El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), declaró infundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que desechó una queja que presentó contra Yoloczin Domínguez Serna por declaraciones a medios de comunicación en las que presuntamente lo denosta.
De acuerdo con proyecto aprobado por unanimidad del pleno del TEE, Sánchez Esquivel había denunciado ante la CNHJ a su sucesora en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque “realizó una serie de declaraciones ante diversos medios de comunicación en la que denosta e imputa de manera dolosa una serie de actos en su contra, que considera el quejoso pueden constituir una falta a los estatutos de Morena”.
El ex presidente de la Jucopo quien mantiene una pública confrontación con su sucesora en el cargo, argumentó que durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo Domínguez Serna se realizaron estas declaraciones.
Pero la CNHJ de Morena el 7 de febrero del 2023 declaró la improcedencia de la queja presentado porque fue promovida fuera de los 15 días “que señala el artículo 27 en relación con el 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ de Morena, lo anterior, pues la responsable tomó en consideración la última fecha relatada por el actor (23 de noviembre) en que dijo se cometieron las denostaciones en su contra”.
Sánchez Esquivel buscaba que el TEE revirtiera la decisión de la CNHJ de declarar improcedente su queja y que le ordenara darle cause, pero el órgano jurisdiccional aprobó confirmar el acuerdo de desechamiento del órgano intrapartidario, “toda vez que no le asiste razón al impugnante porque no se está en presencia de transgresiones a reglas y principios internos de Morena, sino de supuestas conductas que infringen derechos personales del ahora actor, por parte de otra Diputada miembro de su partido”.
Ordenan reponer elección de delegados en Metlatónoc
En la misma sesión el TEE dejó sin efectos los nombramientos de delegados de la colonia Guadalupe, municipio Metlátonoc que emitió el Ayuntamiento de ese municipio y ordenó su reposición.
El proyecto lo presentó la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, y fue aprobado por mayoría de votos. Se declararon fundados los agravios promovidos por Artemio León Leal, en contra de la elección de 21 de enero pasado, de delegado municipal de la colonia Guadalupe y, en consecuencia, el nombramiento expedido Elpidio Olivera Vitervo, como delegado propietario, expedido por el presidente del Ayuntamiento.
El motivo, es porque “la persona que se le nombró como delegado no participó en la elección realizada el tres de enero del 2023 que celebraron por usos y costumbres, en la que Artemio León resultó electo”, el pleno del TEE consideró que la elección se realizó “bajo los parámetros mínimos de regularidad constitucional”.
También se ordenó al Ayuntamiento que, en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de la resolución, expida los nombramientos a los ciudadanos electos delegados en la elección del 3 de enero.
El diputado local por Morena, Jacinto González Varona, informó que se necesita ajustar el sistema electrónico del Registro Civil y revisar de manera cuidadosa la ley secundaria, antes de poder hacer efectivos los matrimonios igualitarios en Guerrero, legales a partir de la reforma Código Civil publicada en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2022.
En consulta telefónica, informó que la semana anterior se realizó una reunión con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, del Registro Civil, integrantes colectivos de comunidades LGTB, y en su representación, la secretaria técnica de su equipo de trabajo, para revisar precisamente lo que se tiene que ajustar, para que se puedan llegar a cabo los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Adelantó que pronto se tendrá lista la iniciativa de reforma a la ley de Registro Civil, y esperan que sea aprobada antes del plazo de 180 días hábiles, que se estableció para garantizar la viabilidad de las reformas al Código Civil sobre matrimonios y concubinatos igualitarios.
Con dicha reforma, se eliminó el concepto de hombre y mujer como pareja, para maximizar los derechos humanos de todas las personas. Se señala que el matrimonio y el concubinato son figuras jurídicas que ofrecen un principio de organización y cooperación entre dos personas que deciden vivir en pareja.
González Varona indicó que la armonización tiene que ser cuidadosa, porque implica el acceso a los beneficios establecidos en los códigos civiles del país para las parejas.
Incluso, dijo que esperaba que la legislación estuviera lista para el 14 de febrero. No lo dijo, pero se sabe que el DIF estatal prepara una boda masiva para esa fecha, y el Registro Civil no podrían incluir a personas de la diversidad sexual.
El diputado local reconoció que el tiempo es insuficiente para legislar, porque la iniciativa entrará a comisión y debe ser aprobada pleno, pero ahora el Congreso local se encuentra ahora en periodo de receso legislativo. Es decir, sólo hay una comisión de diputados.
