Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Falta una estrategia para detener desapariciones
Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.
Se tiene miedo a denunciar
Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.
La marcha del domingo para apoyar al Ejército en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas
Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.
El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.
Ocupar el espacio público
Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.
Maestros de la CETEG, de la CNTE y organizaciones sociales guardan un minuto de silencio en memoria de los caídos al término de la conferencia de prensa que ofrecieron en su edificio como parte del 43 aniversario de la organización magisterial Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró el pasado sábado los 43 años de su fundación, y en un mitin en Chilpancingo, sus agremiados exigieron que se reinstale la mesa de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen demandas pendientes.
Las actividades conmemorativas iniciaron en la mañana, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Giuerrero (CETEG) y acudieron unos 400 maestros provenientes de estados como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, además de organizaciones sociales y una comisión de padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que a 43 años del surgimiento de la CNTE “nosotros como magisterio seguimos con esta lucha”.
Manifestó que la demanda central es la abrogación de la “mal llamada” reforma educativa, que inició con el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que sigue ejecutándola Andrés Manuel López Obrador.
También indicó que exigen la reinstalación de sus compañeros cesados, que no se sometieron a la reforma educativa y la solución que han planteando en las diferentes mesas de trabajo.
El dirigente manifestó que reclaman justicia y verdad por sus presos políticos, así como el cierre de las carpetas de investigación que el gobierno en turno y pasados que han abierto contra a sus compañeros.
Informó que, asimismo, solicitan democratizar las secciones donde tienen presencia, mejores prestaciones, servicios en cuestión de salud y la reinstalación inmediata de las mesas de trabajo con el Ejecutivo federal.
En su participación, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que, a nombre de las madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, saludaban a los secretarios de las diferentes secciones.
Externó que son 43 años de lucha, resistencia, de desapariciones e incluso hay presos políticos de la CNTE, “agradecemos a la CETEG, por permitirnos la participación de los padres de los 43”.
Melitón Ortega recordó que para los padres de los normalistas son más de ocho años de lucha, represión, de resistencia y de falta de compromiso por parte de las autoridades por la desaparición de los estudiantes, “los que nos han acompañado en nuestra lucha son los maestros de la CNTE y de la CETEG”.
Destacó que la lucha continúa y que no ha terminado, porque la verdad y justicia no ha llegado, “este camino, en el túnel vemos la luz muy lejos, aún falta mucho, porque son 43 estudiantes que siguen desaparecidos”.
Enfatizó que los padres y madres le han externado al gobierno federal que quieren saber dónde están sus hijos, “queremos la verdad, aunque sea lo más doloroso o fuerte, queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Melitón Ortega dijo que cuando los jóvenes cumplieron ocho años de desparecidos, el gobierno federal les externó que se declaraba en luto nacional, es decir, que los estudiantes ya no viven.
“Si ya no viven, los padres han dicho que les muestren las evidencias científicamente, informaciones claras. El juicio de un gobierno no se puede aceptar, por eso seguirán en pie de lucha”, destacó.
En una conferencia estuvieron presentes, el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, y el politólogo de la UNAM, Mauro Jarquín Ramírez.
Hernández Navarro recordó a Arcángel Ramírez Perulero, ex dirigente de la CETEG, quien murió a causa del Covid-19 y maestros que perdieron la vida por el virus, “los seguimos recordando”. Asimismo, a los maestros que fueron asesinados por las policías: Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz, “a todos ellos, les decimos que no los vamos a olvidar”.
Jarquín Ramírez externó que a 43 años de la CNTE, se ha ampliado el panorama político en México, asimismo, que la organización le ha dado un sentido distinto a lo que significa la educación en el país.
“Un balance específico de la coordinadora se puede ver a partir de la discusión de sus tres ejes: la democratización de la educación, del sindicato y del país”, destacó el politólogo.
Luis Hernández opinó que la CNTE “está en su momento más difícil de su vida, contra el PRI se luchaba mejor. Estaban más claros los enemigos, pero ahora (con la nueva administración) es más compleja”.
Recordó que para este actual gobierno, que encabeza López Obrador, la CNTE actúa con inteligencia, porque hay sectores del magisterio que sienten simpatía por el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay cosas que deben evitar hacer, por ejemplo, meterse entre las patas de los caballos y de la sucesión presidencial. La coordinadora no debe de apoyar a algún candidato dentro de Morena, porque eso sería costosísimo para la coordinadora”, dijo el escritor.
Opinó que para lograr buenos avances en sus demandas, se deberá de consultar a las bases del magisterio.
Jarquín Ramírez dijo que es importante ingresar cuadros jóvenes en la CNTE, dar espacios en dirigencias a maestras y quitar el tabú de los maestros homosexuales.
Después, los miembros de la CNTE se dirigieron al zócalo capitalino y realizaron un mitin político-cultural, donde externaron que están contra el Tren Maya y la militarización, así como exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Al finalizar el mitin, diferentes grupos de danza bailaron y hubo música de viento. Los miembros de la CNTE corearon: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “aquí y ahora con la coordinadora”.
De enero a noviembre de este año, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) ha registrado 101 homicidios dolosos con presunción de feminicidio en 29 municipios del estado, una violencia que no ha disminuido sino que continúa, afirmó la directora y activista Marina Reyna Aguilar.
También, aseguró que la desaparición de los medios de comunicación en algunas zonas del estado dificulta el monitoreo de la violencia hacia la mujer.
Sostuvo que es grave el problema del suicidio, porque muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, y llamó a las instituciones educativas a poner atención al problema del acoso y el abuso escolar.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue en el 2000 en una Asamblea General que se designó el 25 de noviembre para esta fecha, en el que se invitó a los gobiernos y las organizaciones a coordinar actividades para hacer conciencia de este problema y buscar soluciones.
La AGCVIM es una asociación civil sin fines de lucro constituida el 13 de noviembre de 2003 por mujeres y hombres, que busca contribuir en la disminución de los índices de violencia en mujeres y niñas de Guerrero.
La asociación es dirigida por la activista y defensora de derechos humanos, Marina Reyna Aguilar, quien además es peticionaria de la primera Alerta de Género por Violencia Feminicida para Guerrero, que se emitió en 2017 a ocho municipios del estado.
