Pospone el Congreso el proceso para aprobar la Ley de Austeridad; lleva seis meses detenido

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A más de seis meses de la primera lectura al dictamen con proyecto de Ley de Austeridad que propuso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este jueves se intentó llevar a segunda lectura para pasar a la discusión y votación, pero fue retirado del orden del día a solicitud de la Comisión de Justicia, aunque se supo que fue principalmente la fracción priista la que se negó a que el trámite continuara.
Esta propuesta plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública; la obtención de algún privilegio económico adicional; contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables”, sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes, pero diputados del PRI y PRD que plantean que este ordenamiento solamente sea observado por el Ejecutivo estatal y sus organismos y no se aplique al resto de los poderes y por eso se ha detenido.
Después de que se leyó la propuesta de orden del día para la sesión, en la que se incluía la segunda lectura del dictamen de ley de austeridad, para pasar a su discusión, votación y en su caso aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, informó que a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia el punto sería retirado.
“Por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia y por considerarlo pertinente, así como de extrema necesidad parlamentaria fundamentándose en el artículo 313 párrafo tercero de la ley orgánica de este Poder Legislativo, solicitan a la Mesa Directiva sea retirado de la propuesta del orden del día el punto relacionado con la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de austeridad del estado presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, leyó la perredista Yanelly Hernández.
Desde su curul el morenista Joaquín Badillo Escamilla pidió a la presidenta de la Mesa que se leyera el artículo por el que la comisión fundamentó su decisión de retirar ese dictamen. Este tercer párrafo del artículo 313 establece que “el derecho a presentar proposiciones de puntos de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud de sus autores”.
En este artículo ni siquiera se habla de dictámenes de comisiones, que en este caso era un “dictamen de proyecto de ley”, sino que habla del derecho de los diputados, grupos parlamentarios y representaciones a “presentar proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyan Iniciativas de Ley o Decreto”.
Por lo que la fundamentación que la Comisión de Justicia dio, no tenía nada que ver con el retiro de un dictamen, aún así el morenista Joaquín Badillo quedó conforme y se procedió a la votación del orden del día con el retiro de este punto, hubo solo tres abstenciones la de Joaquin Badillo, Alfredo Sánchez Esquivel y Angélica Espinoza García.