Asimismo, indicó que el Sistema Estatal del Registro Civil debe ajustar la manera en que se elaboran y archivan las actas de uniones civiles y de nacimientos, según la nueva legislación, para evitar fallas que impidan el acceso a derechos y obligaciones del matrimonio.
Al reclamo de colectivos, de que no han podido acceder a este derecho, sólo pidió “que nos aguanten tantito, estamos trabajando y no podemos permitir errores. Es un tema de derechos sociales y tratamos de evitar que tengan problemas que hacerlos efectivos”.
Arriba, el senador Manuel Añorve, el gobernador Héctor Astudillo y el diputado René Juárez, durante la reunión de gobernadores del PRI con diputados federales. Abajo, la foto del gobernador con los diputados federales de Morena, en la que estuvieron su secretario de Finanzas Tulio Pérez y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Alfredo Sánchez -Fotos: Karina Tejada y El sur
El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó ayer en la Cámara de Diputados a los legisladores federales guerrerenses de Morena, a los de PRI y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, la petición consensuada con los 81 alcaldes del estado, para que se aprueben 12 mil 309.81 millones de pesos en recursos para obras públicas prioritarias.
Esos recursos son adicionales a los más de 54 mil millones de pesos, propuestos en el presupuesto 2019 por el gobierno del estado.
Los alcaldes y el gobernador tienen hasta el 7 de diciembre para entregar futuras modificaciones por ampliaciones a su presupuesto o incorporar proyectos de obras públicas con sus respectivos expedientes técnicos.
En tanto que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregará el 15 de diciembre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019 a la misma Cámara de Diputados.
En entrevista posterior a las reuniones con los diputados de Morena y el PRI, Astudillo Flores precisó que le interesa mucho el desarrollo carretero para el 2019 para mejorar las comunicaciones en el estado y para promover que vengan más turistas.
Y ante las versiones de que el presupuesto de López Obrador considera recortes en varios rubros, subrayó que le interesa tener recursos suficientes para caminos y carreteras, obras de agua potable y construcción de mercados y espacios deportivos.
Indicó que espera del primer presupuesto del nuevo gobierno “mucha responsabilidad y claridad”, pues se da por descontado que “será respaldado por su grupo parlamentario, que es mayoría”.
Reconoció que no hay certeza de que se aprueben los recursos que solicita Guerrero, pero que tiene confianza y una relación correcta con los diputados de Morena, con quienes “no hay una relación de distancia y rispidez”, porque además el presupuesto “es para Guerrero, no para el gobernador”.
En el resumen de obras solicitó a los diputados, en orden prioritario, 5 mil 892.11 millones de pesos para la construcción de 106 carreteras.
Para el rubro de Agua Potable y Saneamiento, solicitó para 66 obras, 3 mil 123.04 millones de pesos. Para 44 obras públicas en general, mil 819.03 millones de pesos. Para Hospitales y Centros de Salud, 21 obras por 737.67 millones de pesos.
Para 28 obras en parques y espacios públicos, 437.70 millones de pesos. Para ocho obras en infraestructura de gobierno, 165.91 millones de pesos.
Solicitó una obra en infraestructura agrícola por 70 millones de pesos. Y para siete obras de construcción, remodelación, y reconstrucción de escuelas, 64.35 millones de pesos.
En el este documento que entregó a los diputados federales, se indica que 15 municipios no reportaron costo aproximado en 40 obras en conjunto.
Además que 98 obras no cuentan con expedientes técnicos y en otras los ayuntamientos no están de acuerdo con la mezcla de recursos.
En un apartado específico para Acapulco, el gobierno guerrerenses solicitó un total de 314.71 millones de pesos, de los cuales 214.60 millones será para obra pública general. Mientras que 65.06 millones de pesos serán para infraestructura de gobierno y 35.05 millones serán para agua potable y saneamiento.
En el resumen de la obra pública prioritaria entregado, el gobernador les dice a los diputados federales que derivado de la reunión del 13 de noviembre pasado con diputados federales de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la del 24 del mismo mes con los 81 alcaldes del estado, integraron una propuesta presupuestal consensuada.
Añade en su documento que en la reunión con los alcaldes todos coincidieron en emitir un mensaje “muy claro y preciso: en estos tiempos de democracia y pluralismo, necesitamos unidad y vamos a ir unidos a presentar las propuestas de los 81 municipios guerrerenses de las siete regiones a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que puedan ser considerados en su momento, las peticiones de obra pública prioritarias de cada uno de los presidentes municipales”.
