Después dilaciones que el Poder Legislativo ha dado al juicio de procedencia contra el diputado Saúl Beltrán Orozco para desaforarlo, ahora la Comisión Instructora rectificó y dijo que no dio 10 días naturales sino hábiles a la Fiscalía para entregar la documentación solicitada por la defensa del acusado de homicidio calificado.
Contra el diputado priista hay una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, y además es señalado de tener vínculos criminales y compadrazgo con el jefe de una banda del crimen organizado, Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero.
Ayer debió concluir el plazo que el Congreso del Estado le dio a la Fiscalía para entregar copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa que solicitó la defensa del diputado priista, de acuerdo con la declaración del presidente de la Comisión Instructora, el panista Iván Pachuca Domínguez.
El 22 de febrero el presidente de la Comisión encargada de dictaminar el caso, Iván Pachuca, informó que los diputados acordaron dar “un plazo razonable de diez días naturales”, los que tendrían que concluir ayer sábado.
El diputado afirmó que en cuanto la Fiscalía entregara la información solicitada “de manera inmediata” terminarán el dictamen, pero ayer la diputada perredista Silvia Romero Suárez, también integrante de la Comisión Instructora confirmó que el acuerdo fue dar un plazo de 10 días hábiles y no naturales.
Por eso, el plazo se cumplirá hasta el próximo miércoles 8 de marzo y no fue ayer 4 de marzo.
Pero después de la reunión de la Comisión el 22 de febrero, no se ha reunido y el presidente ha cancelado ya dos veces las sesiones; la última fue el jueves cuando por la mañana informó a los integrantes que no se reunirían.
El primero de marzo se cumplió un mes desde que la Fiscalía solicitó por escrito al Congreso local iniciar un juicio de procedencia contra Saúl Beltrán, y el próximo jueves 9 de marzo se cumplen dos meses de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra, que no puede ser ejecutada porque el político tiene fuero.
Al Congreso local llegó la solicitud de juicio de procedencia contra el también ex alcalde de San Miguel Totolapan el miércoles primero de febrero, pero el asunto no fue llevado al pleno hasta el otro miércoles 8, a pesar de que la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado dice que sólo hay un único plazo de 10 días hábiles para dictaminar el caso y el proceso no habla de un derecho de audiencia, se la otorgaron para no violar el derecho establecido por la Constitución.
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Pide el PRD al Congreso que deje de proteger al diputado Beltrán y desaforarlo
El presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió al Congreso Local dejar de proteger al diputado priista Saúl Beltrán Orozco y exigió a la Comisión Instructora que proceda al desafuero del también compadre del líder del grupo criminal Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte.
En declaraciones en sus oficinas después de la sesión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), el dirigente perredista consideró que es preocupante la aparente defensa que la Comisión Instructora del Congreso está tomando hacia su compañero de legislatura.
El miércoles, la Comisión Instructora encargada de dictaminar si procede o no el desafuero del también ex alcalde de San Miguel Totolapan acordó una prórroga de diez días naturales para que la Fiscalía estatal le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, que solicitó la defensa de Saúl Beltrán, lo que generó la demora para presentar el dictamen que le quitaría o ratificaría la inmunidad constitucional del priista, que vencía ayer.
Celestino Cesáreo afirmó que la acción de posponer el dictamen fue únicamente para darle “largas al desafuero”, porque recordó que “al señor no lo están acusando de difamación, de cosas menores, las acusaciones son muy graves. El señalamiento es directo y el Congreso debiera actuar con diligencia y poner a disposición de la Fiscalía a Saúl Beltrán”.
El también ex diputado local recordó que no es facultad del Congreso decir si Saúl Beltrán es culpable o no, y sólo debe resolver la procedencia del desafuero a partir de las pruebas que la Fiscalía les entregó.
Al actuar así “pareciera que están ayudando, protegiendo” a su compañero de legislatura a pesar de que tiene señalamientos directos de vínculos con un grupo criminal y hay una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.
