Exigen desplazados de Los Bayados, Ajuchitlán un verdadero plan de pacificación para la Sierra

Este martes una camioneta Hummer con soldados del Ejército recorre las calles abandonadas de Los Bayados, de donde la gente huyó debido a amenazas del crimen organizado Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Desplazados de la comunidad serrana Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, pidieron a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que pongan en sus agendas la violencia de la Sierra de Guerrero, y exigieron al gobierno federal y estatal combatir las causas de la misma en la región, además de un verdadero plan emergente de pacificación.
También demandaron que les garanticen por el tiempo que sea necesario la alimentación de las familias afectadas, educación para sus hijos, empleo temporal para que tengan un ingreso, una base del Ejército en su localidad para evitar rapiña en sus viviendas y ganado y que se planifique el retorno a su comunidad.
Ayer mediante un comunicado, los pobladores de Los Bayados que salieron desplazados el domingo 19 de febrero de su localidad por el riesgo que corrían de la violencia en comunidades vecinas, señalaron que Guerrero, “vive en un ambiente de convulsión que cada vez se convierte en algo cotidiano. Vemos con tristeza que los tres niveles de gobierno no han dimensionado la gravedad de los casos”.
Recalcaron que los 246 habitantes de Los Bayados eran unidos y de trabajo, dedicados al cultivo de aguacate y maguey, “no nos hemos involucrado en ninguno de los conflictos que se han dado por años en nuestra región. No es justo que de un día para otro, el pueblo entero haya tenido que emigrar de la tierra que lo vio nacer”.
Expusieron que tras desplazarse forzadamente dejaron atrás sus viviendas, tierras que siempre trabajaron, su ganado y la vida comunitaria que “hoy quedó destrozada”.
Mencionaron que “nadie que tenga sensibilidad puede ni debe ignorar estos hechos que desgraciadamente están ocurriendo de manera continua”, y que de un día para otro quedaron las familias en el total desamparo, “no tenemos donde vivir, algunos nos refugiamos con familiares o conocidos, algunos en Tecpan y otros en diferentes puntos de la Costa. ¡No tenemos nada!”.
Ante su nueva realidad impuesta pidieron a los medios de comunicación estar al tanto de los hechos y que visibilicen la violencia que parece “llegó para quedarse”, argumentaron que se requiere sensibilizar a la sociedad para que lo que les ocurrió, “no se convierta en el vivir de todos los días”.
Solicitaron a “las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se coordinen ante la gravedad del caso y hagan oír su voz ante todas las instancias, incluidas las internacionales. No sólo para el caso de nuestra comunidad”.
Exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que no merecen vivir el desplazamiento forzado que padecen, por lo tanto exigen que mitiguen con acciones inmediatas el efecto que la violencia ha creado, y que trabajen de manera precisa en combatir las causas, además que con las comunidades construyan un verdadero plan emergente para la pacificación y la integración de la Sierra al desarrollo.
Pidieron a los organismos internacionales, “como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que pongan en sus agendas la violencia que se vive en la Sierra de Guerrero, porque “no puede haber territorios de violencia donde la población indefensa sea la más afectada”.
Señalaron que “la violencia no se resuelve con más violencia”, y expresaron que no están “ni a favor ni en contra de ninguno de los grupos (delictivos) en disputa, solo queremos que se nos respete como pueblos que queremos vivir dignamente”.
Agradecieron las despensas y los kits de higiene que les entregó el martes el gobierno del estado para solventar necesidades inmediatas, y su disposición de construir una ruta de solución.
Precisaron que exigen a los gobiernos del estado y federal garanticen “por el tiempo necesario la alimentación de las familias desplazadas, atender los problemas de salud y dotarlas de enseres elementales para su sobrevivencia”, construir una solución para que sus hijos continúen estudiando, porque son los más agraviados.
Agregaron que las autoridades deben establecer un esquema de empleo temporal para que las familias desplazadas, y que cuenten con un ingreso económico elemental para sostenerse, que el Ejército instale un cuartel permanente en Los Bayados para evitar rapiña o afectación de sus viviendas, ganado y parcelas de labor, así como crear condiciones para un posible retorno.
Además exigieron que se planifique el retorno a la comunidad para recoger ropa y utensilios para su sobrevivencia, y añadieron que algunos pobladores de los desplazados están pensando emigrar a otros lugares del país y el extranjero, por el miedo y la impotencia al quedar en el desamparo.
“Se necesita que los gobiernos atiendan este problema y que protejan la vida y fortalezcan a nuestras comunidades con los diversos programas de apoyo”, se lee en el documento.
Los pobladores informaron ayer vía telefónica que el martes en El Súchil, municipio de Tecpan, además de los pobladores de Los Bayados también estuvieron pobladores desplazados de las comunidades de La Trinidad y La Sierrita, pero de los que aún no pudieron precisar cuántos habitantes huyeron.
Contaron que el gobierno del estado les pidió sus nombres a todos los que huyeron por temor a ser atacados por un grupo armado el domingo, luego de que están en una zona donde pugna entre dos grupos delictivos, La Familia Michoacana y Los Arreola.

