El secretario del Trabajo y Previsión Social, Oscar Rangel Miravete, informó que hay unos 20 mil casos laborales retrasados, debido a que la reforma laboral que este año entró en vigor, establece la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Informó que comenzó un programa para vigilar el pago de utilidades de las empresas a los trabajadores, cuya fecha límite es el 31 de mayo.
Recordó que el rezago que hay en la Primera y Segunda juntas locales en Acapulco, ameritaba una tercera junta de conciliación, “pero con la reforma laboral serán los tribunales federales laborales los que tendrán que abarcar que las juntas cuentan con mayor personal dada la demanda”.
“Ya no podrían abrir una tercera junta porque los congresos local y federal aprobaron la desaparición de las juntas y la creación de los juzgados laborales. Lo que hice fue hablar con el presidente magistrado y comentarle lo que es la atención de los usuarios en Acapulco, que cuenten con más personal, porque tendrá que emplearse la cobertura por el tamaño de los asuntos que representan esta zona del estado”, dijo por teléfono.
Mencionó que tan solo en las juntas de Acapulco, hay un rezago de poco más de 7 mil expedientes, sin embargo acotó que algunos casos son resueltos fuera de la junta, pero no han sido notificados, por tanto aún los mantienen como un expediente vigente.
“La reforma laboral, que fue aprobada principios de año por el número de congresos para que fuera una reforma constitucional, y establece que las juntas locales de Conciliación y Arbitraje desaparezcan y la justicia laboral dependerá ahora no de los poderes ejecutivos, como está ahora, sino de los poderes judiciales, tanto de la federación como del estado”, explicó Rangel Miravete.
Los estados, dijo, tendrán que crear los tribunales laborales según las cargas.
“En el caso de Guerrero tenemos siete, pero hace falta una en Acapulco y de alguna manera la Junta Especial de la universidad, tiende a desaparecer”, advirtió.
Mencionó que serán siete tribunales laborales, pero con mayor cantidad de trabajadores para que atiendan los problemas que enfrenta el ámbito laboral, pues tan sólo en las juntas de Acapulco suman unos 7 mil casos; en otras hay mil, 2 mil.
Respecto al reparto de utilidades, explicó que como dependencia estatal se vigila el cumplimiento de esa obligación por parte de los patrones, pues es un derecho que los trabajadores tienen por ley.
“Hasta mayo tienen como plazo para cumplir con esta prestación y nosotros vamos a hacer una inspección. Estamos en contacto con los representantes sindicales, para que nos digan en qué establecimientos no cumplieron con esta obligación y de no cumplirlos, emplazaremos a que cumplan en los términos que indica la ley”, concluyó.