Ayer policías del estado y militares recorrieron en conjunto caminos rurales de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) luego de la violencia que mantiene cerradas escuelas y hospitales en esa zona amapolera, informaron autoridades del gobierno del estado.
El sitio de Urvan que se dirigen a Tlacotepec de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo en la capital cumplió 12 días sin reanudar servicio de transporte público, mientras que en las comunidades que no tenían energía eléctrica porque la cortó un grupo criminal, ya se restableció el servicio.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia en un boletín de prensa la tarde de ayer, indicó que desde las primeras horas se trasladaron policías y soldados para garantizar la seguridad.
“El operativo conjunto ocurre un día después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunciara que soldados y policías patrullarían los caminos rurales de la sierra de Guerrero para detener las incursiones de los grupos delictivos que operan en la zona”, dice el comunicado.
En una nota del 19 de julio, El Sur informó que vecinos de varios pueblos de Heliodoro Castillo que se encuentran en la parte alta, adelante de Filo de Caballos, informaron que hay 19 pueblos que desde el 9 de junio, cuando fue atacado Izotepec, no tienen energía eléctrica ni servicio telefónico.
Las comunidades afectadas son Yextla, Izotepec, Chicahuales, Yerbasanta, Los Bajos, La Vuelta del Sur, Tiquimil, Escalerilla, Puerto la Guitarra, Pueblo Viejo, Las Juntas, Tejamanil, Campo Morado, Chilpancinguito, La Aurora, Renacimiento, Agua Zarca, La Guitarra y Puerto del Gallo.
Consultado por teléfono el presidente municipal de Heliodoro Castillo, el priista Juan Pedro Salgado Román informó que se restableció el servicio de energía eléctrica en las localidades afectadas, “ya me comuniqué con trabajadores de la CFE y dicen que ya se restableció la luz”, y agregó que ya cuentan con servicio telefónico.
Salgado Román dijo que otro de los problemas que tiene su municipio por estos hechos de violencia es el bloqueo a la carretera cerca de Corralitos, la suspensión del servicio de transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec, el desabasto de alimentos básicos, gasolina, además de la suspensión de clases y disminuyó el servicio del Hospital Básico Comunitario de Tlacotepec.
Informó que en algunas escuelas hubo clases porque maestros viven en el municipio, y el hospital da servicio al 50 por ciento, “por los hechos que ocurrieron en Leonardo Bravo, docentes, médicos y enfermeras no subían a Tlacotepec por el temor de que pudieran ocurrir un hecho de violencia”.
El alcalde de Tlacotepec comentó que estos hechos los reportó a los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Salud para que intervengan.
“El municipio se encuentra tranquilo, sólo el asunto es en Leonardo Bravo, pero poco a poco ya se está restableciendo la circulación de la carretera Leonardo Bravo a Tlacotepec, porque hoy (ayer) llegó una camioneta de Cometra a la cabecera municipal, eso quiere decir que ya habrá paso por esa vía”, declaró.
Agregó que las Urvan de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec continúan paradas, “desconozco cuándo van a reanudar las labores, ahí tiene que ver los transportistas, pero estaré al pendiente de este hecho”.
Un chofer de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec dijo que ayer iban a reanudar el servicio de transporte público, pero los comisarios de la sierra de Leonardo Bravo les pidieron que reanudaran el servicio hoy, porque tendrían una reunión en la comunidad de Los Morros para abordar el tema de Seguridad.
En el sitio del transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec se observó que estaban estacionadas dos Urvan. (Luis Blancas / Chilpancingo).
El gobernador, Héctor Astudillo Flores informó que a partir de este miércoles iniciarán los recorridos de la Policía Estatal y el Ejército en la zona serrana, donde la semana pasada grupos de civiles armados se enfrentaron a balazos.
“A partir de mañana (miércoles), habrá recorridos y habrá presencia allá en la sierra, hay que recordar que en la sierra hay una Policía Rural que son más de 200 personas”, agregó.
La mañana de este martes, al concluir la primera sesión extraordinaria del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en la Sala de la Alegría de Casa Guerrero, Astudillo Flores advirtió que el Ejército y la Policía Estatal estarán en la sierra, pero no como los habitantes quieran que estén.
“Lo que menos vamos hacer es ponernos del lado de alguien, vamos a hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestra responsabilidad como tengamos que hacerlo”, comentó.
Este lunes más de mil vecinos de 23 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Chilpancingo, marcharon en Filo de Caballos y anunciaron la creación de la Policía Ciudadana de Autodefensa, luego de que el sábado y el lunes de la semana pasada, hubo tres asesinatos en Corralitos y uno cerca de Filo de Caballos.
En la marcha del lunes, los comisarios de la región denunciaron que la violencia que comenzó el sábado de la semana pasada en Corralitos sigue latente, y que por el abandono de los gobiernos federal y estatal, que los han dejado solos, acordaron en una reunión el viernes pasado en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo, asumir la defensa de sus pueblos mediante una Policía Ciudadana de Autodefensa, nombrada por los pueblos de la zona.
Ante esto el gobernador recordó que en esta zona de la sierra, de Xochipala hasta Yextla hay Policía Rural, integrada por 200 vecinos que fueron elegidos por la misma población y quienes reciben un salario del gobierno del estado, además de estar coordinados por la Policía Estatal.
