Cerró la alcaldesa el diálogo y ahora se verán en tribunales, anuncia sindicato

El secretario general del STOOAEG Martin Martinez Luna, en la confe-rencia de prensa muestra el documento con las demandas laborales en trámite Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

El Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua en el Estado de Guerrero (STOOAEG) informó que con la alcaldesa Abelina López Rodríguez está cerrado el diálogo, por lo que ahora sus demandas se van a dirimir en los tribunales.
La organización señaló que la petición del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) es inconstitucional y mal haría una abogada litigante, como se define la alcaldesa, en responder positivamente a la petición de un sindicato único en el gobierno municipal.
El STOOAEG solicitó, desde noviembre del año pasado, una audiencia con la alcaldesa, la que se les negó y fueron recibidos hasta julio, pero no atendieron sus demandas de que se les dieran beneficios, como seguridad social y bonos sindicales que recibe el SUSPEG, por el contrario, la dirigencia sindical fue despedida el pasado 7 de noviembre.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el sindicato fijo su postura en torno a las declaraciones de la alcaldesa sobre el señalamiento que hizo, de que los sindicatos de nueva creación buscan beneficios personales, como la inclusión de familiares en la nómina, y sobre la manifestación del SUSPEG que pidió al gobierno que no acepte más sindicatos.
El secretario general del STOOAEG, José Martín Martínez Luna, sostuvo que esta agrupación tiene su toma de nota desde 2010 y que ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución que “hoy permite, con simplemente reunir 20 trabajadores, que se forme un sindicato”. Recordó que la Ley 51, con la que el SUSPEG pide ser el sindicato único, ya fue rebasada y también el artículo 69 de la Ley Federal de Servidores Públicos permite a los trabajadores formar sindicatos.
Agregó que ellos nunca han atentado contra los derechos sindicales, ni han amenazado con cerrar la fuente de empleo, y cuando sea así, van a seguir el trámite en los tribunales “mienten para desvirtuar la imagen de nuestro sindicato”.
Dijo que el STOOAEG buscaba una salida al conflicto mediante el diálogo con la alcaldesa, pero “ante la cerrazón”, todo se dirimirá en tribunales. Con-fió en que van a ganar los juicios, porque les asiste la razón y el derecho.
“No puedo concebir que una persona, abogada, con maestría y abogada postulante, le dé cabida a apreciaciones subjetivas y desviadas del derecho, porque el derecho se interpreta conforme a la letra, no como lo entiendo yo y los compañeros de las cinco secciones. Tienen un criterio equivocado, errado, caduco y anticonstitucional, porque no existe, en ninguna parte de la República, la sindicación única”, y le recomendó a la alcaldesa “que se asesore con gente que esté actualizada”.

CAPAMA, una “empresa familiar”

El secretario general del STOOAEG sostuvo que en su gremio no hay nepotismo, ni son aviadores ni huevones, por el contrario, las personas de confianza que metió la alcaldesa son los que llevaron a familiares a la nómina de la CAPAMA. Uno de ellos, señaló, es el yerno de la ex directora de Finanzas, Francisca Vázquez Juárez, Irving Bolega, quien ya tiene plaza de base en el SUSPEG y apenas tiene un año como jefe de Servicios Generales; también el sobrino de éste, Omar Juárez, quien está como representante legal de la CAPAMA y también ya fue sindicalizado. Otro basificado es Juan José Peláez, con un año en servicio y ya fue basificado.
Aseguró que por oponerse a entregar esas plazas de base fue que la alcaldesa le pidió la renuncia al ex director Arturo Latabán López. También el director de Obras Públicas, Alfredo García Vázquez, tiene a su hijo Aldo García Ponce en el área de proyectos, a quien identifican como “el sobrino de la alcaldesa”, por la relación de compadrazgo de Abelina López y García Vázquez.
Martínez Luna también señaló que el líder de la sección 27, Gonzalo Arias Cárdenas, tiene a su hermana, a su hija y a su sobrino; otros líderes también tienen a sus hijos en la nómina, a quienes les dieron plaza de base cuando acaban de entrar a la administración. “Pode-mos hacer una larga lista de todos los líderes del SUSPEG que tienen a todos sus familiares. Esta (la CAPAMA) es una empresa familiar”.
Advirtió que si la alcaldesa responde positivamente al SUSPEG en su demanda de ser único gremio sindical, violaría los principios de legalidad y transgrediría el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, pues es un pleito de sindicatos y se debe resolver en los tribunales, “el patrón tiene prohibido meterse en la vida de un sindicato, restringir los derechos o coaccionar al trabajador para que se afilie a uno u otro, ninguna autoridad debe estar por encima de la ley, ninguna ni la presidente”.
Recordó que en el paro del SUSPEG en mayo, el STOOAEG hizo frente a un problema de descarga de aguas negras a la bahía, porque el colector Papagayo estaba colapsado. Ahí la alcaldesa les agradeció y les preguntó qué podía hacer por ellos y sólo le pidieron la entrega de contratos a 17 trabajadores, “pero no cumplió, se los dio a la sección 27”.
Indicó que las plazas de base no las da un sindicato, sino que son ganadas por los trabajadores por su desempeño o bien pueden requerirlas en tribunales, y que ellos optaron por esa vía, “ante la cerrazón de la presidente municipal”.
En la actualidad, el STOOAEG tiene cuatro juicios en trámite y está pendiente uno más, por el despido de la dirigencia del sindicato, que hizo la CAPAMA el pasado 7 de noviembre. Uno de los juicios es por la disputa con el contrato colectivo que firmó la CAPAMA en 2006, con Pedro Mendoza Pérez, y que está sin cumplirse. Otro juicio es la demanda de plazas de base para los 141 agremiados del STOOAEG, en respeto a la ley que establece que después de seis meses todo trabajador tiene derecho a una plaza de base.
Otro es por el pago de 90 días de aguinaldo y otro es un juicio civil por daño moral, contra el secretario general de la sección 27 del SUSPEG, Gonzalo Arias Cárdenas, por haber hecho declaraciones lesivas contra el STOOAEG; la demanda es que haga una disculpa pública.

Revancha política

El STOOAEG es un sindicato afín a Morena y ha respaldado a ese partido desde 2006. A pregunta expresa sobre si esperaban que un gobierno morenista los agredirá de esa forma, Martínez Luna dijo que esperaban ese mal trato, porque la alcaldesa no es fundadora de Morena, “es gente que llegó a Morena en la elección”. Recordó que hay declaraciones donde Abelina López se definía como perredista.
Del hecho de que la alcaldesa respalde a un sindicato que históricamente ha servido al PRI, dijo que eso debe ser analizado por Morena, “deja mucho que desear”, porque el estatuto de Morena no permite que se hagan denostaciones hacia los militantes.
Consideró que la alcaldesa actúa así contra el STOOAEG por revanchismo político, porque la ex secretaria general Rosalinda Gutiérrez Terrones, disputó la candidatura a la alcaldía y la Comisión Nacional de Honor y Justicia le dio la razón de que Morena no hizo encuestas y ordenó reponer el proceso e incluir a Gutiérrez Terrones, pero al final se decidió no continuar con el proceso para no afectar el proyecto del presidente López Obrador.
A la alcaldesa se le pidió en dos ocasiones ayer una postura sobre la protesta del SUSPEG en Palacio Municipal, pero no respondió.