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No pidieron la credencial del INE a beneficiarios de Prospera, responde el delegado

El delegado del Programa de Inclusión Social (Prospera) en Guerrero, José Antonio Abad Mena informó que está en litigio la situación laboral de los siete trabajadores que fueron despedidos, por lo que, si llegan a tener un resultado favorable se reincorporarán a sus labores.
El delegado fue consultado en las oficinas de Prospera este viernes, luego de que se informó que varias beneficiarias se quejaron de que las citaron para renovar el formato de registro de información de los titulares y de su familia (F1), que deben presentar para incorporarse al Programa, a quienes les pedían la credencial de elector y el acta de nacimiento, pese a que el blindaje electoral impide pedir la identificación.
Ahí, un encargado, que se identificó como Ángel, trató de impedir que esta reportera consultara a las beneficiarias que acudieron a hacer la renovación, y amenazó con llamar “al delegado, si no se sale del lugar”.
Cuando acudió el delegado, se le preguntó de la denuncia, e informó que, “para el 1 de diciembre, gane quien gane y pierda quien pierda, nosotros tenemos que entregar la delegación, lo que queremos hacer es que, como estamos en proceso de blindaje y tenemos poco trabajo, queremos actualizar todos los datos”.
Indicó que a partir del 2 de julio iniciarán sus actividades normales y no van a tener tiempo, por lo que sólo actualizan nombres, apellidos, folios y números telefónicos.
Abad Mena preguntó a las beneficiarias que esperaban a ser atendidas si les habían solicitado la identificación y el acta de nacimiento, y respondieron que no, y que sólo la llevaban por si se les llagaran a pedir.
“Yo di la indicación de que a cualquier candidato o persona externa que venga a las instalaciones no la dejen pasar, porque si llega un aspirante suspendo el proceso, no permitiré que se envicie el trámite”, dijo el delegado.
En cuanto al despido de los trabajadores, informó que él no estaba como delegado, pero sabe que hicieron una denuncia por despido injustificado, y el proceso de litigio es lento y está en marcha.
Manifestó que si los trabajadores llegan a tener un resultado favorable se reincorporarán a sus actividades y recibirán lo que les corresponde.
En enero de 2017, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, cerraron las oficinas de Prospera en Chilpancingo para inconformarse por el despido injustificado de 24 trabajadores, y exigieron la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien acusaron de acoso sexual.
Sólo siete trabajadores continúan el litigio, el resto, por temor a represalias no denunció. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

 

Denuncian trabajadores despedidos del Poder Judicial “triquiñuelas” durante su audiencia

Integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), separados de su cargo en el 2017, denunciaron que durante la audiencia de este martes, la parte patronal empleó “triquiñuelas” al no notificar de la audiencia al demandante para posponer la siguiente audiencia, y además demostrar que fueron notificados de la separación de su cargo, cuando esta notificación no ocurrió
El 28 de abril de 2017, cinco integrantes del comité central del Sindicato Independiente que encabezó el paro de labores durante tres meses en 2014, fueron cesados de sus puestos sin notificación y ninguna respuesta; el cese de los cinco trabajadores se dio durante la administración de Robespierre Robles Hurtado.
El pasado 2 de mayo en Ciudad Judicial, la comisión sustanciadora actuó indebidamente en el proceso al no notificar de la audiencia al demandante, en este caso el presidente del Poder Judicial, el magistrado Alberto López Celis, que tiene su oficina en el edificio 1 del complejo de justica, a 600 metros de la oficina de la comisión sustanciadora.
La secretaria general adjunta del SISPPJE, Perla Maldonado Rodríguez denunció que en esta segunda audiencia del mes, “como era de esperarse”, la parte patronal, es decir, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dio constancia a la demanda laboral, pero solicitó la suspensión de la audiencia.
“Determinó la regularización del procedimiento para acumular a este procedimiento laboral burocrático, los procedimientos para procesales que inició para notificarnos la rescisión laboral que nunca hicieron, cuya falta fue motivo del amparo, y a la vez del juicio laboral burocrático citado”, agregó.
Insistió en que el Poder Judicial del Estado de Guerrero pretende subsanar las deficiencias que son motivos de transgresión a las garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso.
“Olvidando el señor presidente del Tribunal, Alberto López Celis, que tanto él como el director de Finanzas del Poder Judicial, Rafael Antonio Cancino Calvo, han rendido informes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al juez Primero de distrito en el Estado de Guerrero, en los que afirmaron habernos notificado la rescisión citada”, agregó.
Dijo que el actuar de la parte patronal demuestra lo incongruente que es, lo que se podría constituir como delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial en la que se lleva el proceso.
En la anterior audiencia se denunció que la comisión sustanciadora está actuando del lado de la parte patronal, prolongando el juicio que iniciaron el año pasado tras el cese de los cinco trabajadores que encabezaron la huelga de 2014 más de tres mes.

