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Reiteran grupos rechazo a iniciativa que penaliza terapias de conversión de género

Daniel Velázquez

Asociaciones civiles rechazaron que en la entidad se tipifique como delito las terapias de conversión de género, y piden que no sea aprobada por el Congreso local.
La reforma federal ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados, y por norma se deberá homologar con la legislación local.
Las asociaciones considera que la reforma es violatoria a los derechos que tienen los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias.
El pasado 7 de marzo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió una iniciativa de decreto al Congreso local para adicionar los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado, con lo que se sancionaría con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
Este mismo grupo ya dio una postura en Chilpancingo el último día del mes pasado y esta vez lo hicieron en Acapulco. Plantearon los mismos argumentos para rechazar una reforma legal que por norma se debe homologar en el estado porque parte de una reforma federal que ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, el grupo de asociaciones se quejó que con esa iniciativa lo que se busca es imponer en el estado una ideología de género que pone en riesgo a los padres pues por “odio” alguno de sus hijos podría demandarlos y acusarlos de que se le indujo a una terapia de conversión contra su voluntad.
El presidente de la asociación A Favor de la Familia y la Niñez Victoriano Sánchez Carbajal, pidió que la iniciativa sea sometida a un test de derechos humanos y que precise los conceptos que se incluyen en la propuesta porque algunos de estos son ambiguos.
De la Unión Nacional de Padres de Familia, Óscar Hernández Cadena, dijo que la iniciativa atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. “La familia no puede ser tocada por una ideología que está de moda”.
En la conferencia también estuvieron el vicepresidente de Guerrero Unido con la Familia Benjamín Fuentes Hoyos, el presidente de la Red Guerrero por la Vida y coordinador del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, Gerardo García Sánchez, y de la Red Familia Guerrero Ismael Alderete Garay.

Considera el CCE que la reforma a la ley minera es contraria al desarrollo del país

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó por dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo al ser contrarias a la Constitución y a tratados comerciales como el T-MEC.
Se trata del conjunto de reformas a diversas leyes en materia administrativa que se vinculan tanto a contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el paquete de reformas en materia minera.
El organismo empresarial pidió que se abra una discusión en la Cámara de Diputados que los incluya.
“Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, y que incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, dijo en un comunicado.
Sobre la reforma a Ley Minera, comentó que va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de esta industria y de la infraestructura pública, en perjuicio del país.
“Nuestra posición se sustenta en análisis jurídicos y técnicos de especialistas de nuestros organismos, en experiencias que como actores, hemos tenido en ambos campos de la vida económica y en escenarios por venir tanto en materia de extracción minera, así como de la infraestructura que México necesita”, expuso.
Por su parte, S&P Global Market Intelligence afirmó que a aprobación de ambos proyectos implicarán un impacto negativo en la seguridad jurídica de las empresas.
“El uso discrecional por parte del gobierno de las nuevas herramientas legales propuestas con fines políticos implicaría un aumento significativo en la incertidumbre contractual y es probable que dicho riesgo se extienda más allá del mandato presidencial actual de seis años en México”, refirió.

 

Piden profesionalización y conocimientos en candidatos del Ejecutivo al Poder Judicial