El dirigente perredista insistió en que la figura del fuero constitucional es “arcaica” y que en el caso del Beltrán Orozco está sirviendo para evadir una responsabilidad ante una acusación muy grave.
Consideró que más que investigar, la Comisión Instructora debe resolver a favor el desafuero, porque de lo contrario estaría contradiciendo la investigación que realizó la Fiscalía y que fue revisada por un juez que también encontró elementos para encontrarlo responsable.
“Si no estuviera bien integrada la averiguación, el juez no habría librado la orden de aprehensión. Si hay una orden es porque hay elementos, indicios de que tiene responsabilidad”, insistió el perredista.
Dijo que aparentemente los diputados “están dando tiempos para que el diputado recurra a todas las vías legales y cuando le quiten el fuero ya tenga algún recurso legal para no enfrentar la acción de la justicia”.
Se le preguntó por la postura que el PRD debe de tener al interior de la comisión dictaminadora, en la que están Ernesto González Pérez y Silvia Romero Suarez.
Apuntó que los van a buscar, porque al PRD le preocupa la dilación en el proceso de desafuero, es que la posición del PRD en la comisión debe ser “porque se resuelva ya y se le quite el fuero a Saúl Beltrán”.
Flor Añorve se dice preocupada por la prórroga en el juicio de desafuero de diputado priista
La presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, responsabilizó a la Comisión Instructora de la decisión de no acatar el plazo de diez días hábiles que prevé la ley para concluir el proceso de juicio de procedencia para retirar el fuero, que no establece el derecho de audiencia ni de prórroga, en el caso del diputado priista Saúl Beltrán Orozco.
En declaraciones a reporteros en el Congreso local, dijo que respeta las decisiones que toma la Comisión Instructora, como la aprobación de una prórroga de diez días que concedió para que la Fiscalía le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, a solicitud de Saúl Beltrán durante “su derecho de audiencia”, de lo que en un primer momento dijo que no tenía ningún comentario.
Una reportera preguntó si la dilación del plazo para dictaminar no podría ser una irregularidad del poder Legislativo, la coordinadora de los diputados priistas respondió: “la ley… aquí del Congreso, establece exactamente los tiempos en los que se tiene que emitir un dictamen (diez días hábiles que concluyeron ayer), finalmente ellos hicieron un acuerdo y están pidiendo una prórroga de algún tiempo para recabar las pruebas”.
Dijo que el asunto le preocupaba y que lo planteó a los diputados de la Instructora, en el sentido de que el procedimiento de juicio de procedencia “no habla de darle al diputado el derecho de audiencia, sin embargo fue un comentario que hizo Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Ricardo (Mejía Berdeja), y qué bueno, a mí me pareció que pudiera ser, sin embargo yo no soy la que toma las decisiones”.
La diputada responsabilizó al diputado Ricardo Mejía de proponer que la Comisión dictaminadora diera audiencia a Saúl Beltrán. Sin embargo, la fracción de MC no tiene a ningún integrante en la Comisión Instructora que es la responsable del procedimiento.
La figura de derecho de audiencia que se le otorgó a Saúl Beltrán sólo existe en los procesos de juicio político y revocación de mandato, pero “finalmente la Comisión es la que tiene la autoridad en la materia”, dijo la diputada priista.
Flor Añorve afirmó que respetó la decisión de la Comisión Instructora de otorgar el derecho de audiencia, si estas tienen la aprobación de la mayoría de sus integrantes.
Los reporteros preguntaron a la presidenta del congreso si la Comisión se está extralimitando, a lo que solo respondió, “no tengo comentarios”.
El diputado priista y ex alcalde de San Miguel Totolapan es acusado de homicidio calificado y señalado como integrante del grupo criminal Los Tequileros.
Lo que dice la ley
La Ley 695 de Responsabili-dades de los Servidores Públicos del Estado, cuando se refiere al juicio de procedencia no habla ni del derecho de audiencia del funcionario imputado, ni de la ampliación del término de la Comisión Instructora para dictaminar.