Recalcó que en esta región del estado, que se ha caracterizado por la violencia de grupos del crimen organizado que disputan los territorios del trasiego de enervantes, sí hay policía, aunque el sábado, durante los enfrentamientos tardaron más de 8 horas en responder al llamado de auxilio de la población.
“Lo que sí tenemos que hacer es tener mucho cuidado para no colocarnos de ningún lado, de ninguna presión, de ningún grupo de la delincuencia”, enfatizó.
Insistió en que los problemas como el cierre del hospital comunitario y la suspensión de clases se arreglarán, aunque no todo se puede resolver de tajo, sino punto por punto.
“A mí lo que me llama la atención es que quienes están pidiendo que vaya la policía y el Ejercito, al rato no sean quienes nos estén quitando a los detenidos cuando nos los estemos trayendo, o nos estén pidiendo que nos retiremos cuando estemos allá”, dijo.
“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
El gobierno nunca investigó
Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.
Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.
Vecinos de la comunidad serrana Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), denunciaron que la mañana de ayer se reanudaron los tiroteos desde los cerros hacia el pueblo, luego de que el miércoles se fueron de la zona soldados del Ejército y policías estatales que llegaron luego de los ataques del sábado.
Vía telefónica los pobladores informaron que ayer seguían sin energía eléctrica y sin servicio telefónico 10 pueblos de esa área de la sierra. El sitio de Urvan que se dirige a Tlacotepec desde Chilpancingo continúa sin reanudar el transporte público, suspendido desde el sábado tras los enfrentamientos en esa zona amapolera.
Además seguían cerradas las escuelas y el hospital básico comunitario de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, donde hubo enfrentamientos entre dos grupos de la delincuencia organizada el sábado y el martes.
Esta no es una situación menor, el hospital tiene 800 metros cuadrados, seis consultorios, 13 médicos, dos pediatras, 14 enfermeras, 13 enfermeras generales y dos cirujanos, y atiende a vecinos de otras poblaciones.
Algunos de los habitantes de los pueblos de Heliodoro Castillo que abandonaron las localidades por la violencia denunciaron que ayer se reanudaron los tiroteos, según les informaron vía radio sus familiares que se quedaron en Izotepec.
Contaron que los militares y policías estatales llegaron el lunes a Izotepec tras el enfrentamiento del sábado, pero después del mediodía del miércoles abandonaron la zona y ayer en la mañana reanudaron las hostilidades contra la población.
Una de las desplazadas envió a El Sur un audio grabado de los radios de comunicación con los que se comunican los hombres armados, y un video en el que observa a un hombre muerto.
Los hombres armados con vestimenta tipo militar y encapuchados que rodean el cuerpo se burlan del cadáver y con los pies lo voltean, “ya está bien tieso el mierda”, se escucha que dice alguien.
Sin embargo las fuentes no confirmaron que haya habido algún muerto a raíz de los tiroteos de ayer ni de los días anteriores en Izotepec.
Asimismo, en los audios que enviaron ayer se escucha que los hombres armados se comunican, se dan instrucciones y se coordinan vía radio.
“Los tenemos bien rodeados, de aquí para Tlaco (Tlacotepec) pura gente nuestra. Si quieren pedos tenemos a los policías en la mira, ahorita les vamos a tirar a los policías, a los guachos (soldados) no, los estamos viendo, están dando vueltas”, se escucha en uno de tres audios que enviaron.
Se entiende que los hombres armados desde los cerros mantienen bajo vigilancia al pueblo y tenían en la mira a los policías y militares que habían llegado el lunes, que se retiraron el miércoles en la tarde.
En el segundo audio se escucha: “A los guachos déjenlos, con los militares no tenemos pedos, pero si también quieren también se les va a dar, pero ahorita nomás denle a los otros cuando los tengan en la pura mira”.
En el tercer audio se escucha: “Denles a los escopetudos, chéquenlos bien, cuando los tengan en la mira denles duro. No, pensé que eran de aquellos, y yo dije ahorita les vamos a quitar el sueño pero no”.
La fuente informó que por el asedio del grupo criminal que se mantiene desde el sábado pasado, al menos 10 pueblos siguen sin energía eléctrica y sin servicio telefónico a pesar de que han solicitado insistentemente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que vaya a reparar las cuchillas que fueron dañadas por los sicarios.
Agregó que la respuesta de la CFE y de la empresa telefónica es que no existen garantías de seguridad para que el personal suba a restaurar el servicio.
Los pueblos más grandes que seguían sin servicio ayer son Yextla, Izotepec, Yerbasanta, Los Bajos, Vuelta del Sur, Escalerillas, Puerto la Guitarra y Pueblo Viejo.
Además en los pueblos de la parte baja, como Filo de Caballos, Carrizal, Campo de Aviación, Corralitos y La Laguna, ayer no se habían reabierto las escuelas y las clases seguían suspendidas desde el lunes.
Tampoco el hospital básico comunitario de Filo de Caballos había reanudado sus actividades, informó vía telefónica uno de los habitantes.
En la localidad de Corralitos el sábado de la semana pasada ocurrió un enfrentamiento que dejó tres muertos y el martes ocurrió otro cerca de Filo de Caballos con un asesinado que fue encontrado dentro de una camioneta clonada para aparentar que era de militares.
Cumple cinco días suspendido el transporte público de Chilpancingo a Tlacotepec
El sitio de Urvan de la Unión de Transportistas de Heliodoro Castillo ubicado en la colonia Morelos en Chilpancingo sigue sin reanudar el servicio de transporte público, cerró debido a los ataques del sábado en la comunidad Corralitos que se extendieron el martes a Filo de Caballos, en la sierra de Chichihualco.
