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Se debe auditar para saber dónde quedó el dinero para las oficinas centrales, pide CETEG

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El secretario general de la delegación D-III-(16)-02 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Jorge Antonio Cisneros Salinas, opinó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, deberá de realizar una auditoría para saber dónde quedó el dinero que fue destinado para la construcción de las oficinas centrales.
Las oficinas centrales de la SEG fueron demolidas en 2019, cuando era titular de la SEG Arturo Salgado Urióstegui, en la gubernatura de Héctor Astudillo Flores, y para su reconstrucción se tenía prevista una inversión de 250 millones de pesos.
Por teléfono, Cisneros Salinas dijo que en reiteradas ocasiones los trabajadores administrativos de oficinas centrales han solicitado a la SEG que se realice una auditoría, porque si hay algún desvío de dinero, que las autoridades actúen de manera legal.
Manifestó que desde hace varios años las autoridades estatales les han asegurado que construirán las oficinas, en las que se ubicarían 2 mil 800 trabajadores, pero que el gobierno estatal ha optado por rentar casas particulares que utilizan como oficinas.
El cetegista consideró que “administraciones van y vienen, y no nos han resuelto la construcción del inmueble, parece que no le dan importancia”. Además, externó que si ya se tenía un presupuesto y ahora Marcial Rodríguez Saldaña desconoce dónde está, “entonces también es cómplice”.

 

Impiden padres y profesores de una primaria de Teloloapan la restitución de la directora despedida

Profesores y padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, de la cabecera municipal de Teloloapan, impidieron el viernes la restitución de la directora, Rosalía Roldán Esquivias, quien hace dos años fue separada de ese cargo ante presuntos desvíos de recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo.
El conflicto en la institución llegó a los golpes, gritos y amenazas entre padres de familia, pese a la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con sede en la zona Norte, y del representante del gobernador, Héctor Astudillo Flores en esta región, Narvel Mojica Sotelo.
Ayer, en una llamada telefónica, una maestra que pidió preservar su nombre por amenazas a raíz de este conflicto en la institución, narró que el viernes, después de las 12 del mediodía, cuando estaban en una reunión extraordinaria de Consejo Técnico, llegó a la escuela el representante de la contraloría interna de la SEG, Jaime Rodríguez Realeño con la intención de reinstalar a la directora que fue despedida de la escuela hace dos años, Rosalía Roldán Esquivias.
Narró que Rodríguez Realeño llegó con una actitud muy agresiva y pidió al director en turno, Gabino Cuicas Huerta, que entregara las llaves y el sello de la escuela, pues estaba destituido del cargo. Al intervenir las maestras, este funcionario empujó contra la pared a dos maestras.
Contó que, hace dos años la directora fue separada del cargo después de que padres de familia y maestros tomaron la institución ante señalamientos de desvío de los recursos del programa Escuela de Tiempo Completo.
Indicó que cada trimestre llegaban a la escuela 90 mil pesos para la comida de los alumnos y la compra de mobiliario, además de las despensas, pero nunca rindió cuentas de ese dinero.
Señaló que la directora presentaba recibos de compra de alimentos que no daba a los niños, y de la compra de refrigeradores de más de 30 mil pesos que nunca llegaron a la escuela.
Después de la destitución de Rosalía Roldán, fue nombrado como director Gabino Cuicas Huerta, quien sigue en el cargo.
Informó que, ante el conflicto que se generó, al lugar llegó el representante del gobernador, Héctor Astudillo Flores, Narvel Mojica Sotelo, quien lejos de mediar en el conflicto, lo complicó más, pues mandó a traer a la Policía Estatal, y luego a policías comunitarios de la Tecampanera que ingresaron armados a la institución, en un claro acto intimidatorio a los profesores.
La profesora acusó al representante del gobernador de prepotente y soberbio, y de complicar el conflicto en la institución al tomarse atribuciones para reinstalar a una maestra que ya había sido despedida.
Dijo que el funcionario discutió con los maestros y advirtió que la directora será restituida, “así se paren de cabeza los demás”.
Dijo que ellos demandan que se respete el nombramiento que se dio al actual director Gabino Cuica, que se desista de la reinstalación de la ex directora y que se aplique una auditoría integral al programa Escuela de Tiempo Completo que nunca se aplicó en el periodo de Rosalía Roldán.
En videos compartidos por los profesores, se observa a policías estatales armados adentro de la escuela y civiles portando rifles, presuntamente miembros de la autodefensa de la Tecampanera, y otro en el que se ve cuando madres de familia se lían a golpes, empujones, amenazas e insultos cuando los funcionarios tenían la reunión con los inconformes, todo esto frente a muchos niños que había en el lugar.
El viernes se canceló la restitución de la ex directora porque no hubo las condiciones y el grupo de maestros y padres de familia advirtieron que no permitirán que regrese a la escuela.
La escuela primaria Emiliano Zapata tiene una matrícula de 240 alumnos y una plantilla laboral de 16 trabajadores.

