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No favorece a empresarios en el caso de El Podrido, dice la magistrada

 

 Los ejidatarios no quieren hacer las pruebas periciales y retrasan la sentencia: Luz Mercedes López Díaz

Karina Contreras

La magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, rechazó que ese tribunal esté favoreciendo con sus resoluciones a los empresarios o que haya “tortuguismo” en los juicios agrarios que tiene a su cargo, y precisó que el retraso en las resoluciones es porque “los mismos ejidos ponen las obstáculos”.

López Díaz dio una conferencia de prensa luego de que campesinos de varios ejidos protestaran afuera del TUA para exigir la agilidad en las resoluciones.

Antes, durante varios minutos la magistrada tuvo un enfrentamiento verbal en sus oficinas con representantes de varios ejidos que la acusan de perjudicarlos con sus resoluciones, y amenazó con llamar al agente del Ministerio Público si seguían los insultos a la institución que ella representa.

Le dijeron que desde que ella está al frente del TUA hay “tortuguismo”, a lo que respondió que no era cierto, y aclaró que si había retraso es “por las partes involucradas”.

Después discutió con las autoridades de el ejido de El Podrido, encabezados por su abogado Humberto Sevilla García, y le dijo que ellos habían enviado un acta de asamblea para oponerse a la prueba pericial y por eso está el “documento estancado”.

“No puedo darle la razón a nadie ni dictar una sentencia porque las propias partes –y ahí están los expedientes– se oponen. Ahí está el acta de asamblea en donde prohíben hacer la prueba pericial”, dijo la magistrada.

Sevilla García le respondió “desde que usted está aquí no hemos avanzado en nada, ya que a todo le pone trabas. Usted nada más está aquí para proteger los intereses de los ricos, es lo único que hace”. Luego de terminar la discusión los campesinos se retiraron molestos sin llegar a ningún acuerdo.

En las declaraciones, la magistrada, López Díaz dijo que no le gusta dar conferencias de prensa, ya que la posición del tribunal es no dar declaraciones para no “enrarecer los ambientes”, y agregó que si éste, que imparte justicia, hace un juicio de valor o da una opinión, se puede tergiversar y tomar como si “el tribunal estuviera tomando partido y está siendo parcial”.

Precisó la funcionaria agraria que si accedía a esa entrevista, era porque no quería “desinformación”, luego defendió al tribunal señalando que ahí no hay tortuguismo.

Denuncian ejidatarios de El Podrido apoyo de autoridades a inversionistas

 

 Se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con ayuda de los gobiernos federal, estatal y municipal, afirman y anuncian diversas movilizaciones

 Líderes de organizaciones políticas, representantes de organizaciones sociales y productivas, los presidentes de comisariados ejidales, ejidatarios, comisarios municipales e integrantes del PRD municipal, anunciaron que a partir del 19 de abril comenzarán movilizaciones en el estado, “en defensa de la tierra, por una vivienda digna y en defensa de los dirigentes campesinos”.

En un desplegado público denuncian que “los inversionistas, con ayuda de sus abogados se quieren apropiar del patrimonio de los campesinos con el consentimiento de los gobiernos federal, estatal y municipal”, por lo que dichas movilizaciones empezarán con una marcha del monumento del general Vicente Guerrero, en Plan de los Amates, hasta la colonia 13 de diciembre del ejido El Podrido.

A la marcha fueron invitados los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, “para que transmitan sus experiencias, en virtud de que a nivel mundial son pilares en la lucha por la obtención y defensa de la tierra”.

Los inconformes también invitaron a la marcha a los “compañeros de Atenco, estado de México y de los ejidos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, y demás estados en donde campesinos estén luchando por sus tierras”.

En el mismo desplegado se denunció también el incio de una “perversa campaña” de desprestigio en contra de dirigentes campesinos y luchadores sociales, y que “nuevamente se están fabricando delitos del fuero común y federal” contra algunos de sus compañeros, y mencionan como ejemplo el caso del asesor jurídico del ejido El Podrido, Humberto Sevilla García.

