El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Se reúne Evelyn en Altamirano con alcaldes que denunciaron amenazas de Los Tlacos
Dialogan más de tres horas en el cuartel del 34 Batallón de Infantería, en medio de fuertes medidas de seguridad. Insisten en que no hay condiciones para ir a Chilpancingo. El objetivo fue “fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”, dice la gobernadora en un comunicado. No se dan detalles del encuentro ni de los acuerdos. Asisten el comandante de la Novena Región Militar y la fiscal del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
Despliegue de la Marina y la Policía del Estado sobre la carretera federal frente al 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, mientras se desarrollaba la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con alcaldes y diputados de la región Tierra Caliente y algunos de la Norte Foto: Israel Flores
Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo
Para el presidente estatal del PRI, la seguridad se debe extender a todos los ciudadanos, “quienes no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”
Daniel Velázquez
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.
Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD
El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.
Maestros jubilados, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la región Costa Grande, bloquearon los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para demandar pagos.
Los manifestantes exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pago del 2 por ciento del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y prestaciones como el Plan Flexible.
A las 11 de la mañana inició el bloqueo en el bulevar, donde unos 50 jubilados portaron pancartas y lonas. Por la protesta, los guardias del Recinto Estatal cerraron la puerta principal, y el acceso a los usuarios fue por la parte de atrás.
Una de las jubiladas, María Guadalupe Lara Muñiz, informó que son 63 afectados de los municipios de Petatlán, La Unión, Coahuayutla y Zihuatanejo, a los que se les adeuda desde el año 2000.
Indicó que han solicitado una audiencia con Evelyn Salgado, pero que se la han negado. Incluso, dijo que en tres ocasiones la gobernadora ha acudido Zihuatanejo y no los ha atendido.
La jubilada informó que este jueves tenían una mesa de trabajo con las autoridades educativas, a las 11 de la mañana, pero después le cambiaron el horario y querían atenderlos hasta la 1:30 de la tarde, por ello es que se manifestaron.
Una comisión ingresó para dialogar con los funcionarios, mientras que el resto de jubilados permaneció en la vialidad. Minutos después de las 3 de la tarde los manifestantes se retiraron. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Este jueves, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, tomó protesta al nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM). Se trata de José Ángel Martínez García, luego de que estudiantes se declararon en paro y cerraron las instalaciones desde el pasado 16 de marzo, al denunciar que alumnas sufrieron acoso sexual por parte algunos maestros.
Mediante un comunicado en la página de Facebook de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se anunció la toma de protesta al nuevo director del ITSM. En el que se leía que fue por acuerdo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que designaron director a José Ángel Martínez García.
Destacaron que es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y se desempeñaba como subdirector de Planeación y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco.
Se agrega que el secretario Marcial Rodríguez le encomendó fortalecer la actividad académica, a mantener un diálogo permanente con la comunidad estudiantil, a combatir el “acoso sexual” y a elevar los indicadores educativos en esa institución, para formar excelentes profesionistas que sirvan a Guerrero y al país.
Ante la designación del nuevo director se buscó la postura de la presidente de la asociación de estudiantes, Diana Martínez, pero no se obtuvo respuesta.
El pasado lunes, estudiantes y docentes del instituto no regresaron a clases, como el resto de las instituciones educativas, pues en un comunicado por parte de la dirección, se informó que no había condiciones para regresar a laborar y retomar las actividades académicas.
Esto es porque desde el pasado 16 de marzo, un grupo de estudiantes se declararon en paro y tomaron las instalaciones por supuestos actos de acoso sexual por parte de algunos maestros.
El recién nombrado director, José Ángel Martínez, sustituye a Fredislinda Vázquez Paz, quien el pasado 4 de abril renunció a su cargo, porque era uno de los puntos principales que los alumnos exigían para aceptar entablar una mesa de diálogo con las autoridades educativas, dejando en segundo plano la destitución de los maestros, supuestamente acosadores sexuales.