Urge el diputado Sánchez Esquivel a instalar los nuevos ayuntamientos

En el punto de intervenciones, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel planteó en tribuna que el Congreso local cumpla con su palabra y los plazos que se establecen en acuerdos, principalmente los aprobados por el pleno. Se refirió a la prórroga de 120 días que solicitó los primeros días de diciembre la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para presentar el dictamen y nombrar a los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios Ñuu Savi, Las Vigas, San Nicolás, y Santa Cruz del Rincón.
Alfredo Sánchez Esquivel reprochó que no se hayan nombrado a estos ayuntamientos instituyentes en el plazo establecido que venció en marzo y pidió avanzar en el tema para cumplir con “la palabra empeñada”.
Aprovechó también para pedir que se avance en las solicitudes de creación de nuevos municipios en la Sierra, los cuales en los últimos meses como presidente de la Jucopo promovió personalmente o a través de su equipo cercano.
Antes de concluir su intervención, Sánchez Esquivel señaló desde tribuna al jefe de seguridad del Congreso local, el funcionario de Yoloczin Domínguez, Jonathan Molina Clavel, por haber revisado una lona que unos visitantes al Congreso local llevaban, en la que pedían no entregar a comerciantes el Parque Papagayo y lo acusó de comportarse como policía ministerial.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Alicia Zamora Villalva pidió la palabra para responder a Alfredo Sánchez: “no quisiera que se utilizara este tema tan delicado para un asunto de un golpeteo innecesario”. a priista señaló que en el estado “las cosas ya son complejas en el estado, hay tantos brotes de violencia, entonces yo quiero ser muy responsable con esto”.
En tribuna Zamora recordó que el 16 de febrero pasado el pleno aprobó por unanimidad un dictamen por el que se determinó que la Jucopo tendrá la facultad para realizar la designación o nombramientos de los cabildos de entre las propuestas recepcionadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, así como determinar cuáles ayuntamientos serán encabezados por mujeres, de acuerdo con la paridad requerida.
La priista le repitió en tres ocasiones al morenista que el tema ya está en manos de la Jucopo: “hago un llamado a todos los diputados, para que en cada caso, cada asunto, lo discutamos al interior de las comisiones”.
Alicia Zamora hizo hincapié en que no se quedará la percepción de que se venció el plazo y el Congreso no cumplió, porque se generó un acuerdo del pleno para que el tema quedará en manos de la Jucopo porque con este también se aprobó que el plazo de 120 días pedido en diciembre ya no tendría los efectos bajo los que se aprobó.
“El asunto toma otra ruta jurídica porque está en una comisión distinta. No quisiera que se desinformara y se interpretara de una manera distinta… si se descalifica a una comisión, a una Junta de Coordinación Política, si se descalifica el trabajo que se hace en comisiones, invariablemente se descalifica a un Poder, en eso seamos respetuosos y sobre todo cuidadosos”, dijo Alicia Zamora.
Señaló que ha tratado de ser responsable porque la creación de estos cuatro municipios “para que no se alborote la gente, porque alguien decía con mucha sabiduría, el prender la lumbre es fácil, el problema es cómo la vas a apagar” por eso, señalo que busca que ese tema no se trate de manera política.
Después para hablar sobre el mismo tema, el perredista Bernardo Ortega le dijo a Sánchez Esquivel que es “una irresponsabilidad ir a los pueblos, ir a los municipios a decir que si no quieren ser municipios de nueva creación, eso trae muchas consecuencias”.
El perredista criticó que Alfredo Sánchez trate de “incendiar diciendo que no se ha hecho nada” y se refirió a todos los asuntos pendientes que se venían arrastrando desde la legislatura pasada en los cuales no se avanzó hasta que se realizó el cambio de presidente de la Jucopo y lo sustituyeron por Yoloczin Domínguez Serna.
En tribuna, Bernardo Ortega confirmó la versión de que había un acuerdo entre los integrantes de la Jucopo de la la legislatura pasada para reelegir en el cargo a Alfonso Damián Peralta como titular de la Auditoría Superior del Estado, “no se cumplió la ratificación del ex auditor, se mintió”.
El perredista dijo: “nosotros como PRD hemos tratado de ser prudentes, justos con el gobierno del estado, con la fracción de Morena” porque “sabemos que Guerrero tiene sus complejidades políticas, económicas, y de crimen organizado, hemos sido prudentes y dejado que la gobernadora haga lo suyo y nosotros lo que nos corresponde”.

La sesión

El morenista Sánchez Esquivel propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión de Atención a Víctimas del Delito y Personas Desaparecidas. En tribuna señaló que Guerrero carece de instrumentos actualizados para atender el problema. La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También presentó otra iniciativa que suscribió junto con su compañera de bancada Jessica Alejo Rayo, es de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos tengan la obligación de postular a personas adultas mayores entre las primeras cinco fórmulas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, así como en las listas de regidores de los ayuntamientos.
De Morena el diputado Osbaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado para anexar el lenguaje incluyente, perspectiva de género y el respeto al interés superior del menor, además de permitir la colaboración interinstitucional e internacional, y con ello formalizar la provisión de donativos que beneficien a este sector.
Alejo Rayo presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Salud, de Obras Públicas y sus Servicios, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que en todas las instalaciones del servicio público y privado se acondicionen cambiadores de pañales, ya sea en los sanitarios o uno denominado “familiar”, para garantizar la privacidad, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.
La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, que plantea de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.