Y que en la plenaria hicieron uso de la voz aproximadamente 38 presidentes municipales, y se dio continuidad a los trabajos a partir de mesas de trabajo, las cuales se instalaron en seis a excepción de Acapulco porque de este municipio ya tenían antecedentes de sus peticiones.
Diputados de Morena dispuestos a apoyar a Guerrero
A las 9 de la mañana de este martes en el salón de reuniones del Grupo Parlamentario de Morena, el gobernador fue recibido a puerta cerrada por los diputados federales guerrerenses, encabezados por la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada de Acapulco Rosario Merlín.
Ante ellos, el gobernador les dijo que entendía lo difícil del cabildeo por mas recursos para el estado, y que acudía “en una ruta ni de imprudencia, ni de ingenuidad”.
Explicó que el resumen de obras que entregaba, “es lo que salió” en la reunión con alcaldes y diputados locales.
“Me preguntaba la diputada Abelina (López), hace rato, que este año, ¿cuánto aproximadamente habíamos ejercido (en obras)? Yo le contesté, que aproximadamente dos mil 500 millones, entre agua, entre carreteras, entre el fondo regional que es concursable ahora”.
“Entonces esa cantidad que se ejerció este año, que se está ejerciendo, es más o menos el 20 por ciento de lo que ahora estamos solicitando”.
El gobernador les dijo a los morenistas y al único diputado perredista de Guerrero: “Nosotros entendemos perfectamente su proceso (de toma de decisiones). Y vamos a estar sencillamente muy atentos a lo que ustedes disponga”.
“Lo que es el propósito es pedirles a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, especialmente el presidente, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que nos haga favor de recibir el documento y que estaremos muy pendiente a lo que ustedes nos orienten”.
De acuerdo a la diputada, Rosario Merlín, los diputados de Morena guerrerenses se comprometieron a respaldar con su Grupo Parlamentario las propuestas de los 81 alcaldes.
Estuvieron en la reunión los diputados guerrerenses de Morena, Rosario Merlín, Javier Manzano Salazar, Víctor Mojica Wences, Abelina López Rodríguez, Carlos Sánchez Barrios, además del único diputado del PRD por Guerrero, Raymundo Gutiérrez.
Acudió a la reunión el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel. Y de los alcaldes sólo el de Cuétzala del Progreso.
A esa reunión el gobernador se hizo acompañar del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo.
Pide a diputados del PRI seguir siendo alternativa apoyando a Guerrero
Después, a las 10 de la mañana, el gobernador se encamino al salón de reuniones del Grupo Parlamentario del PRI, encabezados por su coordinador, el guerrerense, ex gobernador, ex senador y ex presidente nacional priista, René Juárez Cisneros.
Fue una reunión breve y sencilla, donde el coordinador parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, presentó y dio la bienvenida al gobernador y al senador Manuel Añorve Baños.
Luego el gobernador saludo a los diputados federales de su partido recordándoles que Guerrero es un estado de contrastes y retraso social, donde también tienen su apogeo en la minería y el turismo.
Igual les dijo a los priistas, que ganar la elección en Guerrero no fue fácil y les costó mucho en términos políticos, pero los invitó a caminar juntos estos tres años que le restan en su periodo de gobierno y es el periodo que duran en el cargo los actuales legisladores federales.
Tres años dijo, que servirán al PRI para aplicar su experiencia, capacidades y seguir siendo alternativa para la reconstrucción política del partido.
Por ello les pidió actuar con responsabilidad para no olvidar la desigualdad.
En respuesta, los diputados federales priistas intervinieron brevemente para decirle que le reconocen que es un gobernador responsable y que no olvidarán su compromiso de inyectar recursos a Guerrero para abatir la desigualdad de campesinos e indígenas.
Las bromas no se hicieron esperar, pidiendo al gobernador y a su coordinador guerrerense, realizar la siguiente reunión plenaria en Acapulco.
Y al final de su agenda, Astudillo Flores, recibió en la oficina del diputado René Juárez, al presidente, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien fue acompañado de los diputados guerrerenses de Morena.
Astudillo Flores le entregó copia del resumen de obras prioritarias emanadas de la reunión con los 81 alcaldes guerrerenses y posaron para la foto.
El gobernador estuvo acompañado por el senador guerrerense Manuel Añorve Baños y el secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo.
El diputado local del PRD Alberto Catalán Bastida, afirmó que la bancada en el Congreso no ha respaldado las propuestas de Morena porque sólo son ocurrencias y no hay debates serios.
En declaraciones después de la presentación de la nueva corriente perredista Renovación Guerrero, el diputado, cercano al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, dijo que hay una parálisis legislativa y administrativa en el poder Legislativo, como aseguró en la sesión del pasado jueves su compañero de bancada, Bernardo Ortega Jiménez.