En el desplegado se informó que fue en la Asamblea Regional de Organizaciones Sociales y Productivas, llevada a cabo el pasado 4 de abril en el ejido El Prodido, “donde se se instaló en asamblea permanente el Frente de Defensa Campesino de Acapulco y se determinaron las acciones para defender a los dirigentes de esa organización, de posibles acciones de los empresarios en su contra”.

Dicho desplegado está dirigido “al gobernador René Juárez Cisneros, al Congreso del estado y al pueblo en general”, y lo firman Sevilla García; el asesor general, Félix Castellanos Hernández; el presidente del Frente de Defensa Campesino de Acapulco, Eloy Benítez Zúñiga; la dirigente municipal del PRD, Beatriz González Hurtado; la diputada local, Adela Román Ocampo; la secretaria del Consejo estatal del PRD, Rosario Merlín García; el dirigente del Frente Popular, Omar Garibay Guerra; de la Corriente Crítica de México, Leopoldo Calderón Caballero; el Comité Ejidal en Defensa de los Campesinos en general de la Sabana, Donaciano Martínez González; la secretaria general de la Asociación Civil Tierra Digna, Joaquina Hernández Agüero; de la Unión de Indígenas radicados en Acapulco, Arturo Santiago Candelaria, y del ejido El Cayaco, Alberto Ávila González.

Denuncia persecución de la PGR el defensor de los ejidatarios de El Podrido

No tiene porqué intervenir en un conflicto agrario, dice. Le integran a Humberto Sevilla una averiguación por despojo.

El abogado defensor de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla, señaló que la PGR no tiene porqué intervenir en un asunto agrario, luego de que se volvió a integrar una averiguación por despojo en su contra, así como del ex comisario Isaías Alfredo Peláez Pérez y del secretario del comisariado, Martín Cruz Bello, la cual fue radicada en el juzgado cuarto de Distrito.

En comunicación vía telefónica, Humberto Sevilla informó que este lunes los ejidatarios se manifestarán en ese juzgado en contra del que llama “Grupo Monterrey”, al cual acusa de utilizar al abogado Reynol Gómez como parte de una campaña de difamación para afectar a quienes defienden los intereses de los ejidatarios.

Sevilla criticó la campaña que ha encabezado en los medios impresos Reynol Gómez, para poder seguir vendiendo los condominios que pretenden construir en la colonia 13 de Diciembre, “a 8 millones de pesos cada uno”.

“El lunes (29) mandaron la averiguación previa, la número 123 del 2002 a la PGR. Están inventando delitos que, además, ya habían sido rechazados por juez cuarto de Distrito y confirmados por el Tribunal Unitario de Guerrero. Ahora la vuelven a perfeccionar en (la ciudad de) México. Están en contubernio con Tres Vidas para arrebatar las tierras”.

Anunció que este domingo llevarán a cabo una asamblea en la comisaría de El Podrido a las 10 horas, en donde acordarán las acciones a seguir para defender sus tierras.

“Ahí se verá la hora en que se hará la manifestación el domingo”, concluyó.

Sin acuerdos, reunión de empresarios y el gobernador con ejidatarios por Tres Vidas

Otro litigio en la zona Diamante

 Les ofrecieron un millón de dólares y un predio para abandonar el terreno del que están posesionados

  Los ejidatarios de Plan de los Amates rechazaron la oferta de un millón de dólares y un predio ofrecido por el gobernador René Juárez Cisneros y empresarios de Tres Vidas para que abandonen y vendan el terreno ubicado en la zona Diamante. Los ejidatarios han manifestado en reuniones anteriores que ellos quieren 10 millones de dólares.

El gobernador Juárez Cisneros y empresarios sostuvieron una reunión con una comisión de ejidatarios para llegar a acuerdos en la compra del valioso predio de 35 hectáreas, ubicado en el bulevar a Barra Vieja, y que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 restituyó en el 2002 a los 113 ejidatarios, luego de un litigio de varios años con la empresa regiomontana Tres Vidas.

Apenas el 6 de marzo, los ejidatarios se repartieron las 35 hectáreas, luego de que se rompieron las negociaciones, ya que los empresarios se negaron a pagar los 10 millones de dólares que piden los ejidatarios por el valioso predio.