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En una sesión de trámite que realizó el pleno del Congreso local, se presentó una iniciativa que plantea que para la designación de magistrados del Poder Judicial del Estado se tomen en cuenta la profesionalización y conocimientos en las propuestas que envía al Poder Legislativo el Ejecutivo estatal.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados que garantice la imparcialidad, profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos.
La propuesta plantea que la gobernadora o gobernador del Estado remita una terna al Congreso del Estado, tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan y sean aprobados con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del pleno.
Pero también plantea que si el Congreso no resuelve sobre la terna en el término establecido, la persona titular del Poder Ejecutivo nombrará de entre la terna a quien deba asumir el cargo de magistratura, o en caso de ser rechazadas las propuestas o no alcance la votación requerida, se notificará al Ejecutivo.
Y se fija el requisito para obtener el nombramiento, ser jurista “de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la función jurisdiccional o carrera judicial”.
Entre las iniciativas presentadas en la sesión ordinaria estuvo la del morenista Osbaldo Ríos Manrique, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los cabildos puedan autorizar a los integrantes de los ayuntamientos el desempeño paralelo como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que sea en las áreas de la docencia, salud, investigación o beneficencia pública, sin que esto afecte sus responsabilidades edilicias.
Mientras que la perredista Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado, para establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita, en al menos un cinco por ciento de su capacidad, en favor de personas de escasos recursos económicos.
De Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado para que las empresas constructoras establecidas en Guerrero estén debidamente constituidas, “al corriente con sus obligaciones fiscales y tengan capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad” para inhibir las prácticas “perniciosas” en este sector.
Helguera Jiménez propuso exhortar al director en jefe del Registro Agrario Nacional para que, a través de su representación en Guerrero, realice en este año una jornada pública e itinerante del servicio de Depósito de Lista de Sucesión o Testamento Agrario en cada una de las regiones del estado, para dar certeza jurídica sobre sus parcelas a campesinas y campesinos.
El priista Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en la que planteó que la Unidad de Género de cada ente público contribuya a la difusión, promoción y protección de los derechos de la mujer en el ámbito familiar, laboral y comunitario, así como acciones encaminadas al empoderamiento de las servidoras públicas en un contexto de igualdad.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que los diputados que se declaren sin partido tengan la obligación de presentar individualmente su agenda legislativa en un periodo de 30 días después de su renuncia al partido por el que llegaron a una curul.
En tribuna el morenista Joaquín Badillo Escamilla intervino sobre el tema de la basyra en Acapulco. Señaló que las altas cantidades de basura se generan por los centros de producción y las cadenas de comercialización, situación de la cual las empresas no se hacen responsables, ya que son excluidas del pago de impuestos para el mantenimiento de los basureros y rellenos sanitarios, dejando la responsabilidad al Ayuntamiento para que atienda el problema con bajo presupuesto.

Pública el Periódico Oficial las reformas que legalizan matrimonio y concubinato igualitario

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pasado 30 de diciembre se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las reformas que aprobó el Congreso local para legalizar el matrimonio y concubinato igualitario, tras numerosas modificaciones “de forma” y cambios a fracciones o párrafos hechas a solicitud del Ejecutivo aunque no se sabe cuándo se reunieron las comisiones dictaminadoras del Legislativo para ese efecto.
El 26 de diciembre se publicó en estas páginas que el Poder Ejecutivo había realizado observaciones al dictamen aprobado por el Congreso local el pasado 25 de octubre, lo cual fue confirmado por el diputado Jacinto González Varona quien afirmó que se trataba de cuestiones de forma y no de fondo porque solo se trataba de errores en la redacción.
Cuando las observaciones son de fondo sin importar que sean parciales o totales el dictamen debe regresar al Congreso y pasar en un primer momento por la comisión dictaminadora que debe sesionar para analizar y discutir las observaciones del Ejecutivo, y aceptarlas o rechazarlas de ser el caso.
Pero en este caso la mayoría de las observaciones fueron de forma y no de fondo, y en estas el Ejecutivo puede realizar modificaciones que no alteren las reformas aprobadas por el Congreso, siempre que tenga la autorización de la Mesa Directiva.
Sin embargo, también en lo publicado el viernes se incluyeron reformas de fracciones de artículos que los y las diputadas no realizaron a pesar de que eran necesarias.
El Artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece: “Una vez aprobado un dictamen con Proyecto de Ley o Decreto no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos y que sean ordenadas por la Mesa Directiva. Dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones Dictamidatoras… Corregido el texto, se notificará para su revisión al presidente de la Mesa Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y continuará el trámite que proceda”.
No se supo cuándo se reunieron los diputados de la Comisión de Justicia para hacer las correcciones pertinentes.