El artículo 39, establece que corresponde a esa instancia “sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular el proyecto de resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del expediente y remitirla al Pleno del Congreso del Estado, quien aprobará y dictará la resolución correspondiente por el voto de los dos terceras partes del total de sus miembros, en la que confirme o suspenda la inmunidad constitucional”.
Si el Congreso determina quitar la inmunidad al enjuiciado, devolverá la Carpeta de Investigación junto con la declaratoria de procedencia de responsabilidad penal a la Fiscalía General o al Agente del Ministerio Público Especial para que ejercite la acción penal y solicite a un juez librar la orden de aprehensión.
La ley dice también que si la Comisión Instructora “confirma la inmunidad”, entonces se suspenderá todo procedimiento y la responsabilidad penal podrá ejercitarse hasta que el servidor público haya concluido el ejercicio de su encargo.
En su artículo 40, la ley dice que la resolución de la Comisión Instructora “no prejuzga los fundamentos de la imputación”.
Ya hay una orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán por asesinato
Desde el 9 de este mes existe una orden de aprehensión por homicidio contra el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, dictada por una juez de Chilpancingo, reveló anoche el noticiero 10 en Punto de Televisa, que dirige la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con una nota del reportero Raymundo Pérez Arellano, el ex alcalde de San Miguel Totolapan está acusado de ordenar el asesinato del empleado municipal, José Antonio Ceferino Gil, quien atestiguó el secuestro del párroco de la Iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascencio Acuña, quien también fue asesinado.
La nota detalla que Ceferino Gil era trabajador de Catastro en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el 24 de septiembre de 2014 sicarios de un grupo de la delincuencia organizada, apoyados por policías municipales, lo sacaron a la fuerza de su casa.
El padre de la víctima, José Ceferino Vergara, buscó al entonces alcalde, el ahora diputado priista Saúl Beltrán Orozco, quien le pidió que regresara al día siguiente, y le informó: “Ya no vas a volver a ver a tu hijo”.
En el programa se presentó una imagen del texto de la orden de aprehensión con las declaraciones del padre de la víctima.
Dos días antes de que fuera secuestrado, el trabajador de Catastro, Antonio Ceferino Gil, había atestiguado el secuestro del párroco de San Miguel Totolapan, José Asencio Acuña, quien ofició el bautizo donde Saúl Beltrán Orozco y el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, se hicieron compadres. Al padre Ascencio Acuña se lo llevaron el 22 de septiembre.
La nota fue acompañada por imágenes del bautizo de la hija de El Tequilero, al que asistió el entonces alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, e incluso en el video se escucha como el cantante del grupo que amenizaba la fiesta le manda saludos a “mi amigo El Tequi” y también al alcalde.
En el video del bautizo aparecen Saúl Beltrán y también El Tequilero, mientras que hombres vestidos de civil con armas largas están en posición de vigilancia en la entrada de la fiesta.
Como parte de la nota se presentó un testimonio anónimo de un miembro del Movimiento por la Paz, que describe que el ex trabajador de Catastro presenció cuando un grupo de Los Tequileros y “un escolta” del ahora diputado local Beltrán Orozco sacaron de la iglesia al párroco.
“Entonces fue el único que presenció eso y por haberlo hecho fue que también lo asesinaron, fue mandado asesinar por Saúl Beltrán”, señaló.
A raíz de las investigaciones fue detenida la policía municipal Perla García Navarro, acusada de secuestrar y asesinar al párroco, quien en su declaración ministerial detalló que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente (Saúl Beltrán), ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él, lo fuimos a sacar a la iglesia el día 22 de septiembre del 2014”.
