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Prepara el Congreso mesas técnicas para ley en materia de desaparición forzada: Yoloczin

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, dijo que están programadas mesas técnicas de trabajo con los colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos, en la que participará el equipo técnico del Legislativo para avanzar en una propuesta de ley que recoja sus inquietudes, porque la iniciativa presentada “no es lo que ellos habían manifestado”.
“La mesa técnica es para abordar esos temas exclusivos y poderlos sacar, la próxima mesa la tenemos preparada para el 21 de abril”, dijo respecto a la demanda de una ley en materia de desaparición forzada de personas.
Del convenio suscrito con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), para la realización de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, Domínguez Serna dijo que se busca evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechace otra vez ese proceso de consulta.
También informó que ya realizaron las entrevistas a los aspirantes a integrar el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Transparencia y que los diputados van a trabajar con una calendarización para avanzar en los pendientes que tiene el Congreso: “la finalidad es no tener ningún rezago con temas legislativos”.
Sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, la diputada dijo que corresponde al poder Ejecutivo hacer las adecuaciones en la documentación interna para que procedan porque la reforma legal ya fue aprobada en el Legislativo.
La diputada dio una breve entrevista en Acapulco, tras asistir a una conferencia de prensa donde se anunció una asamblea de simpatizantes de Claudia Seinbahum a la candidatura presidencial por Morena (Daniel Velázquez).

Piden colectivos al Congreso aprobar Ley en materia de desaparición forzada

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Colectivos y organismos de derechos humanos buscarán la aprobación de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada que presentaron y exigirán que se apruebe en el próximo periodo de sesiones del Congreso del estado, declaró la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda, María Herrera, Gema Antúnez.
Después de la marcha y el bloqueo a la Autopista del Sol el mes pasado, informó que se llevó a cabo una reunión con los diputados del Congreso local, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió a que la iniciativa será aprobada en el próximo periodo de sesiones.
Sin embargo, añadió que como ya les quedaron mal el año pasado, ahora “hay cierta desconfianza” de los representantes de los colectivos y organismos de derechos humanos que respaldan dicha iniciativa.
Además, añadió que antes de la marcha les argumentaron que no salía adelante la iniciativa porque la habían extraviado y después que no se ponían de acuerdo con respecto a su contenido las distintas fracciones parlamentarias.
“Entonces entendemos que la iniciativa no sale adelante por los pleitos políticos que tienen los diputados, y les dijimos que a nosotros no nos interesaban sus pleitos, que ellos estaban ahí, en el Congreso, porque así lo decidieron y que tenían una obligación con el pueblo y que respondieran al pueblo”.
Gema Antúnez informó que el 21 de abril tienen cita con los diputados para ver que realmente la ley sea la que trabajaron los colectivos y los organismos de derechos humanos.
Los colectivos que apoyan la iniciativa son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Gema Antúnes informó que la iniciativa de ley que apoyan es la que inicialmente elaboró la presidenta del colectivo, Lupita Rodríguez, pero que se fue actualizando hasta que fue aceptada por la mayoría de los colectivos, “por eso queremos que sea esa la que se apruebe y que no nos vayan a dar gato por liebre”.
Añadió que la desconfianza de los colectivos es que les dijeron antes de la marcha que realizaron en febrero que no la encontraban pero después de la marcha supuestamente la encontraron.
Gema Antúnez, dijo que van a estar pendientes hasta el día que la suban en tribuna, “no les vamos a soltar la cuerda, ya nos dijeron que sí y vamos a confiar, pero a estar pendientes”, advirtió.

Tiene evidencias de los llamados “vuelos de la muerte” en la guerra sucia, dice la CNB

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se han recuperado bitácoras y declaraciones de pilotos para profundizar sobre la investigación de los desaparecidos de la denominada Guerra sucia, que pudieron ser lanzados al océano Pacífico desde aviones, los llamados vuelos de la muerte.
“Algunos de los desaparecidos forzadamente durante la Guerra Sucia podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían de la Base Aérea Militar en Acapulco (Pie de la Cuesta). La CNB ha recuperado bitácoras de los vuelos y declaraciones de pilotos para profundizar sobre esta línea de búsqueda”, indicó la Comisión.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo informó que se tiene registro de que de 1974 a 1979 se utilizaron elementos de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de prisioneros y su posterior lanzamiento al mar.
“De acuerdo con declaraciones de los pilotos, el avión IAI 201 Arava 2005 fue utilizado por el Grupo Aéreo 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación (208 BRE) de la Fuerza Aérea Mexicana entre 1974 y 1979 para trasladar prisioneros y posteriormente arrojarlos al mar”, manifestó la institución.
De igual forma, señalaron que personal de la Base Aérea Militar confirmó la realización de vuelos de la Ciudad de México a Guerrero para el trasladar a personas cautivas, mientras que otras personas eran arrojadas al mar.
“Además, indicó que los vuelos tendrían por lo menos dos particularidades: nocturnos y locales. Esto permite identificar vuelos de interés en la bitácora”, explicaron.
Agregaron que la Comisión se encuentra estudiando las características del avión Arava, para conocer la distancia máxima a la que es capaz de adentrarse al océano y mediante esa información, trazar una ruta de búsqueda y después hacer una asesoría en aeronáutica, oceanografía y arqueología suba cuántica, para mejorar la aproximación.
“Nunca antes una institución de búsqueda de personas se ha planteado este tipo de operación, por lo que la orientación de las personas expertas será crucial para determinar si es viable”, aseveró la CNB.