 

Toman padres y maestros una escuela en Buenavista de Cuéllar; exigen que el director dé cuentas

Padres de familia y maestros de la primaria Abraham Castellanos, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar, tomaron la institución a partir de la mañana de este lunes, para exigir la destitución del director Édgar Ulises Martínez Gutiérrez, por el presunto desvío de recursos y la falta de entrega de un informe del dinero que se obtiene a través de la cooperativa escolar.
Vía telefónica, el presidente del comité de padres de familia, Héctor Gutiérrez Martínez, denunció que desde hace cuatro años el director de la escuela no les ha entregado un informe financiero, ni de los recursos recaudados a través de la cooperativa escolar.
En el caso también se ve implicada una maestra, de nombre Alma Delia Díaz Martínez, quien es la encargada de manejar el dinero de la cooperativa y a su vez lo entrega al director.
Asimismo, denunció un desfalco de 50 mil pesos por el supuesto robo de dos cheques, sin que el director de la escuela haya presentado a los padres de familia alguna denuncia hecha por el presunto hurto.
Advirtió que la toma de la escuela será por tiempo indefinido, hasta que las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) hagan caso a sus demandas. No descartó extender su protesta con el bloqueo de la autopista Iguala-Cuernavaca, en esa cabecera municipal, en caso de que las autoridades hagan caso omiso.
El cierre de la escuela dejó sin clases a los más de 300 alumnos del turno matutino, pero los padres de familia liberaron la escuela, para permitir las clases de los alumnos del turno vespertino, ya que en ese horario hay otro director.
El padre de familia denunció que ya entregaron oficios de su petición de una auditoría a la contraloría interna de la SEG, desde diciembre, sin embargo han hecho caso omiso.
En la reja principal de entrada a la escuela colocaron cartulinas con textos de sus exigencias: “Cuentas claras de la cooperativa” y “fuera director Ulises”. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Bloquean trabajadores del Cobach una calle en Chilpancingo; piden pólizas y estímulos

Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach) bloquearon de manera total la avenida Benito Juárez frente a la dirección general, en la capital, para exigir la entrega de pólizas de seguro de vida, el pago de 7.8 millones de pesos en estímulos para los empleados y la cancelación de plazas unilaterales.
Desde las 9 de mañana, unos 50 manifestantes llegaron a la dirección general y colocaron pancartas en la entrada, en las que se leyó: “Exigimos la entrega inmediata de pólizas de seguros”, “exigimos pago del bono de madres” y “exigimos la destitución de Juan Carlos Martínez, por incumplimiento”, en referencia al director del subsistema, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos.
La trabajadora Mónica Leyva Mejía informó que son mil cien los afectados que laboran en la dirección general y en 124 planteles del Colegio de Bachilleres, en el área administrativa, quienes también solicitaron la destitución de la jefa del área jurídica, Ana Lilia Romero, a quien acusaron de hostigar a los empleados y mantener una actitud déspota para con ellos.
Informó que los afectados son agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobach (Sitcobach) y las secciones 31 y 63 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), organizaciones que tienen presencia en el subsistema; sin embargo, ninguno de los líderes encabezó la protesta en la capital.
Leyva Mejía dijo que los trabajadores del gobierno estatal recibieron sus prestaciones en tiempo y forma, pero no ocurrió lo mismo en el Colegio de Bachilleres, a pesar de que desde enero pasado los administrativos solicitaron a Martínez Otero Gallegos que los pagos se hicieran en las fechas establecidas.
A las 12 del día, ningún representante de la dirección general acudió a dialogar con los manifestantes, por lo que decidieron cerrar de manera total la circulación en la avenida Benito Juárez. Para ello usaron sillas de las oficinas y se instalaron de manera indefinida.
Debido a la protesta en el primer cuadro del centro capitalino, los conductores de las urvan de transporte público y autos particulares fueron desviados por agentes de Tránsito Municipal hacia vías alternas, para rodear el punto bloqueado.
Cerca de las 5:30 de la tarde se le informó a los trabajadores que los 7.8 millones de pesos, que corresponden a sus estímulos, fueron depositados y luego de corroborar el dato, los manifestantes liberaron el paso vehicular. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Cierran asesores académicos una oficina de la SEG para pedir estímulo por horas extras

