La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Evelyn Rodríguez Xinol, informó que el organismo jurisdiccional hace ajustes a su presupuesto de egresos de 2023 para cubrir con el mismo monto del año pasado. Este ejercicio fiscal incluye el arranque del proceso electoral que comienza en septiembre, pero si hiciera falta en junio estarían solicitando una ampliación extraordinaria.
Asimismo, informó que el colegiado gestiona recursos para integrar una defensoría de oficio con al menos con un abogado y un auxiliar, para indígenas, jóvenes y mujeres que no pueden solventar los gastos de abogados particulares, declaró al terminar la inauguración del diplomado de derecho electoral 2023 en la Facultad de Derecho de la UAG.
Del presupuesto anual, la presidenta explicó que solicitaron 112 millones de pesos para este año, considerando que habrá un mayor número de impugnaciones por el arranque del proceso electoral, y les aprobaron 98 millones 800 mil pesos, igual que en 2022.
“El costo de los medios de impugnación aumentan porque vienen las elecciones internas de los partidos, y están llegando juicios por elecciones de comisarios en las comunidades que no estaban presupuestados, más la operatividad de turnar expedientes a nivel federal ”, detalló.
No obstante, aclaró que realizan ajustes para reducir gastos, principalmente en comisiones, es decir, que se realicen dos o tres al mismo tiempo para que no impacten en el presupuesto.
“Estamos previendo trabajar con eso (pero), si de aquí a junio vemos que es insuficiente entonces solicitaremos una ampliación presupuestal al ejecutivo en primer momento y después al legislativo”.
Recordó que el año pasado recibieron muchos medios de impugnación, juicios políticos internos del partido, por violencia de género entre otras cuestiones jurisdiccionales, pero septiembre a diciembre de este año, del periodo electoral, operarían con un presupuesto ordinario.
Las consejera y presidenta del IEPC, Cinthya Citlali Díaz y Luz Fabiola Matildes; la presidenta de la Asociación Civil Mujeres de Tlapa, Erika Jazmín Garrido; la presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez y la consejera del IEPC Dulce Merary Villalobos, durante el Conversatorio político sobre derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas e indígenas, en el Auditorio del Tribunal electoral Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A pesar de que sus derechos están reconocidos plenamente en la Constitución, las mujeres indígenas y afromexicanas, en pleno año 2022, siguen invisibilizadas y discriminadas, y en muchas comunidades solamente se les considera para procrear familia y para las labores del hogar.
En ello coincidieron ayer las ponentes del conversatorio Reflexiones, avances y retos de los derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas e indígenas, organizado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC).
Participaron como ponentes la presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE) Evelyn Rodríguez Xinol; la activista, defensora y promotora de los derechos humanos de las mujeres, Erika Jazmín Garrido Lara, y de manera virtual la activista afromexicana de Cuajinicuilapa, defensora de los derechos humanos de las mujeres y del pueblo afromexicano, Mijane Jiménez Salinas.
El conversatorio se realizó en el auditorio del TEE, donde asistieron unas 100 personas; fue moderado por la consejera integrante de la Comisión Especial de Igualdad de Género y no Discriminación, Dulce Merary Villalobos Tlatempa.
La magistrada presidenta del TEE Rodríguez Xinol, reconoció que a pesar de que la paridad de género es una realidad en la Constitución, las mujeres indígenas y afromexicanas son invisibilizadas y discriminadas en las comunidades de Guerrero.
Habló de la necesidad de que organismos como el IEPC y los mismos partidos políticos les garanticen esos derechos.
“Es necesario que se asuma un compromiso de las representaciones de los partidos políticos para proteger y salvaguardar sus derechos y que se facilite a estas mujeres su participación y el acceso efectivo a los cargos públicos que impliquen la toma de decisiones al seno de sus comunidades”.
También se les tiene que garantizar su derecho a los cargos en los poderes públicos y en la estructura de gobierno, donde se visibilice su esfuerzo.
Criticó que en las comunidades indígenas donde aún permean los usos y costumbres y la discriminación desde el seno del hogar, a las mujeres solo se les considera “como instrumentos para procrear familia y para las labores domésticas”.
La presidenta del TEE destacó que muchas de estas mujeres ni si quiera tienen conocimiento que sus derechos político electorales están garantizados en la Constitución.
Recordó el caso de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, donde nueve mujeres “activaron mecanismos de defensa” para poder alcanzar sus derechos y que el TEE ordenó que se integraran planillas con mujeres y que se les permitiera votar.
Opinó que este es un precedente histórico y fundamental para las mujeres indígenas y afromexicanas y que debe reproducirse en el resto de las comunidades.
En una segunda participación, la magistrada Rodríguez Xinol insistió que deben implementarse instrumentos legales que garanticen elecciones no solamente paritarias sino incluyentes de estos grupos “históricamente invisibilizados y discriminados”.
Planteó que se deben hacer adecuaciones a la ley para que sea efectivo al 50 y 50 de paridad de género, pero también para que las indígenas y afromexicanas tengan oportunidades en cargos públicos y que no se sigan vulnerando sus derechos y no se ejerza violencia política por su desempeño en un cargo público”.
A ello deben sumarse los partidos políticos a fin de que garanticen la postulación paritaria de mujeres, “sin olvidar la inclusión de indígenas y afromexicanas”.
La activista Erika Jazmín Garrido Lara, reprochó que hay una deuda histórica con las mujeres indígenas y afroemexicanas por la alarmante condición de marginación en las comunidades de Guerrero.
“En la Montaña se nos ha marginado y estigmatizado y esto viene desde la educación, la cultura, la economía, y el derecho a la salud”.
Urgió la dignificación del papel de las mujeres indígenas y afromexicanas en el desarrollo y la consolidación de la democracia, y propuso dignificar el acceso efectivo de las mujeres al goce pleno de sus derechos políticos electorales por medio de la difusión del marco normativo y de las constituciones.
“Que las instituciones se acerquen a las comunidades y a las mujeres, si no se dignifica el acceso efectivo de las mujeres siempre vamos a tener casos de violencia política en rezón de género”.
Además que en la mayoría de los casos la discriminación a las mujeres indígenas se da a través de los mismos partidos políticos, “y es ahí donde nace la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Propuso “llegar a esos partidos políticos porque son ellos quienes no van por nosotras allá, a las comunidades a capacitarnos, ellos, los partidos políticos, solamente van a la comunidad en busca de nuestros votos”.
De manera virtual participó la activista afromexicana de Cuajinicuilapa, Mijane Jiménez Karina, quien dijo que las mujeres de los pueblos afromexicanos están más preocupadas por sobrevivir que en vivir porque no hay salarios dignos, servicios de salud de calidad ni una economía sostenible.
Reprochó que sus territorios siempre han estado vulnerados por la delincuencia organizada “y somos víctimas de violencia” y así menos pueden ejercer sus derechos políticos.
Expresó que estos no solo radican en la paridad de género, sino en la igualdad intercultural que hace falta; “esto es, si pedimos un 50 por ciento de mujeres en el Congreso, mínimo un 25 por ciento de mujeres debiera ser para la interculturalidad”.
Criticó la falta de apertura de los partidos políticos, quienes ni si quiera tienen una agenda política en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las mujeres afromexicanas e indígenas.
En las conclusiones, la presidenta del TEE, Rodríguez Xinol, anunció la creación de una defensoría pública al interior del TEE que será de gran utilidad para los grupos invisibilizados y discriminados que requieren de la atención jurídica”.
Informó que esta propuesta la va a plantear al pleno del TEE para diseñar los mecanismos y estrategias de esta defensoría pública en materia electoral.