La ex directora Vázquez Paz dijo que se separaba del cargo para no entorpecer las investigaciones de los supuestos acosos sexuales.
Vázquez Paz fue la primera mujer directora del ITSM, desde su fundación hace más de 30 años.
La confianza que tienen los guerrerenses en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es superior a la de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a los alcaldes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2023, en el municipio de Acapulco a López Obrador se le calificó con 7.7: en Chilpancingo obtuvo 7.3 y en Ixtapa-Zihuatanejo promedió 8.3, siendo el funcionario con mejor evaluación de los tres niveles de gobierno.
En el caso de la gobernadora, en Acapulco el promedio fue 6.2, en tanto que en Chilpancingo obtuvo 6.0, pero en Ixtapa-Zihuatanejo consiguió 7.3, su calificación más alta.
Los alcaldes
Para el caso de Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez fue reprobada por los encuestados, consiguiendo un 5.0 de calificación en el promedio de la evaluación.
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue la peor calificada de las tres ciudades del estado que fueron encuestadas, teniendo 4.8 como calificación.
El presidente municipal de Ixtapa-Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, recibió las mejores calificaciones por parte de los ciudadanos entrevistados, alcanzando 6.5, siendo el único edil que aprobó dicho análisis.
Los datos reflejados en el estado de Guerrero, son coincidentes con la tendencia que existe a nivel nacional. En todo el país, Andrés Manuel López Obrador es el mejor calificado con 6.6, en tanto que los gobernadores tuvieron 5.5 y 5.3 fue para los presidentes municipales.
La percepción de inseguridad
En lo referente a la percepción social sobre inseguridad pública por ciudad de interés, los datos proporcionados por el Inegi reflejaron que en el municipio de Acapulco, durante el primer trimestre de 2023, existió un “cambio estadísticamente significativo” en comparación con los últimos datos que fueron en diciembre de 2022.
En diciembre de 2022, correspondiente al último trimestre de ese año, 76.6% de los ciudadanos de Acapulco consideraban insegura la ciudad, mientras que para marzo de 2023, la cifra descendió a 67.8%.
Incluso, los datos del municipio de Acapulco del primer trimestre de 2023 son una reducción en comparación con los del primer trimestre de 2022, pues en dicho periodo, 76.3% de acapulqueños consideraron insegura la ciudad.
El municipio de Chilpancingo presentó el aumento más amplio de una ciudad guerrerense, al pasar de 78.6% de percepción de inseguridad a 83%. En comparación con el primer trimestre de 2022, también se vivió un incremento en la percepción, pues se tuvo 76.5% en dicha oportunidad.
En el caso de Ixtapa-Zihuatanejo, también se presentó un incremento en la percepción de inseguridad, pasando de 63.2% en diciembre de 2022 a 67.7% en marzo de 2023. Es un aumento de casi 10 puntos porcentuales en comparación con 2022, cuando 58.4% de las personas lo consideraron inseguro.
En tanto a nivel nacional, el país vivió una disminución en la percepción de inseguridad entre ambos periodos de análisis. En marzo de 2023, 62.1% de la población consideraba inseguro México, en diciembre de 2022 era 64.2% de los encuestados.
De acuerdo con los datos del Inegi, el sitio donde la mayor cantidad de población de 18 años y más sienten inseguridad, resultaron ser los cajeros localizados en la vía pública, seguidos por el transporte público, el banco, las calles que habitualmente usa y las carreteras.
Maestros de telebachilleratos comunitarios cierran los accesos del Recinto del Poder Ejecutivo del Estado para exigir atención a sus demandas Foto: Jessica Torres Barrera
Luis Blancas
Chilpancingo
Maestros de telebachilleratos comunitarios cerraron los accesos del Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, la basificación de 946 maestros, así como recibir las prestaciones de ley y seguridad social.
A las 11:20 de la mañana, unos 100 manifestantes cerraron los accesos del Recinto Estatal, donde impidieron la salida de los trabajadores y los invitados que asistieron a la Entrega Estatal del Fertilizante, evento que encabezaron la gobernadora Evelyn Salgado y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Víctor Manuel Villalobos.
