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En este año 20 mujeres indígenas me’phaa han sido asesinadas en Ayutla y Acatepec, denuncia la OPIM

 

En medio de una violencia que ha dejado 20 asesinatos de mujeres me’phaa en lo que va del año, solamente en los municipios de Ayutla y Acatepec, y la negativa del gobierno estatal a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla, se celebra este 25 de noviembre el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel se quejó de que los gobiernos estatal y federal no tienen voluntad para revertir el ambiente de violencia que se acentúa en contra de las mujeres.
Informó que en lo que va del año, 20 mujeres me’phaa han sido asesinadas en diferentes sitios del estado.
Detalló que los casos emblemáticos son dos mujeres de La Ciénega, municipio de Ayutla, quienes fueron asesinadas en Acapulco donde trabajaban para ayudar al sustento de sus familias; en Tres Cruces asesinaron a tres; otra fue asesinada en Tlapa, y dos más en Barranca de Guadalupe.
“Con todo esto, no nos pueden decir que no hay violencia contra las mujeres, y todavía el gobierno estatal se niega a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, en donde debieran ser atendidas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares”, dijo.
La presidenta de la OPIM denunció que el gobierno estatal se ha negado a declarar la alerta de género, aun cuando siguen matando a las mujeres.
La dirigente indígena lamentó que los gobiernos federal y estatal todavía no hayan inaugurado el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, que se construyó como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Coidh) por el caso de la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Dijo que el gobierno estatal ha argumentado que no se ponen de acuerdo en quién va a administrar el Centro.
Aclaró que, cuando menos la OPIM no quiere adueñarse de la institución, sino que pide que las mujeres que pertenecen a esta agrupación formen parte, porque es lo que dice la sentencia de la Coidh.
Sin embargo, explicó que las autoridades estatales se están aprovechando de las diferencias para no abrir las instalaciones de ese centro con lo que se está retrasando la atención a las mujeres indígenas e incumpliendo el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana.
Eugenio Manuel demandó que ya basta de que el gobierno argumente que alguien quiere adueñarse del Centro, “en la sentencia se define cómo debe trabajar. Establece que se tiene que hacer un fideicomiso para que pueda funcionar ese centro”, explicó.
Añadió que en la misma resolución menciona que, en ese Centro tienen que participar todas las mujeres indígenas, “y si Inés Fernández Ortega quiere participar, así dice la sentencia, pero nadie ha dicho que alguien es el dueño, ni Tlachinollan, ni Inés son los dueños, ese es un organismo colectivo”.
Insistió que en el caso de la OPIM, simplemente pide su inclusión, y que ya se abra para que las mujeres indígenas reciben el apoyo a través de ese Centro.

Es “sistemática y generalizada” la tortura policiaca hacia mujeres, denuncian en un foro en la UAG

La coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Edith Escareño, sostuvo que hay una tortura “sistemática y generalizada” contra las mujeres detenidas y privadas de la libertad; asimismo, una mujer víctima de tortura sexual advirtió que la práctica sigue en el país, por parte de las fuerzas de seguridad, y que la lógica del terror del Estado es el silencio y la exclusión para quienes son agredidas.
Ayer, un día antes de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, se llevó a cabo el foro por el derecho a la rehabilitación de sobrevivientes de tortura sexual, en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, la activista Bárbara Italia Méndez narró las agresiones que sufrió de policías federales, del estado y del municipio de Atenco, Estado de México, durante seis horas, tras ser detenida de manera arbitraria en una casa, el 4 de mayo del 2006, cuando campesinos de San Salvador Atenco se opusieron a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Contó que documentaba uno de los dos asesinatos durante los disturbios, cuando fue detenida por la policía en una casa, la encapucharon con su suéter, y después, la trasladaron, apilada con otros detenidos en un autobús, al penal de Santiaguito.
“Nos decían que nos iban a asesinar”, y los contaban para hacerles creer que cada vez faltaban menos para su ejecución. Dijo que las mujeres, incluida ella, fueron torturadas sexual, física y psicológicamente. De los 207 detenidos, 47 eran mujeres, que se quedaron hasta tres años en la cárcel.
Italia Méndez dijo que ella logró salir tras 15 días de haber sido detenida, pero que durante el tiempo de encierro, ella y otras mujeres escribieron todo lo sucedido, que sirvió para denunciar el hecho. Afirmó que el gobierno hace sentir soledad a las víctimas, para hacerlas creer que nadie las entiende, para que desistan de sus acciones, pero que a ella, “hablar de la experiencia de tortura, me permitió enfrentar el horror”.
Advirtió que en todo el país se sigue torturando a las mujeres, “mi experiencia es que estuve acompañada, pero no es la misma suerte de otras personas”.
Edith Escareño, en su ponencia sobre tortura sexual, indicó que, de acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional de 2016, en 2013 hubo en México 12 mil quejas por tortura; 8 mil 943 de hombres, y 3 mil 618 de mujeres, y en 2015 la tortura fue la segunda violación grave de derechos humanos más practicada.
Compartió que la organización tiene documentados 504 casos de tortura, 157 de mujeres, y que 57 de ellas denunciaron tortura sexual. Recordó que en el país hay sólo ocho sentencia a casos de tortura, y que en ninguno de los casos hay responsables presos, porque las sanciones son administrativas o económicas.
La psicóloga declaró que el número de ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y también en el estado. Además dijo que se deben investigar los asesinatos de mujeres, porque son ciudadanas, y no justificar la violencia contra de ellas.
Abundó que, de los casos que tienen documentados de activistas que fueron torturados y que denunciaron los hechos, los expedientes han sido relacionados con la delincuencia organizada para justificar las agresiones, y que ocurre lo mismo con muchos de quienes denuncian, o son asesinados.
Insistió en que todas las corporaciones de seguridad torturan, y que si no hay registros de años anteriores, es porque no hay denuncia ni testimonios, pero que en la actualidad la cifra aumentó porque hay más denuncias, aunque dijo que puede haber una cifra negra de casos.
Edith Escareño confió en que antes de que termine el año sea discutida la Ley general de tortura, y que comiencen a operar los mecanismos como que en las investigaciones se excluya las pruebas obtenidas bajo tortura, y garantizar el castigo al superior jerárquico, que no tendría que ver con los agentes aprehensores sino con una cadena de mando.
En el foro, la profesora investigadora de la UAG, Claudia Rangel Lozano dijo que hay pruebas documentales de que al menos dos niñas y otras seis mujeres fueron torturadas en la época de la guerrera sucia, y a un hombre los militares le extirparon los testículos, pero no dio más detalles en declaraciones.