El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, justificó que la secundaria de la comunidad nahua Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), no cuenta con clave, por eso no se les construye su plantel, pero que ya se la va a otorgar y recibirán apoyo.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en Ayahualtempa, toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Por lo anterior, el secretario de Educación informó que es una escuela que no tenía clave, “al no estar registrada oficialmente ante la SEG no se podía generar ninguna inversión” por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Dijo que a la secundaria ya se le otorgará la clave, por ello se le dará la atención. Indicó que este viernes, autoridades del gobierno estatal acudirán a la localidad para llevarles a los alumnos butacas y pizarrones.
El funcionario estatal destacó: “Ya le di instrucciones al IGIFE para que se atienda ese asunto y que apoyarán la demanda de los estudiantes, que es la infraestructura. Una vez que ya tienen la clave forman parte de la SEG”.
–¿Por qué no se les otorgaba la clave?
–Tiene que ver con la matrícula y que tengan un lugar dónde recibir las clases, tienen que cumplir varios requisitos.
Argumentó que la Subsecretaría de Planeación Educativa, que encabeza Benjamín Adame Pereyra, “ya les va a entregar la clave”.
–¿Cuántos alumnos debe de tener una escuela para adquirir una clave?–se le cuestionó.
–Para que una secundaria tenga clave deberá de tener 80 estudiantes y en Ayahualtempa acuden 59.
A pregunta sobre si es necesario que los alumnos tengan que protestar para que sean escuchados, respondió que las autoridades estatales los han atendido, por parte de la Secretaría de Gobierno.
Alumnos de la secundaria Independencia de México, de la comunidad de Ayahualtempa, toman clases a la intemperie y se sientan en piedras para recibir sus lecciones. Los niños no pueden salir de su comunidad debido a la violencia que desde hace años se vive en la región,y los padres optaron por abrir una escuela y pedir al gobierno estatal la reconstrucción de tres aulas para su funcionamiento, pero no se ha cumplido este compromiso Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niñas y niños indígenas de Ayahualtempa, comunidad nahua del municipio José Joaquín de Herrera acuden a estudiar en un terreno baldío a la entrada del pueblo, porque los gobiernos federal y estatal no han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo. Ayer, alumnas y alumnos marcharon en su comunidad, con sus maestros y sus padres y otros niños de primaria, para exigir la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico Foto: Lenin Ocampo Torres
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local se reunió con la Unidad de Procesos de Consulta y revisaron los avances de los trabajos que se reanudarán la próxima semana.
A través de fotografías difundidas por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, se conoció de esta reunión en la que además participaron el secretario técnico de este órgano, Arturo Pacheco Bedolla, el secretario de Servicios Parlamentarios José Enrique Solís Ríos y el coordinador de la Unidad de Procesos de Consulta Juan Salvador Susunaga Flores.
Las consultas sobre las que se trabaja en el Congreso local son en materia de Educación Indígena y Educación Inclusiva para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en los derechos de las comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.
Se busca de ese modo cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la acción de inconstitucionalidad 299/2020.
El Congreso local debe cumplir con realizar una consulta de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con relación al Capítulo sexto denominado Educación indígena, conformado por los artículos 39, 40 y 41, y el Capítulo octavo denominado Educación inclusiva, conformado por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48, de la Ley de Educación del Estado de Guerrero.
Otra de las consultas en materia electoral con la que buscan conocer la opinión respecto a la última reforma en la materia en la que los diputados locales establecieron que cuando la población indígena o afromexicana sea del 40 por ciento o más, en al menos la mitad de los distritos y municipios, los partidos políticos están obligados a registrar al menos la mitad de candidatas y candidatos indígenas y afromexicanas, en las elecciones de diputadas y diputados, y el 50 por ciento de Ayuntamientos incluyendo el registro de la mitad de sus integrantes a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, respetando que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres.
Y finalmente la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Materia de Consultas, para generar una ley y que este ordenamiento sea la base bajo el que se rijan las fututas consultas. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
Padres de familia y maestros de la CETEG bloquearon totalmente la Autopista del Sol en Chilpancingo para exigir 50 maestros para la región Montaña baja Foto: Jessica Torres Barrera
En Chilpancingo, por separado se manifestaron para exigir docentes, padres de familia, maestros y jefes de sector de la zona 22 de preescolar, del municipio de Ayutla, quienes bloquearon la avenida El Sol, frente a Casa Guerrero; mientras que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron tres oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y bloquearon la Autopista del Sol.
La primera protesta inició a las 8:30 de la mañana, donde los padres y cetegistas pertenecientes al grupo del dirigente estatal, Arcángel Ramírez Perulero, de la región Montaña, de forma simultánea cerraron la Dirección de Personal y de Pagos, en la colonia Tribuna Nacional; la Subsecretaría de Educación Básica, en el fraccionamiento Los Alarcón, y la Subsecretaría de Finanzas, en la colonia Universal.
Informaron que se requieren maestros, desde nivel inicial hasta secundaria, en comunidades de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, entre otras, lo que afecta a más de 400 alumnos.