La AGCVIM tiene un Monitor de Violencia de Género y de Feminicidios de Guerrero, que es un sistema para generar información estadística sobre la violencia hacia la mujer, en sus diversas expresiones, y pretende crear conciencia en la población de esta problemática, que permita la construcción de políticas públicas de prevención y atención a las víctimas.
En Guerrero, según el Monitor de Violencia de Género y Feminicidios, de enero a noviembre de 2022 han contabilizado 101 muertes dolosas con presunción de feminicidio, concentrados principalmente en Acapulco con 29 casos; Chilpancingo con 15; Iguala con 11; Taxco con cinco; y Copanatoyac y Cuajinicuilapa con cuatro cada uno.
Según las cifras de la asociación el feminicidio en los últimos tres años ha disminuido en la entidad: en 2016 registraron 151 homicidios de mujeres con presunción de feminicidio; en 2017 se registraron 165; en 2018 se contabilizaron 235; en 2019 acumularon 194; en 2020 se reportaron 165; y en 2021 disminuyó a 138.
El monitoreo
Consultada ayer por teléfono, Marína Reyna dijo que han tenido dificultades para sostener su monitoreo, porque los medios de comunicación han dejado de circular y de ellos actualizaban sus estadísticas. Dijo que actualmente sus fuentes son El Sur y otros medios como El Sol de Chilpancingo, éste último que dejó de circular en físico, pero se mantiene en digital.
Expuso que las estadística podrían mostrar que la violencia disminuyó, y que incluso podría darse una lectura de que los programas gubernamentales están surtiendo efecto, pero afirmó que la violencia continúa y se sigue manifestando, “hay otros factores que inciden para vulnerar mayormente a las mujeres y a las niñas”.
Mencionó que no todos los casos de violencia son expuestos a los medios, y que si acuden a la Fiscalía General del Estado hay otros datos, “son más casos de homicidios dolosos contra mujeres, pero ellos no te dan información”.
Precisó que también hay casos de municipios donde no hay prensa o no llegan los corresponsales, pero la violencia sigue, aunado a un problema que se ha ido incrementado: las desapariciones.
Sostuvo que la desaparición es “la puerta del feminicidio”. Hay muchas mujeres que no aparecen, y esas niñas, adolescentes, que no son localizadas tampoco se les puede dar calidad de muertas, siguen teniendo la calidad de desaparecidas hasta encontrarlas con vida o muertas”.
De acuerdo con la plataforma del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios en Guerrero, que también se basa en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2021 denunciaron 2 mil 70 mujeres haber sido víctimas de violencia familiar; menos de las 2 mil 980 registradas en 2020.
También, señala que el 2019 ha sido el año con más denuncias por violación simple en Guerrero, cuando contabilizó 242, y en los dos años siguientes ha disminuido, reportando 189 denuncias en 2020 y 164 en 2021.
Respecto al delito de violación equiparada en Guerrero ha ido en aumento en los últimos tres años, pues en 2019 se registraron 103 denuncias, y para 2020 y 2021 se mantuvo el registro de 143 cada año.
Según las estadísticas de la AGCVIM, el 2020 con el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se dispararon las denuncias por acoso sexual en el estado, de registrar 36 casos en 2019, pasó a 114 en 2020, y para 2021 bajó nuevamente a 42.
El delito del abuso sexual también se disparó en 2020 en el estado, las denuncias de mujeres víctimas de este delito en 2019 fueron 287, y aumentaron a 342 en 2020, y en 2021 sumaron 200.
Abuso escolar y suicidios
Al respecto, Reyna Aguilar, expuso que está surgiendo problemas como el acoso y el abuso escolar, son problemas que se tienen que trabajar desde las instancias educativas, y cuando se convierte en un delito se tienen que denunciar ante las instancias correspondientes, además, “las instituciones deben aplicar sus procedimientos internos”.
Manifestó que es un problema que está surgiendo y cada instancia lo debe atender, “debemos poner atención y a trabajar sobre ello, porque hay que prevenir, para no tener que atender”.
Añadió que otro de los problemas graves es el suicidio, problema que la Secretaría de Salud ha focalizado, y que argumentó muchas veces el origen es la violencia familiar o de pareja, casi no se toca este problema en las noticias, “solamente se ve que se ahorcó, se suicidó y no se toma como feminicidio. Sin embargo, si se investiga se encontraría que las razones son por violencia, y que estas personas no encontraron otras salidas más que quitarse la vida”.
Añadió que estos casos de suicidio se archivan, pero detrás de las historias de las víctimas, se encontraría que son personas que vivían violencia extrema.
En Guerrero aún se mantienen las dos alertas de Violencia de Género por Violencia Feminicida, emitida en 2017 y que tiene 21 medidas para el gobierno; y por Agravio Comparado emitida en 2020, con 12 medidas, ambas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim).
Al respecto, Marina Reyna Son manifestó que el gobierno estatal debe cumplir y que en diciembre deberá entregar un informe a la Conavim donde se evaluará las acciones que ha anunciado el gobierno de Evelyn Salgado Pineda,
Reprochó que en Guerrero se debió atender con emergencia las alertas pero no ha sido así, “en Guerrero y en el país las alertas han sido como si fueran programas ordinarios y no es así, tendrían que ser programas emergentes”.
Expresó que el grupo interinstitucional e interdisciplinario de la Alerta de Género que coordina la Conavim evaluará el informe del gobierno de estado para determinar si de verdad se cumplieron con algunas medidas.
La carretera de la sierra de Coyuca de Catalán a Zihuatanejo sigue bloqueada con piedras y tierra y en El Cundancito el Ejército y la Policía Estatal instalaron un retén, pero grupos armados instalaron otros . Foto: israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
En los últimos tres meses la carretera federal 134 de Coyuca de Catalán a Zihuatanejo ha sido escenario de muertes, desapariciones y conflictos violentos entre grupos armados.
Este problema no es nuevo, lleva más de 30 años convertida en la “carretera la de la muerte”, a su paso por la sierra de Coyuca de Catalán en una zona donde los pueblos exigen atención real de las autoridades.
Actualmente la vía permanece cerrada, la Secretaría de Seguridad Pública del estado con el Ejército instalaron un retén en la comunidad del Cundancito, pero los grupos armados colocan otros en puntos extremos a esa localidad cercando el paso de vehículos y del transporte público que permanece sin funcionar. Sigue intransitable.
