En la Asamblea Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los representantes acordaron defender la Ley 701 que los reconoce como sistema de seguridad en el

estado y llamaron a la unidad para su defensa, además fue votada la convocatoria para la renovación de los coordinadores y comandantes regionales de la organización.
Ayer unos 200 integrantes de la CRAC: comisarios, comisariados ejidales, consejeros, comandantes regionales, delegados y policías comunitarios, de 34 comunidades de la Costa Chica y Montaña se reunieron en una terreno cercano a la casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde la asamblea llamó a unificar fuerzas con otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para la defender la Ley 701.
Durante la asamblea que inició a las 11 de la mañana y terminó poco antes de las 6 de la tarde, intervino el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y dirigente del partido Morena, Rubén Cay

etano, quien advirtió que hoy los diputados del Congreso local propondrán en la sesión extraordinaria la ampliación un año más de la vigencia de la Ley 701, para poder hacer foros de consulta y cambios en su estructura.
Señaló que la ampliación del plazo de la Ley no garantiza que subsista y afirmó que pone en riesgo el sistema de justicia como la CRAC que es reconocida como parte del Sistema de Seguridad en el estado.
El también asesor de la diputada de Morena, María de Jesús Quintero, indicó que la Ley no requiere cambios en su estructura, sino que los diputados deben realizar una reforma al artículo primero, para que la Ley 701 no quede en un vacío legal, como lo propuso la diputada de Morena.
Afirmó que el argumento de los diputados para realizar cambios a la Ley 701 es la integración de las comunidades afromexicanas asentadas en el estado. Sin embargo señaló que los diputados pretenden que en el año de ampliación se realicen foros de consulta para cambiar la estructura de la Ley. Sostuvo que para las comunidades afromexicanas se pueden realizar leyes propias.
“Si se amplía el plazo, van a tener tiempo de meterle mano (a la Ley), el objetivo es la autoridad comunitaria. El ampliarlo no garantiza que subsista la Ley 701”, y podrían hacer desaparecer a los sistemas de justicia comunitaria” como CRAC, sostuvo.
El presidente de la mesa de debates, S

abás Aburto Espinobarros, informó de la integración de una comisión para representar a la CRAC como asociación civil en la defensa de la Ley 701, que será integrada en una asamblea extraordinaria. La asamblea conformada por los representantes comunitarios acordó un plan de acción para la defensa de la Ley, que incluye un foro a finales de febrero para abordar el tema.
Los comisarios y delegados en sus participaciones llamaron a reforzar el compromiso para lograr juntar el mayor número de firmas para defender la Ley en el Congreso del Estado. Además de unir fueras con las organizaciones como la Policía Ciudadana de la UPOEG porque el objetivo que existe es común. Durante la asamblea no se abundó en el tema porqu

e los propios integrantes de la CRAC señalaron que el tema se había aborda

do con anterioridad. No obstante se llamó para que los representantes llevaran la información a sus pueblos y que la gente tenga mejor información.
En la reunión se acordó mandar un extrañamiento al Congreso del Estado por no haber integrado a la diputada de Morena a la Comisión Permanente, porque ha sido la única que ha defendido la Ley 701.
En la asamblea por mayoría de votos fueron reintegradas las comunidades de Tlaxcalistlahuaca, San Luis Acatlán; Chapultepec, Marquelia; y las comunidades de Plan de Pierna, Guadalupe Victoria, Colonia Luis Donaldo Colosio, Los Lirios, pertenecientes al municipio amuzgo de Xochistlahuaca.
Durante la participación unos diez  integrantes de las comunidades del municipio amuzgo manifestaron que por irregularidades cometidas en la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, que dirigía Eliseo Villar Castillo (preso desde el 30 de abril del 2015) la dejaron.
Además denunciaron que en Xochistlahuaca la alcaldesa priista, Aceadeth Rocha Ramírez, impuso a comisarios afines a ella en las comunidades, lo que ha provocado división entre los pobladores, y reiteraron que en el caso de Guadalupe Victoria, a ellos los eligieron más de 600 personas en una asamblea comunitaria.

Acuerdan reducir periodo de sus dirigentes

En la asamblea por votación unánime se aprobó la reducción del periodo de los coordinadores, comandantes y consejeros regionales de tres a dos años en los cargos, además por mayoría de votos fue acordado que las comunidades reintegradas a la Casa Matriz no tendrán el derecho a proponer representantes.
La propuesta de modificación la hizo el ex asesor Valentín Hernández Chapa y el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández se sumó a su propuesta para que el periodo sea más corto, bajo el argumento de que la carga laboral es muy grande y para evitar vicios en los coordinadores.
También se votó para que sean cinco los coordinadores regionales y no tres como actualmente está. Otra de las propuestas f

ue la integración de hasta ocho coordinadores regionales.
El llamado entre los comisarios y delegados insistentemente fue para que en los pueblos sean nombradas personas con honorabilidad y evitar integrantes como el ex coordinador Villar Castillo, fracturen y causen divisiones en la organización. La asamblea de cambio de autoridades será el 21 de febrero.

Presentan resultados de una investigación de robo de autos y homicidio

En la reunión por mayoría de votos se decidió la expulsión de la organización de Demetrio Rendón Flores porque no cumplió sus funciones en la comisión de la investigación a Edilberto Rosas Clemente y Jaime Rosas Álvarez detenidos el 16 de enero del 2015 a quienes se les comprobó robo de vehículos, asaltos y el asesinato de una persona.
Además se aprobó por unanimidad la detención del integrante de la CRAC para su reeducación de Guadalupe García Piza, por no entregar los documentos de la investigación. En el lugar se esperaba la llegada de un representante de la Fiscalía General del Estado, pero no llegó.
En la asamblea se dio lectura a la investigación realizada por la CRAC y se mostraron las pruebas como placas de los carros robados, la ropa de una de las víctimas que fue asesinada, además de los testigos y dos víctimas quienes acusaron y reconocieron a los dos delincuentes.

Las autoridades comunitarias recriminaron que la Fiscalía del Estado haya solicitado la liberación de las dos personas cuando existen pruebas sustentadas que los incriminan en los hechos delictivos. Llamaron a la autoridad a respetar a la institución de justicia que representan, porque cuando la Fiscalía actúa la CRAC es respetuosa, y recordaron que existe un convenio de respeto y colaboración.
En la reunión fueron acusados los policías municipales, los elementos de Protección Civil, Tránsito municipal y la Policía Ministerial de cómplices con la delincuencia, pues no detuvieron a los delincuentes cuando éstos siempre se trasladaban en un vehículo sin placas, contrario lo que pasaba con la población que era revisada de manera rigurosa.