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Está fuera de la agenda del gobierno y de los candidatos la desaparición forzada: Vidulfo

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 43 meses en esta ciudad, Vidulfo Rosales Sierra criticó que el tema de las desapariciones forzadas en México está fuera de la agenda de las autoridades federales y de los diferentes candidatos, que no lo incluyen en sus propuestas de campaña.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer al participar en las protestas de la jornada 43×43, Rosales Sierra reclamó los meses de impunidad en los que no se ha esclarecido el caso de los normalistas, tiempo en el que el gobierno federal se ha mantenido “inmóvil” sin instrumentar políticas legislativas ni de carácter administrativo, para revertir el problema de la desaparición forzada, “es más, no se reconoce de manera expresa esta problemática”.
Se refirió a los planteamientos de los diferentes candidatos y de la clase política en la que el tema de la desaparición forzada no figura, “es un tema que está fuera de la agenda, es un tema del que nadie quiere hablar porque a menudo también está asociado con la delincuencia organizada y con los vínculos que las instituciones y las autoridades tienen con la delincuencia organizada, por lo que nadie le quiere entrar a ese debate”.
Reclamó que se habla de más de 33 mil desaparecidos en México, no hay justicia ni se les está buscando por la falta de un diagnóstico, ni hay medidas implementadas de carácter político ni legislativo para revertir ese problema.
“Las investigaciones en todos los casos de desaparecidos, digamos que Ayotzinapa es el más avanzado, porque en la mayoría de los casos permanecen en nulos avances, no se están esclareciendo sus casos, y hay más de 33 mil casos de desaparición que están en la total impunidad”, puntualizó.
Advirtió que las búsquedas tampoco se hacen, “se desaparece alguien y no hay una metodología científica para proceder a la búsqueda, no hay nada, hay un total abandono del tema, una total displicencia para abordar el tema de los desaparecidos, lo que está ocasionando que las desapariciones sigan ocurriendo en Guerrero y en el país”.
Afirmó que el caso “emblemático” de Jalisco, de la desaparición de tres jóvenes, “es consecuencia de la impunidad, de la mala investigación y las deficientes investigaciones de la PGR, y de las irregularidades que cometen los funcionarios sin que haya sanciones, transparencia ni rendición de cuentas para ellos”.

El Ejército sí tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa, señala

De las grabaciones telefónicas de supuestos jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos que obtuvo la DEA, y mediante las cuales se pretende deslindar al Ejército de su participación de los ataques de Iguala, Rosales Sierra sostuvo que el Ejército a través de efectivos del 27 Batallón de Infantería tiene responsabilidad de manera directa e indirecta, y se debe de investigar.
Agregó que las investigaciones de la DEA son líneas de investigación distintas, y en ese caso en particular es por el trasiego de droga de Iguala a Chicago, “el trasiego de droga es lo que hoy en día sale a la luz, que son las escuchas telefónicas, y si bien es cierto ahí no hay mención tan expresa al Ejército mexicano, pero dentro del expediente sí hay datos y lo vamos a reiterar otra vez”.
Señaló que son tres niveles que involucran al Ejército en los ataques, y enlistó: uno, ellos desplegaron agentes de inteligencia en distintos escenarios, dos, ellos realizaron patrullajes en toda esta zona (Juan Álvarez), en el hospital Cristina y el crucero de Santa Teresa “y no previnieron razonablemente lo que ahí estaba ocurriendo y ni siquiera brindaron asistencia humanitaria a los normalistas, y tercero, ellos operaron el C4 y estuvieron al tanto de todo lo que estuvo pasando en tiempo real.
Sostuvo hubo participación de todas las corporaciones policiacas, desde la Policía Municipal de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco y Taxco, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Estatal y el Ejército.
Consideró, a pregunta expresa, que si no se quiere detener a policías de Huitzuco que ya están plenamente identificados, es porque hay una intención deliberada de encubrimiento, tanto a ellos como a otros policías a los que tampoco se les ha investigado.
Cuestionó por qué no se han librado las órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Huitzuco y policías federales, y por qué no se quiere investigar al Ejército, “si las instituciones tuvieran la voluntad de no encubrir a los responsables pues ya los hubieran llevado a juicio y se les hubiera investigado”.
Durante el proceso electoral Vidulfo Rosales dijo que se trabaja una estrategia para mantener el caso Ayotzinapa, que darán a conocer más adelante.