El secretario de la CETEG en la Montaña baja, Norberto Morales Rodríguez, indicó que desde hace más de un año que solicitan a los docentes y que es parte de los pendientes que dejó la anterior dirigencia disidente.
Detalló que la falta de más de 50 maestros se debe a que éstos se jubilaron o solicitaron cambios de adscripción y permisos por tiempo indefinido, “las autoridades de la SEG ya conocen el problema, sólo que no han querido solucionarlo”.
Los manifestantes dieron a conocer que esta es la primera de varias acciones que se tienen proyectadas, hasta que las autoridades educativas solucionen lo más pronto posible su demanda.
Bloquean dos horas la Autopista del Sol
A la una de la tarde, los manifestantes comenzaron a bloquear la vialidad frente a la tienda Sam’s Club, porque luego de la primera protesta, las autoridades educativas les prometieron una mesa de trabajo a las 12 del día, pero una hora después no se había cumplido y acordaron cerrar la vía.
Por la protesta en la autopista se observaron largas filas de automovilistas detenidos. Los padres y maestros afirmaron que no se quitarán hasta ser atendidos.
En el lugar, Morales Rodríguez dijo que “las autoridades se comprometieron a integrar una mesa de negociación con diferentes directores de la SEG, de todos los niveles, pero no cumplieron”, lo que originó que bloquearan.
Manifestó que los padres de familia y maestros no quieren funcionarios de “tercer nivel”, porque saben que no solucionan el problema, por lo que exigieron que los atiendan los titulares.
Al bloqueo acudieron autoridades de educación y el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, quien propuso a los inconformes que este viernes instalarían una mesa resolutiva con funcionarios de la SEG.
Los manifestantes sometieron la propuesta a votación, para decidir si se retiraban o permanecían en el lugar, debido a que habían policías estatales con equipo antimotines; y para no entrar en confrontación optaron por aceptar la propuesta. A las 3 de la tarde se retiraron.
Bloquean padres y docentes de Ayutla
Padres de familia, maestros y jefes de sector de la zona 22 de preescolar, del municipio de Ayutla, bloquearon media hora la avenida El Sol, frente a Casa Guerrero, para exigir ocho maestros de preescolar para comunidades indígenas.
A la una de la tarde, los manifestantes comenzaron a bloquear por la falta de atención de las autoridades educativas y acusaron que este es un acto de discriminación.
Informaron que más de 200 alumnos de preescolar son afectados por la falta de maestros, que incluso hay una escuela cerrada desde hace 10 años y otra desde hace cuatro años, que los padres tienen que mandar a sus hijos directo a la primaria.
En el lugar, la jefa de sector Socorro Carranza Pastrana informó que en el nivel preescolar de educación indígena carecen de ocho docentes para las comunidades San Antonio Abad, El Timbre, El Camalote, San Felipe, Mesón Zapote y Ocote Amarillo, que pertenecen al municipio de Ayutla.
Recriminó que en la comunidad El Coyul hay un plantel preescolar que desde hace 10 años está cerrado y en Santiago Yolotepec uno desde hace cuatro, debido a la falta de maestros, quienes se han ido por cambios de adscripción o jubilación.
Desatacó: “Las autoridades de la SEG siempre dicen que no hay maestros, en educación indígena siempre dicen que no hay. Por lo que ante la falta de atención venimos a bloquear”.
–En los preescolares que están cerrados ¿los niños adónde acuden a clases?– se le preguntó.
Socorro Carranza Pastrana manifestó que pasan directo a primaria, sin la atención de preescolar. Lo que consideró que es discriminación por parte de la SEG, ya que los niños no tienen el derecho a una educación como debería de ser.
Al lugar acudieron autoridades de educación, quienes se comprometieron con los manifestantes a mandar tres docentes y en el transcurso del mes los faltantes.
La falta de maestros de educación indígena se debe a que es insuficiente el número de egresados de las escuelas formadoras de docentes de las licenciaturas bilingües, donde la especialidad son las lenguas ñomndaa, tuun savi, me’phaa y náhuatl, dijo el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero.
Consultado vía telefónica sobre las constantes manifestaciones para exigir maestros, en especial de educación indígena, González de la Vega Otero dijo que el déficit de personal es por diversos factores como movimientos irregulares en los cambios de adscripción, “en lo que mandan el reporte” las escuelas se quedan hasta un mes sin docentes, y entonces se molestan los padres, quienes protestan “motivados por los maestros”.
Declaró que los directivos de las escuelas provocan los movimientos irregulares, y que en el estado hay 12 mil 300 escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y la falta de maestros es un problema focalizado que se atiende.
Sobre la protesta de maestros de la región Montaña baja que bloquearon dos días la carretera Chilpancingo-Chilapa para exigir maestros, mejores instalaciones y cambios de adscripción ante la inseguridad, González de la Vega Otero aseguró que las demandas de los también agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) son contra las reformas estructurales.