 

Protestan policías estatales despedidos en 2017 en los juzgados; piden sentencia a su favor

Policías estatales despedidos en mayo de 2017 informaron que, el 9 o 10 de mayo próximo un juzgado federal emitirá la sentencia sobre su demanda contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado, y para ordenar el pago de 23 quincenas que les adeudan.
A las 10:30 de la mañana, unos 30 uniformados llegaron a las oficinas de los juzgados federales, ubicadas cerca del museo interactivo La Avispa, y más tarde se movilizaron al Congreso local y a la Codehum, donde se manifestaron para informar sobre sus demandas.
Afuera de los juzgados, exhibieron una manta en la que se leía, “Apreciables autoridades federales y estatales se les sigue pidiendo mantener la postura adoptada en contra del abuso de autoridad en agravio de la ciudadanía más vulnerable, como lo manifestó nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestro señor presidente”.
Sigue, “Señor gobernador, queremos la oportunidad de estudiar carreras técnicas pagadas por la SSP, criminología, criminalística, inglés, el nuevo sistema penal acusatorio, derecho internacional, más carreras que nos permitan ser mejores en nuestro trabajo, para hacer una policía a la altura para servir a la sociedad”.
En conferencia de prensa en el lugar, el policía estatal despedido, Jesús Muñoz Franco comentó que se reunieron con los agentes del Ministerio Público que llevan el caso, quienes les informaron que el proceso lleva un 90 por ciento de avance, y agregó que entre el 9 y 10 de mayo, el juez federal emitirá la resolución contra el secretario Almazán Cervantes.
Explicó que después de que se resuelva a favor de los agraviados, vendrán los beneficios a los policías, sí serán reincorporados, el pago de salarios y viáticos que desde el 31 de mayo no reciben, luego de ser despedidos de manera irregular.
Muñoz Franco comentó que 54 ex policías estatales aceptaron su liquidación, mientras que 120, “continuamos en la lucha para defender nuestros derechos y por lo que nos corresponde… Nosotros somos policías activos, nos separaron del servicio, tenemos que pelear hasta el último porque es nuestro derecho, nos dejaron vulnerables a nuestras familias, por eso estamos aquí, para darle seguimiento en nuestros caso”, declaró.
Después, los policías despedidos acudieron al Congreso local y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para solicitar apoyo a las autoridades para resolver el problema laboral en la SSP estatal.
El 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango), pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después terminaron el paro, y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín que había dado de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

La CNDH les tiene que informar de su caso, responde la Codehum a los policías despedidos

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno aclaró que el problema de los policías estatales despedidos fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que se les informó que la comunicación para darles información sobre el avance del proceso debe ser directa con el organismo nacional.
El martes policías estatales despedidos en mayo protestaron afuera de la Codehum, se quejaron de que no les informaban del proceso que lleva la CNDH sobre su situación laboral y reinstalación.
En consulta telefónica Ramón Navarrete expuso que el caso fue remitido a la CNDH, que incluso tiene los acuses que respaldan esta información.
Dijo que el martes que acudieron los policías fueron recibidos por la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro, quien les dijo que su caso está en la CNDH.
“Ellos quisieron que desde aquí se llamara a la Comisión Nacional para saber en qué términos va. Ella lo hizo pero esa información ya es directa, así se lo dijeron en la Comisión Nacional, esa información es directa entre las víctimas, quejosos y la Comisión Nacional, ahí ya no podemos servir nosotros de puente de información, también se les hizo saber”, insistió.
Indicó que esta situación ya se la habían proporcionado a los policías, pero que entiende que están desesperados y ven en la Codehum un punto para manifestarse y es válido, pero jurídicamente el tema está en manos de la CNDH.
Agregó que en caso de que la autoridad niegue el cumplimiento de una recomendación, no es satisfactoria su respuesta o su cumplimiento el quejoso tiene derecho de interponer un recurso para que la CNDH la analice. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Toman maestros de la CETEG casetas en la capital y Acapulco; es parte de la jornada de lucha, informan