De las diligencia de la PGR en cerros de Iguala

A Rosales Sierra se le preguntó si les han dado información de las diligencias que la PGR ha realizado por más de una semana en cerros al poniente de Iguala en la zona de hallazgo de fosas, y confirmó que es parte de la investigación del caso Ayotzinapa y es una petición de búsqueda con la tecnología de láser LIDAR que es capaz de ver los movimientos de tierra aunque haya follajes muy espesos, “yo por responsabilidad y por éxito de las búsquedas no pudiera revelar más información”.
Agregó que ayer no les habían dado a conocer los resultados de estas diligencias y que se las darán en la audiencia con la Comisión Interamericana que se celebrará en República Dominicana.

 

 

Son 43 meses de dolor y búsqueda y de falacia gubernamental, señalan en marcha en Cdmx

 

El joven Víctor Alfonso alza el brazo mientras camina sobre la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México al lado de otros estudiantes, que como él son de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y clama: “en este país nadie está exento de sufrir una desaparición forzada porque México se ha vuelto dolorosamente inseguro”.
Al tiempo que reparte volantes donde se exige la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Víctor dice que es estudiante de primer año, oriundo de Tixtla.
Eso cuenta mientras cientos de personas caminan atrás de él este jueves 26 de abril en protesta por la falta de resultados en las investigaciones sobre el paradero de los normalistas que desaparecieron en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este jueves se cumplieron “43 meses de dolor y búsqueda”, “43 meses de falacia gubernamental”, “43 meses sin justicia ni verdad”, según se lee en decenas de carteles. Se cumplieron 43 meses de los ataques en Iguala, y miles de personas se reunieron una vez más para recordar que “nos faltan 43”.
Este jueves pareciera que nadie ha olvidado. Otros días 26 de cada mes las manifestaciones por los 43 han lucido menos nutridas, más reducidas, pero esta vez es diferente.
Entre pancartas en las que se leía “43 meses de una pesadilla y calvario” y “La incapacidad de Peña Nieto ante el caso de los 43 refleja la incapacidad del PRI para gobernar”, la marcha partió del Ángel de la Independencia pasadas las 4 de la tarde rumbo al Zócalo. Fue encabezada por las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, cercados por cuerdas que cargaban normalistas de las distintas escuelas rurales del país: mujeres y hombres jóvenes que han venido de diferentes partes de la República para exigir que los jóvenes sean presentados.
El normalista Víctor Alfonso, calles más adelante del Ángel dice: “nuestra obligación es estar siempre con los padres de familia, apoyarlos en todo. Nosotros no sentimos lo que ellos sienten, quizá nuestro dolor es menor, pero el apoyo lo tienen”.
“Acaban de asesinar a tres estudiantes en Jalisco. En Guerrero vemos a cada rato balaceras, muertos, descuartizados. La autoridad no hace nada, no podemos creerlo. La justicia para los pobres no existe”.
Confiesa que a sus papás no les encantó, tras la sucedido, la idea de que se fuera a estudiar a la Normal de Ayotzinapa. “Se preocupan, pero es mi decisión. En la escuela duele ver en la cancha techada las 43 butacas de los compañeros, vacías. Escuchamos cómo los padres siempre mencionan a sus hijos y duele”, cuenta mientras atrás de él una multitud corea: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“El dolor más grande del mundo”