Asesores académicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) denunciaron que a 199 trabajadores no se les ha pagado un estímulo por laborar horas extras, es decir 35 pesos diarios por un año que llevan de trabajo, que por ese motivo cerraron las oficinas de Huamuxtitlán, Tlapa, Coyuca de Catalán y en la capital.
Los trabajadores Ada Iris Lemus, Silvia Romero, Virginia Marcela Suárez, Francisco Javier Herrera, Jorge Vargas, Daniel Palacios, Aquiles Martínez, Ericka Anel Dircio, Yanet Miranda, Verónica Martínez, Edgardo Nava y Claudia Campos cerraron las oficinas del Departamento de Formación Continua en la capital, ubicadas en la colonia Centro.
Vía telefónica, una de las trabajadoras denunció que el departamento en el que laboran impulsa cursos y talleres de la reforma educativa, por lo que aunque son trabajadores del mismo gobierno les han afectado sus derechos.
“Se nos ha detenido un pago por horas extras, nosotros trabajamos sábado y domingo, entonces nos dan un pago de 35 pesos diarios, no es mucho, pero ya acumulados sí es una cantidad un poquito fuerte. Entonces estamos los centros de maestros, que somos en todo el estado de Guerrero, más el departamento de Chilpancingo que es la dependencia”, abundó.
Anunció que se unieron a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) para exigir su pago, pues reprochó que la reforma educativa les ha afectado sus derechos.
Dijo que marcharían este martes con la CETEG en Acapulco y Chilpancingo. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Usó 110 millones en gasto corriente por necesidades del municipio: Leyva Mena