“No por ser un partido de izquierda, significa que tengamos que ir a todo lo que propone Morena”, porque no se han presentado iniciativas que verdaderamente impacten y beneficien al estado, “estamos en contra de la mala administración del Congreso y de que se han presentado iniciativas y puntos de acuerdo que realmente son de ocurrencia de algunos diputados, y creo que ahí no podemos sumarnos. Lo vamos hacer en cosas de impacto, en temas importantes como los energéticos y el presupuesto, en estos dos meses no se ha dado una discusión importante que merezca la pena”.
En el mismo tema el presidente del partido, Ricardo Barrientos Ríos, apuntó que el PRD en el Congreso no está de acuerdo en “las formas (de Morena), creo que el tema de leyes, de trámites legislativos, claro que el PRD tiene que levantar la voz”.
Pero afirmó que no están en contra de ningún partido político pero sí a favor de que se respeten las leyes y la Constitución. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).
El candidato a diputado local plurinominal y coordinador de los candidatos a diputados locales del PRI, originario de Olinalá y paisano de la candidata a senadora por Morena, Nestora Salgado García, Héctor Apreza Patrón aseguró que él ni su partido tienen la intención de criminalizarla.
Dijo que no fue un gobierno priista el que la investigó, la acusó y la calificó como culpable del delito de secuestro, sino el gobierno perredista que entonces encabezaba Ángel Aguirre Rivero, quien tenía como procurador a Iñaki Blanco Cabrera.
Apreza Patrón públicamente ha sido vinculado con el grupo político que gobernaba en Olinalá, cuando era presidente municipal Eusebio González Rodríguez y el Ayuntamiento presentó la denuncia en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria, pero ayer se deslindó, aseguró que él no pertenece a ningún grupo y mencionó que entre su padre y el de Nestora tenían una “relación de amistad”.
“Yo soy un ciudadano que orgullosamente es de Olinalá, no soy Ministerio Público, no tengo elementos para hacer acusaciones en contra de nadie, no conozco los expedientes y en ese sentido no sé de qué grupo político se habla, yo hablo por mí, yo no estuve en los momentos que se dieron esas circunstancias ni conozco la carpeta de investigación”, aseguró Apreza Patrón cuando se le preguntó su opinión como candidato y militante del PRI e integrante del grupo político que acusó a Nestora, de que se reviviera el caso de la comandanta ahora en pleno proceso electoral.
Una de las presuntas víctimas que denunció por secuestro a Nestora es el ex síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, tío de Apreza Patrón.
Patrón Jiménez terminó la administración municipal que dejó Eusebio González, quien fue después diputado local y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local y actualmente es candidato a diputado federal por el distrito 05 con cabecera en Tlapa, aunque está impugnado porque el PRI no cumple la cuota de género.
González Rodríguez pertenece, a su vez, al grupo priista del ex secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón, quien encabeza la lista de los candidatos a diputados locales plurinominales.
Héctor Apreza fue consultado al término de la conferencia de prensa que ofreció ayer el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, en donde junto con Apreza rechazaron la versión de que el candidato del PRI a alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas secuestró al chofer de la candidata de la coalición Por Guerrero al Frente, integrada por el PRD, PAN y MC, Deysi García Gálvez.
–¿Pero es su partido el que está ahora nuevamente acusando a Nestora Salgado, respalda esa decisión de reabrir el caso?
–Yo creo que todas las candidatas y todos los candidatos si tienen un señalamiento deben de ser investigados independientemente de la institución política en que militen. Yo creo que si alguien tiene pruebas o señalamientos específicos y lo denuncian, las autoridades tienen que hacer las investigaciones, trátese de quien se trate.
Sin embargo admitió que una investigación ministerial no debe de ser utilizada políticamente.
–El hecho de que se retome el caso en pleno proceso, ¿no enrarece el clima electoral?
–Si alguien tiene algunos señalamientos y pruebas, la autoridad tiene la facultad de investigarla en todo momento, a lo mejor habría que pedirle a la autoridad que le diera celeridad, porque si no hay responsabilidades sale incluso fortalecida en el propio proceso.
–Pero da la impresión que hay una revancha política en su contra porque 2 años estuvieron las apelaciones en contra de los autos de libertad a su favor y hasta ahora los admite el Tribunal Superior–, insistió el reportero.