El sábado luego de un enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la localidad Corralitos, los transportistas suspendieron el servicio para proteger su integridad y la de los pasajeros porque transitan por esa comunidad.
Ayer se observó que se estaban abandonadas las instalaciones, no había Urvan ni choferes, había basura en el piso y afuera sólo estaba estacionada una Urvan de esa ruta.
El 10 de septiembre del año pasado un chofer ejecutado a balazos y una Urvan incendiada fue el saldo de un ataque de un comando al sitio, entonces cerraron durante 10 días.
En la inauguración de la exposición Huellas, pasos por la memoria, la verdad y la justicia, el nieto del líder campesino desaparecido por el Ejército en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Roberto Arellano Radilla expresó la necesidad de tener memoriales de las víctimas y desaparecidos en zonas públicas, para no olvidar y para la lucha política.
Previo a la inauguración de la exposición en el museo José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el nieto de Radilla Pacheco participó en una mesa con el tema Memoriales para la lucha política, donde dijo que son necesarios para recordar a las víctimas, como el recuerdo que las familias tienen en casa de ellos, una foto u otros objetos.
“La ciudad debería tener estos espacios de conmemoración, no igual como los tiene el hogar, tener sobre todo el apego y la apropiación de los espacios en la ciudad”, propuso.
Dijo que en América Latina hay cinco sitios públicos distintos, pero ninguno en México pese a la situación y las historias de las víctimas, destacó el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Buenos Aires, Argentina, que se creó en 1998 para “conmemorar a los detenidos y desaparecidos del periodo de 1969 al 1983. Un espacio abierto que contiene placas de mujeres, hombres, niñas, niños, víctimas de la violencia ejercida por el Estado, donde se reconocen estos hechos.
Otro es el memorial del Ojo que Llora, uno de los más famosos que está en Lima, Perú, que también es un espacio abierto en un parque convertido en un lugar escultórico. Otro es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile construido en 2010, que da visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1973 a 1990.
El Museo de la casa de la memoria de Medellín fue creado en 2006, es un espacio cerrado y también en el exterior, otro es el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México pero está en un espacio cerrado y financiado desde el extranjero.
Se preguntó “¿por qué en Guerrero no tenemos todavía estos espacios consolidados?, en primera porque tiene que venir desde la sociedad, de los colectivos, difícilmente va a venir desde un proyecto de Estado por su condición de ser Estado, pero que en el caso de estos países ha sido muy benéfico también para el mismo Estado reconocer su culpabilidad”.
Consideró que estos memoriales también ayudarían a tener mayor empatía entre la sociedad, “que es el objetivo principal de estas exposiciones y sobre todo de estos lugares. Es ponernos en los zapatos del otro”.
El nieto de Radilla Pacheco mencionó que en el caso de Guerrero de las mil 200 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en México, 473 eran de Atoyac, el 40 por ciento, “tenemos que tener este tipo de espacios no sólo en Atoyac, también en la capital de Guerrero porque por todos lados nos está pasando esto”.
Agregó que la creación de estos espacios de conmemoración de los familiares de desaparecidos posibilita la transmisión intergeneracional de la memoria, en este caso del periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia, el acceso público a un archivo histórico, la creación de un espacio museográfico y la construcción de un monumento en la plaza pública de Atoyac para recordar a los a los desaparecidos. “Un Memorial puede convertirse en un catalizador del diálogo político”.
Sin las familias no
En la mesa estuvo la doctora y profesora de la UACM, Evangelina Sánchez Serrano, quien participó con el tema Sin las familias no, expresó que la fuerza para recuperar la memoria de las víctimas es el trabajo de los colectivos, de las organizaciones.
La académica llamó a la sociedad a reflexionar sobre los candidatos a la presidencia y el resto de los políticos, que no van hacer algo por las víctimas de desaparición forzada. Dijo que lo menos que pueden hacer las personas es ser empáticos con el dolor de los familiares de desaparecidos.
Dijo que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa visibiliza el gran problema de desaparición forzada en el estado y el país, que es un delito de lesa humanidad. El gobierno “está ocultando su responsabilidad” porque hay una cadena de mando y hay responsabilidades compartidas, y al igual que los colectivos de toda América lo que buscan es justicia y verdad.
Militares y pobladores de Filo de Caballos, sierra de Chichihualco, en el lugar donde fueron halladas dos camionetas clonadas como de la Sedena y un hombre muerto con vestimenta militar. Fuentes policiacas revelaron que el grupo armado quería ingresar a la comunidad de Filo de Caballos y llevaba una lista de hombres de la región a los que iba a buscar Foto: Lenin Ocampo Torres
La mañana de ayer hombres vestidos con ropa tipo militar a bordo de patrullas clonadas del Ejército se enfrentaron a balazos con otros civiles armados, que intentaron irrumpir en la comunidad de Filo de Caballos en la sierra del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), lo que dejó un civil muerto, informaron vecinos vía telefónica.
Por su parte el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia difundió un boletín de prensa la mañana de ayer en el que dice que la tarde del domingo hombres armados atacaron a balazos a agentes de la Policía Estatal, ministeriales y militares cuando iban a bordo de sus patrullas cerca de la comunidad de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), lo que dejó un hombre muerto y el decomiso de armas en esa zona amapolera.