Perla García Navarro agregó en su declaración que cuando entraron a la iglesia iba entrando también Antonio Ceferino Gil, quien vio cómo se llevaron al párroco José Ascencio Acuña. “Así que nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Ante los hechos, el 9 de enero se decidió girar una orden de aprehensión, ante la existencia de elementos, contra Saúl Beltrán Orozco, por considerarlo probable responsable de homicidio calificado en contra de Antonio Ceferino Gil. Pero la orden de aprehensión no ha sido ejecutada aún y no se sabe si la Fiscalía General del Estado ya solicitó al Congreso local que abra un juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado priista.
Confirman a Huicochea en la asamblea priista de Tierra Caliente; no asiste el diputado Saúl Beltrán
Este martes en la asamblea regional realizada en Coyuca de Catalán, los priistas de Tierra Caliente confirmaron la elección de Heriberto Huicochea como dirigente estatal.
Cerca de 500 consejeros regionales se dieron cita en el auditorio municipal de Coyuca de Catalán para el acto donde confirmaron la elección de Huicochea, con la presencia de los alcaldes Abel Montúfar Mendoza de Coyuca de Catalán, Onofre Santana Ramírez de Ajuchitlán, y Adolfo Torales Catalán, de Arcelia.
Sólo faltó la presidenta de Zirándaro, Yolanda Anaya Cruz, quien al parecer por un compromiso de trabajo no llegó. Tampoco estuvo el diputado local y ex alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, en el centro de la polémica tras las declaraciones del fiscal general del estado Xavier Olea Peláez de que se investigan las denuncias sobre sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Tequileros.
Los tres alcaldes llegaron con los policías estatales que mantienen como seguridad personal y se instalaron en la entrada del edificio.
En el acto, Heriberto Huicochea dijo que realiza un recorrido por todo el estado y por la Tierra Caliente para ir renovando los comités municipales del partido, y así irse preparando para la elección del 2018.
Agregó que “estamos iniciando una etapa incluyente donde puedan participar todas las corrientes del partido, donde nos podamos concentrar todos y de ahí proceder en ir organizando los comités y tener en breve tiempo un partido unido y organizado”.
Exhortó a los priistas de Tierra Caliente a que lleguen con los mejores cuadros para el siguiente proceso electoral.
Dijo que en Guerrero el mejor activo del PRI es el gobernador, por “eso tenemos que apoyar a Hector Astudillo en las actividades que realiza, debemos de estar cerca del gobierno porque somos el partido que gobierna, y esto es una alta responsabilidad”.
El alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, tomó la palabra poco antes de clausurar el acto, y dijo que “el PRI asume con toda responsabilidad las actuaciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por buscar mejorar las condiciones del país sentando las bases del presente para mejorar el futuro de nuestro hijos”
También señaló que “respaldamos también el trabajo del licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, con el plan de austeridad para lograr más recursos que mejoren las finanzas de Guerrero”.
Al finalizar el acto en Coyuca de Catalán, Heriberto Huicochea se encaminó rápido a la salida y afuera del edificio dijo que tratará de renovar el partido y que si hay algún priista que tenga que ser investigado que dejarán que las autoridades hagan su trabajo.
Lo anterior en relación a los señalamientos contra el diputado local calentano Saúl Beltrán Orozco, y su relación con el grupo criminal de El Tequilero.
Se le preguntó si defenderían a Saúl Beltrán, y dijo que “vamos a trabajar todo lo que tengamos que trabajar, vamos a renovar de abajo al partido hacia arriba, y que las autoridades hagan su trabajo como tengan que hacerlo”.
Acerca de las condiciones en las que encontró a los priistas de la región señaló que la gente está “muy animada, creo que en toda la región está muy vivo el priismo”.
Renuncian al PT militantes de Tlapa en repudio al diputado federal Wences Real
Integrantes del Partido del Trabajo (PT) de este municipio lo abandonaron por la falta de democracia e imposiciones del dirigente regional y actual diputado federal Victoriano Wences Real, dijeron.