El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo en su defensa que el informe financiero 2017 del Ayuntamiento de Chilpancingo, que fue entregado a El Sur confirma que los 110 millones de pesos desviados fueron utilizados para necesidades del propio municipio, y que tiene un plan de recuperación al que se le tiene que dar continuidad.
Consultado por teléfono, el alcalde priista con licencia advirtió que si se retrasa su autorización para regresar a su cargo, podrían ser afectadas gravemente las finanzas del municipio, pues la actual administración no siguió con el plan estratégico de recuperación de recursos, que él tenía programado.
Le recordó también al PRI, que la mejor manera de recuperar la estabilidad en el municipio es que se apeguen al estado de derecho, “y si se tiene que pasar por el juicio de revocación de mandato, adelante, yo no tengo ningún problema. Que se concluyan los procedimientos para que la gente pueda creer en las instituciones”.
Dijo que aún hay tiempo para estabilizar las finanzas del municipio, porque el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de la cuenta pública 2017 inicia hasta el 28 de febrero, que es la fecha limite para que el gobierno municipal entregue la cuenta pública.
Leyva Mena dijo que le sorprendió que la información se esté filtrando de manera anticipada, pero también festejó que se dé a conocer que los 110 millones de pesos que desvió de programas federales fueron utilizados en gasto corriente y no en una cuenta personal.
“Asumo mi derecho de defensa, todo lo que están comentando, eso se tiene que hacer saber a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación, y yo voy hacer frente”.
De la cuenta pública 2016, en la que se presumen el desvíos de recursos, recordó que fue aprobada por el Cabildo antes de ser entregada al órgano fiscalizador.
“Están tratando de mandar el mensaje de que este asunto (de la licencia y el juicio de revocación de mandato) fue por un tema financiero. Eso no es cierto, la recuperación de este recurso (desviado) estaba perfectamente programado”, porque afirmó que hay manera de recuperarlos, principalmente con el predial.
En el caso de la filtración de la información de los desvíos de recursos de programas federales, que fueron utilizados en gasto corriente, dijo que más que perjudicarlo le dan la pauta para precisar cómo se utilizaron esos recursos.
Dijo que para solventar los 110 millones de pesos están los recursos del predial, lo que se ahorra por la depuración de la nómina y el limitar el gasto corriente y los gastos superfluos. Dijo que incluso el tema de la basura podría generar recursos, “eso lo sabe el cabildo”.
Leyva Mena comentó “había una estrategia muy clara de recuperación, me alegra mucho que salgan este tipo de notas, porque eso quiere decir que el alcalde Marco Leyva no está haciendo un asunto (el desvío) para su peculio personal, está perfectamente demostrado donde está ese dinero, son traspasos de una cuenta a otra cuenta del Ayuntamiento, no a cuentas personales”.
Ejemplificó los problemas financieros del Ayuntamiento con el tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), que le cuesta al municipio 6 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos de la paramunicipal es de 2 millones y medio a tres millones de pesos, que representan un déficit anual de aproximadamente 36 millones.
Insistió en que la estrategia para tomar recursos de programas, para resolver problemas inmediatos, estaba “perfectamente planeada”, pero cuando inició el juicio de revocación de mandato “abruptamente nos cambió la estrategia”.
Confirmó que busca regresar al Ayuntamiento capitalino para continuar con lo que llama su estrategia financiera y poder regresar los recursos desviados a las cuentas o programas a los que pertenecen.
Pero también responsabilizó a la actual administración, que encabeza el alcalde suplente Jesús Tejeda, por no aceptar el plan financiero que tenía, y si no se continúa, la responsabilidad financiera será contra Leyva Mena.
Advirtió que el problema financiero del ayuntamiento capitalino será peor si no se le permite regresar al cargo constitucional, que ganó en el proceso electoral 2015. “No he tomado un solo centavo de recurso público para enriquecerme”.
Cuando se le preguntó por la postura del PRI y de la bancada priista en el Congreso local, que podrían buscar obstaculizar su regreso al Ayuntamiento, dijo que “lo único que tengo, es el respaldo de mucha gente en las colonias populares y también el respaldo de la ley, porque me respalda el voto ciudadano”.

 

Cierran padres y maestras un kínder en Acapulco; piden salida de la directora

Padres de familia y maestras del jardín de niños Quetzalcóatl, de la colonia Ciudad Renacimiento, cerraron el plantel para exigir la salida de la directora Dionicia Blanco Ramírez, a quien acusan de malos manejos del Programa de Tiempo Completo y hostigamiento a las educadoras.
Además, señalan que no ven mejoras en el jardín y que les exige las facturas de las compras que hacen con cooperaciones que como padres hacen para la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los manifestantes colocaron pancartas en el portón que decían: “Que devuelva los 20 mil pesos que quedaron del fondo del año escolar pasado”, “que entregue los 35 mil pesos destinados a una barda que jamás se construyó” y “exigimos información verídica del recurso que se da del Programa de Tiempo Completo”.
Expresaron que reciben malos tratos de la directora, así como hay desvío de recursos, hostigamiento, autoritarismo y que no ven mejoras en la escuela; además de que exigen la renuncia de Dionicia Blanco, porque ya “basta de robos”.
Los padres llegaron a la escuela antes de las 9 de la mañana y en la cancha tuvieron una reunión con la directora Dionicia Blanco, quien negó las acusaciones en su contra y dijo que estaba dispuesta a aclarar el destino del dinero, pero luego de una hora de diálogo no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los padres colocaron cadenas en el portón y suspendieron clases hasta que las autoridades de la SEG acudan a resolver el problema.
El presidente del comité de padres de familia, Gildardo Zapata Morán, manifestó que el motivo del cierre del jardín de niños es porque hay varias inconformidades de los familiares y maestros contra la directora, por lo que acordaron cerrar la institución “para que vengan las autoridades correspondientes a darnos solución a los del Programa de Tiempo Completo, porque las aulas no están en condiciones debido a que no tienen aire acondicionado y hace mucho calor para los niños”.
Además, señalaron que está la situación de que la directora no ha rendido cuentas de los recursos, que lo que quieren es que ésta regrese el dinero para acondicionar las aulas, porque son un horno, “lo único que peleamos es que los recursos se usen para beneficio de los niños”. Comentó que con las cuotas de los padres se repararon los baños y se está facturando a la SEG, cuando el dinero es de ellos, pero la directora les exige la factura y no regresa el dinero.
Otro punto es que ellos pagan desayunos en 18 pesos y a sus hijos todos los días nada más les dan arroz con frijoles.
Por su parte, la directora Dionicia Blanco señaló que en su momento va aclarar todas las dudas y no hay ningún problema con los padres para explicarles acerca del Programa de Tiempo Completo. Señaló que tiene seis años siendo responsable de la escuela y ha ido trabajando para mejorarla.