En el acceso ubicado al lado de la tienda Soriana había policías estatales con equipo antimotines y los manifestantes reabrieron esta puerta a las 11:50 de la mañana.
El maestro del telebachillerato, de la comunidad Tepoxtepec, en Apaxtla de Castrejón, Neftalí Román Román, dijo que tendrían una reunión programada con Rodríguez Saldaña, pero que no fueron atendidos por el evento de la gobernadora.
Comentó que ante la falta de compromiso de las autoridades, cerraron los acceso del Recinto Estatal para que los atendieran.
Detalló que desde hace dos años han solicitado la basificación de unos 946 docentes, así como que las prestaciones de ley, como seguro médico, de vida y gastos funerarios.
Pidió que les cancelen el cobro de un impuesto, de mil 500 pesos de su salario quincenal, como parte de un seguro médico, lo cual debe ser pagado entre el patrón y los trabajadores.
Indicó que cuando muere uno de sus compañero, las autoridades sólo envían una esquela pero sus familiares no reciben un seguro de vida y ni pagos de marcha, “encontramos un gobierno de puertas cerradas, negligente”.
Consultado por teléfono, el maestro Neftalí Román informó que fueron atendidos por el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, con quien acordaron que tendrán una agenda de reuniones en las regiones del estado, para atender peticiones como la basificación y prestaciones para 946 maestros.
Desde hace seis meses, en el Congreso local está detenido el proceso legislativo para el dictamen de la Ley de Austeridad, que fue una propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este documento sólo pasó a primera lectura, pero ya no a segunda, para su discusión y votación, porque hay oposición de diputados de Morena, PRI y PRD, quienes plan-tean que sea una ley solamente para el Poder Ejecutivo estatal.
Después de su revisión y dictaminación, donde la Comisión de Justicia le hizo cambios mínimos, el pasado 13 de octubre, hace más de seis meses, se realizó la primera lectura en sesión ordinaria del pleno.
En la sesión del 20 de octubre hubo un intento para que este dictamen pasara a segunda lectura, pero sin dar explicaciones se sacó del orden del día y no se volvió a incluir.
El motivo, según lo comentado por fuentes en las tres fracciones, decidieron no pasarlo a segunda lectura porque corría el riesgo de ser rechazada.
La iniciativa enviada por la gobernadora no tuvo modificaciones importantes, ya que lo esencial se mantiene en el dictamen, en el que se plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adicional, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que sólo se autorizan los gastos en viáticos y viajes oficiales “estrictamente indispensables”, sin boletos de primera clase o equivalentes.
La oposición por parte de diputados de Morena, PRI y PRD es porque consideran que esta ley debe ser aplicada sólo para el Poder Ejecuti-vo, y que así sean sólo las secretarías y organismos del gobierno estatal los que estén obligados a esa ley.
Pero, tanto la propuesta de Evelyn Salgado como el dictamen aprobado y llevado ante el pleno por la Comisión de Justicia, establece que esta ley debe ser aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios; así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos.
Lo comentado por diputados es que la oposición viene principalmente de diputados que tienen aspiraciones políticas para ser alcaldes, y se oponen a ceñirse a esta iniciativa de austeridad.
Lo que argumentan es que se viola la autonomía del municipio y de los poderes Legislativo y Judicial, porque se trata de una iniciativa de la jefa del Ejecutivo, que no fue consensuada con los otros poderes y ayuntamientos.
Otro de los argumentos de los opositores es que casi el 100 por ciento de los recursos de los municipios son federales y no estatales, por lo que el Ejecutivo estatal no puede establecer límites o nuevas reglas en el ejercicio de los recursos públicos.
Otro planteamiento es que los poderes Legislativo y Judicial agreguen en sus propias leyes orgánicas, un capítulo en el que establezcan estas medidas de austeridad, y excluir a los municipios, porque éstos “son libres y pueden determinar sus propias reglas en el ejercicio del recurso público”.