En declaraciones a El Sur, la ejidataria Ana Luisa Campos Aparicio dio pormenores de la   reunión privada, de casi una hora y media, sostenida el lunes pasado con Juárez Cisneros y los empresarios en las oficinas de la Promotora Turística (Protur).

Campos Aparicio informó que el ofrecimiento de los inversionistas fue de un millón de dólares; mientras el gobernador ofreció un terreno a cambio del predio que está en posesión de ellos.

Manifestó la ejidataria que Juárez Cisneros expresó durante la reunión que él estaba dispuesto a apoyar a las inversiones en Guerrero, por lo que les pidió que fueran más “flexibles” para proteger las inversiones y se preguntó :¿Nosotros que ganamos con protegerla?

Campos Aparicio dijo también que ellos han rebajado hasta en un 50 por ciento el costó real de el predio y que están pidiendo 10 millones de dólares, pero los inversionistas                     solo han respondido que no “podían pagar ese precio”.

Asimismo, señaló que los ejidatarios de Plan de los Amates rechazaron la oferta hecha por Juárez Cisneros y los inversionistas, ya que no van a regalar lo que es de ellos cuando los inversionistas venden caro.

Agregó que no les preocupa que no acepten el precio, ya que hay otros empresarios interesados en el predio ubicado en la exclusiva zona Diamante.

En la reunión, estuvo el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia. El encuentro terminó sin acuerdos y con la amenaza de los empresarios de continuar con la demanda por despojo interpuesta contra los ejidatarios. El único compromiso entre las partes fue efectuar una próxima reunión, en unos quince días , la cual será definitiva.

Asegura Donaciano Martínez que en un mes se pagará a ejidatarios de La Sabana

 Niega que haya traicionado a los parcelarios

Donaciano Martínez González, quien fue expulsado por algunos ejidatarios del Comité de Defensa del Ejido de La Sabana, negó haber traicionado a los campesinos a cambio de puestos de trabajo dentro de la Comisión Federal de Eectricidad (CFE).

Dijo que, al contrario, el comité de defensa que él preside ha logrado un avance de un 80 por ciento, en las negociaciones con la CFE para que pague cerca de un millón 200 mil pesos como indemnización a los 56 ejidatarios que se vieron afectados en sus parcelas por los tendidos de cables de alta tensión.

El lunes pasado, integrantes del comité informaron que Donaciano Martínez González y Félix Castellanos Hernández ya no formaban parte del comité a partir de ese día, debido a que habían traicionado la confianza de los parcelarios que fueron afectados por la CFE a cambio de trabajo dentro de la empresa.

Martínez González precisó que sigue siendo el presidente del Comité de Defensa del Ejido de La Sabana, ya que los que anunciaron su expulsión “no forman parte del comité”.

Luego manifestó que los integrantes del comité han   tratado de llevar la conciliación y la paz con la CFE, y no exaltarse para no caer en irresponsabilidades, pues en las negociaciones se busca que los recursos lleguen a los afectados en sus parcelas y no a “líderes corruptos”, a quienes les molesta la manera transparente en que se están haciendo las cosas.

Dijo que en un mes aproximadamente, se sabrá cuánto le toca a cada uno de los 56 afectados, de acuerdo a los daños que hayan tenido en sus parcelas. Reconoció que las indemnizaciones a sus compañeros serán “parciales”, ya que la CFE pagó a la comisaría y está fue la que no entregó el dinero a los parcelarios.

Aseguró Martínez González que, en está ocasión, los cheques serán entregados directamente a los campesinos afectados para que no quede en manos de líderes que sólo buscan obtener beneficios propios.

Sobre la demanda que interpusieron algunos ejidatarios contra la CFE, en la agencia del Ministerio Público de Renacimiento por el delito de fraude, dijo que el comité que él preside “no la respaldará”

Se enfrentan ejidatarios de El Cayaco a judiciales que detuvieron a un campesino

* Los policías violaron un amparo, denuncian

Ejidatarios de El Cayaco y policías judiciales de El Coloso protaginizaron una trifulca cuando los segundos detuvieron, esposaron y golpearon a Armando Palma Avila, en cumplimiento de una orden de aprehensión del juez décimo penal, Adolfo Vaan Meeter Roque, por daños y robo calificado, quienes –según los inconformes– violaron un amparo que el inculpado tenía.