Recientemente ocurrió el caso de dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional estuvieron desaparecidos tres días, quienes fueron parados a balazos por un grupo de sicarios que colocó un filtro de revisión en la carretera federal, y luego de interrogarlos los dejó libres.
Hace un mes y medio fue asesinado el operador de un vehículo quien desconocía que la carretera estaba bloqueada. No se paró en un retén y le dispararon. El conductor murió y el acompañante resultó herido y liberado para irse caminando hasta conseguir ayuda.
Históricos casos de violencia
Los problemas de seguridad en esta carretera federal no son nuevos. Van más de 30 años en el que se considera de extremo peligro este tramo, donde hay constantes reportes de asaltos, homicidios por equivocación y hasta abusos de las mismas autoridades de gobierno.
En 1984 el gobierno federal determinó colocar un retén militar en El Cundancito, de manera formal. La base incluía la presencia de agentes de la Procuraduría del Estado. Durante varios años cambió de nombre y algunas características en la forma de operar pero siempre permaneció ahí un retén.
Oficialmente, Carlos Loret de Mola perdió la vida en febrero de 1986 en un accidente automovilístico cuando iba a Zihuatanejo sobre esta carretera 134, sin embargo su hijo, el escritor y periodista Rafael Loret de Mola ha sostenido que fue asesinado, relata en su obra Denuncia. En el libro establece dentro de las pruebas, que el ex gobernador de Yucatán y periodista había pasado por el retén del Cundancito donde le quitaron una pistola, y después desapareció, hasta que días después lo ubicaron muerto en un barranco pero fue sepultado en la fosa común como desconocido con todo y credenciales.
En enero de 1998, fue asesinado el diplomático egipcio Mohamed Ismail Sadek, por asaltantes muy cerca del Cundancito.
El segundo secretario de la embajada egipcia circulaba en una camioneta Ram Charger con su familia por la carretera federal Vallecitos-Coyuca de Catalán, cuando regresaba de vacaciones de Ixtapa-Zihuatanejo.
El Cundancito es una comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán ubicada al lado de la carretera federal que une al puerto con el resto del país, tiene aproximadamente unos 200 habitantes. Desde ahí parte un camino rural que sube a las partes más altas de la sierra como El Durazno, Hacienda de Dolores, la zona maderera del Carrizal, y la zona mezcalera de Zihuaquio. Por ende, también es considera el punto por donde más circula la droga que se siembra en la sierra.
En fechas más recientes, en enero del 2016 fue asesinada una enfermera con su pareja, iban de luna de miel a Zihuatanejo, pero fueron confundidos con gente de un grupo armado y baleados, pues horas antes habían muerto 10 personas en una balacera en una fiesta y el ambiente se encontraba tenso.
Enfrentamientos y familias desplazadas
En 2019 hubo 15 reportes de enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada que se disputan el trasiego de droga. De estos reportes, de manera extra oficial y por reportes ciudadanos, han ocurrido hasta 30 muertes en las balaceras pero las autoridades sólo han dado fe de cinco, porque acuden hasta 48 horas después de lo ocurrido y no encuentran ningún cadáver pues las bandas recogen sus cuerpos.
Además, hay una franja muy corta entre comunidades sobre la ruta, marca una frontera entre bandas, lo que ha incrementado los reportes de enfrentamientos este año. Al menos 4 pueblos reportaron la salida de familias que dejaron abandonadas sus casas por temor a la violencia.
En septiembre de este año la carretera fue bloqueada por los vecinos del Cundancito y otras localidades cercanas para presionar al gobierno federal a recibir atención en el tema de seguridad, pues les habían cortado la energía eléctrica, no llegaron los médicos, los maestros de las escuelas y otros servicios. Pero la respuesta que ellos esperan aún no llega.
La carretera permanece cerrada, abrieron temporalmente al paso de vehículos pero la carretera se encuentra muy afectada por los derrumbes del último temporal de lluvias, y que debido a la violencia tampoco hubo atención del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La llegada del grupo policiaco no ha logrado un acuerdo para concluir la protesta, al considerar que no se garantiza plenamente la seguridad, y de manera intermitente aparecen retenes de civiles armados en extremos del Cundancito.
Norma Mesino, Martha Obezo y Diana Hernández –hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández– alzan sus puños frente al próximo subsecretario Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas en el Foro Escucha Acapulco. Por La Pacificación y Reconciliación Nacional celebrado con la asistencia de mil 200 víctimas, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales de Guerrero ayer en el Centro de Convenciones Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Ya ni sabemos quiénes son los sicarios y quiénes los gobernantes”, dicen víctimas
Las autoridades están ligadas al crimen organizado, señalan y esperan que López Obrador no les defraude en su demanda de justicia. Afirman que si ganó la Presidencia fue “por el dolor y el baño de sangre” que ha dejado la violencia en el país
Karina Contreras
Durante el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, escuchó los reclamos de justicia para las víctimas de asesinato y desaparición forzada en Guerrero.
En un ambiente de dolor y con voz llorosa, las madres de los desaparecidos o viudas pasaron al micrófono para pedir justicia directamente al futuro funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que si habían llegado ahora al poder, era en gran parte por el dolor de las víctimas. Mientras que la señora Margarita López Pérez dijo que ya están hartos y hasta la madre y quieren justicia para sus hijos.
Durante la plenaria, que se dio antes del inicio de las mesas de trabajo, la presidenta del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, madre del abogado desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, Josué Molina Rodríguez, pidió que el gobierno de López Obrador no los defraude “porque si llegaron al poder es por este dolor” y porque creen que habrá justicia.
“Si llegaron al poder fue por todo el dolor, este baño de sangre que hay en toda la República. Por eso decidimos apoyarlos porque ya no tenemos otra esperanza, porque el gobierno en turno ha sido de impunidad, ha sido corrupto y ligados al crimen organizado, ya no sabemos quiénes son los sicarios y quiénes son nuestros gobernantes”. Dijo que son cuatro años que le han cerrado el acceso a la justicia, que “me han negado una denuncia en todos los lugares”.