Una normalista que va en la descubierta de la marcha dice ante el micrófono: “Vamos a exigir una respuesta al gobierno. Lo único que queremos es saber en dónde están. Son 43 seres humanos que tienen sueños, que quieren progresar. No queda de otra que salir a la calle y hacer justicia, para ellos y para el pueblo. Queremos que nos escuchen”.
Ella es una de las decenas de alumnos de las 17 escuelas rurales que conforman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Parte de sus integrantes están en la marcha para no olvidar la noche de Iguala.
La marcha se para en el Antimonumento de los 43 en el cruce de Bucareli y Reforma, donde en un espacio de tierra los padres sembraron maíz y colocaron nopales. Un símbolo. Ahí también se corearon los nombres de los 43 normalistas, como ya es tradición.
Poco más atrás en la glorieta de Colón en una pared al lado del hotel Fiesta Americana se colocaron fotografías de los estudiantes, son 43, una por cada uno de ellos.
A la marcha se unieron los sindicatos de electricistas, de telefonistas, la CNTE, organizaciones civiles, pobladores de Atenco, estudiantes de distintas instituciones educativas, ciudadanos de todas edades. Todos corean: “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales indica a El Sur: “Los padres muestran fuerza por la necesidad de saber dónde se encuentran sus hijos. El dolor de que no los tienen en casa los hace estar aquí”.
Dijo que en la semana se acordó, cuando se reunieron con un representante de la Secretaría de Gobernación, una cita para el 3 o 4 de mayo con el titular Alfonso Navarrete Prida.
El padre del estudiante César Manuel, Mario González Contreras habla de sus emociones: “Es un coraje muy grande porque no tendríamos que tener necesidad de estar gritando los nombres de nuestros hijos, de pegar sus retratos en las paredes. La PGR tiene que dar justicia, para nosotros es un enojo fuerte, es insoportable, pero seguiremos luchando por nuestros hijos”.
–¿Cómo han sido estos meses?
–Ser familiar de una desaparecido es el dolor más grande que pueda haber en el mundo. Ha habido muchos días de tristeza. Pasó mucho tiempo y esas malditas dependencias siguen en la misma postura. Entre los padres nos apoyamos, nos levantamos. El amor a los hijos nos levanta. Es importante que se sigan las investigaciones, porque los expertos de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dijeron que no era cierto lo del basurero de Cocula.

Los 43, huella indeleble del sexenio de Enrique Peña Nieto

Son 43 meses y 43 estudiantes desaparecidos. Por eso los padres y sus voceros decidieron avanzar esta vez al Zócalo. Una vez que llegaron ahí, en el mitin el vocero Felipe de la Cruz dio la bienvenida a quienes se solidarizaron este jueves:
“¡26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa! Hoy, 26 de abril de 2018 se cumplen 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, 43 meses de dolor, de desesperación, 43 meses de lucha incansable de los compañeros y compañeras, padres y madres de esos jóvenes procedentes de familias humildes, campesinas”.
“Compañeros, por eso en este marco de 43 meses aquí está la voz y presencia de las personas, compañeras que han entendido la lucha. Gracias por mantenerla, gracias a ustedes hoy seguimos en pie”.
Vidulfo Rosales lo secunda: “Nosotros le decimos al gobierno de Peña que durante 43 meses nos hemos convertido en la piedra del zapato de este régimen corrupto y asesino. Ayotzinapa y los padres de los 43 van a ser la huella indeleble que va a seguir a esta persona a lo largo de su vida”.
“Para nosotros, el país y todas las luchas, el número 43 se ha convertido en la bandera que empuñamos todos los mexicanos, el número bajo el cual debemos de caminar para luchar por verdad y justicia que todos los mexicanos necesitamos”.
La madre de Luis Ángel Abarca, Metodia Carrillo dice en su turno: “Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el mitin. Se cumplen 43 meses sin saber nada de ellos, agradezco a los que nos siguen apoyando. El gobierno dice que nuestros hijos fueron quemados pero no es cierto. Nos han roto el corazón”.
En entrevista Felipe de la Cruz comenta: “La insensibilidad de este gobierno ha permitido que el crimen siga creciendo, que los asesinatos sigan sucediendo como acaba de pasar con los tres estudiantes de Jalisco. Eso llena de indignación, de coraje”.