–Creo que allí quien debe de dar información es la gente que está llevando el caso en el Tribunal Superior de Justicia. Yo no me atrevería a contestar una pregunta de esa naturaleza porque carezco de la información correspondiente.
–¿Cuál es la relación entre los Patrón, los Apreza y los Salgado allá en Olinalá?.
–Entre el padre de Nestora, don Fernando que ya falleció, y mi padre Miguel que también ya falleció, había una relación de hermandad, una relación muy sólida, eran grandes amigos.
–¿Y ahora de parte de Apreza Patrón no hay interés de criminalizar a Nestora?
–Ni a Nestora ni a nadie, siempre Héctor Apreza a lo largo de su vida pública se ha opuesto a la criminalización de luchadores sociales o de ciudadanos.
“Pero también no olvidemos un tema, que no fue en un gobierno priista cuando se metió a la cárcel a Nestora. Fue en un gobierno perredista de Ángel Aguirre
–El municipal sí era priista y fue quien la acusó-, se inquirió.
–Pero finalmente quien llevó a cabo la investigación fue el estatal, cuando era procurador todavía en ese entonces Iñaki Blanco. Incluso Iñaki hace poco en una larga entrevista con los medios de comunicación dio una serie de elementos que yo no me atrevo a traer porque no conozco la información, pero no olvidemos que (Nestora) fue acusada y calificada como culpable por estructuras de autoridades emanadas del PRD. Eso no lo olvidemos.
Declaró que mientras tanto en Olinalá el clima es de tranquilidad y que, incluso, cuando Nestora Salgado estuvo allá hace dos semanas no hubo ningún conflicto, “la información que yo tengo es que hubo alrededor de 250 personas en su mitin y se desarrolló sin ningún problema, a lo mejor es más el ruido afuera que adentro. Adentro de Olinalá no hay un ambiente de confrontación ni un exacerbamiento en ningún sentido”.
Autoridades de la comunidad de Tierra Blanca, municipio de Acatepec, en la región de La Montaña, denunciaron que este año, por orden del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez, sólo se les venderá fertilizante para una hectárea de siembra, cuando el año pasado recibieron para dos.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, el comisario, Eugenio Rodríguez Morales, y el dirigente de la organización Grupo Plural Me’phaa, Calixto Espinosa de Jesús, dijeron que en la comunidad de Tierra Blanca siempre les han vendido el fertilizante, pese a que en reiteradas ocasiones el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha asegurado que es gratuito.
Espinosa de Jesús precisó que en el padrón hay 128 campesinos, “en 2017, sólo 48 podían comprar (fertilizante para) dos hectáreas, pero este año a todos les venderán (para) una hectárea, el monto por cada una es de 300 pesos”.
Manifestó que el alcalde de Acatepec, Jerónimo Mora Sixto, es manipulado por el diputado Raymundo García, quien argumenta que los campesinos revenden el fertilizante.
El dirigente de Grupo Plural Me’phaa dijo que los campesinos necesitan el fertilizante para sembrar calabazas, maíz y frijol para autoconsumo, “no para estarlo revendiendo, como dice el diputado perredista”.
Aseguró que ante la cancelación de la venta del fertilizante, las familias no tendrán para comer, por eso es importante que se les proporcionen los agroquímicos para dos hectáreas, “los pobladores no vamos a permitir que nos quiten una hectárea de fertilizante”, advirtió.
Calixto Espinosa de Jesús pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que tome en cuenta a la comunidad indígena, porque el alcalde de Acatapec hace lo que le indica Raymundo García. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el perredista Raymundo García Gutiérrez dijo que la falta de médicos en hospitales, centros de salud y clínicas se debe a la “mezcla de intereses” entre el sindicato y la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a la población.
“Aquí hay una mezcla de intereses entre las administraciones públicas y el sindicato, lo que provoca que salga perjudicada la ciudadanía”, agregó.
Consultado sobre el caso del indígena que murió en la sala de espera del hospital en San Luis Acatlán, dijo que la comisión ya presentó los exhortos correspondientes.
Este jueves en estas páginas se publicó que en San Luis Acatlán los vecinos de las comunidades no tienen derecho a la salud los fines de semana, porque no se presentan los médicos.
Ayer sin entrar en detalles dijo que se pidió que se reforzaran las zonas donde no hay médicos los fines de semana, y que fuera el personal de las jurisdicciones el que resolviera ese problema.
Dijo que su función en la comisión y como diputado es “tender” un puente de comunicación con la Secretaría de Salud, para que atienda la petición de médicos en las zonas que se requieran.