No hay cancelaciones por los hechos de violencia, dice el secretario de Turismo

Aurora Harrison

El secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, declaró que no hay cancelación de reservaciones por los hechos de inseguridad y reiteró que no habrá restricciones de aforo en hoteles, pero exhortó a usar cubrebocas ante el aumento de casos de Covid-19. Indicó que se prevé una temporada vacacional con entre 70 y 85 por ciento de ocupación.
Este viernes, después de asistir como invitado a la toma de protesta del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, respecto a las condiciones en las que se encuentra el Centro de Convenciones, dijo que el funcionamiento que se le pretende dar es por áreas, y que el dictamen con el que cuentan es que estructuralmente está bien.
“Hasta el momento no habido reporte de cancelaciones. Hay que comentar que las negociaciones de hospedería se realizan con meses de anticipación, entonces, los hospedajes que están reservados en este momento tienen meses que se ejecutaron o se pagaron, es muy difícil que tengamos una cancelación”, declaró el funcionario.
Abundó que la llegada de militares son acciones de prevención al delito, porque los turistas se mueven en otra dinámica, que no exactamente incide entre cancelar o ir a otro lugar, “lo que sí se tiene que procurar, es que se tengan las condiciones a donde el turista vaya salga recrearse a pasear, a conocer”.
Detalló que los hechos de violencia son lamentables y que requieren de una participación de las autoridades municipales, estatales y hasta federales, a quienes se les solicitó que se refuercen en la prevención del delito, pero también en acciones de protección civil y salud, “porque se han visto algunos brotes de el virus de Covid-19, de influenza”.
Ramírez Cuevas dijo que con el aumento de casos de Covid-19, se hicieron recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, que saldrán en el próximo Periódico Oficial del Estado, entre ellas, el uso de cubrebocas en algunas áreas, “no va a haber reducción de aforos”.
Agregó que habrá módulos de atención en la playa, paramédicos fijos y móviles, que van a estar transportando en caso de que se requiera, y en conjunto con hoteles se acordó que se dará alimentación a los representantes viales y paramédicos, que por cumplir sus horarios de trabajo no les da tiempo de comer.
Reiteró que será una buena temporada, “las fechas de fin de año prácticamente están llenas. Nosotros estamos calculando, en el estado que podemos tener poco arriba en la temporada un poco más del 70 por ciento, pero en la parte de en la parte de Acapulco, algunas zonas estarán rebasando el 85 por ciento, como la zona Dorada”.
Del Centro de Convenciones dijo: “Se están corriendo algunas intervenciones, estructuralmente nosotros tenemos un dictamen que dice que el centro de convenciones está bien, es decir el alma y las columnas son de hierro forjado que no han tenido afectación. Sin embargo, en la parte estética sí teníamos algunos plafones sueltos y es la parte que está mejorando para nosotros, poder hacer la feria Acapulco”.
Explicó que en el caso el salón Nezahualcóyotl “lo tuvimos en patrocinio, y la parte de la feria lo estamos haciendo a cambio, es decir, nosotros otorgamos permiso y a cambio se nos están haciendo las remodelaciones sin costo”.
Detalló que el funcionamiento que le queremos dar es por áreas, es decir, “tenemos un área funcional en óptimas condiciones y segura, entonces se pone a trabajar, que hay que decirlo, nosotros no estamos cobrando por las actividades que se llevan a cabo” y en el caso de los autobuses de pasajeros, “es un cobro mínimo”.

Entregan padres la secundaria Álvarez de Tlapa; promete la SEG iniciar la auditoría

 

Padres de familia de la secundaria Juan N Álvarez entregaron las instalaciones este lunes al representante de la contraloría interna de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón, quien se comprometió a que se iniciará con la auditoría y en tres semanas entregarían el informe correspondiente.
Apreza Patrón explicó a los padres de familia que temporalmente se nombrará a un director externo, que para el nuevo ciclo escolar designarán al director y dos subdirectores y ahí los padres de familia podrán proponer una terna, siempre y cuando sean externos.
Dijo que la escuela lo amerita porque cuenta con más de mil 600 estudiantes y pidió: “Quiero que nos dejen trabajar, que no estén encima de nosotros”, que como padres les depositen la confianza para que las cuatro personas que se encargarán de la auditoría la hagan bien.
También pidió facilidades y acceso en el proceso de investigación, que será en gabinete, que el comité de padres de familia ponga su parte y en caso de requerir la presencia del ex director, Martiniano Tapia Jiménez, acuda porque seguramente se requerirá de documentación.
Por su parte, los padres de familia exigieron a las autoridades trasparencia, porque estarán vigilando el proceso.
Los padres de familia pidieron que no se iniciaran las clases mientras se hace la auditoría, por temor a represalias hacia sus hijos por parte de los maestros, pues dijeron que a algunos ya les estaban señalando de ser los responsables de que ya no se realicen los bailes y algunos concursos.
Sin embargo, Apreza Patrón dijo que no era posible, porque si no hay clases no se podía comenzar con la auditoría y que se comprometía a que, si algún alumno o alumna llega a sufrir amenazas o afectaciones en sus calificaciones de algún profesor, este se le separaría inmediatamente de su función.
Los padres de familia, las autoridades educativas y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recorrieron las instalaciones, donde se pudo observar el abandono y deterioro de las aulas.
En los edificios se observó la falta de lámparas en los techos o estaban quebradas; los techos con cuarteaduras y filtración de agua. Otros donde el concreto se ha caído, dejando al descubierto las varillas.
La carencia de ventanas y puertas en los salones, alguna se ve que fueron hechas de manera improvisada y soldadas con láminas de metal.
Los jardines abandonados, con basura y sus contenedores sucios y rotos.
La parte trasera de los edificios llenos de grafitis, con la hierba muy alta, por lo que cuestionaron cual era el trabajo de las personas encargadas de darle mantenimiento y los recursos que llegaron después de los sismos.
Otra de las cosas que estaban solicitando era el dictamen de Protección Civil sobre las condiciones del edificio, por lo que se acordó que este martes estará personal del IGIFE para ver el tema.