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx y acuerdan una reunión con el secretario de Gobernación

En el quinto día de la Jornada de Lucha en el Corazón 43×43 y en vísperas de que se cumplan 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una comisión de 14 padres y madres de los desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el abogado Vidulfo Rosales y el vocero Felipe de la Cruz, fue recibida este miércoles por el director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lorenzo Gómez Hernández y acordaron una reunión con el secretario Alfonso Navarrete Prida.
El encuentro fue después de que un contingente de alrededor de 100 personas llegara a las inmediaciones de la sede principal de la Segob, a las 11 de la mañana.
Desde una hora antes se desplegaron 600 granaderos de la Policía Federal en las calles de Bucareli y Abraham González. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública vigilaban las vallas sobre Bucareli al momento en que el contingente de familiares y estudiantes de Ayotzinapa avanzaba contando en coro del 1 al 43.
Cuarenta minutos después de su llegada la policía dio paso únicamente a la comisión que durante una hora estuvo adentro.
Poco antes de la 1 de la tarde el representante de los padres y papá del joven desaparecido Mauricio Ortega, Melitón Ortega solicitó a los presentes que marcharan al Antimonumento a los 43, sobre Bucareli y Reforma, para dar a conocer ahí los avances de la reunión.
Los manifestantes llegaron acompañados de representantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas y de la organización Nueva Constitución Ciudadana y Popular.
Felipe de la Cruz tomó el micrófono para informar que únicamente se llegó a un acuerdo: un encuentro entre padres y madres con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para hoy jueves 26 o mañana.
Vidulfo Rosales se refirió al caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco y expresó que ni este caso, ni el de los normalistas pueden quedar sin solución antes de que acabe este sexenio, “la lección es clara: no debemos dejar impunes los delitos en contra de los derechos humanos”.
Melitón Ortega expresó que las autoridades parecen estar más preocupadas por resguardar sus instalaciones que por dar resolución a las demandas de justicia. El martes hubo un intercambio violento entre la policía de la Ciudad de México y manifestantes. Posteriormente una comitiva se reunió con el secretario de Gobierno de la Cdmx, Guillermo Orozco para aclarar los hechos.
“Nosotros dejamos en claro que no buscamos confrontación con la policía de la ciudad. Nuestras movilizaciones se dirigen a las autoridades federales”, comentó Ortega.
“En esta jornada hemos visto una presencia masiva de la policía capitalina, lo cual consideramos un acto de intimidación. Por eso solicitamos a Guillermo Orozco que ofrezca garantía y seguridad al movimiento”, demandó.
Al finalizar la jornada la madre de César Manuel González, Hilda Hernández informó que a partir de hoy y hasta el 2 de octubre se realizarán las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa, que culminarán el día del aniversario 50 de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se contará con la participación del Comité del 68, Nueva Constitución Ciudadana Popular y el movimiento de padres, madres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

 

 

Ya no se ven los agentes que hacían diligencias por el caso Ayotzinapa en un cerro de Iguala

Tras hacer diligencias durante cinco días en el cerro Gordo derivadas de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado de los resultados.
Ayer en un recorrido por colonias al poniente de la ciudad cerca de la zona de hallazgo de fosas clandestinas, un campesino y vecinos de la zona a quienes se les consultó dieron a conocer que desde el domingo ya no vieron el convoy de patrullas de la Gendarmería ni los helicópteros que sobrevolaron toda esa zona a baja altura, del martes al sábado de la semana pasada.
El campesino al que se le preguntó dijo que él iba bajando de sus tierras de cultivo por el mismo camino en el que la PGR estuvo pasando por cinco días, pero el domingo y ayer ya no los vio subir ni los helicópteros.
En consulta vía telefónica el buscador de fosas Mario Vergara Hernández coincidió con miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, en que a ellos como familiares de víctimas de desaparecidos no se les da a conocer ninguna información relacionada con estas diligencias ni sus resultados.
Confirmó que las diligencias de la semana anterior en el cerro Gordo están relacionadas a las investigaciones del caso Ayotzinapa, las cuales encabeza el agente del ministerio público federal de la PGR de nombre Benjamín, quien encabezó las del colectivo de familiares de Iguala en sus inicios en 2014.
Dijo que han pedido información de los resultados de la PGR, y que no les dan ninguna información porque supuestamente es del caso Ayotzinapa, el cual está en proceso y bajo investigación.
En recorridos el miércoles y viernes de la semana pasada se constató la presencia de los agentes de la PGR con el resguardo de unos 50 policías federales de la Gendarmería en distintos parajes en las faldas del cerro Gordo, en los que se vio además el uso de helicópteros y perros de búsqueda.
El sábado vecinos informaron que el convoy de los agentes federales con el acompañamiento de soldados del Ejército, realizaron diligencias en cercanías de la colonia irregular 15 de Septiembre, al norte de la ciudad en los límites con la comunidad de El Naranjo y el ejido Tijeritas en la salida hacia Taxco.
Todos los parajes donde la PGR hizo las diligencias por cinco días seguidos fueron recorridos por familiares de desaparecidos entre 2014 y 2017, donde hallaros decenas de fosas clandestinas que sirvieron para la recuperación de 150 cuerpos en poco más de tres años.
El martes y miércoles estuvieron cerca del paraje La Joya, y vecinos vieron subir una camioneta del Semefo. El miércoles corrió la versión extraoficial del hallazgo de fosas y al menos cuatro cuerpos, pero esta información no fue confirmada por fuentes oficiales, tampoco negada.
Las diligencias encabezadas por la PGR se hicieron una semana antes de que se cumplan 43 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron atacados a balazos y desaparecidos en Iguala entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la calle Juan Álvarez y periférico Norte de la colonia Juan Álvarez, cerca de las instalaciones del C-4.