Los cambios

En la primera de dos sesiones realizadas el 25 de octubre, se aprobó por el pleno la dispensa de la lectura de todo el dictamen para solo hacerlo de los puntos resolutivos, es decir el articulado que sufriría cambios.
Lo leído en el pleno coincide con el dictamen firmado por la Comisión de Justicia. Pero no coincide de manera íntegra con lo publicado en el Periódico Oficial.
En el caso del artículo 85 del Código Civil lo aprobado por el pleno señalaba: “Las personas casadas son tutoras legítimas la una de la otra”, pero en lo publicado en el Periódico Oficial se cambia la palabra “casadas” por “consortes”, que a pesar de que significan lo mismo, este segundo término es más utilizado en el derecho civil.
Pero además se realizaron otros cambios, que eran necesarios, pero no fueron considerados por diputados, que van encaminados principalmente a pronunciar en el texto a las mujeres, agregando las palabras madres, abuelas, tutoras y no dejar solo el de “padres”, “abuelos” o “tutores” como un genérico. En otros casos se agrega “las personas” para que no se mantenga sólo “los contrayentes”.
Las reformas que realizaron los diputados se concentraron en garantizar el derecho de las personas del mismo sexo a unirse en matrimonio y en caso de concubinato, de gozar de las mismas garantías legales que una pareja de hombre y mujer.
Pero en las reformas tocaron artículos en los que se sigue omitiendo el mencionar a las mujeres y en su lugar se utilizan genéricos masculinos. Y no se sabe si estos cambios los hizo personal del Ejecutivo –que no están autorizados legalmente– o los diputados de la Comisión de Justicia avalados por la presidenta de la Mesa Directiva, de lo que tampoco se tuvo conocimiento público.
En el artículo 351 el pleno del Congreso local solo aprobó una reforma a su fracción quinta, pero en lo publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado se realizaron también cambios en las fracciones primera, segunda y tercera para incluir las palabras: personas, madres, abuelas y tutoras.
En la fracción quinta el texto aprobado por los diputados dice: “tomándose y entregándose mutuamente por personas casadas”, pero en lo publicado el 30 de diciembre dice: “y entregándose mutuamente por cónyuges”.
El Congreso tampoco realizó modificaciones a los dos últimos párrafos del artículo 351, pero sí aparecen en el texto publicado en el Periódico Oficial, en el que se cambian algunas palabras. Se apunta que el acta de matrimonio será firmada por “la persona oficial del Registro Civil” en lugar de “por el oficial del Registro Civil”; en lugar de “los contrayentes” se escribió “las personas contrayentes”.
También en el texto original que no fue reformado por el Congreso local y que, sin embargo, aparece reformado se establecía “los testigos y las demás personas que hubieren intervenido si supieren y quisieren hacerlo” se cambió por “las personas que testifiquen y las demás que hayan intervenido si supieran y quisieran hacerlo”.
También las reformas al artículo 378 aprobadas por el Congreso local sufrieron cambios al ser modificadas al publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Lo aprobado por el pleno se puede constatar en la transmisión en vivo que queda registrada en YouTube y en el dictamen firmado por la Comisión de Justicia. La reforma dice: “Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio, entre las pensonas casadas y los parientes de sus respectivas parejas”, pero en lo publicado se agregan palabras que hacen que el texto sea más claro “… que se contrae por dos personas a través del matrimonio”.
De la misma manera en el artículo 430 hay un cambio entre lo aprobado por el pleno del Congreso local el 25 de octubre y lo publicado el 30 de diciembre, nuevamente se sustituye “Las personas casadas” por “Las personas cónyuges”.
Y en el 435 se cambia “Los consortes” por “Las personas cóyuges”. En el artículo 436 el Congreso aprobó: “Las personas en relación de pareja no pdrán cobrase la una a la otra…” lo que se cambió en lo publicado “Las personas casadas o en concubinato no podrán cobrarse la una a la otra…”.
También los artículos 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, y sus fracciones reformados fueron modificados en su publicación, y consisten en algunas palabras como “personas casadas” por “cónyuge” o “personas cónyuges”, o “hubieran” por “haya”.
El Congreso realizó reformas a los artículos 521, 526 y 528 del Código Procesal Civil del Estado Número 364, en los cuales también fueron cambiadas algunas palabras como “personas casadas” por “personas unidas en matrimonio”.
En lo publicado en el Periódico Oficial se agregó una octava fracción al tercer apartado de la metodología “consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, que no está en el dictamen firmado y leído en el pleno.
Esta octava fracción establece: “Que la Comisión Dictami-nadora coincide en que los menores de edad que ya hubieren formado un matrimonio o vivieren en concubinato no se les podrá aplicar esta normatividad si les fuese perjudicial; lo anterior, con fundamento en el Principio de Irrectroactividad de la Ley”, contenido en el Artículo 14 de la Constitución mexicana.

