federal detuvo el 10 de abril de 2015 a Landa en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y rindió una declaración ministerial, sin embargo, en las actas del proceso se hizo constar que lo aprehendieron al día siguiente.
De hecho, el colegiado refiere que en esos días la PGR llevó a cabo dos diligencias con el supuesto sicario, pues no sólo lo sometió a interrogatorio sino que también participó en la reconstrucción de la “ruta de desaparición” de algunos estudiantes. (Abel Barajas / Agencia Reforma).

Analiza la CNDH los argumentos del tribunal para crear una comisión de la verdad, informa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que desconoce los argumentos con los que un tribunal federal ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y analiza la sentencia.
“Al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados, ni en el recurso promovido, la CNDH manifiesta no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo”, expuso el organismo.
“Por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
Ayer el Poder Judicial hizo pública una sentencia histórica del Primer Tribunal Colegiado con sede Reynosa, Tamaulipas, en la que ordenó rehacer la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, porque la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue objetiva.
En la Comisión de la Verdad que instruyó crear, el Tribunal otorga a la CNDH y a los representantes de las víctimas la facultad de decidir las líneas de investigación a seguir.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará realizando las labores de investigación que, de manera comprometida, sostenida y profesional, ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, mismas que le permitirán emitir la Recomendación correspondiente y que en derecho proceda”, expuso la CNDH en un comunicado.
“Este Organismo Nacional refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y señala que, en el marco de su competencia y atribuciones establecidas en el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la Ley”.(Agencia Reforma / Ciudad de México).