 

Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

 

 

Marchan padres de los 43 en la Cdmx a 42 meses de los ataques en Iguala para exigir su presentación

Este lunes se cumplieron 42 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y alrededor de mil activistas acompañaron a los familiares en una marcha en esta ciudad. Además, en la mañana de ayer un contingente de padres tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y permitieron el libre paso de los automovilistas en ambos sentidos del camino. El contingente partió 15 minutos antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia y cruzó el Paseo de la Reforma, se vio a alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Femenil de Amilcingo, Morelos, integrantes de la sección 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la capital del país, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ciudadanos sin organización. Al llegar al antimonumento que es un número 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, invitó a los familiares a que se colocaran al frente del antimonumento para el pase de lista de sus hijos ausentes y exigir su presentación con vida. Pasadas la 6 de la tarde se reanudó la marcha hacia el Hemiciclo a Benito Juárez. En el camino estudiantes de Ayotzinapa tomaron el micrófono para demandar, una vez más, que la Procuraduría General de la República (PGR) retome las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen la indagación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco, la investigación de las líneas de teléfonos celulares de los jóvenes, la participación de soldados del 27 Batallón de Infantería y el posible trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. En el Hemiciclo Melitón Ortega mencionó que estas son fechas vacacionales, donde las familias se reúnen, “muchos esperan la visita de sus seres queridos, nosotros no perdemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos”. Mencionó a Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, quien falleció en febrero de este año a consecuencia del cáncer. “Ella murió sin saber qué pasó con su hijo. Nosotros no descansaremos hasta saber la verdad de lo que ocurrió esa noche”. Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández apenas podía contener las lágrimas. Sosteniendo una fotografía de su hijo impresa sobre una lona habló sobre el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se reporta que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para obtener sus declaraciones. “No sabemos si ellos son culpables o no pero fueron torturados para obtener declaraciones que sostuvieran la mentira histórica que la Procuraduría se empecina en defender”, dijo. Hilda Hernández externó su preocupación de que con la cercanía del proceso electoral se pretenda dar carpetazo a la investigación: “les importan más las elecciones, les importa más la porquería que va a llegar a gobernarnos”. Solidaridad con desaparecidos en Jalisco En el transcurso de la marcha, madres, padres y demás asistentes al mitin repudiaron la desaparición en Jalisco de los estudiantes de cine Javier Salomón, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, así como la desaparición y posterior confirmación de la muerte del estudiante de medicina César Ulises Arellano Camacho. “Condenamos los hechos en Jalisco, así como condenamos la violación de los derechos humanos de la juventud”, declaró Melitón Ortega.

Informa la ONU-DH que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados

 

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.

Fueron torturados 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa: ONU-DH

Informa la ONU-DH que 34 detenidos
por el caso Ayotzinapa fueron torturados

En los exámenes médicos se certifican lesiones, y en declaraciones se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte y violencia sexual, dice el representante en México del organismo, Jan Jarab. Las torturas fueron cometidas por agentes de la PGR, la PF y la Marina. En su informe se incluye un caso de un imputado que falleció a causa del tormento

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.
 