Hay 22 mil 890 desplazados en Guerrero sin garantías de seguridad ni retorno, afirma Tlachinollan

Carmen González Benicio

Tlapa

En Guerrero se han registrado 22 mil 890 personas desplazadas de manera forzada, sin que las autoridades garanticen su seguridad y su anhelado retorno a sus hogares de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien lanzó una campaña con la que busca recabar fondos para apoyarlos.
Bajo el lema Guma, que significa tortilla en lengua me´phaa, la organización materializará el apoyo económico en insumos de la canasta básica como el maíz, arroz, frijol y aceite que servirá para alimentar y acompañar a las familias. Piden hacer la donación a nombre de Tlachinollan Grupo de Apoyo de los Pueblos Indios de la Montaña A.C. a la cuenta bancaria: 197 – 668 de CITIBANAMEX, sucursal: 4602, de Tlapa de Comonfort.
En su página de facebook Tlachinollan difundió una infografía en la que menciona que habitantes la Montaña y Costa Chica de Guerrero han sido víctimas de violencia y desplazamientos forzados internos que tienen documentados desde el año 2013 a 2022.
En la infografía del mapa del estado de Guerrero focalizan 25 municipios con desplazamientos forzados en las siete regiones. En Tierra Caliente son seis municipios afectados: Zirándaro, Pungarabato. Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan; en la Centro, son cinco: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los Bravo, Zitlala y Chilapa de Álvarez; de la Norte, son cinco: Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Taxco de Alarcón.
De la Montaña, dos: Zapotitlán tablas y Cochoapa el Grande; en la Costa Chica, uno: Ayutla de los Libres; y de la Costa Grande, son cinco: Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Benito Juárez y Acapulco el que presenta un desplazamiento masivo.
En el artículo, Los desplazados y Olvidados de Guerrero publicado en El Sur en su edición del 18 de julio de este año, la organización menciona que el desplazamiento es de décadas y se inició con la relación entre caciques y Ejército para sacar a la gente de sus territorios; las políticas basadas en el saqueo de los bienes naturales como la explotación forestal; extractivistas como la minería; construcción de presas y en las últimas décadas relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
Agrega que esto ocurre a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, extorsión o les han asesinado a algún familiar. Y que de acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, tienen un registro de julio del 2013 a la fecha, de cinco mil personas. Además de que de 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.
Cita Tlachinollan en su texto que los gobiernos alientan la protección y apoyo a los empresarios y dejan a los campesinos solos, como el caso de familias de Chilpancingo e Iguala que no pueden sembrar por falta de agua que sí tienen las mineras y a eso se suma la delincuencia.
Menciona que el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, desde el 2011, acompaña a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, refugiándose en la cabecera municipal de Ayutla los Libres.
Asegura que en el caso de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, indica que han sido víctimas de la violencia delincuencial donde las familias en enero del 2016 se vieron obligadas a salirse ante el asesinato de seis personas.
Respecto a la comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, menciona Tlachinollan que desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado con un registro de 50 familias desplazadas.
En Chilapa, resalta que las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, huyeron ante la amenaza difundida en facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, eso fue el pasado 9 de junio.
Menciona que los habitantes tienen la amarga experiencia de que por ser indígenas no tienen derechos y deben enfrentar esta avalancha delincuencial sin garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo.
En todos los casos las autoridades municipales y estatales han evadido su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades y prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida, resalta la organización.
Agrega que este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.