Denuncian jubilados del SNTE que funcionarios de la SEG desvían el dinero de sus prestaciones


Jubilados de la delegación D-IV-14, adherida a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), denunciaron que el gobierno estatal pretende despojarlos de las prestaciones que les corresponden, con el argumento de que no hay recursos, pero en realidad éstos son desviados por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en colusión con dirigentes del sindicato.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el secretario general de la delegación D-IV-14, Ángel Silva Narciso, acompañado de unos 20 jubilados del sector educativo que se retiraron hace más de tres años, acusó a “los mal paridos gobernantes” de adueñarse de los recursos que le corresponden al gremio.
Señaló que el responsable directo del fraude a los jubilados es el gobierno estatal, ya que las prestaciones “son pocas y hoy nos las quieren arrebatar, nos las quieren quitar poco a poco”.
Precisó que las prestaciones en riesgo son por parte del Programa de Previsión Social, mediante el cual los jubilados recibían un bono de 300 pesos mensuales, que se les adeuda desde hace seis meses por la presunta falta de recursos; un bono que se entrega en noviembre, de 2 mil pesos, del que tampoco se ha informado sobre el pago, y otro más en mayo.
Denunció que el bono de indemnización por jubilación, de 30 mil pesos, se adeuda a unos 5 mil trabajadores que se retiraron en 2015 y 2016. Aseguró que es extranjera la empresa que maneja los recursos que se generan por los intereses de los préstamos y no hay un responsable directo que pueda informarles sobre los procesos. Aunque saben que sí se hacen los depósitos correspondientes.
Por otra parte, expresó que le preocupa que el bono decembrino, que entrega el gobierno federal y asciende a 9 mil pesos para los jubilados, no se pague el 19 de diciembre de este año, como se acostumbra.
Reclamó que la Comisión de Jubilados y Pensionados del SNTE y el secretario general de la sección 14, Javier San Martín Jaramillo, no han hecho nada para exigir los pagos que se le adeudan a los trabajadores que ya se retiraron del Servicio Profesional Docente.
Añadió que desde que el ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, está al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hay procesos burocráticos de un municipio a otro.
Por último, aseguró que los recursos que se les adeudan a los jubilados son cerca de 2 mil millones de pesos, pero éstos han sido desviados con fines políticos por los dirigentes de la sección 14 del SNTE, como el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, y el ex secretario general, José Hilario Ruiz Estrada, por lo que llamó al gobierno estatal a regularizar los pagos pendientes, de lo contrario “tendremos que movilizarnos”.