Insistió en que la falta de personal médico del hospital de San Luis Acatlán no sólo se presenta ahí, sino que es un “padecimiento” que se ha presentado a lo largo de los años en todo el estado.
Mencionó que el problema de esta falta de atención médica para la población de cualquier región indígena y urbana, es que entre los sindicatos y las dependencias públicas hay intereses que buscan y sólo los benefician a ellos.
El domingo 1 de octubre murió el señor Calixto Zavala esperando ser atendido en el área de urgencias, cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos no hay servicio médico.
De la muerte de cinco bebés que presentaron complicaciones de enfermedades nosocomiales, y el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Acapulco, dijo que no se ha presentado ese caso a la comisión del Congreso.
Aseguró que los familiares de los bebés deben presentar una denuncia formal ante el Congreso, para que los diputados puedan actuar y se presione a la Secretaría de Salud. “Los familiares deben denunciar la negligencia, aquí no ha hbido una denuncia de manera formal”, agregó.
Informó se presentó un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el presupuesto del próximo año se den más recursos a las morgues. Dijo que no ha sido informado de cómo iniciará el proyecto para mejorar las condiciones en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
El fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, declaró que no se va a subir al ring con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, en respuesta a la declaración del magistrado en el sentido de que no tiene elementos de que el Ministerio Público y la jueza del caso del diputado Saúl Beltrán Orozco fueron presionados para solicitar y librar una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, insistió que el Ministerio Público aceptó en declaraciones oficiales que fue amenazado, pero que no le dijo por quién. También advirtió que la jueza cometió un delito al emitir la orden de aprehensión sin que antes la Fiscalía haya solicitado el desafuero y adelantó que va a proceder en su contra.
Declaró que hay elementos para proceder penalmente en contra del diputado, pero que se tiene que esperar hasta que se resuelva el amparo que promovió. De lo contrario, dijo que si el Congreso resuelve antes su desafuero, si gana el amparo, le devolverían el fuero y la orden de aprehensión quedará sin efecto.
El fiscal Olea Peláez fue entrevistado este martes en su despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Por qué digo que estuvo mal el MP y la juez, porque el Ministerio Público nunca informó a su superior jerárquico de la existencia de esa averiguación previa en contra del entonces presidente municipal y luego diputado. Sin embargo consignó la averiguación previa con muchos errores”, dijo.
Y agregó que en cuanto a la jueza, libró la orden de aprehensión e incurrió en un delito establecido en el artículo 305 del Código Penal que se refiere a los delitos contra la administración de justicia y que establece que “se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien teniendo la calidad de servidor público inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero constitucional, excepto los casos que así lo permita la ley”.
En este caso, si no había juicio de procedencia en contra del diputado Beltrán Orozco, la juez no podía librar la orden para detenerlo.
Admitió que antes de la resolución de la juez, el MP debió por las propias declaraciones de testigos, “que dicen: ‘parecer ser que es diputado”, haber mandado oficio al Congreso de la Unión y al Congreso local para que le dijeran si era o no diputado. Explicó que el mismo procedimiento debió seguir la juez.
Después, Olea Peláez explicó que declaró que ambos servidores públicos fueron amenazados y les dieron dinero para que actuaran sin aplicar el procedimiento respectivo, “porque el Ministerio Público cuando vino y declaró en Contraloría y ante mí cuando lo regañé, que había sido amenazado pero no me dijo por quién”.
El fiscal recordó que la jueza recibió la consignación del MP el 6 de enero a las 3 de la tarde y tres días después, el 9 de enero, libró la orden de aprehensión.
Olea, argumenta: “cuando yo tengo conocimiento le digo (a la jueza), ‘no puedo ejecutar la orden de aprehensión porque el señor tiene fuero constitucional’ y allí es cuando solicito el juicio de procedencia”.
Pero explicó que ahora que ya se inició el juicio de procedencia, hay un amparo que promovió el diputado en contra de la orden de aprehensión, “entonces imagínate si lo desaforan y gana el amparo, lo tendrían que reinstalar y le tienen que dar fuero otra vez”.
El Congreso debe esperar amparo
La propuesta del fiscal es que ahora el Congreso tiene que esperar que se resuelva la solicitud de amparo y reiniciar un juicio de procedencia sin violentar las garantías individuales del diputado, “darle chance que acredite y darme chance a mí de acreditar su responsabilidad, porque si gana el amparo debe de suspenderse el juicio de procedencia y ya no va a haber orden de aprehensión”.
–Ya se cometió el error, ya el diputado Saúl está pidiendo que se proceda en contra de estos servidores públicos, ¿procede la petición del diputado?