Aseguró que ha sido revictimizada porque “no tan solo he tenido que investigar y aportar lo que yo he investigado acerca de mi hijo, sino que me han amenazado, me han seguido y me han querido levantar, pero el dolor que llevó se ha convertido en un coraje al grado de exponer mi vida y la de mi familia, pero el grito de dolor y de coraje no lo podemos ocultar”.
Añadió con sollozos que hay mucho padres y madres a quienes les negaron el acceso a la justicia y que llevamos años esperando que “nos reciban la investigación, porque nosotros somos los que investigamos y estamos hasta la madre y por eso le pedimos a este nuevo gobierno que no nos defraude”.
Señaló que están enfermos por tanto coraje y dolor “he luchado cuatro años para encontrar a mi hijos y aún cuando he aportado todas las pruebas no he encontrado justicia”. Dice que salen a investigar pero no saben si van a regresar. Al nuevo gobierno les demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Acusó al gobernador Héctor Astudillo de criminalizarlo y no darles resultados, pero además los hizo a un lado de identificación de cadáveres que están en la Semefo, “solo aceptó dos grupos de colectivos y a cuatro o cinco nos invitaron”.
Aseguró que mientras no encuentre a su hijo nadie la va callar y con un llanto desgarrador expresó: “Al mundo entero le grito que quiero justicia para mí, para los 43 de estudiantes y los miles y miles de desaparecidos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Hijo, escucha, tu madre esta en la lucha”.
Mientras que la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo, aseguró que toda esa descomposición social no estuviera la nivel que está si no hubiera ocurrido el descabezamiento de uno de los tres poderes en el estado, en referencia al asesinato de su esposo hace nueve años. Le dijo a Alejandro Encinas que estuvo presente en las exequias y que los abrazo. Le recordó que él ha visto como el expediente ha sido mutilado y cómo ha sido revuelto.
Indicó que todos son crímenes de altísimo impacto social y donde el 99 por ciento quedan impunes y la Fiscalía se debería llamar “Fiscalía de carpeteria por los miles de casos sin resolver”. Pidió a Alejandro Encinas que ese asesinato no quede en la impunidad así como la desaparición de los 43 y los miles de casos porque Guerrero necesita justicia, es un reclamo generalizado.
“Pido justicia no solo para mi esposo asesinado sino para quien tenía la representación del poder popular, no era un diputado más o político más. En Guerrero no se toca a los poderosos, Zeferino Torreblanca Galindo goza de total impunidad, nadie quiere tocarlo, ha habido nueve fiscales y no pasada nada”, dijo.
Indicó que al nuevo gobierno no le van a entregar un cheque en blanco sino que van exigir justicia.
Mientras que Norma Mesino pidió justicia para sus dos hermanos, Miguel y Rocío Mesino, porque ya no quieren que los casos de impunidad se acumulen todos los días, pues esa impunidad que hay en el país ha permitido que muchos hogares haya luto y muchos no encuentren a sus familia, por eso exigen justicia. Que la federación investigue y castigue a los culpables, “queremos justicia, pero con la verdad, ni perdón ni olvido”.
Mientras que Margarita López Pérez preguntó que dónde estaban las garantías que todas las madres deben tener y narró que su hija fue secuestrada en Oaxaca, donde fue torturada, violada y decapitada. Aseguró que están cansadas de todas las organizaciones y colectivos vividos que viven a costillas del dolor, “queremos ser atendidos de manera personal”. Se quejó de que si no se pertenece a un colectivo no son atendidas y lo que quieren es justicia para sus hijos.
Mientras que la hija de Ranferi Hernández también pidió justicia y verdad así como castigo caiga quien caiga, pues “ya basta de simulación y queremos las cosas bien”.
Por su parte, el vocero del colectivo Siempre vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, expuso el caso de sus hermanos asesinados en noviembre del 2014 en municipio de Quechultenango, donde criticó que Néstora Salgado ha sido postulada para senadora porque dijo que sus hermanos eran delincuentes.
Señaló que son víctimas del crimen organizado y “aquí están unos paisanos de Marcos Matías que se ostentan como indígenas, pero son los peores asesinos, porque ellos les cortaron las manos a mis hermanos vivos, los decapitaron, los torturaron, los quemaron y las cabezas están en Quechultenango, a tres cuadras del Ayuntamiento”. Dijo que si no hay justicia no puede haber perdón ni olvido.
El viejo régimen, vigente y busca impunidad, dice el próximo subsecretario de Gobernación
Inaugura Alejandro Encinas el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. Subraya que en el próximo gobierno no habrá simulación y que será prioridad la atención a las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, a la reparación del daño y la garantía de no repetición”. Renunciará si no da resultados, dice el encargado del proyecto de formar comisiones de la verdad para casos emblemáticos como el de Ayotzinapa en el que, reiteró, “vamos a ir a fondo” para castigar a los responsables sean militares o políticos
Karina Contreras
El senador electo y futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 1 de diciembre, “no vamos incurrir en simulación, va a ser un compromiso real”.
Al inaugurar el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional, ante familiares de desaparecidos y asesinados y organizaciones y activistas de derechos humanos, y que se llevó a cabo en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco, Encinas Rodríguez subrayó que en esa dependencia no va a estar “de florero” porque “mi compromiso es dar resultados, si no dejaré el cargo”.
El encargado de organizar comisiones de la verdad en el país para casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclacó que se va a necesitar de la sociedad para pacificar el país, pues aunque la izquieda con Andrés Manuel López Obrador y Morena ganó las elecciones “el viejo régimen sigue vigente, hay intereses y esos van a querer permanecer ahí”.
Antes de que Encinas empezará hablar los presentes comenzaron a corear la palabra “Justicia”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y pasaron lista del uno al 43, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala. Desde la entrada al Centro Internacional Acapulco fueron colocadas mantas con imágenes de guerrerenses desaparecidos y asesinados y lo mismo sucedió en el presídium y a los costados de éste.
En su mensaje, Encinas señaló que estaban ahí para recuperar uno de los principios fundamentales de lo que debe ser un buen gobierno, el de “volver a escucharnos y escucharnos para construir entendimientos, en ellos asumir compromisos para poder superar las adversidades que hoy venimos arrastrando durante muchas décadas”.