“Casos excepcionales” la tortura a detenidos por el caso Ayotzinapa, responde el gobierno

 

Tras los señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), respecto a evidencias de tortura en 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base en dictámenes del Protocolo de Estambul, “salvo en algunos casos excepcionales”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería señalaron que el informe no aporta elementos nuevos para avanzar en la investigación.
Indicaron que el documento aborda aspectos que ya señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al tiempo que se omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales.
La PGR dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que señala tortura y otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por agentes del gobierno federal.
Tras la difusión del documento, la PGR circuló un boletín donde hace algunas aclaraciones en nombre del “gobierno Mexicano”, “sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”. “Preocupa de manera especial que el informe de la OACNUDH (la ONU-DH) arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder Judicial”, agrega.
Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el GIEI, “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.
Afirma que el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
En su texto, la PGR dice que el caso “es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”.
Destaca que como se informó a la CIDH en su último periodo de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe”.
Sostiene que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
“Su informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
Al respecto –y como también se informó a la CIDH–, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega.
Resalta que continúan las diligencias, aunado a que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
La víspera de la difusión del informe de la ONU-DH, la PGR y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se adelantaron y presumieron que agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos y quien habría participado en la desaparición de los 43. (Agencia Proceso / Ciudad de México).

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, advierten

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Presentan Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, que concluye que los parientes sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y en “un intenso sufrimiento emocional”. El gobierno federal se negó a reconocer el documento a pesar de que lo recomendaron el GIEI y la CNDH, informa la directora del organismo, Haydeé Pérez. Se “administra políticamente” su dolor, señalan los padres

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

Acude Guillermo del Toro a presentación del  documental sobre la desaparición de los 43

Al finalizar la proyección en el Festival de Cine de Guadalajara los asistentes contaron en voz alta cada número hasta llegar al de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala

Abril Valadez y Jonathan Hernández / Agencia Reforma

Guadalajara

Guillermo del Toro lanzó su nueva producción, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
Antes de la proyección, realizada ayer en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, el director de La Forma del Agua subió al escenario junto con la productora Bertha Navarro y parte del equipo de realizadores del largometraje, sin emitir algún discurso.
Al iniciar la muestra, el director pasó a tomar lugar entre el público.
La película dirigida por Enrique García Meza, que fue vista por algunas personalidades como los actores Ofelia Medina y Damián Alcázar, presenta el caso Ayotzinapa con testimonios de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en esta población guerrerense en 2014, y expone el proceso de justicia que enfrentan hasta hoy y el sufrimiento por la pérdida e incertidumbre.
Al culminar la proyección, mientras Del Toro salía de la sala, los asistentes se dedicaron a contar en voz alta hasta el 43.

Creará con Karla Castañeda película en stop motion

La realizadora de animación tapatía Karla Castañeda será producida por Guillermo Del Toro.
La historia, abundó la cineasta, será escrita por ambos y aún carece de un nombre definitivo, aunque confirma, será en español.
“Me dijo: ‘Siéntate. Te voy a contar algo, tu corto es un largo’. Abrimos el cuaderno y empezamos a hacer la estructura tal cual, los tres actos, a soltar cosas”, recuerda Castañeda sobre la reunión que sostuvo el sábado pasado con el cineasta ganador del Oscar.
“Él tenía un guión que se parecía mucho y empezamos a tener muchas cosas en común. Me dijo: ‘¿Qué te parece si coescribimos’”.
La temática del largometraje que crearán en la técnica stop motion tendrá como ejes la muerte, los ciclos de la vida, combinados con la influencia del realismo mágico y un poco de terror.
“Siempre tengo algo con la muerte, no sé por qué… mi tercer corto (que ahora será el largometraje que producirá al lado de Guillermo) era mi trilogía de la muerte, las coincidencias con Jacinta y La Noria es que la temática es la pérdida y el género fantástico.
“La primera frase que me dijo fue: ‘El nivel máximo de la amistad es perdonar el éxito’”, cuenta.
Con este tipo de acciones, Del Toro pone de manifiesto lo que expresó en las tres charlas que ofreció en esta ciudad, apoyar a la nueva generación de creadores, apostar por otro tipo de proyectos y géneros, así como descentralizar la producción de filmes en el país.
“Para mí es como un regalo infinito y de una gran humildad”, puntualiza Castañeda.