Lo último que se supo de este dictamen es que, a partir de la oposición, sería modificado en la Comisión de Justicia, pero no se informó de manera oficial en el pleno.
Las fuentes en los grupos parlamentarios consultados comentaron que el tema está detenido, por falta de acuerdo para su aprobación, y que no se ha realizado ninguna modificación al dictamen.
Otras iniciativas pendientes, que fueron enviadas por la gobernadora recientemente y que aún no son dictaminadas, son la que plantea catalogar como falta administrativa grave no enterar, el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores estatales; así como otra para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
También el incluir dos delitos nuevos al Código Penal del Estado, para que se castigue con cárcel a servidores públicos que filtren fotografías de víctimas de delitos, también a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a estos “tratamientos”.
El secretario estatal de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, durante su participación en la sesión del Grupo ACA Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
El secretario de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda, indicó que uno de los indicadores que más afecta a Guerrero en las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es el acceso a la seguridad social.
Vargas Pineda asistió como invitado a la sesión semanal del Grupo ACA. En su exposición, indicó que el reto que tiene el primer gobierno morenista en la entidad es dar cuentas concretas en los indicadores de pobreza que mide el Coneval.
A los acasocios les dijo: “los déficits que tiene el estado de Guerrero en muchísimos temas no los vamos a poder revertir, a lo mejor ni en un sexenio, es complicado. Si hablamos de carreteras hay un déficit enorme, si hablamos de pobreza hay un déficit enorme, muy enorme, somos uno de los tres estados con mayor pobreza”, con Oaxaca y Chiapas.
Indicó que de acuerdo con los datos del Coneval desde que empezó a medir la pobreza en el país en 2008, en el caso de Guerrero “en lugar de disminuir aumentó, y ese es el reto que tenemos como gobierno del estado, que en la próxima medición que corresponde al actual gobierno del estado podamos dar cuentas muy concretas en este indicador de pobreza”.
Explicó que la medición que le corresponderá al gobierno de Evelyn Salgado Pineda será en 2024. Detalló que el Coneval realiza mediciones en el país cada dos años. La última fue en 2020 y la que está próxima es la que corresponde a 2022. Está evaluación será entre el gobierno saliente de Héctor Astudillo y el primer año de gobierno de Evelyn Salgado, por eso la medición que le corresponderá al actual gobierno será la de 2024.
En tanto, el índice de pobreza municipal, el Coneval lo publica cada cinco años, por lo que los próximos resultados por municipios se conocerán en 2025.
En declaraciones a reporteros abundó que sus declaraciones no significan que el gobierno federal no haya hecho nada por abatir la pobreza en el país, porque no es un asunto que sólo competa al gobierno federal, sino que se conjugan acciones entre federación, estado y municipios.
Indicó que la administración estatal tiene mas presupuesto para gasto de inversión, y hay programas para atender directamente el tema de la pobreza en las localidades. Indicó que con el apoyo a personas con discapacidad se ataca un factor de la pobreza mediante los ingresos.
Para este año el gobierno del estado tiene prevista una inversión en obra pública de 7 mil 109 millones de pesos, mientras que el pasado fueron 5 mil 294 millones de pesos, lo que representó un incremento del 34 por ciento. Se va invertir en dotar de servicios de agua potable, drenaje, carreteras, escuelas y otras obras públicas como pavimentación de calles y plazas.
En Acapulco la inversión prevista para este año por el gobierno del estado es de 359 millones de pesos en obra pública. Indicó que este mes arranca la obra pública estatal.
Vargas Pineda informó que en marzo de este año, la Secretaría a su cargo entregó a la gobernadora las reglas de operación de los 61 programas que se van a ejecutar en este ejercicio fiscal, lo que garantiza que los recursos se ejerzan con transparencia, “para saber hacia dónde vamos a invertir cada peso del gasto de inversión. Hoy, ustedes, de esos 7 mil 109 millones de pesos, pueden revisar las reglas de operación de cada programa, y se pueden dar cuenta hacia dónde va cada peso que está invirtiendo el gobierno del estado”.
