El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró ayer que la postura del secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Fernando Donoso Pérez, en torno a que no hay sustento legal para asignar un millón de pesos al diagnóstico sobre derechos humanos, refleja el “desconocimiento” que existe del convenio que firmaron los tres poderes, para que se elabore dicho documento.
Dijo que en ese sentido, lo que preocupa a las Organizaciones No Gubernamentales es que “no se entienda, ni se conciba” a los derechos humanos como un asunto importante en un estado como Guerrero. Sin embargo advirtió que aún cuando no haya esos recursos el comité que se formó en noviembre “va a seguir trabajando”.
Hace cuatro días, el jueves 28 de diciembre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rossana Mora Patiño, informó que estaba buscando etiquetar un millón de pesos para los trabajados del diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero, que hará un comité en este año. Un día después Donoso dijo que no existe “sustento legal” para asignar esa cantidad.
Consultado al respecto, Barrera Hernández señaló que si el diputado del PRD, “se refiere a que no existe un escrito, un planteamiento como presupuesto, pues eso es cierto, no lo hay, pero sí existe un compromiso de los tres poderes de gobierno para impulsar la elaboración del diagnóstico y eso debe estar por encima”.
Vía telefónica agregó que la postura de Donoso sólo muestra que “desconoce la naturaleza” del acuerdo tripartita que firmó el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, y Rossana Mora, en noviembre del año pasado.
Por esta situación, dijo que a las ONG “nos preocupa la manera de concebir este trabajo por parte del diputado Fernando Donoso, nos preocupa que no lo encuadre dentro del compromiso que asumió el Poder Legislativo”.
Barrera Hernández recordó que el dinero se está solicitando porque aún cuando la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que tiene sus propios recursos, “éstos no podrían sustentar todo el trabajo”. Además refirió que con la firma del convenio “se asumió el compromiso en términos de hacer un trabajo colectivo”.
Sin embargo insistió que para eso “se necesitan recursos, porque se van a hacer análisis, investigaciones de campo, consultas a expertos, en fin, no es sólo una cuestión de irnos a sentar e intercambiar opiniones, se trata de ir a las regiones y preguntar a las víctimas cómo ven esta problemática”.
Dijo que por ello, en la reunión que tuvo el comité el 22 de diciembre “se planteó que sea la diputada Rossana Mora quien se encargara de considerar esa situación de los recursos, para poder operar las actividades elementales y necesarias”.
Acerca de si ve viable que el comité acuda al Congreso local para formalizar la asignación de recursos, Barrera Hernández, descartó esa posibilidad y explicó que quienes deberían asegurar las condiciones son los representantes de los tres poderes, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra por parte del Ejecutivo, Rosana Mora por el Legislativo y Román Pinzón por el Judicial, “ellos tiene la capacidad para hacerlo, su compromiso está implícito en el convenio”.
“Si no se puede desde el Congreso, el gobierno del estado lo puede hacer a través de un fondo que puede formar de sus distintas secretarías, aunque propuso que no se debe ver en qué programa encaja, sino como una investigación propia, lo otro le restaría importancia”, apuntó.