Este martes, como parte de la jornada de lucha de 72 horas que acordó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para rechazar la reforma educativa y exigir la reinstalación de las mesas de diálogo entre el gobierno federal y el magisterio disidente, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron las casetas de Palo Blanco y La Venta, así como se manifestaron en Zihuatanejo.
En Chilpancingo, los maestros se concentraron en el edificio de la CETEG y a las 11:30 de la mañana se trasladaron a la caseta de Palo Blanco, mediante una “operación hormiga” para apoderarse de las cabinas de cobro y así permitir paso libre a los automovilistas, a los que también pidieron una cooperación voluntaria, aunque se observó que fueron 50 pesos los que solicitaron a los conductores.
Cuando los maestros tomaron la caseta, en el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, policías federales atravesaron una patrulla en la pista y comenzaron a desviar a los automovilistas hacia la vía libre, para evitar que se encontraran con la manifestación de la CETEG.
A la caseta llegó una comisión de siete policías federales, para dialogar con los manifestantes a quienes les pidieron que se retiraran del lugar, pero éstos se negaron, por lo que los agentes se limitaron a observar las acciones de los maestros a una distancia considerable de las cabinas de cobro.
El secretario general Arcángel Ramírez Perulero dijo que la toma de la caseta era pacífica, como parte de las acciones de la jornada de lucha en la que también exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y seguridad en el estado. Denunció que los policías eran los que impedían que los automovilistas pasaran por la caseta, ya que “nosotros sólo estamos pidiendo una cooperación voluntaria, pero el paso es libre”.
Luego, junto con una comisión, Ramírez Perulero se retiró de la caseta con dirección a Chilpancingo, los organizadores de la manifestación informaron que el secretario general de la CETEG había acudido a dialogar con los policías federales para que permitieran que los automovilistas pasaran por la caseta de Palo Blanco.
Tras el presunto diálogo entre la comisión de la CETEG y los policías federales, el tránsito en la caseta de Palo Blanco fue más regular. Los maestros concluyeron la acción a las 2:30 de la tarde e informaron que se instalaría una asamblea permanente para definir las acciones que se llevarán a cabo hoy para concluir con la jornada de lucha de 72 horas.
En Acapulco, a las 11 de la mañana, unos 50 integrantes de la CETEG con el rostro cubierto tomaron la caseta de La Venta y dejaron pasar a los automovilistas en los dos sentidos. Se observó que policías federales dialogaron con los maestros para persuadirlos de que desistieran de la toma de la caseta, pero no tuvieron éxito.
Los cetegistas se retiraron a 1 de la tarde, antes tomaron tres autobuses de la línea Futura y los pasajeros fueron trasladados a otros camiones de la empresa Estrella de Oro.
En declaraciones, el dirigente de la Comisión Política de la CETEG en Acapulco, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, dijo que de manera simultánea se tomó el libramiento de Tecpan, y exigió la reinstalación de los más de 500 maestros despedidos en todo el país, “es una de las demandas generales”.
En Zihuatanejo, integrantes de la CETEG repartieron volantes en la avenida principal del puerto, en los que dieron a conocer que la jornada de lucha se llevó a cabo para protestar en contra de la reforma educativa y exigir la reinstalación de maestros de otros estados del país que se opusieron a la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Además, en conferencia de prensa los voceros Julio César Moyao Gaspar, Lorena Gamboa de la Cruz y Sergio Guinto Silva, informaron que habrá otras manifestaciones este mes, para continuar con el movimiento magisterial en el estado.
Moyao Gaspar dijo que la jornada de lucha concluirá hoy y que las clases en las escuelas de educación básica se retomarán de manera normal mañana. Añadió que la jornada se acordó en un congreso nacional de la CNTE que se llevó a cabo hace un mes, para exigir la reinstalación de maestros que fueron despedidos en algunos estados del país por participar en la lucha y oponerse al examen, aunque en Guerrero no hay docentes despedidos ni dados de baja por esos motivos.
“Exigimos la reinstalación de esa mesa de trabajo educativa, laboral y social, creemos que es muy importante para el avance de nuestras peticiones y que se vuelva a replantear la reforma educativa”, expresó.
Por su parte, Guinto Silva y Gamboa de la Cruz coincidieron en manifestar que de no haber respuesta a las peticiones, esperarán las indicaciones de la CNTE para emprender nuevamente la lucha en contra de la reforma educativa y aseguraron que no van a descuidar las clases frente a grupo, ni a dejar pasar el ciclo escolar, “esas son estrategias que usa el gobierno para desacreditarnos, sin embargo, los padres de familia ya se dieron cuenta de que es el gobierno quien quiere acabar con la educación pública y gratuita, por lo que tenemos el apoyo de los padres de familia”.