Cerrarán 98 planteles de educación a distancia por desvío de fondos, acusa el sindicato de Cecyteg

Trabajadores administrativos y maestros adheridos al Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), denunciaron que debido a un presunto desvío de recursos en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) 98 planteles de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) podrían cerrarse.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el secretario general del Sindicato Democrático, Eloy Marcial Lorenzo, acompañado de otros integrantes de la organización, aseguró que en el presunto ilícito están involucrados el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui; el director general del Cecyteg, Jaime Carmona Huerta, y el director administrativo del subsistema, Alfonso Santos Pacheco.
De acuerdo con Marcial Lorenzo, en 2012 el gobierno federal aprobó un presupuesto para 120 planteles de Emsad en Guerrero, pero en realidad hay 98, aunque no precisó el monto, dijo que éste rebasa los cien millones de pesos.
Los Emsad se crearon para atender la necesidad de educación media superior en las comunidades marginadas del estado, donde no hay planteles del Colegio de Bachilleres o la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Son atendidos por 800 trabajadores administrativos y maestros, su matrícula aproximada es de 5 mil estudiantes.
Marcial Lorenzo informó que las autoridades pretenden justificar el cierre de los planteles argumentando una falta de recursos, pero estos han sido desviados, principalmente por Salgado Urióstegui, quien ha conservado su cargo desde la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando la diputada priísta Silvia Romero Suárez estaba al frente de la SEG.
El integrante del sindicato Juan Carlos Cepeda Hernández dijo que el 1 de diciembre “se notará” si los planteles de Emsad serán cerrados o no, pues deberían hacerse los pagos salariales de fin de año, así como el aguilando y otras prestaciones de los trabajadores.
Llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores y a su administración a que analicen el uso de recursos en el Cecyteg, pues el presupuesto que se aprobó para el subsistema sólo abarca 6 de los 10 planteles reconocidos en el estado, por lo que es necesario que se regularice la situación, para evitar el cierre de las escuelas.
El Sindicato Democrático del Cecyteg agremia a unos 250 trabajadores del subsistema y de Emsad, quienes recientemente emplazaron a la Dirección General porque no se hizo el pago de aumento salarial retroactivo, que aprobó el gobierno federal para el subsistema en todo el país, mismo que en otros estados se entregó en junio pasado. Según integrantes del sindicato, las prestaciones de los trabajadores y su certeza laboral están en riesgo debido a los desvíos de recursos.

Toman trabajadores el Conafe; acusan de malos manejos al delegado y exigen su destitución

Trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tomaron las instalaciones y pararon labores, para exigir la destitución del delegado Víctor Hugo Soto Martínez, a quien acusaron de desviar recursos de la dependencia.
Desde las 7 de la mañana, los inconformes cerraron el acceso a las instalaciones ubicadas en la avenida José Francisco Ruiz Massieu, donde colocaron lonas en las que exigieron al director general del Conafe, Simón Villar Martínez, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, la destitución inmediata de Soto Martínez.
El trabajador Jesús Ramírez Marino, con clave de auxiliar operativo, una de las más bajas en cuanto a salarios del Conafe, dijo que Soto Martínez viola los derechos de los empleados, abusa de autoridad y desvía recursos de la dependencia.
Señaló que el Conafe se creó para atender a las comunidades marginadas del estado y “no se vale” que se desvíen los recursos, que no se atienda la educación “como debe de ser”.
Aseguró que los inconformes cuentan con facturas de alimentación por más de 5 millones de pesos, cantidad que les parece exagerada, pues no creen que éste sea el monto real, sino que es una manera de justificar la falta de recursos en la dependencia.
“El rezago educativo así está porque no hay atención, los programas no se aplican como debe de ser. Él (Soto Martínez) se está moviendo para lanzarse como diputado y a la vez utiliza figuras educativas para que crezca su carrera política”, expresó.
Al lugar llegaron Soto Martínez y un grupo de trabajadores, opositores a los manifestantes, acompañados de un abogado particular que informó que sin un documento que la amparara, la protesta no tenía validez, a pesar de que los inconformes argumentaron que tienen derecho a la libre manifestación.
Soto Martínez exigió que se abrieran las instalaciones, pues “queremos trabajar” y aseguró que los manifestantes no entregaron ningún pliego de demandas, además de que tampoco le han solicitado mesas de trabajo para resolver sus inconformidades.
Los manifestantes se negaron a abrir las instalaciones, los opositores se retiraron y al lugar llegaron representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para levantar un acta ante el temor a represalias.
Por la tarde, Ramírez Marino dijo que ninguna autoridad estatal ni federal acudió a dialogar con los manifestantes, quienes decidieron mantener su plantón de manera indefinida, hasta que se solucionen sus demandas.