Agregó que las reglas de operación de los programas, son “lo básico” para planear políticas públicas; ahora viene la puesta en operación de los programas, después seguirá la evaluación y retroalimentación de las mismas para analizar su eficacia”.
Para el presupuesto de este año también se incluyó la región Sierra, que integran los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y comunidades de otros 12 municipios de la Costa Grande y Tierra Caliente. En total son mil 198 localidades, distribuidas en 15 mil kilómetros cuadrados con una población de 133 mil 350 habitantes que representan el 3.7 por ciento del total de la población del estado.
Confirmó que el estado de Guerrero depende de los fondos federales pues depende del 97 o 98 por ciento de fondos federales, el presupuesto de este año es de 76 mil 638 millones de pesos.
De los cuatro municipios de nueva creación dijo que corresponderá al Congreso definir su presupuesto una vez que sean designadas las autoridades instituyentes, “mientras no haya el aparato de gobierno no se les puede asignar un presupuesto”.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, anunció que buscará que el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sea desautorizado por miembros de la jerarquía de la Iglesia católica superiores a él, y para eso dijo pedirá hablar con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, suponiendo que es algo así como jefe del prelado de Guerrero. También anunció que pedirá a la Secretaría General de Gobierno que también busque hablar con Aguiar con la misma intención.
El dirigente de Morena aseguró que no hay inacción de los gobiernos morenistas ante la violencia generada por grupos criminales, pero que se está atendiendo de una forma diferente a como lo hacían gobiernos pasados, y reiteró que las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza “incitan a la inestabilidad de la administración” de Evelyn Salgado Pineda”.
En declaraciones telefónicas, González Varona sostuvo que su partido no tiene una confrontación con la Iglesia católica, y que la discusión pública generada es porque “un representante de ellos asume el papel protagónico de la misma cuando existen más obispos”.
Acusó a medios de comunicación y partidos de oposición de querer generar la percepción de que “es Morena contra la iglesia”, y afirmó que no es así, “es sólo por la postura de un personaje y sospecho que es postura unipersonal”.
No obstante, dijo que si Salvador Rangel tiene pruebas de la participación de políticos morenistas en cabalgatas o reuniones con grupos criminales como lo declaró en su réplica a la descalificación morenista, “tiene que ir a las fiscalías”.
A la pregunta concreta de si tienen certeza de que Morena no tiene representantes populares o autoridades vinculadas con grupos criminales en el estado, regiones y municipios, Jacinto González respondió que “en su mayoría las acusaciones que se han hecho se han investigado y están algunos, con tema de la secrecía de la información, pero hasta ahorita ningún representante de Morena ha sido acusado o captado en este tipo de actos”.
Sin embargo, dijo que como dirigente no puede decir que los morenistas “están involucrados o no están, hasta que haya denuncia formal y se le dé seguimiento, nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a permitir y si es señalado un alcalde, un regidor, una síndica, un diputado local, seremos los primeros en expulsarlo del partido y aportar todas las pruebas necesarias para que asuma su responsabilidad ante la justicia”.
Pidió al obispo emérito que se dedique a lo que su Iglesia le mandata, porque “a él no le corresponde andar dando declaraciones ni dando sermones públicos a nuestro gobierno, yo creo que él ignora cuáles son sus funciones como obispo dentro de su religión”.
Dijo que Salvador Rangel “se ha sobrepasado y es un irresponsable” por lo que acudirán ante el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, para preguntarle si comparte las declaraciones públicas que hace el obispo emérito.
Con esto, el dirigente de Morena pretende saber si Rangel Mendoza realiza estos señalamientos “a título personal o a nombre de la Iglesia católica” en caso de que la Iglesia no comparta estos señalamientos, dijo que considerarán como “desautorizado”.