 

Cierra CETEG oficinas de la SEG en la capital; piden la reconstrucción de las oficinas centrales

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), afines al secretario general Arcángel Ramírez Perulero, cerraron 15 oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la capital, para exigir la reconstrucción inmediata de las oficinas centrales.
El 24 de enero pasado, trabajadores de oficinas centrales de la SEG agremiados a la CETEG y a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon la avenida Ruffo Figueroa para exigir la rehabilitación de las instalaciones; al lugar llegaron el secretario técnico, Jorge Sotomayor Landeta, y el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, José Abraham Godínez Maldonado, con quienes se acordó una reunión para discutir la situación.
Ante el abandono de las oficinas centrales, su deterioro y el millonario gasto de la SEG en sedes alternas, desde las 8 de la mañana de este martes los cetegistas recorrieron la ciudad, para cerrar las instalaciones de la dependencia ubicadas en distintos puntos.
Los manifestantes desalojaron a los trabajadores y los llamaron a asistir a la reunión que se llevaría a cabo a las 11 de la mañana, según se acordó con las autoridades. También colocaron pancartas en las fachadas de los inmuebles en, las que se leyó: “Todos a la movilización para la construcción inmediata del edificio de oficinas centrales” y “exigimos a la SEG y al gobierno del estado la apertura inmediata de las oficinas centrales”.
Sin embargo, mientras los cetegistas cerraban las oficinas alternas de la Dirección General de Administración de Personal, la Subdirección de Pagos, la delegación de Servicios Educativos de la Región Centro; Dirección General de Planeación Educativa, Dirección General de Secundarias, Dirección General de Preparatoria Abierta, y otras, a las 9:30 de la mañana el contralor interno, Ramón Apreza Patrón, y el subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Jorge Alonso Peña Soberanis, acudieron a las oficinas centrales y se reunieron con representantes de la CETEG y la sección 14 del SNTE.
El hecho molestó a los trabajadores que comenzaron a llegar a las oficinas centrales a las 11 de la mañana, como se le citó, ya que para entonces las autoridades se habían retirado, así como la mayoría de los dirigentes de las organizaciones magisteriales que estuvieron en el encuentro.
Al respecto, los secretarios generales de las delegaciones sindicales D-III-(16)-02, Jorge Antonio Cisneros Salinas, y D-III-05, Albertano Rentería Valle, declararon que Apreza Patrón y Peña Soberanis “llegaron temprano”, porque debían ir a Acapulco a otra reunión “y no querían dejarnos plantados”, por ello se adelantó el encuentro que debió ser público ante todos los trabajadores.
Cisneros Salinas consideró que las autoridades “mostraron disposición” de resolver la situación y llegar a acuerdos para la reconstrucción de las oficinas centrales, mientras que Rentería Valle dijo que la lucha de los trabajadores administrativos debe ser abierta, “no podemos ponernos exigentes y decirle a las autoridades que las queremos a determinada hora”, sin embargo, espera que los funcionarios cumplan con los acuerdos que se hicieron “de palabra”.
Rentería Valle precisó que Apreza Patrón y Peña Soberanis se comprometieron a buscar un crédito para pagar las obras de la reconstrucción, debido a que los edificios A y B de las oficinas centrales deben ser demolidos, también se iniciará una jornada de limpieza de las instalaciones y habrá una nueva reunión el 27 de febrero próximo, para determinar las fechas en que se comenzarán las acciones.
Cisneros Salinas añadió que se debe tomar en cuenta que por las obras que se llevarán a cabo, la reconstrucción de las oficinas centrales de la SEG está programa para concluir en el 2019 y no antes.
La mayoría de los trabajadores llegaron a las instalaciones porque esperaban ser partícipes de la reunión con los funcionarios, y se quejaron de la falta de respeto de los secretarios generales de las delegaciones sindicales; manifestaron que no pueden esperar hasta el 27 de febrero y propusieron que todas las sedes alternas instalen un campamento en el estaciones de las oficinas centrales, como medida de presión para que se cumplan los acuerdos, así como que las instalaciones que fueron cerradas por los cetegistas permanezcan de esa manera.
Los representantes de las organizaciones magisteriales informaron que se llevará a cabo una reunión de trabajadores para determinar el plan de acción que los guiará en caso de que las autoridades vuelvan a dar largas a la reconstrucción.