Al Fone a 700 trabajadores

En declaraciones, durante la toma de la caseta de Palo Blanco, Ramírez Perulero dijo que en la reunión que la comisión negociadora del magisterio disidente estatal tuvo el lunes con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, las autoridades adelantaron que se incorporarán al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) a 700 de los más de 7 mil trabajadores de la educación, en una primera etapa y en una segunda etapa se aumentará la cifra, aunque no precisó las fechas. Dijo que se espera que haya resultados concretos después del 15 de mayo, luego de una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Se le preguntó cuántas escuelas pararon labores debido a la participación de los maestros en la jornada de lucha de 72 horas, pero contestó que no contaba con el número preciso.
Respecto a la situación de inseguridad en el estado, Ramírez Perulero consideró que los constantes asesinatos y desapariciones son “como un reto para los gobiernos estatal y el federal”, aunque “no vemos que (las autoridades) se pongan las pilas” para resolver la situación.
Dijo que integrantes de la CETEG participan en el paro laboral en la región Tierra Caliente, para exigir el desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco, quien ha sido vinculado con el grupo delictivo Los Tequileros, y que ante la situación pedirá a las autoridades que den respuesta a sus demandas para que puedan regresar a sus centros de trabajo.

Visitan normalistas de Ayotzinapa a los despedidos de Prospera; van nueve días de plantón

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa acudieron al plantón que mantienen nueve trabajadores despedidos en el edificio del programa federal Prospera, para manifestarles su apoyo total.
Ayer se cumplieron nueve días desde que los trabajadores despedidos cerraron las instalaciones.
A la 1 de la tarde los alumnos visitaron a los trabajadores despedidos, ofrecieron su apoyo incondicional, su solidaridad y les externaron que no están solos.
“Que (las autoridades) presenten con vida a nuestros compañeros desaparecidos (los 43 estudiantes de la Normal desparecidos en Iguala en 2014), es por eso que hoy estamos aquí, no para apoyar al gobierno si no para apoyar a compañeros que de verdad lo necesitan, los compañeros despedidos, por las mujeres que han sido acosadas”, dijo un normalista.
Llegó al plantón para observar la manifestación la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lilia Taquillo López. Estuvo un grupo de trabajadores de Prospera pero al saber de la presencia de la visitadora se fueron.
Los trabajadores exigen la reinstalación en sus puestos o en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado.

No reconoce el alcalde de Zihuatanejo a los 50 trabajadores de Obras despedidos

El alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello no reconoció como empleados a los 50 trabajadores de la lista de raya de la Dirección de Obras Públicas que fueron despedidos y que denunciaron que no les pagaron las últimas cuatro semanas.
Dijo “no tenemos a ningún trabajador de Obras Públicas despedido, esas personas no están en nómina, tampoco tenemos trabajadores eventuales porque el Ayuntamiento no está haciendo obras”.
Agregó que mandaron a hacer una inspección en el municipio para verificar si hay obras, pero no hay, “el gobierno municipal anterior contrató todas las obras a empresas particulares, quien haya trabajado en una empresa particular debe acudir a su patrón”, porque dijo que no van a permitir el saqueo del Ayuntamiento.
García Bello fue abordado por reporteros al término de la inauguración del foro de prevención del acoso escolar en escuelas secundarias, y en relación con los 50 trabajadores despedidos dijo que “la lista de raya es de 200 mil pesos, que equivaldría a 700 mil pesos mensuales, y no vamos a permitir un saqueo, quien lo haga incurre en un delito”.
También se le preguntó de los casi 400 ex trabajadores que fueron despedidos sin pagarles una liquidación, García Bello dijo “ese es otro tema, hay que indemnizar y hay que dejar a salvo los derechos laborales”.
Dijo que desconocía si entre los despedidos están los aviadores, “no sé, pero una vez que se revisó la nómina hubo personas que no aparecían en ninguna dirección y los dimos de baja”.