Vecinos de la comunidad de Filo de Caballos reportaron una balacera en el paraje El Chorrito, en la carretera que se dirige a Tlacotepec y a 500 metros de esa comunidad, en la que observaron patrullas de militares clonadas en la vialidad.
En una llamada a la redacción, un vecino relató que a las 6:45 de la mañana escucharon una balacera cerca de la localidad, lo que causó miedo y zozobra en la población y se encerraron en sus casas.
Comentó que vecinos que viven en las faldas de los cerros observaron en la carretera que se dirige a Tlacotepec en El Chorrito, que había patrullas de militares clonadas, “eso es lo que comentan los paisanos que eso vieron y tienen miedo de que pueda ocurrir otra balacera en el pueblo”.
“En la madrugada se escucharon muchos balazos lo que alertó a la población para encerrarse en sus casas y no salir, pero sí vieron patrullas que no eran militares y hombres armados que caminaban en la vialidad donde ocurrió la balacera, por eso queremos la intervención de las autoridades para que atiendan este problema de inseguridad”, declaró.
Aparece una lista de hombres a los que iban a atacar, entre ellos el candidato a alcalde
El comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco dijo a reporteros en la comunidad que hombres armados a bordo de patrullas del Ejército clonadas trataron de irrumpir en el poblado pero se encontraron con otro grupo delictivo, y se dio una balacera que dejó un civil vestido de militar muerto adentro de una de las camionetas.
Dentro de una camioneta se halló una lista en una hoja de cuderno, con las comunidades y personas a las que presuntamente el grupo delincuencial iba a atacar. En el escrito aparece que en Filo de Caballos iban a buscar a Rafa y a su hijo y se describen sus características, y también aparece el nombre del ex comisario Arturo López Torres, que es papá de la candidata a diputada de la coalición Por México al Frente, que defiende la legaliación de la siembra de amapola .
Después aparece Los Morros y el nombre de Ismael Cástulo, candidato del PRI a alcalde de Leonardo Bravo y se menciona a David y sus características físicas.
Dijo que en la carretera que se dirige hacia Tlacotepec, “hoy nos agredieron hombres armados con camionetas tipo militar, lo bueno que el altercado fue antes de que llegaran al poblado, si no serían hechos que nos lamentaríamos porque habrían pérdidas de familias”.
González Pacheco informó que por la violencia se suspendieron las clases de todos los niveles educativos en Filo de Caballos, porque los maestros tienen miedo de subir, al igual que los médicos del hospital de la comunidad no están laborando y no tienen energía eléctrica.
González Pacheco exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente Enrique Peña Nieto que instalen un destacamento de militares en Filo de Caballos, para resguardar y hacer recorridos de vigilancia en el corredor de la sierra y brindar seguridad a la población para evitar que continúe la violencia.
Comentó que si continúan los hechos de inseguridad hay el riesgo que de la población no salga a votar en las comunidades de Xochipala, La Laguna, El Miraval, Tres Cruces, Los Morros, Campo de Aviación, Torre Camotla, Escalera, Filo de Caballos, Corralitos, Carrizal, Polixtepec, Puentecillas, y algunas de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Se quejó de las operaciones de seguridad de la Policía Estatal, militares y ministeriales en la que sólo acuden a levantar cuerpos o cuando ocurre un incidente, “por eso pedimos el apoyo, que ellos comiencen a operar, que se lleven al que tengan que llevarse, nosotros lo que queremos seguridad para toda las familias”.
“Hago un llamado al gobernar Héctor Astudillo Flores y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que brinden seguridad porque están agrediendo a familias, los hacemos responsables de lo llegara a suceder, si perdemos una vida o que haya un hecho lamentable”, declaró.
Cuatro horas después de ocurrir este hecho en Corralitos llegaron agentes de la Policía Rural y encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a balazos adentro de una camioneta tipo Cheyenne, clonada como vehículo oficial del Ejército, y otra más en ese lugar.
Después llegaron Policías Estatales, ministeriales y militares quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
En el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que las dos camionetas tipo Cheyenne clonadas como patrullas militares quedaron en la vialidad, tenían impactos de bala en el parabrisas, ventanas y puertas, y estaban rotuladas con los números 0850392 y 0850342.
Cuando peritos de Fiscalía realizaron las investigaciones encontraron una lista de nombres de comunidades y personas contra las que serían sus próximos ataques.
En la lista venía el nombre de la comunidad Filo de Caballos, el ex comisario Arturo López Torres quien es padre de la candidata a diputada de la coalición Por Guerrero al Frente (PRD-PAN-MC) por el Distrito 19, Yuritzia López Gómez, y en Los Morros el candidato a presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco) por el PRI, Ismael Cástulo Guzmán, quienes son los promotores de la legalización de la amapola en la sierra de Guerrero.
El vocero de seguridad Roberto Álvarez confirmó el hallazgo dos camionetas clonadas que presentaban impactos de bala y adentro de una de ellas estaba el cuerpo de un hombre que vestía ropas tipo militar, quien no fue identificado.
Informó que soldados y policías estatales “mantendrán labores de patrullaje en caminos de la sierra para brindar seguridad a la población”.
Huyen familias de la comunidad de Corralitos
El comisario de Filo de Caballos Alfonso González Pacheco, contó que familias de la comunidad Corralitos huyeron de sus casas por temor de que ocurra otro hecho de violencia, como sucedió la tarde del sábado donde civiles armados irrumpieron a esa localidad donde asesinaron a tres hombres, entre ellos al comisario, dejaron una camioneta y dos casas de madera incendiadas y dos viviendas baleadas.