Sobre los testimonios de madres de víctimas que escuchó durante la plenaria, Encinas Rodríguez señaló que es “indudable el nivel de agravios personales, familiares, colectivos que hemos sumado no sólo en Guerrero sino en todo el país, y quiero decir de principio con toda claridad, vamos a romper con el pasado, vamos a acabar con la simulación”.
Aseguró que en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno están las víctimas y “el reclamo de las víctimas es justicia, pues si queremos paz tiene que haber justicia y tenemos que acabar con la impunidad”
Añadió que esa tiene que ser una tarea colectiva porque no es un asunto que nada más atañe al gobierno, aunque es su principal responsabilidad”. Señaló que el deber del estado es dar las garantías para vivir en paz y tranquilidad donde la gente se sienta segura y tenga la tranquilidad de preservar su familia y su patrimonio, y esos son los enormes retos que se tienen.
Señaló que el cambio requiere de una transformación profunda y de la participación de la sociedad, y por eso el objetivo de los foros es ir construyendo las bases en cómo la comunidad también asumirá sus responsabilidades para que con el apoyo pleno del gobierno “vayamos a emprender no solo una nueva estrategia en materia de seguridad pública sino una nueva visión de la comunidad en nuestro país”.
Encinas Rodríguez precisó que no solo es un asunto de seguridad pública ni de policías, pillos y ladrones o de gobernantes corruptos o autoritarios, sino de reconstruir la base de la convivencia social, de que se pueda recuperar la esperanza con una visión de futuro. El futuro funcionario indicó que la seguridad la tienen que enfrentar con una visión distinta y “que dé respuesta a los agravios que se han cometido a decenas de miles de guerrerenses y mexicanos en el país”.
Indicó que por eso la prioridad deben ser las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, que no haya impunidad y que el gobierno actúe en cumplimiento de su responsabilidad y velar y garantizar los derechos humanos fundamentales, el derechos a la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Queremos acabar con la impunidad y tener memoria para que todos estos hechos lamentables no se repitan”.
Subrayó que este nuevo gobierno tiene que constituir una nueva relación de confianza con la población y esa relación solamente podrá construirse con hechos, “con resultados, por eso estamos aquí, no vamos a incurrir en simulación, en la responsabilidad que voy asumir como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en el próximo gobierno a partir del 1 de diciembre. Va ser un compromiso real, no voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo”.
Pero añadió que se necesita del apoyo porque “sí ganamos las elecciones, pero el viejo régimen sigue vigente y vamos a enfrentar resistencia y vamos a afectar intereses; y esos intereses van a querer prevalecer en la impunidad, pero nosotros vamos hacer nuestro esfuerzo para que no suceda”.
Añadió que tienen que asumir que con el pueblo de Guerrero hay “una deuda histórica, porque la violencia y la pobreza en este estado es un proceso sistemático y continuo, que los vivimos desde hace muchas décadas con las desapariciones en la Guerra Sucia, que lo seguimos viviendo en estos momentos de desapariciones y de homicidios extrajudiciales o por particulares donde la famosa guerra contra el narcotráfico se convirtió una guerra contra el pueblo de México y aquí en Guerrero contra los dirigentes sociales, políticos, contra los jóvenes estudiantes”.
Subrayó que como ha asumido el compromiso con las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa “vamos a ir al fondo, no sólo a abrir la investigación, vamos a deslindar las responsabilidades para que sea quien sea el responsable de las atrocidades, homicidios o desapariciones en este estado sean castigados, sean un militar, armada, sea un servidor público, un gobernador. No puede haber impunidad y ese es el compromiso de nuestro presidente electo y del equipo de gobierno, y espero que entre todos y todas hagamos realidad este cambio para la vida digna y con paz en todo Guerrero y todo el país”.
Hay una grave situación en Guerrero
Ya en conferencia de prensa, en el salón Dolores Olmedo, a Encinas se le preguntó sobre la reacción de víctimas y ONG de que el foro para el Plan de Pacificación del cual consideran que se le ve poca perspectivas ante la actitud asumida de “olvido no, perdón sí” y dijo que se tiene que asumir que primero el país ha vivido una ausencia enorme de espacios de discusión y reflexión y que “evidentemente cuando se abre un espacio, luego de años de vacío enorme donde el gobierno dejó de escuchar a la población viene esta situación”.
Indicó que el valor de los foros es que lo están haciendo las víctimas y eso es de gran valía, e insistió que quieren tener un dialogo real que construya acuerdos y compromiso que se conviertan en políticas públicas, porque “no solo son foros de denuncia, son foros para identificar dónde están los problemas e identificarlos, ya se va pasar de la denuncia a la protesta”. Añadió que lo que se escuchó en la plenaria es el “reflejo de la gravísima situación que vive Guerrero”.
Indicó que desde hace tiempo se han dado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y mucha violencia y sobre las denuncias que recibió las divide en tres aspectos: “violaciones graves a derechos humanos provenientes de instituciones del Estado mexicano y el ejemplo más claro es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzina-pa; en segundo lugar niveles de violencia que provienen de particulares, específico, de la delincuencia organizada y ejemplos lo que ha pasado en Chilapa, son muy claros, y en tercer lugar lo que tiene que ver con la descomposición del tejido social”.
Señaló que esto habla de una ausencia de estado, no solo de Guerrero sino del gobierno federal, donde muchas están ocupadas o “están bajo el control de otros poderes distintos a los constitucionalmente establecidos y es un reto para revertir esta situación”. Agregó que hay la necesidad de que el “estado vuelva a recuperar el control del territorio, mientras que la autoridad legítimamente constituida no se establezca de nueva plena en cada centímetro cuadrado esos problemas van a desaparecer”.
Encinas Rodríguez dijo que conocen la situación de Iguala y la gestión del ex alcalde José Luis Abarca y su relación con la delincuencia organizada. Adelantó que se va hacer el análisis especifico de lo que sucede en Iguala y que tendrán un foro similar específicamente con la problemática de ese municipio. Sobre qué falta para pacificar el país, respondió que aplicar la justicia, ese es el primer paso y “acabar con la impunidad y aplicar plenamente la justicia así como castigo a los irresponsables”.
