Huyen de la violencia los 246 habitantes de Los Bayados, Ajuchitlán, y exigen ayuda

Agentes de la Policía Estatal y soldados del Ejército entraron la tarde del domingo a la comunidad Los Bayados, Coyuca de Catalán, donde corroboraron que sus habitantes –que se asumen de Ajuchitlán– la abandonaron por temor a amenazas de grupos del crimen organizado Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Pobladores de la comunidad Los Bayados, Ajuchitlán del Progreso, denunciaron ayer que el domingo fueron desplazados de su comunidad por la violencia los 246 habitantes, entre ellos 70 niñas y niños, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda apoyo porque quedaron en el desamparo y pidieron acompañamiento para regresar a su localidad a sacar sus cosas.
Este lunes mediante un comunicado los pobladores de Los Bayados informaron que esta comunidad es parte del ejido San Antonio de las Tejas, del municipio de Coyuca de Catalán (aunque ellos se asumen como de Ajuchitlán), “por todos los tiempos y administraciones gubernamentales nuestra comunidad permaneció olvidada, no tenemos médicos y hay un solo maestro que da clases en primaria y secundaria”.
“Sin embargo vivíamos en paz, vivíamos del campo con el apoyo del programa Sembrando Vida iniciamos la siembra de huertos de aguacate, durazno y maguey, ya que somos herederos del conocimiento artesanal de la elaboración del mezcal. Somos una comunidad de trabajo que nunca se ha inmiscuido en los conflictos que por años han prevalecido en la región”, se lee en el documento.
Contaron que a partir de los ataques ocurridos el 10 de diciembre de 2022 en la comunidad vecina El Durazno, “se dio inicio a una serie de rumores y comentarios sobre que nuestra comunidad sería la próxima afectada, ya que, la ubicación geográfica nos pone en medio del conflicto”.
“Los rumores eran tantos que parecía una clase de terrorismo psicológico, tratamos de aguantar los más posible pero el 18 de febrero escuchamos detonaciones de un enfrentamiento en el punto conocido como Las Golondrinas (esta zona es una de las entradas principales hacia nuestra comunidad), nos dio mucho miedo, ya no pudimos más y elegimos abandonar la comunidad ante los rumores de que nos daban hasta las 12 del día del domingo para abandonar el poblado”.
Mencionaron que salieron con lo que pudieron agarrar de sus pertenencias, “pensando sólo en ponernos a salvo”.
Detallaron que son un total de 246 habitantes desplazados de los cuales 70 son menores de edad, seis son adultos mayores y dos de ellos tienen una discapacidad, expusieron que no tienen donde vivir, que algunos se refugiaron con familiares o conocidos, algunos en Tecpan y otros en diferentes puntos de la Costa Grande.
Dijeron que ante el desamparo en el que quedaron y no tener “nada”, exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “que nos brinde apoyo, que ya no nos deje olvidados, somos gente que sólo quiere vivir en paz y ahora no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Perdimos todo, nuestra tierra, nuestras casas y medios de vida, ya no tenemos nada ni siquiera pudimos despedirnos de nuestros muertos, hasta ese derecho perdimos”.
Los pobladores de Los Bayados exigieron apoyo del gobierno para regresar a su comunidad y por lo menos para sacar sus cosas, también solicitaron para todas las familias afectadas, despensas y becas para a los menores para que no dejen de estudiar, y “al menos eso nos da la esperanza de que tendrán un futuro mejor”.
“Tenemos conocimiento de que otras comunidades también fueron desplazadas, pero no sabemos a dónde fueron ni cuántos son”, concluye el comunicado que es dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la gobernadora morenista.
De acuerdo con otros pobladores consultados vía telefónica de esta zona alta de la sierra de Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, que pidieron no revelar su nombre, los enfrentamientos armados que se han registrado en los últimos días obedecen a una pugna entre grupos delictivos, por un lado integrantes de la Familia Michoacana, contra integrantes de otros grupos regionales de Los Arreola y Los Maldonado que se han asentado en el corredor de Santa Rosa de Lima a El Durazno.
La fuente dijo que la autoridad estatal ha sido omisa o no ha querido actuar como en otras zonas del estado, donde se han desarmado a otros grupos o autodefensas, como en Apaxtla, Teloloapan o recientemente en Buenavista de la Salud y Tierra Colorada.
Sostuvo que también militares que están en el crucero de San Antonio de las Tejas “se hacen de la vista gorda” de los hombres armados que tienen asolados a los pobladores, que no participan con ninguna agrupación y que son las víctimas de las pugnas por controlar los territorios de sus adversarios.
Fuentes del gobierno del estado confirmaron ayer que a la localidad de Los Bayados arribaron la tarde del domingo soldados del Ejército y la Policía Estatal, quienes confirmaron que en la comunidad no había ningún poblador.