Vecinos de esa comunidad informaron que de 40 familias que vivían en ese lugar sólo se quedaron 5, y que civiles armados habían quemado dos viviendas más en esa localidad.
El muerto en Izotepec
El vocero Álvarez Heredia difundió un boletín de prensa la mañana de ayer, en el que dice que a las 4:30 de la tarde del domingo se realizó un operativo por parte de la Policía Estatal, ministeriales y militares a bordo de sus patrullas cerca de la comunidad de Izotepec en Tlacotepec, fueron atacados a balazos por hombres armados, y ocurrió un enfrentamiento en el que no hubo muertos ni heridos.
Después de hora y media las autoridades policiacas y los civiles armados se enfrentaron a balazos por segunda ocasión, y un sicario vestido con ropa camuflada murió, y se decomisaron dos rifles de asalto AK-47 o cuerno de chivo, una pistola calibre 38 súper y más de 250 cartuchos de diferentes calibres.
Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.
Pobladores de la colonia La Mohonera, de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron ayer que unos 200 policías antimotines, policías ministeriales y soldados armados, así como funcionarios del gobierno estatal intentaron desalojar a más de 80 familias de este asentamiento sin una orden judicial, ya que en la zona se construyen las instalaciones del cuartel del 41 Batallón de Infantería.
Por separado, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de ayer, gendarmes y soldados del Ejército ingresaron por la fuerza a catear sus casas y robaron dinero y diversos artículos.
Un vecino de La Mohonera, Cristino Bahena Salgado denunció, vía telefónica, que ellos tienen constancias de propiedad de esos predios, que son usados como parcelas de cultivo de maíz hace más de 17 años, y que durante el gobierno perredista de Ignacio de Jesús Valladares Salgado y Ángel Aguirre Rivero, se falsificaron las escrituras para ceder los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un video que los afectados compartieron con el reportero, se ve a los antimotines con los escudos de la policía del estado y toletes, también se ve a otros policías, al parecer ministeriales, cubiertos del rostro, y a soldados del Ejército armados.
En la grabación de uno de los vecinos se alcanza a escuchar cómo los pobladores, entre ellos mujeres, reclaman a los policías y soldados que, “así deberán de actuar en contra de los delincuentes que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa, allá sí se necesitan armas para pelear con los delincuentes y los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa y encontrar a los culpables, no con la gente humilde, los campesinos, vienen a hacer sus ‘panchos’, allá vallan a hacerlos y busquen a aquellas personas”.
Cristino Bahena denunció que, la mañana de ayer llegaron unos 200 antimotines y después de las 3 de la tarde empezaron a avanzar hacia ellos de una forma intimidatoria.
Señaló que el gobierno municipal le cedió parte de esos terrenos a la Sedena para la construcción del cuartel, que el gobierno sacó una escritura “falsa” de la propiedad de ese predio en 2012, pese a que ellos tienen constancias de propiedad desde hace 17 años. Precisó que esas tierras son ejidales y las utilizan para la siembra de maíz, y que de hecho empezaron a preparar las tierras para este ciclo agrícola.
Puntualizó que ellos no están en contra de que se construya el Batallón en esa zona, “sino al contrario, pero que respeten nuestro trabajo y nuestras tierras”.
Comentó que en ese asentamiento viven 140 familias, pero las afectadas directamente son unas 80. El predio donde se construye el cuartel militar está en la carretera Teloloapan-Apaxtla, a unos 5 kilómetros de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el área en disputa se construye una barda.
Dijo que en el gobierno de Ignacio Valladares se compraron casi 14 hectáreas del terreno que después se donaron a la Sedena, pero que ahora pretenden invadir otras 15 hectáreas del predio y los pretenden desalojar sin una orden judicial y con el uso de la fuerza pública.
Señaló que las autoridades han ofrecido reubicar a las familias, pero en un terreno “más feo” y pedregoso, que no les conviene, y declaró que ayer por la tarde se dialogó sin que se diera ninguna confrontación, y después se retiraron del lugar los antimotines.
Advirtió que ellos defenderán sus tierras hasta las últimas consecuencias, y responsabilizó a las autoridades estatales y militares de lo que llegue a suceder; dijo que, de ser necesario convocarán a vecinos de otras colonias de Teloloapan para defender sus terrenos, y que el ofrecimiento de reubicación que les dan es en un predio de tres hectáreas, lo que rechazan, y exigen la presencia del ex alcalde, Ignacio de Jesús Valladares, para que aclare la situación.
En el video se alcanza a ver al Subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel.
En hechos separados, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de este miércoles gendarmes y soldados del Ejército irrumpieron en sus casas para hacer cateos y terminaron robándose dinero en efectivo y diversos artículos que encontraron.
Frente al centro de salud de San Juan Mina, vecinos reportaron que en dos viviendas se metió la gendarmería reclamando que tenían reportes de que ahí había mariguana escondida, y exigiendo a los dueños que la entregaran.
En una de las viviendas estaba una pareja con una niña de unos nueve años de edad, a quienes amenazaron y apuntaron con rifles y pidiendo que entregaran la droga.
La familia reportó que los gendarmes encontraron sobre la mesa una bolsa llena de hojas secas y semilla de hierbabuena, que la señora siembra, y que mostró en el patio el lugar donde tiene sembrada la planta, pero que los gendarmes insistieron en que era mariguana.