 

 

Dictaminan “vicios ocultos” y daños graves en la unidad Infonavit de Taxco tras el sismo

“Malos procesos constructivos, vicios ocultos mucho muy graves y daños generalizados moderados y graves”, es la conclusión del dictamen a cargo del equipo encabezado por el especialista Roberto Arroyo Matus, en la unidad habitacional Infonavit de Taxco dañada tras el sismo del 19 de septiembre pasado.
El también responsable en Seguridad Estructural de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra (CADROC), Arroyo Matus afirma que en tanto no se ejecute un proceso de reparación y refuerzo en los 24 edificios, “estos no son habitables y representan un riesgo grave para sus ocupantes, debido a que su seguridad estructural actual es muy inapropiada y puede deteriorarse en caso de la ocurrencia de un evento sísmico importante”, por lo que reitera que debe aplicarse de manera urgente ese proceso para subsanar “las graves deficiencias y vicios ocultos detectados”.
Uno de los puntos del dictamen refiere que en el conjunto habitacional de unos 32 años de antigüedad, ubicado en la parte alta de Taxco, se hicieron calas en los muros de mampostería, donde detectaron que en el refuerzo vertical no se rellenó de concreto, lo que representa “un vicio inadmisible en el proceso de construcción”, y viola las normas establecidas.
Aunque aclara que en la inspección no se pudo establecer el grado de desplome o pérdida de verticalidad de los edificios, recomienda la medición topográfica para establecer las medidas preventivas y correctivas en caso de que se presenten desplomes iguales o mayores al uno por ciento.
Otro daño es el gran deterioro, “debido al bajo o nulo mantenimiento, ya que existe un alto nivel de filtración de humedad, la que produce corrosión en el acero de refuerzo, principalmente en losas de azotea”, que se observan prácticamente en todos las casos, en entrepisos, cadenas de cerramiento, cubos de escaleras y trabes, e incluso en muros de colindancia expuestos a la lluvia porque no cuentan con recubrimiento.
Derivado de sismos históricos y recientes se asienta la existencia de “fisuras diagonales muy generalizadas” en los muros de mampostería, prácticamente en todos los entrepisos, pero sobre todo en el primer nivel de los edificios, en los que hallaron fisuras desde leves hasta graves.
Arroyo Matus menciona en el dictamen que la delegación del Infonavit Guerrero ya aplicó el proceso de reparación y refuerzo en los edificios de la tercera sección en Chilpancingo, y cuenta con la memoria de cálculo y los planos estructurales para efectuar esas estrategias, como en el caso de la unidad habitacional de Taxco.
Apunta que no es necesario invertir y rehacer un nuevo proyecto, sino adecuar el existente y, “sin duda alguna, mejorar el deficiente desempeño estructural actual, pero sobre todo, corregir los graves vicios ocultos detectados y recuperar el nivel de seguridad estructural que por respeto a los derechos humanos debe ofrecerse”.
El dictamen fue entregado al secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador, el 7 de octubre, quien lo remite a su vez al delegado del Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés, el 13 de mismo mes, con un escrito en el que detalla parte de las conclusiones y solicita su “urgente intervención” para que impulse las acciones para mitigar los riesgos.
Consultado sobre el caso durante su visita a esta ciudad, el delegado federal de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que, de acuerdo con el dictamen citado, los edificios no son habitables.
Expresó que se tomará una decisión coordinada, “y si el dictamen confirma que los edificios tendrían que ser reconstruidos o reestructurados estaremos planteando un proceso en el mismo sitio en el que se encuentra” la unidad Infonavit, que es un caso distinto al de las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, que se determinó que son “inhabitables”.
En los tres casos, dijo, todos los afectados fueron incorporados en el censo y hay un tiempo para corroborar esos dictámenes a fin de tomar las decisiones correspondientes.
En el municipio de Taxco dio a conocer que son más de mil 100 viviendas las que presentan daños.