El ex regidor Fredy de Jesús Castro Guevara y el ex síndico José Franco Gómez informaron que tomaron la decisión con otros 35 militantes porque Wences Real impuso candidaturas en el 2015 y después de la derrota no los convocó, además de malas experiencias cuando el petista fue presidente municipal.
Dijeron que comunicaron vía oficio y personalmente el pasado 15 de noviembre al coordinador estatal del PT, Fredy García Guevara, los motivos de su decisión.
En el documento entregado argumentan su salida por la falta o nula organización y trabajo en equipo, porque imponía las acciones a realizar; desentendimiento de los principios y valores del PT; prepotencia con militantes activos, lo que provocó que muchos salieran antes para no recibir malos tratos.
Además de injerencia y designación a criterio personal de delegados municipales, consejeros distritales y de personal en puestos de trabajo, renegando de los militantes que lo llevaron al triunfo, nepotismo y corrupción como funcionario público, y que no cumplió los compromisos con la población de gestionar obras de impacto, como el auditorio, el relleno sanitario y un centro de rehabilitación para jóvenes.
Agregaron que le dijeron a Castro Guevara que en la administración petista del ayuntamiento de Tlapa hubo nepotismo al estar en funciones Margarito y Quirino, hermanos del ahora diputado, pero no podían decir nada porque no eran escuchados.
A eso se sumó que le diera la candidatura a su esposa, Leticia Mosso Hernández, sin consultar a nadie, y jugar con los espacios de otras personas y el tiempo que le han dado al PT y luego no sean consultados.
Le recordaron que él ganó por la coalición con el PRD, porque el PT perdió fuerza por sus actitudes.
Dijeron que para seguir apoyando a la gente coincidieron en crear la asociación civil Nunca más un Tlapa sin nosotros, desde donde brindarán servicios médicos, psicológicos, elaboración de proyectos productivos, asesoría jurídica y canalización de las demandas de la gente.
Reclama Celestino a perredistas que piden la expulsión de diputado que no critiquen al PRI
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió a militantes de ese partido que así como exigieron la expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri –por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para restarle alcances a la comisión especial del caso Ayotzinapa–, condenen y respondan también a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo.
Cesáreo Guzmán indicó que los perredistas que el martes criticaron a Martínez Neri no han sido “muy activos” en respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que el próximo viernes se reunirá con el diputado federal en la Ciudad de México para que éste le explique las razones por las que respaldó la propuesta de cambiar el objetivo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para el caso Iguala.
Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala y ya no dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En respuesta, el martes en Acapulco militantes del PRD y fundadores de ese partido exigieron la destitución y expulsión de Martínez Neri; entre ellos se encontraban Rafael Aréstegui Ruiz, Eloy Cisneros Guillén y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del puerto, Isaías Arellano Maldonado.
Consultado al respecto, Cesáreo Guzmán comentó que se sorprendió cuando conoció la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por eso ayer se comunicó con él vía telefónica.
Explicó que acordaron reunirse el viernes en la Ciudad de México para que el diputado federal le exponga las razones por las que respaldó ese acuerdo y los alcances del mismo, y dijo que a partir de eso el CEE en Guerrero podrá fijar una postura al respecto.
“El diputado Martínez Neri es alguien con quien tenemos relación política porque ha atendido a varios dirigentes estatales del PRD para temas de Guerrero, por eso nos sorprende ese acuerdo”, señaló.
Dijo que en la llamada el diputado federal le manifestó su respeto al movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su postura de exigencia de justicia.
De la conferencia de prensa que ofrecieron militantes del PRD el martes en Acapulco, Cesáreo Guzmán manifestó que le preocupa que miembros del partido “tengan más fuerzas” para pelear internamente que para responder a posturas del PRI, partido que actualmente gobierna Guerrero y el país.
“Los exhorto a que escuchen las razones del diputado, que se serenen y después con toda la información se tome una decisión más allá de protagonismos innecesarios”, pidió.