Tiraron muebles, ropa, camas, y en el cateo se llevaron el dinero en efectivo que ahí había.
“Eran sólo mil pesos que tenía para la semana. Mi esposo es albañil y eso tenía guardado”, dijo la mujer entre lágrimas. “Tenemos miedo de presentar denuncia, nos amenazaron y tenemos miedo de que vayan a volver. Si nosotros anduviéramos en cosas malas, no tendríamos así la casa, de humilde”, dijo la mujer.
Al fondo, la vivienda se conecta con otra casa. En donde rompieron una cama en la búsqueda de diversos artículos. Ahí reportan el robo de un celular y unas bocinas. El dueño dice que se dedica a la venta de agua, y que a la hora del cateo no estaba en su casa.
La localidad de San Juan Mina está muy pegada a Tlapehuala, y en la ruta que conduce a pueblos del río Balsas que pertenecen al municipio de Ajuchitlán.
En San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán, ubicado a 5 kilómetros de San Juan Mina, también reportaron la incursión de la Gendarmería, pero también reportaron la presencia de una patrulla del ejército. Ahí señalaron que, alrededor de las 11 de la noche llegaron buscando a hombres armados en un rancho abandonado.
Amenazaron a los vecinos de un rancho abandonado, para exigirles que les dijeran dónde estaban los hombres.
“Nos apuntaron a toda la familia, somos cuatro, tenemos una niña en casa y así con el rifle se metieron a la casa. Se llevaron como 12 mil pesos que teníamos, se llevaron unos cartuchos de un rifle 22, tenemos una escopeta y se la querían llevar, pero está muy vieja y la dejaron. Luego escuchamos disparos y se fueron”, indicaron.
“Sólo pedimos al gobierno que no venga a robar, si vienen contra alguien, vayan contra ellos, pero por qué se meten a las casas a robar, eso no está bien”, expresó uno de los inconformes.
En el rancho se observó una camioneta estacionada; de acuerdo con los vecinos, el dueño desapareció hace varios años y el lugar está solo. A la camioneta le rompieron los vidrios y había un cartucho percutido a un costado. Luego se fueron del lugar.
Reportan decomiso de droga y un vehículo en Tlapehuala
La Gendarmería puso a disposición del Ministerio Público federal, con sede en Altamirano, una camioneta con reporte de robo, 5 kilos de mariguana y una moto, decomisados en el municipio de Tlapehuala.
Informes policíacos señalan que aproximadamente a las 10 de la mañana, la Gendarmería puso a disposición una camioneta en la que señalan que llevaban un cargamento de 5 kilos de mariguana en una bolsa.
También pusieron a disposición una moto con reporte de robo, tipo Itálica. No se reportaron detenidos, ni se pusieron a disposición dinero, armas o teléfonos.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlapehuala, donde reportaron la presencia de la Gendarmería y el Ejército desde las 10 de la noche en la localidad de San Juan Mina y en San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán.
La candidata a diputada local por el distrito 19 (Zumpango, Tlacotepec y Chichihualco) de la coalición del PRD, PAN y MC, Yuritzia López Gómez, dijo que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. Y denunció que la fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles. Por su parte, el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López, padre de la candidata, advirtió que la caída en el precio de la goma traerá más violencia a la sierra Foto: Jesús Eduardo Guerrero
En la sierra, en un sembradío de amapola, candidata del Frente urge a legalizar el cultivo
Yuritzia López Gómez, que compite para diputada del distrito de Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango, dice que los campesinos accederían a un libre mercado sin exponerse a acaparadores y traficantes. La fumigación que hace el Ejército ya afectó a otros sembradíos y secó árboles, denuncia
Zacarías Cervantes
Sierra del Filo Mayor
Desde dentro de un plantío de amapola, semidestruído por la fumigación por elementos del Ejército mexicano, la candidata a diputada local por el distrito 19 Yuritzia López Gómez, de la coalición Por Guerrero al Frente que integran PRD, PAN y MC, demandó la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para terminar con la violencia y con la pobreza en esta zona del estado.
Denuncio, además, la persecución del gobierno a los campesinos de la Sierra a pesar de que consideró que la siembra de enervantes “no es un delito”, si acaso, dijo, es ilegal el tráfico, pero no el cultivo del que viven aproximadamente 50 mil productores en esa zona del estado, quienes actualmente se encuentran en crisis por la destrucción de sus plantíos por el Ejército y por el desplome de los precios.
El distrito 19 comprende los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri (Zumpango) y Leonardo Bravo (Chichihualco), los tres afectados por la violencia del crimen organizado.
Para llegar al sembradío de amapola, la médico de profesión, caminó por un accidentado camino en algún lugar de la Sierra del Filo Mayor, en donde ofreció la inusual conferencia de prensa a reporteros locales y a un equipo de enviados de un medio de comunicación francés, a quienes habló del grave problema que viven los campesinos de la región: por un lado asediados por el Ejército que les destruye sus cultivos y por el otro el desplome de los precios del producto de 19 mil pesos que estaba hasta hace año y medio a 6 mil pesos el kilogramo.
Ante esta situación que consideró como grave, la candidata a diputada local informó que miles de productores de goma de opio no quisieron vender su producto porque no sacaban ni si quiera lo que invirtieron, con lo que denunció que se ha agravado la pobreza en la Sierra de Guerrero, lo que dijo que conllevará a incrementar la violencia no solo en la zona, sino en las ciudades.