 

 

Hay intención de acabar con las policías comunitarias en Guerrero: De la Peña

Vania Pigeonutt

El Sur, Ciudad de México

Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin  justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que  la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.

“Ocurrencias”, acusaciones del candidato del PRI contra el del PRD, dice dirigente perredista

 

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Tixtla, Luis Honorato Flores, aseguró que las acusaciones del candidato a alcalde por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, Saúl Nava Astudillo, en contra del perredista Hossein Nabor Guillén, “son ocurrencias” y exigió que si tiene pruebas de que hubo irregularidades en el manejo de programas sociales en administraciones pasadas las exhiba.
El viernes, en una llamada a esta redacción, Nava Astudillo denunció que su adversario del PRD, PAN y PT, Hossein Nabor Guillén, se benefició con programas sociales durante la administración municipal y estatal pasada, y aprovechó apoyos destinados a damnificados por la tormenta Manuel en el 2013 para beneficiarse políticamente.
El priista aseguró que cuando el PRI era oposición en el gobierno municipal de Gustavo Alcaraz, Hossein Nabor recibió apoyos correspondientes a programas sociales para beneficiar a personas allegadas a él; dijo que pasó lo mismo cuando Ángel Aguirre Rivero llegó al gobierno del estado.
Consultado ayer al respecto, Flores Honorato, quien además es coordinador de campaña de Nabor Guillén, aseguró que las declaraciones de Nava Astudillo “son ocurrencias”.
“Primero, categóricamente, desmentimos las ocurrencias de Saúl, porque los hechos a los que se refiere solamente los comenta, pero no presenta evidencias, esa es una acusación grave”, dijo.
Le exigió al priista que presente evidencias de las acusaciones que hizo en contra del candidato perredista y no se quede solamente en lo mediático.
“Yo creo que es una carencia de recursos, vemos sus declaraciones, pero en realidad no propone nada, no está haciendo campaña, se la pasará haciendo declaraciones por teléfono y así no va a convencer a la población”, señaló.
Reiteró la exigencia del PRD al Concejo Municipal de Tixtla, al gobierno del estado y a la federación, los tres encabezados por priistas, de que no metan las manos en la elección extraordinaria para beneficiar al candidato del tricolor, de lo contrario actuarán legalmente en su contra.
Explicó que si el sol azteca confirma que el PRI está haciendo uso de los programas sociales para hacerse del triunfo, la denuncia no será solamente ante los medios, sino también ante las autoridades correspondientes y presentarán las evidencias de dichas irregularidades.
Respecto a la postulación de miembros de la Asamblea Popular a través de Morena, para participar en la elección extraordinaria, dijo que al PRD le da gusto que el movimiento por Ayotzinapa se haya decidido por la vía electoral.
“A nosotros nos da mucho gusto, nos agrada, sobre todo porque, igual que Morena, llegamos a tener charlas y pláticas con ellos, independientemente de las estrategias, teníamos un fin común que es buscar que Tixtla trascienda y supere los niveles de pobreza”, expresó.

Empieza la segunda parte de una legislatura que no ha sido contrapeso del Ejecutivo

 

 Un Poder Legislativo nominalmente de mayoría opositora

 En este 1 de abril empezó el periodo ordinario de sesiones y la segunda parte de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, la primera en donde el PRI no es mayoría, pues de los 46 legisladores que la integran, 25 pertenecen a partidos de oposición.

Con cautela, el gobernador vio llegar hace un año y cinco meses a la nueva mayoría legislativa opositora; del brazo del coordinador de la fracción del PRD, David Jiménez Rumbo, sonriendo, salió este primero de abril del Congreso local tras entregar su quinto informe de gobierno.

Tal es la parábola que describe la trayectoria de una legislatura en la que las decisiones importantes las siguen tomando los priístas, de acuerdo con las orientaciones del gobernador. Los diputados se siguen comportando –salvo excepciones– como empleados del Ejecutivo en turno, práctica reiterada con todas las legislaturas de mayoría priísta y aún con ésta como si también lo fuera.

Gracias a esta actitud de los llamados diputados opositores, hemos visto a los actuales legisladores nombrar como Oficial Mayor del Congreso a quien le elaboró al PRI recursos de impugnación contra los triunfos del PRD en la elección de presidentes municipales y diputados locales en octubre de 2002, Guadalupe Pavía Miller.