Hay 22 mil 890 desplazados en Guerrero sin garantías de seguridad ni retorno, afirma Tlachinollan

Carmen González Benicio

Tlapa

En Guerrero se han registrado 22 mil 890 personas desplazadas de manera forzada, sin que las autoridades garanticen su seguridad y su anhelado retorno a sus hogares de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien lanzó una campaña con la que busca recabar fondos para apoyarlos.
Bajo el lema Guma, que significa tortilla en lengua me´phaa, la organización materializará el apoyo económico en insumos de la canasta básica como el maíz, arroz, frijol y aceite que servirá para alimentar y acompañar a las familias. Piden hacer la donación a nombre de Tlachinollan Grupo de Apoyo de los Pueblos Indios de la Montaña A.C. a la cuenta bancaria: 197 – 668 de CITIBANAMEX, sucursal: 4602, de Tlapa de Comonfort.
En su página de facebook Tlachinollan difundió una infografía en la que menciona que habitantes la Montaña y Costa Chica de Guerrero han sido víctimas de violencia y desplazamientos forzados internos que tienen documentados desde el año 2013 a 2022.
En la infografía del mapa del estado de Guerrero focalizan 25 municipios con desplazamientos forzados en las siete regiones. En Tierra Caliente son seis municipios afectados: Zirándaro, Pungarabato. Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan; en la Centro, son cinco: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los Bravo, Zitlala y Chilapa de Álvarez; de la Norte, son cinco: Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Taxco de Alarcón.
De la Montaña, dos: Zapotitlán tablas y Cochoapa el Grande; en la Costa Chica, uno: Ayutla de los Libres; y de la Costa Grande, son cinco: Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Benito Juárez y Acapulco el que presenta un desplazamiento masivo.
En el artículo, Los desplazados y Olvidados de Guerrero publicado en El Sur en su edición del 18 de julio de este año, la organización menciona que el desplazamiento es de décadas y se inició con la relación entre caciques y Ejército para sacar a la gente de sus territorios; las políticas basadas en el saqueo de los bienes naturales como la explotación forestal; extractivistas como la minería; construcción de presas y en las últimas décadas relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
Agrega que esto ocurre a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, extorsión o les han asesinado a algún familiar. Y que de acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, tienen un registro de julio del 2013 a la fecha, de cinco mil personas. Además de que de 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.
Cita Tlachinollan en su texto que los gobiernos alientan la protección y apoyo a los empresarios y dejan a los campesinos solos, como el caso de familias de Chilpancingo e Iguala que no pueden sembrar por falta de agua que sí tienen las mineras y a eso se suma la delincuencia.
Menciona que el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, desde el 2011, acompaña a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, refugiándose en la cabecera municipal de Ayutla los Libres.
Asegura que en el caso de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, indica que han sido víctimas de la violencia delincuencial donde las familias en enero del 2016 se vieron obligadas a salirse ante el asesinato de seis personas.
Respecto a la comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, menciona Tlachinollan que desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado con un registro de 50 familias desplazadas.
En Chilapa, resalta que las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, huyeron ante la amenaza difundida en facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, eso fue el pasado 9 de junio.
Menciona que los habitantes tienen la amarga experiencia de que por ser indígenas no tienen derechos y deben enfrentar esta avalancha delincuencial sin garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo.
En todos los casos las autoridades municipales y estatales han evadido su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades y prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida, resalta la organización.
Agrega que este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.