La inusual conferencia se realizó en el descampado de un terreno, la mitad sembrado de amapola con las flores rojas, rosas y alguna que otra blanca, recién reventadas, y la otra mitad con el predio limpio. Allí en marzo pasado un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fumigó el plantío y disecó todo. En medio del terreno hay ocotes parcialmente quemados por el químico.
“Dicen que el líquido con el que fumigan los plantíos no daña los arboles ni otros plantíos, pero mire, esos árboles ya no van a revivir”, mostró uno de los acompañantes de la candidata los ocotes con las ramas tostadas, semimuertas. Mientras que debajo de los árboles, plantas de durazno también han comenzado a secarse.
En la conferencia de prensa, López Gómez exaltó la necesidad de que los gobiernos estatal y federal promuevan la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, para que se termine con la destrucción de los cultivos por parte del Ejército y puedan acceder a un libre mercado sin exponerse ante los acaparadores y a los traficantes.
“Mi propuesta es la legalización del cultivo de amapola con fines medicinales. Ustedes vieron que no es fácil llegar acá, es bastante lejos y complicado, con un camino sinuoso con veredas, y nuestros campesinos lo caminan todos los días durante varias horas. El ser agricultor no es un delito, por eso vamos por la legalización del cultivo de amapola”, dijo la mujer, en medio del descampado sembrado de amapola.
Matizó: “entiendo que las autoridades lo tengan por algo ilegal, por eso buscamos la legalidad, para que a los campesinos y a la Sierra no se les afecte”.
La médico declaró que actualmente los campesinos de la Sierra se encuentran en una grave crisis no solamente por la destrucción de los cultivos por parte del Ejército, que también dañan con la fumigación otras plantaciones como el durazno, la milpa y el frijol, sino además por el desplome de los precios de la goma de opio, de lo que se mantienen en esta región unas 50 mil familias.
Parada en la ladera, casi al fondo de una barranca cubierta de ocotes en ambos extremos del cauce, Yuritzia López apuntó la vista hacia el otro extremo y exclamó: “si vemos de aquel lado, es un área que está afectada por la fumigación con los helicópteros y el químico afectó no sólo el cultivo de amapola, sino los árboles, la tierra, el agua todo lo que hay aquí, dañaron nuestro oxígeno, todo”, se quejó.
Para López Gómez el delito es traficar la droga “y contra eso sí tenemos que meternos muy duro para que no haya impunidad. No así contra el trabajo de los agricultores y la gente de la sierra, por eso vamos a proponer la legalización de la amapola, para que los sierreños tengamos de qué vivir”.
Insistió que en la Sierra Madre del Sur hay aproximadamente 50 mil familias que se dedican al cultivo y siembra de la amapola y que “el desplome del precio de la amapola los está dejando sin comer”.
Frente a ese problema su propuesta es un “blindaje a la Sierra”, esto es, explicó, que los gobiernos estatal y federal volteen a ver a los campesinos de esta zona y se les dé proyectos productivos sustentables, para que puedan comer y vivir, y, con ello disminuya, además, la inseguridad en la entidad”.
Reprochó que por el desplome de los precios de la goma de opio se deja sin ingresos a los campesinos, y que aunado a esto vienen los soldados y les destruyen sus cultivos, “¿entonces a qué se va a dedicar ésta gente, y cómo le darán de comer a sus hijos?”, se preguntó Yuritzia.
Candidatos presidenciales no ofrecieron propuestas
Acompañada sólo por un reducido equipo de su campaña la candidata de la coalición que integran los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, llevó al grupo de reporteros locales y a enviados de un medio de comunicación francés al plantío de amapola ubicado en un paraje alejado de la carretera Casa Verde-Tlacotepec, por donde ayer se vieron circular de ida y vuelta a convoyes de militares.
Allí advirtió que el problema en la Sierra se está tornando muy grave y lamentó que en el pasado debate los candidatos a la presidencia no han abordado el tema. “No les interesó, hablaron de Guerrero, nos satanizaron bastante, pero no dieron solución al problema, por eso vamos a impulsar una iniciativa de ley para que el cultivo de la amapola sea legal, primero con fines medicinales, porque ya se ha hecho en otros países”, insistió.
Para la candidata el problema es que el gobierno federal no quiere entrarle, “pero qué le va a dar de comer a esta gente, a los que se dedican a la producción de la goma de opio, o a qué se va a dedicar”.
Agregó que ya se comprobó que el combate en contra de la siembra no ha dado resultados, y que en lugar de que disminuya, los campesinos siguen sembrando aquí en la sierra porque no tienen otro medio de subsistencia.
Denunció que, además, el desplome en el precio de la goma de opio es la causa de que se incremente la inseguridad en toda la entidad.
“Pero si se legaliza, esto entraría al mercado de valores, a la recaudación de impuestos, y eso favorecería a la entidad, porque habría más dinero para proyectos en los programas de bienestar social, y disminuiría la inseguridad, no digo que se terminaría, pero estaría controlada”, recalcó.
La medico se quejó que, sin embargo actualmente los gobiernos federal y estatal combaten el cultivo de los enervantes, sin apoyar a los campesinos de la zona con proyectos productivos para el cultivo de otros cultivos, como el durazno, el aguacate y la pera que son cultivos viables en la zona pero que los campesinos no cuentan con recursos para cultivarlos porque son muy costosos.