En el ablandamiento a la oposición en el Congreso local mucho tuvo que ver Carlos Sánchez Barrios, quien regresa al cargo a nueve meses de dejar la presidencia de la Comisión de Gobierno, por un accidente en una motoneta el 2 de julio del año pasado.

Así, el PRI con sus 20 diputados, más su aliado del PVEM, colocó en posiciones estratégicas del Congreso, como las direcciones de Administración y Comunicación Social, y la Oficialía mayor, a personas de confianza.

En el ablandamiento a los diputados de oposición –política que en casos como la aprobación de la Cuenta pública también se habría extendido a nueve perredistas–trascendió, medió un bono especial por 400 mil pesos y el acuerdo para otorgarles un millón de pesos para gestoría, trabajo realizado por Carlos Sánchez Barrios como dirigente de la fracción priísta, y como el hombre del gobernador René Juárez, de quien antes fue su secretario de Desarrollo Social.

Con línea de Casa Guerrero

La Quincuagésima Séptima Legislatura es aún una extensión del gobierno estatal y del PRI. La negociación para que Sánchez Barrios depusiera su rebeldía ante la designación del senador Héctor Astudillo Flores como el candidato priísta al gobierno del estado, se dio en las oficinas de René Juárez, en Casa Guerrero. A cambio de abandonar su precampaña, a Sánchez Barrios –aún en proceso de recuperación tras su accidente del año pasado– se le reinstaló en la presidencia de la Comisión de Gobierno.

Mención aparte merece la actuación de la Auditoria General del Estado, órgano técnico del Congreso local, la cual está sujeta a la estrategia y mandatos del PRI y del gobierno estatal, por el acuerdo que se habría dado entre Sánchez Barrios y el gobernador René Juárez apenas este lunes 29 de marzo: cancelar las sanciones administrativas en contra de cinco alcaldes sanchistas: De Zitlala, Noé Ramos; de Tlalixtaquilla, Sofío Ramírez; de Eduardo Neri, Bertín Sánchez; de Juan R. Escudero, Ismael Pablo Avila, y de Mochitlán, Isaías López, quienes en conjunto no han solventado 100 millones de pesos del erario público.

En contraparte, PRI y gobierno estatal administran los problemas de los ayuntamientos opositores. El 19 de diciembre el diputado local panista, David Tapia Bravo –que anunció que no votaría la aprobación de la Cuenta Pública del gobernador–, denunció que se le pretendía chantajear. Dijo que los priístas, a cambio de su voto, le ofrecieron salvar del desafuero al alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio. También es el caso de los conflictos internos de ayuntamientos perredistas como el de San Luis Acatlán, La Unión y Copala, entre otros, con el fin de ser sujetos de negociación con el PRD en el futuro.

La reforma electoral

La reciente reforma electoral también tuvo su origen en Casa Guerrero. Luego de que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, denunciara el 4 de febrero de este año, que los diputados priístas pretendían aprobar su propia reforma electoral, a diez días de que se venciera la fecha límite para acordar una reforma constitucional; y ante la posibilidad de una movilización opositora en contra de la reforma. Al día siguiente, el gobernador invitó a una reunión en las oficinas de la Promotora Turística a los dirigentes estatales del PRD, PAN y Convergencia, para acordar la presentación de una propuesta de dictamen de reforma única y consensuada con las dirigencias, misma que finalmente se aprobó en la sesión del 12 de febrero.

La reforma incluye crear un fiscal para delitos electorales, se tipifican los delitos cometidos por funcionarios públicos en elecciones, se eleva de 1.5 a 2 por ciento el porcentaje para el registro de nuevos partidos, y se hacen precisiones en materia de coaliciones.

La cuenta pública

El tema de la cuenta pública y de la aprobación del presupuesto del gobierno estatal para el ejercicio de 2004 tampoco fue problema. Incluso, en contra de la orden de su dirigencia nacional, 9 de los 17 diputados locales del PRD se abstuvieron; el coordinador David Jiménez Rumbo expresó que les habían ordenado votar en contra no abstenerse, cuando esta figura no existe en el debate parlamentario, pues se contabiliza como voto a favor. Dos de los cuatro del PAN, el coordinador Max Tejeda Martínez y Porfiria Sandoval Arroyo, votaron a favor de aprobar la cuenta pública del gobernador (los gastos del gobierno de enero a agosto de 2003), el 12 de febrero de este año.