Exigen en la secundaria 9 de Acapulco que PC entregue el dictamen del estado de la escuela

Padres de familia y maestros de la secundaria federal 9 Alfonso Ramírez Altamirano, ubicada en Renacimiento, exigieron a la Secretaría de Protección Civil del estado que entregue el dictamen de la escuela con base en la inspección que hizo el 11 de octubre, pues desde el 19 de septiembre que se dio el sismo no tienen clases, debido a que varias de las aulas tienen grietas y se cayeron pedazos de concreto, así como que la barda tiene fisuras.
Otros daños están en el área administrativa, donde una pared está a punto de caerse, así como daños en el taller de estructuras metálicas. En un recorrido por la escuela se observó que efectivamente las aulas presentan varias fisuras y en lo que son los soportes se encuentra la varilla expuesta.
En conferencia de prensa en la secundaria, el director Francisco Jesús Flores Velázquez, acompañado de la presidenta del comité de padres de familia, Erika Eugenia Lagunas; el dirigente sindical, Gilberto Terrazas Gómez, así como maestros y padres de familia, pidió la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que les den una solución, porque la Dirección de Protección Civil municipal les dio un dictamen, luego de dos revisiones, en donde el inmueble no se puede ocupar mientras “no se realice la reconstrucción, obras de reforzamiento o mitigación necesarias para garantizar la seguridad”.
Informó el director que esa situación se la hicieron saber a la SEG, donde les respondieron que mandarían a revisar el edifico a un Director Responsable de Obra (DRO) de parte de Protección Civil estatal, lo cual sucedió el 11 de octubre y que les harían llegar luego los resultados, pero eso no ha sucedido, pues “las autoridades no nos han dicho cuáles son los daños y los padres no quieren exponer a sus hijos”.
Añadió el director que en la escuela la matrícula es de 650 alumnos en el turno matutino y 600 en el turno vespertino, quienes están sin clases porque las autoridades no han hecho llegar el dictamen.
Mientras que la presidenta del comité de padres de familia de la secundaria 9, Erika Eugenia, dijo que nada más quieren que les entreguen el dictamen, pues como padres están preocupados por la seguridad de sus hijos.

Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.

“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.

La sesión

En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.

En 15 días, el dictamen sobre los 20 policías viales suspendidos por corrupción: Ilich

 

El presidente del Consejo de Honor y Justicia, el síndico Ilich Lozano Herrera, informó que en 15 días se presentará el dictamen sobre los 20 policías viales que fueron suspendidos al ser sorprendidos en actos de corrupción.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el gobierno municipal informó que 20 policías viales de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, estaban sometidos a proceso administrativo y suspendidos de sus actividades porque el Ejército entregó 100 videos en los que se les observa en actos de corrupción.
El material video gráfico fue entregado al gobierno municipal el 26 de abril, y casi un mes después se informó del procedimiento iniciado contra los agentes.
En declaraciones antes de dar continuidad a la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública, Lozano Herrera informó que ya concluyó la comparecencia de los 20 agentes.
A pregunta expresa sobre cuál es el siguiente paso en el proceso, respondió que viene el análisis de las pruebas que ofrecieron los policías en caso de que las hubieran presentado, las cuales se contrastan con los videos que tiene el gobierno municipal.
Recordó que el Consejo de Honor y Justicia se puso como plazo un mes, mismo que vence el próximo 19 de junio, y confió que en esa fecha o antes se presente el dictamen.

Diputados pasan ahora para después de Semana Santa el dictamen sobre el desafuero de su colega Saúl Beltrán

 