Informó que la SEG inició los trámites jurídicos para “sancionar” a los maestros que participaron en la protesta, y que también retuvieron a 14 funcionarios de la dependencia, una primera medida es que a todos se les descontarán dos días de salarios.
Agregó que la dependencia tiene fotografías de la manifestación y los nombres de los docentes que estuvieron ahí. Expresó que la SEG ya tuvo “demasiada tolerancia” a las protestas de la CETEG, por lo que no son desalojados, pero “ya rebasaron los límites de la Secretaría”.
“Hay falta de maestros indígenas por una sencilla razón, porque no hay suficientes egresados de las normales públicas que hablen la lengua”, dijo.
Manifestó que la Escuela Normal Regional de la Montaña José Vasconcelos, es la que menos egresados tiene, el año pasado sólo fueron 14, cuando su matrícula es de 100 estudiantes.
Para resolver la situación, la SEG contrata a docentes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y otras instituciones, por interinatos. También acude a las comunidades donde los pobladores proponen a personas que conocen las lenguas para que sean maestros, así se resolvió la situación en Cochoapa, y otros municipios de la Montaña y en la zona indígena de la Costa Chica, “nuestra meta es que podamos dejar las escuelas completas con maestros para que los alumnos no tengan esa ausencia”.
Precisó que los maestros que hablan las lenguas originarias y más participan en la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente son los egresados de la UPN, y es con ellos con quienes han podido atender las necesidades de docentes en la educación indígena.
Contó que la SEG visita escuelas de la Montaña en Zapotitlán, “mis respetos para los maestros” quienes informan a la dependencia que no desean manifestarse y que han tenido atención, mientras que los padres de familia también se entienden de buena manera con las autoridades.
Recordó que el viernes pasado se reunió en la Ciudad de México con los secretarios de Educación del país, y ahí se informó que el 95 por ciento de los maestros que presentaron la evaluación para ser Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) aprobaron, “eso nos coloca muy bien a nivel nacional”.
Por último, informó que recibirán recursos extraordinarios para mejorar las instalaciones de los internados en Guerrero, además de que los maestros idóneos de telesecundarias recibirán sus plazas entre el 15 y el 20 de mayo y serán enviados a escuelas de la sierra, donde la necesidad de docentes es alta. Reconoció la congruencia y la paciencia de los idóneos de telesecundaria y resaltó que la SEG trabaja para atender las necesidades del sector en el estado.
Sin una convocatoria abierta y sin que los propuestos cumplan con los requisitos, el director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Abel Fermín Ríos Salmerón, autorizó de manera unilateral
28 plazas de educación indígena para el ciclo 2003-2004.
Aspirantes a ocupar una plaza de este tipo y que han sido rechazados, presuntamente por el plan de austeridad y ajuste económico de la dependencia, puesto en marcha a partir del 19 de septiembre del año pasado, entregaron en la Redacción de El Sur la relación de los beneficiados con las plazas autorizadas por el propio Ríos Salmerón.
La relación de los 28 jóvenes beneficiados con una plaza de educación indígena por Ríos Salmerón fue autorizada el 17 de diciembre, apenas tres meses después de que se anunció el plan de austeridad en la dependencia estatal.
Los afectados al quedar al margen de la relación de beneficiarios, representados por Gaudencio Morales Mejía y Félix Villafuerte Ortiz, denunciaron que la mayoría de quienes fueron incluidos en la relación “no reúnen la preparación y tampoco hablan la lengua materna”, entre ellos Heidi Rodríguez García, Isauro Castrejón Oyorzával, Yara Lizbet Basurto Cruz y Teresa Carlos Vargas.
Agregaron que en otros casos se está proponiendo a personas mayores de 40 años, a pesar de que esto no está permitido por el reglamento interno. Entre los propuestos que rebasan la edad permitida mencionaron a Isauro Castrejón Oyorzával y Petra Campos Ramírez.
El documento entregado a El Sur, firmado por el director de educación indígena Ríos Salmerón, es de fecha 17 de diciembre de 2003. No tiene número de oficio, pero en el apartado al asunto dice: “asignación de plazas” y es dirigido al director de personal se la SEG, Lorenzo Sánchez Reyna, en los siguientes términos: “a través de esta Dirección a mi cargo, le envío la relación para la designación de nombramientos a favor de los jóvenes que ocuparán las plazas de educación indígena del ciclo escolar 2003-2004”.
En la relación, el director de Educación Indígena incluye a 11 personas para las plazas de educación indígena de lengua mixteca, 13 de lengua amuzga y cuatro de tlapaneca.
Los inconformes con esta relación de beneficiarios demandaron la intervención del secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, e incluso del gobernador René Juárez, “porque la relación fue elaborada de manera irregular y el director de Educación Indígena, Fermín Ríos Salmerón, tiene que explicar por qué la convocatoria no fue abierta para todos y por qué sigue discriminando a su propia gente”, indican con respecto a que algunos de los propuestos no hablan la lengua materna.