Dijo que convocará a líderes del partido a que acudan a la reunión del viernes para escuchar al diputado federal, sin embargo comentó que hasta ayer por la tarde ninguno de los que se quejó en la conferencia se había comunicado con él para expresar su molestia.
“Ninguno se ha comunicado conmigo y tampoco los he visto muy activos en la lucha de los padres de los estudiantes, por eso también me sorprenden su postura, ojalá sea el inicio de su participación”.
Finalmente llamó a los militantes del PRD que el martes pidieron la expulsión del diputado federal, que así como hicieron esa crítica, también condenen y respondan a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, quien desde que asumió al cargo ha hecho señalamientos en contra del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.
Respecto a la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien el martes informó que de acuerdo con la evaluación previa correspondiente al primer mes de la estrategia de seguridad, la violencia en los cinco municipios de Guerrero que están dentro de la misma ha disminuido en un 30 por ciento en comparación con el mes anterior, el líder del PRD dijo que toma con reservas esas cifras.
Indicó que el partido esperará unos días más para fijar postura respecto al nuevo operativo nacional de seguridad.
Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa
Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.
Ni la delincuencia ni algún mensaje a Evodio están en el asesinato de Guzmán, dice Rumbo
El diputado federal perredista David Jiménez Rumbo señaló que “es una bajeza” del gobierno del estado atribuir el crimen a la delincuencia organizada, y del Comité Ejecutivo Estatal del PRD señalar el movil político como causas del homicidio.
En declaraciones después del funeral, Jiménez Rumbo insistió en su llamado al presidente de la República Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde Evodio Velázquez a que asuman su función de gobernar.
“Tan desafortunado es que se diga que fue un asesinato político, como irresponsable es que se diga que es un crimen de la delincuencia organizada –como lo señaló ayer por la mañana un comunicado de prensa del gobierno del estado–, a ningún barón de la delincuencia organizada le interesa muerto este muchacho”, dijo
“Matar a Arquímides no es un mensaje para el gobernador porque no es cercano a él, no es mensaje para el alcalde porque no es cercano a él, ¿a qué grupo de la delincuencia organizada le interesa mandarme un mensaje a mí si yo no tengo fuerzas armadas para responderles, yo no los estoy persiguiendo, yo no tengo vela en el entierro?”, agregó.
Y señaló que “a Arquímides Guzmán lo mató, en mi opinión, alguien que pensó en matarlo, y ese alguien vive en Guerrero y aquí está impune, y el que mata una vez, mata otra vez, queremos que se le encuentre y se le castigue”
El dirigente de Grupo Guerrero acusó al presidente del CEE, Celestino Cesáreo de pretender “lucrar” con el asesinato al vincularlo al contexto de una campaña contra el alcalde Evodio Ve-lázquez y sugerir que se establezca el movil politico como una línea de investigacion: “es bajeza decir que es un asesinato político, yo no acepto las bajezas contra el alcalde Evodio, no acepto las bajezas del partido”.
Jiménez Rumbo reprochó que las autoridades estatales quieran vincular el homicidio de Guzmán a la delincuencia organizada.
Dijo que ni el gobierno del estado tienen pruebas de que fue una acción de la delincuencia organizada o de que hay un móvil político en el crimen, por lo que exigió que se investigue y se castigue al responsable.
Reclamos a Evodio, Astudillo y Peña Nieto
El diputado federal adelantó que hoy o mañana buscará reunirse con el gobernador Héctor Astu-dillo y después con el fiscal Xa-vier Olea Peláez.
Luego insistió: “No acepto la acusación cobarde de Celestino contra Astudillo”. Dijo que no se debe “politizar” el asesinato sino se debe investigar porque el homicida le dio un balazo en la cara y eso es un mensaje de que “quien ordenó el crimen fue alguien que odiaba” a Guzmán Cisneros.
Demandó al PRD que acompañe la exigencia de Grupo Guerrero para esclarecer el homicidio pero sin prejuicios, pues “¿por qué vamos a decir que hubo un movil político si no sabemos? Ni siquiera ocupaba cargo de dirección política. Era funcionario, tampoco acepto que se diga que fue un asesinato más de la delincuencia organizada”.