Los hechos sucedieron en la colonia Castillo, del poblado de El Cayaco, a las 10 de la mañana, entre cerca de 100 ejidatarios y tres               agentes judiciales, y donde salieron a relucir piedras y garrotes.

Lo que molestó a los vecinos fue la actitud prepotente de los judiciales, quienes –según ellos– golpearon al detenido y se hacían acompañar de la dueña de el lavado de autos, Marcela Guatemala Fijon, quien ocupa una parte del camino propiedad del ejido, con un morro de tierra y piedras.

El camino en disputa es el que los lugareños ocupan para llegar al panteón del lugar, y que por el momento se encuentra en un litigio en el Tribunal Unitario Agrario número 41.

Palma Avila se defendió y dijo que no tenían porqué hacer esa detención, pues unos días antes había pagado una fianza en el Juzgado Décimo, de 29 mil pesos, y el juez dio una constancia de eso.

Los enfurecidos vecinos, para evitar que se llevaran al detenido, prendieron llantas alrededor del vehículo Jetta, color verde, que llevaban los judiciales, y no permitieron que se retiraran del lugar hasta que llegaron al lugar el titular del MP de El Coloso, Felipe Bahena Camilla, y el agente determinador –también de El Coloso– David García Muñoz, a quienes le entregaron el vehículo y Palma Avila quedó en libertad.

En una visita a la redacción de El Sur, el ex comisario de El Cayaco, Alberto Avila González, dijo que la orden de aprehensión emitida por el juez décimo no reunía los requisitos de ley, y que fue una arbitrariedad lo que intentaron hacer.

Avila González previó que este conflicto no va terminar ahí, y que puede llegar a hechos más violentos, por lo que responsabilizó de lo que suceda al Tribunal Unitario Agrario, ya que por sus “porquerías y la corrupción que hay se originó el conflicto”.

 

Falsificaron nuestras firmas, dicen afectados por la presa La Venta

* Nunca asistimos a alguna asamblea, aseguran

 Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Ejidatarios del municipio de Juan R Escudero, quienes resultaron afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica La Venta, desmintieron ayer al asesor jurídico de la Procuraduría de Defensa de los Campesinos, Alfredo López Gracida, quien aseguró que fueron indemnizados mediante una asamblea, y acusaron al comisario ejidal Agustín Sánchez, así como al dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilez García, por “falsificar nuestras firmas”.

En conferencia de prensa, uno de los ejidatarios afectados, Baldomero Carbajal Gallardo, explicó que de los 125 ejidatarios cuyas tierras fueron afectadas por la construcción de la presa La Venta –ubicada en la comunidad de Omitlán, del municipio de Juan R Escudero– “sólo se pagó a unos 40 ejidatarios”.

El pago a los 40 ejidatarios –según Carbajal Gallardo– se dio de “manera irregular, ya que no les dieron los 43 mil pesos que correspondían a cada persona, únicamente el comisario ejidal (Agustín Sánchez) los engañó con 10 mil pesos”.

Fue en la edición de El Sur del 4 de marzo, donde el asesor jurídico de la Procuraduría de Defensa de los Campesinos, Alfredo López Gracida, informó que mediante una asamblea y con cheques fueron indemnizados los ejidatarios afectados por la presa.

Pero según Carbajal Gallardo, “es mentira lo que dijo (el asesor jurídico de la Procuraduría de Defensa de los Campesinos) López Gracida, nunca ha habido asambleas en la comunidad, y nosotros no hemos recibido ningún cheque”.

Dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace un año entregó 5 millones 419 mil pesos, cantidad con la que se indemnizaría a 55 ejidatarios, luego también entregaron más de 7 millones de pesos para pagar a afectados por uso distintos a la tierra (afectados por una casa o un árbol).