La Comisión Instructora encargada del juicio de procedencia al diputado acusado de homicidio, el priista Saúl Beltrán Orozco, dará un plazo de cinco días hábiles para que éste revise la información entregada por la Fiscalía y en su caso aporte más pruebas en su defensa, y esperan dictaminar “después de Semana Santa”.
La reunión de la Comisión Instructora que el presidente el diputado panista Iván Pachuca Domínguez dijo a El Sur que sería el martes, en realidad fue este miércoles. En ese encuentro sus integrantes acordaron notificar a Saúl Beltrán que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya entregó la información para que éste pueda revisarla y en su caso entregar más pruebas a su favor.
Después de que la comisión dictaminadora concluyera que el juicio de procedencia que establece la Ley de Responsabili-dades de los Servidores Públicos “está mal” porque tiene lagunas y no garantiza el derecho de audiencia del enjuiciado, no se está acogiendo a ningún plazo y se está autorizando sus propios tiempos y prórrogas.
Desde el pasado 1 de febrero, la Fiscalía solicitó al Congreso iniciar el juicio de procedencia contra Beltrán, 23 días después de que una jueza liberara una orden de aprehensión en su contra. Así, al final sus compañeros legisladores habrán demorado casi tres meses una decisión que debieron tomar en 10 días a partir de la demanda formal de la Fiscalía, de acuerdo con la ley y los reglamentos del Congreso.
La fuente consultada por El Sur comentó, en jerga de abogados, que en la reunión de ayer el presidente Iván Pachuca les confirmó la llegada de las “documentales y testimoniales” que le requirieron a la Fiscalía.
Según Pachuca Domínguez, desde el jueves llegó al Congreso la información que le requirieron a la Fiscalía. Con eso la Comisión Instructora ya tendría todo lo necesario para revisar el caso y poder dictaminar si le quita o le mantiene la inmunidad constitucional al diputado priista.
Iván Pachuca dijo también que el diputado Beltrán ya no tendrá derecho a réplica en la Comisión, a menos que los integrantes decidieran lo contrario.
Sin embargo la fuente consultada precisó que hoy la presidencia de la Comisión “notificará al diputado (Beltrán) para que él revise el expediente, porque tiene cinco días hábiles para completar lo que a su juicio crea que sea importante”.
Con eso confirmó que la Comisión Instructora está ampliando aún más el plazo para dictaminar, y ahora está otorgando al diputado acusado de homicidio calificado cinco días hábiles para que pueda entregar información en su defensa. Si se notifica hoy a Beltrán, el plazo correrá a partir del viernes y concluirá hasta el próximo jueves.
Pero después de los cinco días hábiles “la Comisión va a pedir a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los testimoniales de la policía y del papá de la víctima”, en referencia a la agente detenida, Perla García Navarro, quien acusó a Beltrán de ordenar el homicidio  del trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totopalan José Antonio Ceferino Gil.
La Fiscalía entregó a la Comisión Instructora más de 2 mil fojas, en las que se supone que deberían de estar las declaraciones ministeriales de la policía municipal y las del padre de José Antonio Ceferino, porque en un comunicado la Comisión Instructora anunció que el requerimiento que hicieron a la Fiscalía fue de copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa contra el diputado .
La fuente comentó que la comisión previó que el dictamen podría estar para abril; “seguramente después de las vacaciones de Semana Santa”. El calendario oficial de las vacaciones marca que inician el lunes 10 de abril y concluye el viernes 21, pero las actividades se reanudan hasta el lunes 24 de abril.

Por ausencia de tres diputados no se elaboró ayer el dictamen sobre Apango

Por falta de quórum este lunes se suspendió una sesión de la Comisión de Examen Previo del Congreso local, en la que se elaboraría el dictamen correspondiente a la solicitud de revocación de mandato que presentaron ediles de Mártir de Cuilapan (Apango) en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
De los cinco diputados convocados sólo asistieron el presidente de la Comisión, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario, el panista Iván Pachuca Domínguez; faltaron las perredistas Rosa Coral Mendoza Falcón y María del Carmen Cabrera Lagunas, y el priista Héctor Vicario Castrejón.
Consultado al respecto, Beltrán Orozco informó que se convocó a todos los integrantes y expresó que la intención era elaborar ya el dictamen para el caso de Apango, donde el grupo opositor a la alcaldesa, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras, y que mantienen tomado el Palacio Municipal, piden la revocación de Muñiz Gómez, de Movimiento Ciudada-no, a quien acusan de nepotismo, corrupción y desvío de recursos.
Dijo que la sesión de la Comisión se reprogramó para el miércoles, por lo que el resto de los integrantes serán convocados a fin de que para ese día ya haya un dictamen que posteriormente será presentado ante el pleno.
Se le preguntó si ya había un acuerdo respecto al sentido en que se dictaminaría, pero respondió que no y que para ello es necesario sesionar y que cada uno de los diputados exprese su opinión para construir un dictamen unánime.