En Acapulco no hay autoridad
En el acto estuvo el arzobispo Leopoldo González González y sobre la violencia en Acapulco, el cual es gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, Encinas dijo que es muy claro que en muchas comunidades del municipio no hay autoridad, quien tiene el control de las zonas son los grupos fácticos vinculados con la delincuencia organizada.
Indicó que lamentablemente Acapulco se ha convertido en el municipio más violento del país y paradójicamente han pasado por aquí todos los operativos: han estado la Marina, el Ejército, la Policía Federal y “ha sido un fracaso, hay evidencias de ello, no han funcionado, es evidente que la presencia policiaca por si mismo no resuelve los problemas”.
Encinas Rodríguez dijo que se tiene que ir a atender las causas que originan este nivel de violencia, pues “aquí con las fuerzas de seguridad estatal y locales no se ha resuelto la violencia de manera significativa”. Aseguró que la impunidad que hay en Acapulco ha llevado a estos niveles. Sobre si la situación no se resuelve con más policías, entonces por qué el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va dejar al Ejército y la Marina en las calles, Encinas Rodríguez precisó que el objetivo de la seguridad ciudadana es que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, pero lo harán cuando el Estado mexicano tenga las capacidades institucionales suficientes para que la federación, los estados y municipios puedan cumplir con la vigilancia de las personas y su patrimonio.
Subrayó que no se tiene las capacidades para garantizar la seguridad en muchos estados y municipios del país por lo que “estamos hablando que aquí falló la estrategia, lo cual implica rediseñar la forma en la que incluso las fuerzas armadas participan en este operativo que constitucionalmente debe atender lo civil”. Agregó que es urgente restituir la presencia de la autoridad en el territorio.
La pacificación del país, la encomienda más importante del próximo gobierno: Loretta Ortiz
La coordinadora del proceso dice que en tres años comenzará el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles. Creará López Obrador Tribunal Penal para la Paz y fiscalías especializadas en desapariciones, anuncia
Karina Contreras
La coordinadora del proceso de pacificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, adelantó la creación del Tribunal Penal para la Paz, con el objetivo de “juzgar a todos”, así como de las fiscalías especializadas.
Adelantó que el nuevo tribunal va tener adscritos a jueces especializados en desapariciones forzadas, las cuales se van a complementar con la Comisión de la Verdad así como una Comisión de Investigación. Sobre la continuidad del Ejército y la Marina en las calles dijo que van a estar tres años y de ahí van a proceder a retirarlo a sus cuarteles, pues se debe tener policías capacitados e integrados que puedan dar seguridad a los ciudadanos.
Aseguró que la encomienda más importante del próximo gobierno es lograr la pacificación del país y adelantó que el 24 de octubre se van a dar a conocer las propuestas sintetizadas de los foros que se están haciendo para dar las líneas de gobierno y lanzar el “plan de pacificación”.
En conferencia de prensa en el salón Dolores Olmedo, en el Centro Internacional Acapulco (CIA) la futura funcionaria federal adelantó que el 24 de octubre López Obrador va recibir todas las propuestas y ese será el último foro.
Indicó que cuando inicien el gobierno el 1 de diciembre tienen que tener claro las líneas de gobierno y también lanzar el plan de pacificación en el país. Dijo que los foros son exitosos porque la gente ha acudido y las han escuchado, así “nosotros nos damos cuenta cuál es el reclamo de la sociedad”.
Calificó como inédito porque nunca se habían “tomado la molestia y menos un gobierno entrante de escucharlos” y muchos han dicho que ya no quieren perder a un hijo más por lo que les piden que busquen las vías de pacificación porque no desean que siga la violencia.
Indicó que la pacificación es una proceso de todos y que las propuesta que se den en los foros van a servir para formular un plan de pacificación del país y además “salgan las futuras leyes para lograr este propósito, por eso la importancia de recabar todo esta información”. Indicó que en los foros sobresale el problema de las policías comunitarias y es un problema que se tendrá que revisar.
Señaló que hay varias víctimas de las Policías Comunitarias y “vamos a tener que dialogar con las autoridades, si es el caso hacer una reforma a la Constitución de Guerrero para poder adecuar a que en ningún caso se violen derechos humanos y eso no puede estar permitido en ningún lado; hay instrumentos internacionales que nos obligan al respeto de los derechos humanos, independientemente que sea una policía comunitaria”.
Señaló que debe estar desde la Constitución y si se cometen esos excesos que se han cometido por lo que “vamos a dialogar para que se hagan las reformas constitucionales”.
Se le dijo que el 27 de julio el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de reconocimiento de los pueblos originarios.
El texto aprobado por 42 diputados, votó en contra la diputada de Morena, se eliminó las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Y el argumento del gobernador Héctor Astudillo para esas reformas es para que no se haga mal uso de esa figura y que la fracción de Morena, que tendrá mayoría, ha dicho que hará una controversia constitucional y si va hablar con éstos para analizarla primero, tomando en cuenta los problemas que han encontrado por la violación a los derechos humanos, y respondió: “Sí, el diálogo va ser plural obviamente porque no podemos aceptar que una policía comunitaria viole derechos humanos, no puede ser, la Constitución del estado esta por debajo de la constitución política y se establece en el Artículo 1 que tiene que haber respeto a los derechos humanos”.
Ortiz Ahlf subrayó: “No podemos tener una policía comunitaria que no esté sujeta al respeto de la vida y de los derechos fundamentales de los demás”. Sobre el perdón que se ha pedido a las víctimas y dijo que es personal para reconciliarse internamente, pero “no el perdón jurídico, primero habrá justicia”. Sobre la amnistía señaló que no se va dar en un delito donde haya habido violencia lo que son crímenes de lesa humanidad, feminicidos, desapariciones, ejecuciones, tortura, “no va proceder y en estos casos no hay perdón ni hay olvido”.
Indicó que lo que exigen los afectados es justicia y de manera adecuada por lo que se va contemplar en un proyecto de ley, cuando terminen los foros y recabando toda la información para hacer las políticas públicas. Aseguró que se van a revisar todas las propuestas, incluyendo la propuesta de la iglesia de dialogar con los responsables de la violencia.