Sin embargo –insistió– “no hubo ni asambleas, ni cheques”, además sobre “las actas que se levantaron de las supuestas asambleas nuestras firmas fueron falsificadas por el (comisario ejidal) Agustín Sánchez, en complicidad con (el dirigente de la Central Campesina Independiente) Maclovio Avilez García”.

“Fueron ellos quienes se quedaron nuestro dinero, cerca de 15 millones de pesos, no los recibimos, nos falsificaron nuestras firmas, ya que nosotros nunca asistimos a ninguna asamblea”, dijo Carbajal Millán.

Ejidatarios lotifican y reparten los terrenos en litigio con Tres Vidas

* No tuvimos respuesta y ya no negociaremos, dicen

 * No es justo que empresarios y funcionarios corruptos sigan con la venta de predios en el Tianguis Turístico, consideran

Karina Contreras * Los 113 ejidatarios de Plan de los Amates se repartieron las 35 hectáreas que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 les restituyó en 2002 –y que ganaron en un litigio con la empresa regiomontana Tres Vidas–, luego de que no se concretaron las negociaciones para que la empresa pagara 200 dólares por metro cuadrado, lo que equivale a 9 millones de dólares.

Los ejidatarios manifestaron que ya no quieren saber nada de negociaciones con la empresa Tres Vidas, y que prefieren repartirse el predio, porque es de ellos, y el cual los empresarios y funcionarios corruptos les intentaron quitar con escrituras falsas. “Tuvieron su oportunidad de negociar y ahora se acabó”.

Los campesinos lotificaron las 35 hectáreas en lotes de 20 metros de ancho por 300 de largo, es decir, desde el bulevar hasta orilla del mar, con la intención de evitar conflictos internos por la ubicación de los predios.

El predio se encuentra ubicado en la bulevar a Barra Vieja, en la zona Diamante, el cual está tomado desde el 1 de agosto por los ejidatarios de Plan de los Amates, quienes se respaldan por el dictamen emitido el 7 de julio del 2002, en la querella interpuesta el 3 de noviembre de 1994, y en donde la magistrada del TUA 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, ordenó a la empresa Tres Vidas, Desarrollo Turístico de Guerrero, entre otras, restituir las 35 hectáreas a los ejidatarios.

Antes de que comenzara la medición de los predios al lugar llegó una persona de Gobernación estatal, a quien los ejidatarios le reclamaron la presencia de policías del estado unos metros adelante del plantón, ya que manifestaron que era señal de intimidación.

Luego le aclararon que la repartición de los predios era porque nunca hubo respuesta de la autoridad, y que iban a tomar posesión de lo que era de ellos y que la autoridad agraria les restituyó. Reclamaron que el gobernador René Juárez Cisneros primero dice que está de acuerdo en que el terreno es de ellos y en los tribunales agrario se vaya contra los ejidatarios.

Los inconformes se rehusaron a dar sus nombres a la gente de Gobernación, ya que le manifestaron que cada vez que van sólo es para liberar órdenes de aprehensión, y recordaron que cuando Juárez Cisneros fue y a pesar de que se comprometió a no hacerlo, días después liberaron órdenes de aprehensión y se preguntaron que porqué no actúan igual con los empresarios, ya que “no son inversionistas, son mañosos, aunque de cuello blanco”.

La ejidataria Ana Luisa Campos Aparicio explicó que decidieron repartirse el predio porque ya se cansaron de que el gobierno del estado y los inversionistas lo único que hagan es “medirles el hambre”, y ya no están dispuestos a que los engañen.

Advirtió que no van a permitir que el gobierno siga vendiendo sus terrenos en el Tianguis Turístico, y aclaró que la lotificación fue nada más en las tierras que restituyó el TUA, sino en las 14 que todavía continúan en litigio; agregó que no están en contra de la inversión ya que están consientes de que generan empleos al estado, pero no quieren seguir engañados.

Campos Aparicio dijo que están “bien demandados” por los empresarios por despojo de unas tierras que son de ellos, y siguen luchando aun cuando no tienen ninguna necesidad de estar en tribunales, “es por culpa de funcionarios corruptos que permitieron escriturar tierras del ejido”.