Dijo que el alcalde Evodio Ve-lázquez no puede dedicarse a saludar turistas ni el gobernador Héctor Astudillo a entregar proyectos productivos ni el presidente Enrique Peña Nieto a andar en actividades internacionales sino que su función es gobernar: “¿Sa-bes qué es gobernar? Brindar se-guridad a los ciudadanos, de que podrán hacer su trabajo sin riesgo de que los maten”.
Por la formal prisión, ya no procede dar licencia al alcalde de Cocula, dice Vicario
Ayer se notificó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso local que fue recibida la solicitud de licencia del alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, ante la cual el diputado Héctor Vicario Castrejón informó que ésta es improcedente porque el perredista perdió sus derechos políticos al haberse dictado un auto de formal prisión en su contra.
Ante esta situación explicó que a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsable de dictaminar las solicitudes de licencia y de la que él forma parte, debe realizar un análisis jurídico para determinar el trámite que se le dará a este caso.
Consultado ayer antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, el diputado priista explicó que queda al frente del ayuntamiento la persona que ocupe el cargo de síndico, que en el caso de Cocula se trata de Enriqueta García Peña, quien según la dirigencia estatal del PRD ha recibido amenazas del crimen organizado.
Sin embargo Vicario Castrejón indicó que la síndica puede permanecer como encargada de despacho solamente por 15 días, por lo que Carlos Alberto Duarte Bahena, que es el suplente de Ramírez Crespo debe entrar en funciones.
Incluso dijo que Duarte Bahena puede asumir el cargo de manera directa y definitiva sin necesidad de que se realice algún procedimiento en el Congreso.
El martes a las 7 de la noche el Juez Noveno de Distrito con sede en Iguala, Alejandro Castro Peña, dictó auto de formal prisión contra Ramírez Crespo por delincuencia organizada, bajo la hipótesis de que el perredista cometió delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
Este miércoles se informó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso sobre la recepción de la solicitud de licencia que el perredista envió para separarse del cargo por tiempo indefinido, luego de que el pasado 9 de febrero fue detenido por policías federales y militares.
La solicitud fue recibida el lunes, un día antes de que el juez dictara auto de formal prisión en su contra.
Al respecto Vicario Castrejón, quien es vocal de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, explicó que la licencia ya no es procedente, en consecuencia el Congreso debe analizar qué trámite se le dará al caso, pero no precisó cuáles pueden ser esas alternativas.
“Desde el momento en que se le dicta a él un auto de formal prisión pierde todos sus derechos políticos, entonces tendremos que ver qué es lo que procede en este Congreso a efecto de desahogar este tema”, dijo.
–¿Qué procede? ¿Un juicio de revocación de mandato o desafuero? –preguntó un reportero.
—Tendremos que ver qué es lo que procede, tendrá que entrar a una evaluación, a un debate jurídico en esta misma cámara, no queremos adelantar juicios. Tendremos que tener el tema de la licencia en la comisión y ahí deberemos tomar la determinación a efecto de que el Congreso no contravenga ninguna ley y nos ajustemos estrictamente al derecho.
El diputado aseguró que desde el momento en que se le dictó auto de formal prisión, Ramírez Crespo dejó de ser alcalde de Cocula.
Recordó que cuando el Congreso aprobó la reincorporación al cargo del perredista, tras el arraigo de 40 días al que estuvo sujeto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), él pidió a la Comisión de Asuntos Políticos que solicitara a la Procuraduría General de la República (PGR) información de la situación legal de Ramírez Crespo, sin embargo lamentó que su petición no tuviera eco.
Opinó que la solicitud de licencia tiene tintes políticos, sin embargo no aclaró por qué lo decía. Finalmente dijo que la Comisión Permanente podría convocar a un periodo extraordinario para resolver el tema de Cocula.