Y adelantó que también realizará un llamado a la Secretaría General de Gobierno para que de manera oficial también solicite al arzobispo primado de México Carlos Aguiar una postura respecto a los señalamientos realizados de manera pública por el obispo emérito y así “saber con claridad que representa Salvador Rangel, o para que fue enviado”.
González Varona señaló que, a partir de la respuesta de la iglesia, deberá quedar claro si la encomienda de Rangel Mendoza en el estado fue “para tomarse el tecito con los delincuentes, o para crear condiciones para que la Iglesia católica siga sumando más adeptos a su religión”.
Incluso dijo que no le consta que el obispo sea aliado de grupos criminales, pero que “así se deja entrever” y que incluso puede ser que las supuestas reuniones del religioso con líderes de los grupos delincuenciales no se hayan dado “y sea una estrategia de la derecha, de mandar a un vocero de esa magnitud”.
El morenista reiteró que las declaraciones de Salvador Rangel “incitan a la inestabilidad de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
De lo dicho por el dirigente del PRD Alberto Catalán Bastida de que Morena pretende desviar la atención de los fallidos resultados de la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, el dirigente morenista dijo que no hacen “oídos sordos de lo que sucede el estado” y nuevamente defendió a la estrategia de seguridad, la cual funciona, aunque es diferente a la realizada en gobiernos anteriores, “hoy han trastocado los callos de la delincuencia y por eso esos repuntes”.
En ese sentido negó lo dicho por Salvador Rangel respecto a que hay inacción del Estado, y aseguró que están realizando “acciones específicas” y ejemplificó con las incautaciones en la Tierra Caliente, en la Sierra “también el caso del corredor de Ocotito donde se quitó los retenes de los comunitarios que se preveía que estaban vinculados a algún cartel de la región”.
Pero señaló que la violencia e inseguridad, dijo, son responsabilidad de administraciones pasadas que no atendieron el problema y ahora que creció es más complicado atenderlo “lo vieron como inofensivo, como que se iba a regularizar solo y ahora es un cáncer el que tenemos”.
El profesor Lorenzo Méndez Abarca en la conferencia de prensa afuera del Palacio Municipal de Acapulco, en donde terminó su huelga de hambre que mantuvo 14 días Foto: Carlos Carbajal
El maestro de la secundaria Juan N Álvarez, del poblado Plan de los Amates, Lorenzo Méndez Abarca, informó que levantaba su huelga de hambre, que mantuvo durante 14 días, para exigir el pago de horas.
Pero subrayó que no terminaba la lucha para que les reconozcan las nueve horas de español que imparte desde hace tres años.
En una conferencia de prensa en la explanada del Ayuntamiento, el docente agradeció la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y rechazó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, haya intervenido para resolver su situación.
Dijo que el domingo se sintió mal y supo que la gobernadora envió una ambulancia, para que lo trasladaran al hospital del ISSSTE, a donde llegó con taquicardia y dolor de estómago.
Precisó el maestro que no se le resolvió todo, por lo que el lunes estarán con sus compañeros de la secundaria protestando en la explanada del Ayuntamiento.
El maestro reconoció que el gobierno estatal le dio un apoyo económico, equivalente a la mitad de lo que se le debe. Indicó que levantó su huelga porque ya estaba mal, pero según él, la Dirección de Gobernación se “aprovechó de mi vulnerabilidad y de la presencia de mi madre para firmar la minuta, pues quisieron resolver la situación”.
Entre los puntos de la minuta del 9 de abril, está el apoyo económico equivalente a la mitad de lo que le adeudan y otro punto es que el maestro se abstiene de volver a ponerse en huelga de hambre, pero advirtió que continuará desde otra trinchera y seguirán en paro para hacerse escuchar.
Aseguró que la SEG gestionará ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el presupuesto para el pago de esas horas en las secundarias.
La minuta marca que habrá una mesa de trabajo con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, y que no habrá represión.
El docente señaló que el problema no se resolvió de fondo, porque quiere el pago de las horas que ya están reconocidas por las autoridades y la SEG “quiere mal informar que no está reconoció el adeudo”. (Karina Contreras).