–Sí, no he visto las denuncias, tiene que ratificarlas. Yo ya sancioné administrativamente al Ministerio Público, y si procede el delito lo consigno, igual que a la juez.
–¿Aun cuando sea de un poder distinto?
–Pues está cometiendo un delito.
–El magistrado presidente (Robespierre Robles Hurtado) dice que no hay elementos de lo que usted dice, que el Tribunal no es una servilleta…
–No me voy a subir al ring, ni quiero subirme al ring.
–Da la impresión que todos estos errores, como usted dice, fueron cometidos adrede, como para prepararle el camino al diputado para su salvación.
–Repito, el superior jerárquico no sabía de la existencia de la averiguación previa, el vicefiscal de investigación no sabía, el director de investigaciones tampoco, el fiscal general tampoco. Yo me entero cuando me la trae la Policía Ministerial y me dice “vea la orden de aprehensión”. Entonces yo le contesté a la juez, “yo no puedo detener al diputado por el delito por el que usted libró su orden de aprehensión porque tiene fuero constitucional y no me voy a ir a la cárcel por andar deteniendo a una gente que no debo por estar protegido por ese fuero”.
–¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en el sistema de justicia con servidores públicos que se supone conocen la ley como un Ministerio Público y con mucho más razón una jueza?
–En mi vida jurídica he visto muchos errores judiciales en los ministerios públicos.
–¿Como estos que son básicos?
–Como estos, en tanto en este país no se tenga un control absoluto de la capacidad jurídica de las gentes, es difícil y pasa en todos los países del mundo, no nada más en Guerrero y en México. Por eso existen los defensores y por eso se ganan los amparos.
–¿Qué sanción le impuso al Ministerio Público?
–Está en la contraloría interna y está por resolver esta situación. No me puedo meter administrativamente en lo que pueda hacer el Tribunal (con la juez). Yo sé que un Ministerio Público hizo mal las cosas.
–El Congreso le está pidiendo la carpeta de investigación para que resuelva
–Ya se envió.
–¿Cuando la envió?
–Mañana (hoy) se envía, perdón, todo por lo que solicité la ampliación del plazo.
–¿En esa información usted sostiene que hay elementos para que proceda el desafuero del diputado?
–Y ofrezco toda la averiguación previa.
–¿Pero en la acusación concreta usted sostiene que el diputado sí cometió el delito de homicidio?
–Eso es lo que sostengo yo, pero te estoy diciendo que jurídicamente el Congreso debe esperar a que desahoguemos las pruebas.
–¿En el caso del Tequilero, cómo van las investigaciones?.
–Vamos bien, tenemos entre 9 a 15 detenidos que ya están en la cárcel, están vinculados a proceso, tienen asuntos de formal prisión.
–Menos él, ¿por qué? Si ya hay detenidos se supone que hay información que han aportado.
–Relativa, porque tienen derecho a no declarar. Yo no los puedo obligar a declarar.
–El compañero periodista Cecilio Pineda Birto en su último reporte habla de que hay gente que les ha dicho a ustedes donde está, cómo y dónde se mueve pero que sospechosamente no lo detienen…
–A ver, estamos interviniendo la Policía Ministerial, el Ejército y la Policía Estatal. Somos tres instituciones que estamos muy pendientes y en plena investigación para detener a este sujeto. Ustedes tienen que entender como periodistas que estas gentes tienen recursos, tienen amedrentados a ciertos pueblos y ciertos pueblos los protegen.
–Aún así, son tres instituciones con todo el poder del estado, contra un señor que tiene cinco gentes, usted dijo que estaba disminuido en una de las entrevistas.
–Tan es así que ya salió de su zona de influencia que era San Miguel Totolapan y Ajuchitlán. Se han hecho operativos, muchas cosas de inteligencia, no es tan fácil detener a la gente.
¿No será por las redes de complicidades de las autoridades, como lo dijo el obispo Salvador Rangel?
–No, yo creo que si el obispo lo dice yo con mucho gusto le abro las puertas al señor obispo para que me diga qué servidores públicos están protegiendo e inmiscuidos con el crimen organizado. En este gobierno quien tenga una responsabilidad penal se va a la cárcel.
“Tenemos que hacer bien las cosas, yo encontré una Fiscalía colapsada, desecha, estamos reconstruyendo. El corazón de la fiscalía estaba muy enfermo. Tenemos que capacitar bien a las gentes en el nuevo sistema y terminar con el rezago del antiguo sistema”.