La ejidataria pidió al gobernador la cancelación de los folios de derechos reales de las mencionadas escrituras, para evitar que engañe a los turistas que están comprando.

Se lamentó que los ejidatarios de Plan de los Amates no tengan apoyo de los diputados locales o federales, ni el alcalde Alberto López Rosas, quien sólo les ha dicho que “hagan presión”. “Prefieren que nos muramos de hambre o le apuestan a que nos vamos a cansar, efectivamente, nos cansamos, pero de esperar un acuerdo,               y por eso nos repartimos nuestras tierras”, dijo la ejidataria.

Piden ejidatarios perredistas anular el triunfo del PRI en Sabanilla

 * Solicitan la intervención del diputado Rómulo Reza

 Karina Contreras * Ejidatarios del poblado de Sabanilla pidieron al diputado local perredista Rómulo Reza Hurtado su intervención, para que las autoridades agrarias acepten su demanda de anulación del acta de asamblea ejidal donde se señala al priísta Melesio Dorantes Alarcón como ganador de la elección de comisario ejidal, ya que aseguraron se violaron sus derechos.

Los seguidores de la planilla Verde, que encabezó el perredista Jaramillo Carmona, no están de acuerdo en que sea comisario ejidal el priísta –quien en las elecciones del domingo pasado ganó con 55 votos– esto porque, dicen, se admitieron sufragios de cuatro personas que no están registradas en el padrón actual.

Por ello los ejidatarios Bonifacio Jaramillo Vinalay, Macrino Olea Vinalay, Apolonio Baladez Nava y Romualdo Jaramillo Carmona, entre otros, acudieron a pedir ayuda al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Rómulo Reza Hurtado, esto porque también aseguran que se violaron sus derechos como personas.

Reza Hurtado, vía telefónica, comentó que, efectivamente, los ejidatarios de ese poblado acudieron a pedirles ayuda para que intervenga ante las instancias agrarias y que sea aceptada su inconformidad, y agregó que ya envío los oficios 505 y 506, el primero al delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Enrique Landeros Barba, y el otro al procurador de Defensa de los Campesinos del Estado, Lenin Carvajal Cabrera, para que brinden asesoría a los campesinos inconformes y se le ponga atención a sus demanda.

Señaló que los ejidatarios le pidieron su intervención porque aseguraron que violentaron la legalidad en el proceso electoral de la comisaría ejidal de Sabanilla, y se dieron unas votaciones irregulares.

Supuesta propietaria se deslinda del pleito por dos predios en El Cayaco

 * La parcela es mía, no de ejidatarios, asegura

 Lucila Cruz García se deslindó de los hechos violentos sucedidos el domingo pasado en un predio ubicado en El Cayaco, donde invasores y ejidatarios se agarraron con palos, piedras y machetes por la posesión de dos hectáreas y media que tienen un valor de aproximadamente 12 millones de pesos, y que se encuentran en litigio en el Tribunal Unitario Agrario 41, precisamente con Cruz García, quien lo reclama como suyo.

En una visita a la redacción de El Sur, Cruz García –a quien los ejidatarios la acusan de encabezar la invasión al predio– dijo que la parcela disputada no es del ejido sino de ella, ya que lo heredó de su padre José Cruz Bazan, quien también en 1993 ganó un litigio al ejido cuando las autoridades agrarias le reconocieron su posesión.

Cruz García dijo que el predio todavía continúa en litigio bajo los expedientes 0291/01 y 0291/02, y que ninguna de las partes lo puede ocupar hasta que haya una sentencia definitiva de las autoridades agrarias, lo cual no ha sido respetado por los ejidatarios encabezados por el ex comisario ejidal Alberto Avila González.

Insistió que el predio es de ella, pero que desconoce quiénes intentaron tomar posesión de la parcela el domingo pasado, ya que ella se a conducido bajo la ley, aportando las pruebas necesarias para comprobar que el terreno es de ella y fue invadido por los ejidatarios. (Karina Contreras)