Sobre las policías, dijo que se tiene que dar una capacitación verdadera, pues aunque se dice que ya están certificados hay una “simulación, hay algunos que están bien preparados, aspiramos a tener una de las mejores policías que ha tenido el país”. Indicó que en México hay 300 cárteles y la guerra contra el narcotráfico no ha servido porque “matas a uno y salen más o detienes a uno y se reparten el pastel, esto se combate de esta manera sino con inteligencia de Estado”.
Aseguró que no habrá impunidad y se va castigar a los responsables de la violencia, pero además habrá cero tolerancia con la corrupción. Advirtió la futura funcionaria que se va atender toda el problema de los desaparecidos, incluyendo a los de la Guerra Sucia. Finalmente, sobre si habrá operativo especial para Guerrero, respondió que no podría decirlo así, pero que si se tendrá cubierto todo el país. Van más de mil 200 al foro por la paz; instalan más de 90 mesas de trabajo
Discuten plan de seguridad pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola
Karla Galarce Sosa
Luchadores sociales, habitantes de comunidades de diversas regiones de Guerrero, líderes y integrantes de colectivos de víctimas de la violencia, promotores de la legalización del cultivo de amapola, académicos, médicos, integrantes del sector salud, asistentes sociales, agricultores, representantes religiosos, miembros del CECOP, las policías comunitarias e interesados en el tema de construcción de paz participaron en el foro de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional convocado por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.
En la planta baja del Centro Internacional Acapulco (CIA), fueron dispuestos cuatro grandes salones para albergar a los poco más de mil 200 asistentes, quienes en grupos de hasta 15 personas, conformaron unas 90 mesas, en las cuales se discutieron temáticas que iban desde las propuestas sobre un plan de Seguridad Pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola con miras a disminuir los índices de violencia en comunidades productoras.
Aunque se estimó que el foro concluiría a las 3 de la tarde, algunas mesas de los salones, identificados con las letras de la A a la C, concluyeron hasta hora y media después.
El organizador del foro Escucha Acapulco, Javier Morlet Macho informó que la mesa de víctimas “bajo condiciones de aislamiento”, fue una de las de mayor atención.
A dicha mesa, identificada con la letra C, acudieron el próximo subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ahí, los participantes expusieron sus dolorosas experiencias ante los moderadores y demás participantes, quienes dijeron posteriormente que imperaba un ambiente de profundo dolor, enojo, impotencia y en ocasiones de resignación por las pérdidas de familiares e incluso por el desplazamiento del que fueron víctimas por la inseguridad. No obstante expectativa con la entrada de un nuevo gobierno.
Las conclusiones serán enviadas a Loretta Ortiz Ahif, designada para coordinar los foros donde se reunirá la información mediante un proceso de sistematización para el plan de gobierno y para el proceso de construcción de la paz.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González dijo antes de llegar a las mesas, que el espacio permitiría el conocimiento de la realidad desde un punto de vista “más cercano y detallado”, además de que se vislumbraba la ratificación de “medidas para reconstruir la paz que todos anhelan y se escucharían nuevas propuestas”.
La guía del diálogo
La guía o cuestionario base para reunir las participaciones al foro, fue el eje medular del desarrollo de las escuchas.
Dicho cuestionario está constituido por seis bloques que fueron los temas a abordar por los asistentes: problemas sociales, violencias, víctimas, pacificación y construcción de paz, y reconciliación.
En el primero bloque se plantean tres preguntas: la primera el participante identificó los tres principales problemas sociales de su comunidad, municipio o región. En la segunda se pide identificar “lo que más preocupa del problema de las drogas” y “cuál considera que debiera ser la política sobre drogas”.
En el bloque de violencia se les pide identificar las formas de violencia que mas preocupan en su comunidad, cómo se manifiestan y se propone destacar cinco de 24 “más importantes”, entre las que se destacan los homicidios, las ejecuciones, la violencia escolar, la violencia de las autoridades, el desplazamiento, el tráfico de migrantes, entre otras. En una cuarta pregunta del segundo bloque, también se preguntó al participante cuáles son los factores que contribuyen a las violencias de su comunidad y se pide marcar solo cinco de 26 sugeridas.
De dichas sugerencias estuvieron: la falta de educación familiar y valores, falta de salario digno, falta de trabajo y empleo, falta de apoyo a las actividades productivas, falta de programas, presupuesto o interés de las autoridades; discriminación contra los grupos por ser pueblos originarios, apariencia o condición social u otras; programas en medios de comunicación con contenido violento; violaciones a los derechos humanos, ejercicio de la violencia por parte de la autoridad, presencia de caciques, corrupción, impunidad, conflictos delincuenciales, conflictos por tierras, territorios, insuficiente presencia de fuerzas armadas y otros.
En el tercer bloque dedicado a las víctimas se plantearon tres preguntas. La primera si se había sido víctima de violencia directamente o en su familia. La segunda cuestionó quiénes son las principales víctimas de las violencias y cuáles son los grupos que el participante identificó como los que requieren más apoyo si se quiere construir la paz y cómo hacerlo.
En el bloque cuatro de la guía, identificado como “pacificación y construcción de paz” estuvo conformado por cuatro preguntas que pidieron definir los conceptos de paz, las acciones para su construcción, las propuestas para evitar que se repitan las situaciones de violencia y el papel del gobierno, empresarios, iglesias, para construir la paz.
El quinto bloque de la guía, acerca de las acciones de gobierno, estuvo conformada por siete preguntas, las cuales cuestionan acerca del papel del gobierno, lo que se requiere para fortalecer la pacificación, sugerencia de actores en dicho proceso, y se pregunta la opinión de la despenalización de la marihuana y otras drogas.
En una de las preguntas de ese bloque hay “acciones prioritarias” sugeridas de un listado de 15 que el participante considere más importantes, en ellas están “encarcelar con procesos justos a quienes cometen delitos; legalización del consumo de algunas drogas; legalización de la producción de algunas drogas; liberar a jóvenes, mujeres, campesinos con delitos menores; alternativas para reinsertar a quienes infrinjan la ley; sacando a la luz pública la verdad de los hechos; promoción de mensajes en medios de comunicación; negociar o dialogar con todos los antores, incluidos aquellos que hayan cometido algún delito; reuniones de diálogo entre los ciudadanos y reencuentro entre grupos; acciones sociales de apoyo a las víctimas; atención integral; reconocer los derechos humanos por las autoridades y sociedades en general”.