Protestan padres de los 43 en la Cdmx para exigir resultados a la investigación contra Tomás Zerón

A casi 47 meses de la noche de Iguala las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tuvieron un mitin ante una representación del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, para exigir de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos y conocer los avances del amparo que interpusieron en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que apoyó la “verdad histórica” del procurador general de 2012 a 2015, Jesús Murillo Karam, y es acusado de alterar pruebas en una escena del crimen.
Como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, la protesta fue ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en Anillo Periférico 1950, estuvieron la mayoría de los padres y madres acompañados de algunas organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas en el país.
A principios de 2017 se informó que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de determinar la responsabilidad y sanción a Tomás Zerón, acusado por los familiares de los estudiantes desaparecidos de “sembrar” pruebas durante las indagatorias.
En marzo de ese año familiares de los normalistas y su grupo de abogados interpusieron un amparo ante el juzgado tercero en contra de la resolución de la visitaduría de la PGR, la cual deslindaba de responsabilidades graves a Zerón por las diligencias en el río San Juan.
Por esos días la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que la investigación de la visitaduría de la Procuraduría General de la República identificó faltas leves, todas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna averiguación penal. Pese al amparo interpuesto no ha habido una resolución.
A las 10 de la mañana de este lunes los familiares llegaron al Juzgado Tercero, efectuaron un mitin en el que exigieron la presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables, y solicitaron una comparecencia para hablar con el juez que lleva el caso de Zerón.
“No es posible que ya sea más de un año y aún no ha habido una resolución, cuando sabemos que esta persona alteró la investigación”, indicó el vocero Felipe de la Cruz.
“Exigimos la petición de amparo que metimos en contra de Tomás Zerón, en el sentido de su presencia en el río San Juan sembrando las bolsas negras y la Contraloría Interna de la PGR le había encontrado a este señor muchos delitos penales. Exigimos que se cumpla la primera investigación que realiza la contraloría interna de la PGR en contra de Tomás. Queremos una acción penal, no administrativa, contra Zerón”, añadió De la Cruz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en su último informe un video grabado el 28 de octubre de 2014, en el cual se observa a Tomás Zerón acompañado de peritos y Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los detenidos por los ataques en Iguala, en una diligencia que no obra en el expediente y de la que no se enteró el GIEI.
Desde ese momento los abogados y familiares de los normalistas desaparecidos exigieron la salida de varios funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, por ser los responsables de las diligencias que habrían alterado.

El juez está de vacaciones

A las 11 y media de la mañana una comitiva de padres ingresó al Juzgado Tercero y al regresar informaron que el juez que lleva el caso está de vaciones, y regresa en agosto.
“La exigencia que venimos a hacer es al juez en el caso de Tomás Zerón, en el sentido de que llevamos más de un año y meses en espera de la resolución y no pasa nada, pero la sorpresa es que andaba de vacaciones. No hubo respuesta. Nos recibió un juez encargado que no tiene nada que decir, o información que adelantar, y nos dijeron que el juez responsable regresa los primeros días de agosto”, indicó a El Sur Felipe de la Cruz.
El vocero de los padres y madres confirmó que el resto de la semana continuarán las actividades de protesta en la Ciudad de México.
Tras informar lo ocurrido en el juzgado tercero, los familiares se retiraron del lugar cerca de la 1 de la tarde. Minutos antes, Mario González, padre de César Manuel González, indicó en breve charla: “Estamos decepcionados con los gobernantes, ha pasado muchísimo tiempo y desafortunadamente no hemos dado con el paradero de los muchachos y, al contrario, se empeñan en no querer llegar a la razón”.
“Los padres vamos a seguir luchando. Ha pasado el tiempo, lo sabemos, pero aún así vamos a seguir buscando a los estudiantes porque no sabemos absolutamente nada. No se puede vivir así pero ni modo, hay que seguirle hasta encontrarlos con vida”.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

Está a favor de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dice el exgobernador Aguirre

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que ve muy bien que el próximo gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador haga la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, y reiteró que está dispuesto a colaborar en lo que se le solicite.
En declaraciones en el hotel Camino Real de Acapulco en la avenida Escénica, a Aguirre Rivero se le preguntó su opinión del anuncio de Olga Sánchez, quien sería la titular para la Secretaría de Gobernación en el gobierno de López Obrador, en cuanto a que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa será de las primeras que serán creadas, y respondió que esa decisión es un “gran acierto”.
Se pronunció a favor de que estén incluidas las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y “espero que de la mano, los familiares de las víctimas y la autoridad más importante en materia de derechos humanos puedan dar a conocer qué fue lo que verdaderamente sucedió”.
A pregunta de si con ello espera que se limpie su nombre en el caso de Ayotzinapa de manera definitiva, caso por el que tuvo que dejar el cargo de gobernador, Aguirre Rivero respondió: “Yo así lo espero, yo creo que es por el bien de todos”.
Celebró que López Obrador esté honrando su palabra empeñada en Iguala en uno de sus mítines, donde ofreció la creación de la Comisión de la Verdad.
Añadió que “estaré siempre en la mejor disposición de colaborar en aquello que se me solicite”.
En la edición de El Sur de este sábado se informó que en el gobierno de López Obrador se integrarán comisiones de la verdad para indagar crímenes graves aún no resueltos.
La ex ministra de la Corte y propuesta para titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero adelantó que una de las primeras comisiones en ser creadas será para indagar el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

El fallo sobre Ayotzinapa sí respeta al MP y no es anticonstitucional, afirma Vidulfo

Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).