Dijo que las autoridades también tienen abandonados a los pueblos de la zona en materia de salud y educación.
“En materia de salud la Sierra de Guerrero está muy mal en algunas comunidades ni siquiera existe un técnico de salud, en otras no hay una casa de salud, también hay pueblos en donde no encuentras ni un paracetamol”, se quejó.
Crisis en la sierra por la caída del precio de la goma de amapola; aumentará violencia, advierten
En los próximos meses el problema se convertirá en un asunto de seguridad nacional, si no se atiende se extenderá a las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer, advierte el integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López
Zacarías Cervantes
Sierra del Filo Mayor
El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró ayer el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.
Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.
López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.
López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.
“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.
Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevarles de comer a sus familias.
Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.
Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.
El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.
“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.
Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.
“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.
El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.
López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.
Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.
Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.
A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.
Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.
“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.
Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.
“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.
Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.
El ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres Foto : Jesus Eduardo Guerrero
El desplome de los precios de la goma de opio, la destrucción de los cultivos de amapola por el Ejército y a veces por la fauna, así como las pérdidas ocasionadas por el mal temporal, mantienen en una grave crisis a los productores de amapola de la Sierra del Filo Mayor, declaró ayer el ex comisario de Filo de Caballos e integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra, Arturo López Torres.
Advirtió que la región en los próximos meses se convertirá en un asunto de seguridad nacional, y que si no se atiende a tiempo provocará problemas graves de violencia no sólo en la zona sino en las ciudades a donde los campesinos bajarán a buscar qué comer.
López Torres se quejó de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha tomado con seriedad el problema y que, por el contrario, durante el segundo debate el 20 de mayo “denostaron y satanizaron” a los campesinos de esta zona de Guerrero por la siembra de amapola.
López Torres, integrante de la Unión de Comisarios de la Sierra del Filo Mayor, la agrupación que se manifestó desde 2016 en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales, declaró ayer que existe preocupación entre los campesinos productores de la goma de opio por la caída en el precio.
“Hace 2 años el kilo de goma de opio estaba de 25 a 30 mil pesos y actualmente bajó hasta 6 y 7 mil pesos, y con este precio los productores no sacan ni lo que invierten en sus cultivos”, dijo el dirigente de la sierra baja.
Alertó que en esta temporada de lluvias por primera vez los campesinos productores acordaron no sembrar, “porque no les rinde, no les da beneficios”, dijo y alertó que esto implica un problema económico para las familias de la región, pero también será un problema social y de seguridad pública para los gobiernos porque los campesinos bajarán a las ciudades a buscar qué llevarles de comer a sus familias.
Reconoció que es labor del Ejército destruir los cultivos por ser ilícitos, “pero si no hay buenos precios de la goma, y aparte están destruyendo la planta, ¿qué va a hacer la gente de la región de la sierra para subsistir?”, se preguntó.
Declaró que es una mentira que sólo la siembra del maíz y frijol ayude a la gente a sobrevivir, “esos cultivos sólo garantizan a las familias que tengan tortillas y algo para comer, pero no para que se compren unos huaraches o zapatos, o manden a sus hijos a la escuela”.
El dirigente explicó que de la cadena productiva de la amapola, el agricultor, como en todas las cadenas productivas, es el más vulnerable y el que menos gana.
“Sí se le mete a la sierra cosas lícitas o buenas, pero no hay voluntad del gobierno para hacer el cambio del cultivo de amapola a cultivos lícitos para que pueda subsistir la gente”, denunció.
Explicó que saben que lo que ha provocado el desplome de los precios de la goma de opio es la introducción a Estados Unidos del fentanilo, que es un narcótico sintético y que es mucho más barato.
“Nos dicen que es una droga mucho más fuerte y potente, y que incluso ha tenido muchos problemas en la Unión Americana debido a que desde el año pasado hubo muchos decesos”, contó.
El ex comisario declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le está haciendo más daño a su población al permitir la entrada de ese narcótico.
López Torres manifestó que se culpa a los productores de la amapola en México pero que no se toma en cuenta que “si no hubiese tanta demanda de ese producto, no se sembraría tanto en la Sierra Madre del Sur, pero como la hay los campesinos siguen cultivando”.
Insistió en que si en la Unión Americana deja de haber consumidores, “lógico que bajará en una forma bastante grande el cultivo, pero mientras haya consumidores seguirá por los siglos de los siglos”.
Lamentó que los candidatos a la presidencia de México hayan tomado el caso de los enervantes, sobre todo la goma de opio, “sólo como una actividad económica que genera la tercera parte del Producto Interno Bruto que obtiene el país”.
A pesar de que advirtió que les está causando problemas graves de seguridad nacional, “prueba de ello es la violencia en todo el país”.
Advirtió que el problema va creciendo, pues antes eran sólo dos estados los que producían goma de opio, y actualmente son siete.
“Los candidatos a la presidencia de México no tomaron en cuenta este problema, como que lo están minimizando, ninguno tomó en forma seria el problema del narcotráfico, porque México es el trampolín de todas las drogas”, dijo.
Mencionó que los productores de la sierra han levantado la voz tres veces con esta, de que el precio de la goma de opio se desplomó.
“En unos cinco meses el problema se va a complicar, principalmente en las ciudades”, advirtió.
Dijo que si no habrá dinero circulante en la sierra, que el gobierno cambie el cultivo de amapola por proyectos productivos”, concluyó.