Los diputados Arturo Martínez Pérez y Gloria Sierra López, el primero panista y la segunda perredista, ambos integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por segunda ocasión consecutiva no avalaron con su firma el dictamen que se somete al Pleno de los diputados. Han sido tres de sus integrantes –el priísta Alvis Gallardo, quien la preside, el petista Fredy García y el verde Marco Antonio de la Mora–, los únicos que la han aprobado. Es decir, el dictamen de la Cuenta ha pasado de panzaso por tres votos a favor y dos en contra. Pero ya en el pleno las cosas cambian, y la Cuenta pasa sin problemas, pese a denuncias realizadas por las dirigencias de los partidos de un uso partidista de esos recursos.

En el PAN, un primer diferendo se dio cuando en su partido se obligó al panista Arturo Martínez a votar a favor de la cuenta pública del 2002, como integrante de la Comisión de Hacienda, pese a que había manifestado que no lo haría.

En el PRD, en marzo de ese año, la entrega de un bono a algunos diputados de ese partido hasta por 400 mil pesos, lo que se conoció cuando las diputadas locales Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor anunciaron haberlo devuelto, provocó el primer conflicto interno en esa fracción, sobre todo porque se acercaba la votación del presupuesto de egresos. Se sospechó que el bono podría ser a cambio del voto a favor.

Finalmente, los diputados del PRD votaron en contra del presupuesto de egresos, pese a que algunos se inconformaron con el dictamen elaborado por Gloria Sierra y la coordinadora Adela Román.

Al PRD además, o por lo menos a uno de sus diputados, le tocó hacer el trabajo sucio para el PRI. Tal es el caso del diputado Mariano Dimayuga Terrazas, quien propuso modificaciones al Código Penal del estado, las cuales se conocen como la Ley Dimayuga, que castiga a quienes bloquean o cierran vías de comunicación. Las modificaciones fueron aprobadas por la mayoría del voto priísta y sólo con dos del PRD, el del mismo Dimayuga y el del diputado Marco Antonio López, del grupo político del alcalde de Acapulco Alberto López Rosas.

Funcionarios a salvo

La mayoría priísta y sus aliados evitaron hacer pasar malos ratos al equipo de gobierno de René Juárez. El 18 de septiembre en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz, declaró a esa dependencia en una quiebra financiera y culpó de ella a los partidos políticos, en general, afirmando que éstos habían “acabado con la gallina de los huevos de oro”.

La información provocó reacciones de las corrientes magisteriales y de los partidos políticos opositores. Los grupos magisteriales, se negaron a aceptar el Plan de Austeridad anunciado para la SEG por Pano Cruz, y los partidos demandaron la comparecencia de éste ante el Congreso local, para que aclarara las causas de la quiebra financiera, pues lo que no dijo en la conferencia donde anunció la quiebra, es lo que es voz popular: que el PRI ha sido beneficiaro de la SEG, en particular, con aviadurías para sus políticos.

El viernes 25 de septiembre, el PRI, de nuevo aliado con los diputados del PAN, rechazó auditar a la SEG y posteriormente bloquearon la demanda de comparecencia al funcionario, sustituyéndola por una reunión de trabajo que presidió el titular de la Comisión de Educación, el diputado por el partido Convergencia Félix Bautista Matías.

Otra funcionaria a la que se ha salvado de comparecer en el Congreso, es a la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, luego de que a mediados del año pasado se presentó una epidemia de dengue, y se denunció la ineptitud de la dependencia para frenarla.

Así, con una oposición desunida y en algunos casos cooptada, René Juárez tendrá un último periodo sin la molestia de una fiscalización seria al manejo de los recursos públicos, sin problemas para entrar al proceso de entrega-recepción en caso de que el gobierno del estado sea ganado por el candidato de un partido opositor. Incluso, hace un año instaló una oficina de entrega-recepción, que preside el priísta Enrique Alarcón Vélez, quien apenas el domingo 28 de marzo se dejó ver en una reunión con el equipo de precampaña de Cárlos Sánchez Barrios, en Chilpancingo, cuando éste amenazó con salirse del PRI.