Dos horas antes de ser asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, la cabecera de Pungarabato, el periodista Cecilio Pineda Birto señaló que hay “compromisos muy, muy fuertes” entre el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En un video transmitido en vivo de 12 minutos y 37 segundos el periodista también acusó al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero, y con el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco quienes convivían en fiestas populares, y los uniformados escoltan a las esposas de los delincuentes, “pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
Afirmó que existen videos como prueba de la relación, pero no alcanzó a publicarlos.
Cecilio Pineda era director de un semanario La voz de Tierra Caliente, que según fuentes de la región no se imprimía desde hace seis meses, y cuando lo hacía el tiraje era de mil ejemplares que él repartía en diferentes Ayuntamientos de la zona. También enviaba información para el periódico nacional El Universal y agencias locales, pero su mayor audiencia la tenía en los portales Youtube.com y Facebook.com.
En un video que el reportero transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el día en que fue asesinado, informó que regresaba a Ciudad Altamirano después de visitar San Miguel Totolapan, “la mera verdad se siguen sumando escuelas, al paro, son alrededor de 104 escuelas que pararon labores en solidaridad con el movimiento (de autodefensa por la paz), se acuerdan que hace ocho días vino el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, de derechos humanos y se hizo un argüende”.
Dijo en referencia a la reunión del 21 de febrero en ese municipio al que acudió el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para dialogar con profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz, con la intención de analizar el regreso a clases pero los maestros les reiteraron que no volverán si el gobierno no detiene a El Tequilero.
A esa reunión asistieron unos 200 maestros en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses.
“El chiste es que fracasó este operativo, como ven son pocos los policías estatales que recorren la cabecera y lo demás… pues no han agarrado a nadie, sigue igual”, dice a sus seguidores.
Después recordó que contrario a la promesa de detener a El Tequilero, el Congreso local concedió 10 días más de plazo antes de dictaminar si procede o no el desafuero del diputado local priista que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo y que además tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento.
Comentó que en la cabecera de San Miguel Totolapan se comentaba que al día siguiente habría otra reunión con el delegado de Servicios Educativos en la Tierra Caliente, y que ahí el Movimiento por la Paz haría un pronunciamiento “para dar a conocer ya, las medidas más drásticas que se van a tomar para obligar en este caso al Congreso del Estado y al fiscal estatal Javier Olea (Peláez), y al secretario de Seguridad Pública a que detengan a estas personas que siguen ahí en La Gavia”.
“Incluso sicarios de ellos mismos han salido y que estuvieron ahí en hechos recientes, ahí en el topón que se dieron con los militares y ministeriales, han desertado y ellos mismos están dando lugar, están dando a conocer donde se encuentra El Tequilero, dónde se encuentra El Vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no, no los quiere detener y eso que ya saben dónde están todas sus posiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra El Tequilero, con quién se encuentra El Tequilero en estos momentos”, agrega.
El reportero insistió en que los sicarios del grupo de Los Tequileros que desertaron “están dando a conocer sicarios de ese grupo criminal dónde tienen todas sus guaridas, y ni así quieren ir a detenerlos (las autoridades)”.
Después habló de delicados transcendidos en San Miguel Totolapan, “incluso hay videos en los que acusan al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero y con el diputado, al grado de que convive con ellos en fiestas populares, incluso escolta a sus esposas a traer suministros ahí a la cabecera municipal, les da protección a las esposas de los sicarios, hay muchas cosas que no se entienden que uno como ser humano pues por lógica piensa que ahí hay algo de relación, entre el gobierno y este grupo criminal”.
Después del señalamiento dijo que “deberían hablar con El Tequilero y habrían de montar un show de que por lo menos hace como que se entrega, para así ya dar certidumbre a la gente y vuelvan a su chamba, a sus actividades y dejen el movimiento, pero no quieren hacerlo, pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
El periodista dijo que esperaría a saber cómo terminaría el caso “esperemos que no sea con más muertes, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser, total esto ustedes lo han visto, hay esos señalamientos, han visto todo este procedimiento y pues la mera verdad llama mucho la atención del por qué no quiere actuar el gobierno sabiendo que hay sicarios de El Tequilero que están dando a conocer todos los puntos y guaridas de dónde está, y lo más grave es que señalen a elementos estatales coludidos con este grupo criminal”.
Después dijo que será el Movimiento por la Paz el que dé esa información y que él sólo comentaba lo que había escuchado, que son transcendidos de manera extra oficial.
Comentó que seguiría al pendiente del caso “que pudiera salirse de control al gobierno del estado si no atiende las demandas de los ciudadanos de aquí de San Miguel Totolapan”.