En el sexto y último bloque titulado “reconciliación” se pregunta para qué, así como las propuestas para que la haya en el municipio, comunidad o región del participante.
Al final de la guía o cuestionario se anotó: “las preguntas anteriores han sido formuladas por un grupo de expertos y no reflejan los puntos de vista de las/los responsables del proceso de Foros Escucha”.
Asisten familiares de víctimas emblemáticas de la violencia en Guerrero
Entre los asistentes se vio a la líder de la OCSS, Norma Mesino, cuya hermana Rocío de los mismos apellidos fue asesinada hace casi cinco años; Ernestina Aguilera, hermana del periodista Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido hace 14 años; la viuda del presidente de la Comisión de Gobierno, del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares Detenidos desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974.
El luchador social preso político de fines de los 1970, Eloy Cisneros Guillén; el integrante de la Comisión de la Verdad que se formó en el segundo gobierno de Ángel Aguirre, Nicomedes Fuentes; el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández; Obtilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM; Rodolfo Chávez del Cecop, representantes de la CRAC, de Raíz Zubia y del Colectivo Guerrero es Primero,.
También estuvieron el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guerrero, el sacerdote Octavio Gutiérrez Pantoja, las feministas Rosa María Gómez Saavedra y María Luisa Garfias; universitarios que han sido víctimas de la delincuencia como una maestra que fue secuestrada en el 2012 en una colonia de las más violentas de la ciudad.
También llegaron al foro la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, los diputados locales electos de Morena, encabezados por el futuro delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Zeferino Gómez Valdovinos, Mariana Guillén, regidores electos de Acapulco, el enlace nacional de Morena, César Núñez Ramos y el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, además de varios ex perredistas y ahora morenistas.
El secretario de Finanzas en el gobierno de Rogelio Ortega, Eliseo Moyao Morales, Norberto Refugio Chamú, el ahora integrante del grupo Pro AMLO, Apolinar Segueda Dorantes y Misael Medrano Baza.
Además del ex alcalde de San Luis Acatlán, , Genaro Vázquez Solís, hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas, y el ex diputado federal Marcos Matías Alonso.
Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) harán en Acapulco un homenaje al fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez a un año de su muerte.
En conferencia de prensa en las escalinatas del Ayuntamiento los integrantes del MPG, Víctor Flores Flores, Mario Santiago Moreno y Virgilia Galeana García informaron que el 4 de enero realizarán un homenaje a Guzmán Martínez a un año de haber fallecido.
Indicaron que el acto se hará en la explanada del Ayuntamiento de Acapulco porque también el lugar es emblemático ya que durante el periodo como alcalde de Zeferino Torreblanca Galindo, éste mandó a detener a 35 manifestantes entre ellos Benigno.
Galeana García abundó que no quieren arriesgar a las organizaciones sociales para que acudan a Coyuca de Benítez al aniversario por la situación de violencia que se vive en ese municipio.
Indicó que en ese municipio en las últimas 72 horas han ocurrido al menos 15 desapariciones de personas, datos que tiene porque las familias se han acercado con ellos.
La dirigente dijo que desconoce si las desapariciones son un acto del gobierno o de la delincuencia que opera en ese municipio de la Costa Grande del estado.
Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.
El diagnóstico
En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.
Desplazamiento forzado interno
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.
En un pronunciamiento de 10 puntos, el organismo no gubernamental International Crisis Group demandó al gobierno mexicano establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, como el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad en 2014 para indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años setentas.
International Crisis Group es una organización no gubernamental, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales; se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, y tiene sus sedes principales en Bruselas, Washington, Nueva York y Londres.
En su documento más reciente, que denominó “Desaparecidos: la justicia denegada en Guerrero, México”, destacó que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Denuncia que las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Resalta, asimismo, la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, “quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales”.
Sugiere que en este contexto de violencia que se vive en México, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.
Critica que a pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa “ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
En descrédito, la versión oficial
Dice que casi dos terceras partes de los ciudadanos del país no creen en la versión del gobierno sobre el caso Ayotzinapa, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales.
Agrega que “las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional”.
Recuerda que el 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso, y que este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante.
Pero dice que “la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión”.
Y al respecto propone que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos.
Incluso, propone que esa fiscalía debería hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, “y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación”.
Subraya que estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos.
“Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos”, dice.
Menciona que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado, y cita el descubrimiento de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que dejaron al descubierto “un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver”.
También menciona el secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, que demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, “las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”.
Dice además que en México hay más de 26 mil casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial.
Comisión internacional
En este contexto, International Crisis Group exhorta al gobierno de México a establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y a invitar a una comisión de investigación internacional a continuar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero con facultades ampliadas y un mandato renovable de dos años.
“Esta comisión debería funcionar bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU, en colaboración con los representantes de las víctimas”, propone.
Asimismo, pide exigir la plena colaboración de las autoridades a todos los niveles, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, con el fiscal especial y la comisión; reformar la legislación sobre la desaparición forzada; aprovechar los conocimientos de los defensores de los derechos humanos y expertos internacionales y promover un debate nacional sobre la creación de un mecanismo creíble para investigar y enjuiciar las desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el país, y añade que “los grupos de víctimas deberían participar en toda iniciativa para asegurar que se respetan sus derechos de información e indemnización adecuada o apoyo”.
Concretamente, al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014, en el sentido de indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años 70; garantizar que la policía estatal y los fiscales que investigan las desapariciones siguen los protocolos establecidos para encontrar a las personas desaparecidas y colaborar estrechamente con los familiares.
Además de crear equipos especializados capacitados para responder inmediatamente a las denuncias de secuestro.
También recomienda acelerar los esfuerzos por registrar todos los casos de personas desaparecidas en el estado, sumando el apoyo de los defensores de los derechos humanos para alentar a los familiares a que denuncien estos casos; y establecer mecanismos fuertes de control internos y externos para combatir la corrupción dentro de los gobiernos municipales y la policía local.
Mientras que a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, la exhorta a proporcionar financiamiento y ayuda técnica a la fiscalía especial y la comisión de investigación internacional, incorporando dicho apoyo a los programas en curso para fortalecer el sistema judicial mexicano y luchar contra el narcotráfico.
