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Piden informe a la fiscal sobre el cumplimiento a leyes de protección a mujeres de la violencia

La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez en su participación en la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada local priista Julieta Fernández Márquez, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos, para que presente al Congreso local un informe por escrito sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, y la de Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos delitos en Guerrero, luego de que aumentaron los casos en la entidad.
La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Justicia. En tribuna Julieta Fernández dijo que es necesario que el Congreso conozca la información sobre el cumplimiento a esta ley, y justificó que la intención es la de unir esfuerzos para implementar acciones y estrategias para prevenir y sancionar este delito.
La priista dijo que de acuerdo a informes de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, en Guerrero siguen desaparecidas 117 mujeres, además de que tienen documentadas 363 personas desaparecidas no denunciadas y que por su propia cuenta han localizado 70 personas con vida e identificado 55 cuerpos que han sido entregados a sus familiares.
“Tan solo en el 2022 han reportado el hallazgo de 37 cuerpos no identificados y cientos de fragmentos óseos. El parque nacional del Veladero y el río de la Sabana son los lugares donde se han rescatado la mayoría de los cuerpos, gracias al empeño y compromiso de las familias, quienes con sus propios recursos han evidenciado el gran número de personas desaparecidas. Las mismas familias han constatado el incremento en un 30 por ciento las desapariciones de niñas de 13 a 16 años, sobre todo del mes de mayo a la fecha”, dijo Julieta Fernández.
En este exhorto se solicita también que se incluya un informe sobre sobre el delito de trata de personas, cuántos ministerios públicos están operando para atender esta materia y cuántos refugios, albergues y casas de medio camino para víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos.

La sesión

La Mesa Directiva informó leyó los oficios enviados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por los cuales envió iniciativas de reforma y adiciones al Código Penal, a la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, la Ley de Hacienda. También a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, a la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria.
En la sesión, el diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política federal para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, para que quienes lo cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre el proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas.
La diputada morenista Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discrimi-nación y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se considere como discriminación y violencia el prohibir, limitar o restringir a las mujeres el acto de lactancia materna en espacios públicos, y garantizar así los derechos y libertades de quienes deciden ser madres.
También de Morena el diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, para que el gobierno estatal y los municipales den a conocer los padrones de beneficiarios de programas y acciones sociales.

 

Pide el Congreso a la FGE y la Secretaría de Gobierno informar de feminicidios

Diputados locales que integran la Comisión Permanente del Congreso, al momento de emitir su voto favorable al exhorto propuesto por el grupo parlamentario del PRD, a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que informe de las investigaciones por los femicidios y los desplazamientos forzados Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, exhortaron a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a informar al Poder Legislativo sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023, y sobre las acciones de acompañamiento que realizan con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, respectivamente.
Con las abstenciones de las morenistas Yessica Alejo Rayo y Angélica Espinoza García, el pleno aprobó por unanimidad, ya que no hubo ningún voto en contra, el exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón a nombre de la bancada del PRD.
A la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitaron que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
En tribuna la perredista recordó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero cerró el 2022 con mil 285 denuncias por lesiones contra mujeres, dos mil 886 casos de violencia familiar y 4 mil 336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Además de que hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios, ocurridos en Acapulco y Chilpancingo. Mientras que en los primeros días del año se reportó el asesinato de tres mujeres.
Destacó que si continuara esa tendencia se rebasaría “por mucho” los crímenes de mujeres de 2022 sean éstos o no feminicidios.
Mientras que, de las desapariciones de mujeres, Patricia Doroteo dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, conforme a datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, A. C., pese a que desde el nuevo gobierno implementó el Protocolo Violeta, que reporta una efectividad del 94 por ciento.
La perredista señaló que en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres desaparecidas “hasta el 16 de diciembre se tienen 250, de las cuales se localizaron 2 fallecidas y 148 con vida y las demás siguen desaparecidas”.
La solicitud a la fiscalía dijo es para conocer la información del seguimiento a estos casos y apuntó que “en la medida que disminuyan los grados de impunidad, recuperaremos la tranquilidad para las familias en Guerrero”.
En ese sentido, consideró importante exhortar a la fiscal que informe al Congreso de las investigaciones sobre estos delitos, y al secretario General de Gobierno sobre las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

La sesión

También se leyó en la sesión la notificación de la llegada de un oficio del presidente municipal de San Miguel Totolapan Fredy Vásquez Palacios “por el que informa sobre la problemática relativa a los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2022, en sus cuentas bancarias, así como en sus recursos financieros”.
No se conocieron detalles del documento pero se refieren al hackeo de cinco cuentas bancarias que tenía el Ayuntamiento en Citibanamex de las cuales les robaron 8 millones 747 mil 307 pesos a través de 26 transferencias hechas a desconocidos el pasado 22 de diciembre, según lo dado a conocer por el cabildo.
También se presentó una propuesta de punto de acuerdo del morenista Masedonio Mendoza para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, a “que haga las gestiones pertinentes para el rescate del bien inmueble donde se hospedó el General Vicente Guerrero durante el proceso de Consumación de la Independencia Nacional, en 1821, en el municipio de Alcozauca”.

 

Exhorta el Congreso a la Cámara de Diputados a legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso aprobó hacer un exhorto a los diputados federales para que tras el análisis de los resolutivos de la ONU y sobre el monitoreo del cultivo de la amapola, legislen sobre la posibilidad de legalizar la producción de amapola con fines medicinales.
Después de una discusión entre diputados del PRI, MC y PRD, que se acusaron de no cumplir el procedimiento legislativo en el tema, ayer finalmente se aprobó el exhorto que el martes las comisiones unidas de Salud y Justicia aprobaron, con el único voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros.
El punto de acuerdo lo leyó el presidente de la Comisión de Salud, Raymundo García, por el cual el Poder Legislativo exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y determine la legalización de la amapola con fines medicinales.
De esa manera fue desechada finalmente la iniciativa propuesta por los diputados de Movimiento Ciudadano.
La argumentación del exhorto se basa principalmente en el último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México, que señala que en el país hay una superficie sembrada con cultivos de amapola de 24 mil 800 hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de los que Guerrero está entre los primeros lugares.
En el dictamen se recuerda que en marzo la fracción parlamentaria de MC presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Federal Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de legalización del cultivo de amapola.
Esa iniciativa fue enviada a las Comisiones de Justicia y de Salud, que “tras analizarla consideramos procedente que sea por su competencia el Congreso de la Unión quien lleve a cabo en el ámbito de su competencia el análisis y en su caso legisle en la materia que nos ocupa”.
En tribuna el diputado Raymundo García aclaró que aunque el Congreso local tiene facultades para iniciar reformas a leyes del ámbito federal, la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Mejía, Silvano Blanco y Magdalena Camacho “no se acompaña de los estudios técnicos, médicos, sociológicos, científicos, socioeconómicos, culturales, de campo y aquellos que resulten necesarios para contar con los elementos básicos necesarios y emitir un posicionamiento fundado en la razón y con elementos convincentes en la materia”.
La decisión provocó debate entre los diputados de MC y los que dictaminaron la propuesta.
El coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía votó a favor el exhorto que aprobaron en lugar de su iniciativa, porque dijo que “todo lo que abone a terminar con la política prohibicionista nosotros lo vamos a respaldar”.
Recordó en la tribuna que el debate de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales lo inició el gobernador Héctor Astudillo.
Pero el presidente de la Comisión de Justicia, el priista pero diputado por el Partido Verde, Héctor Vicario Castrejón, insistió en que la propuesta de los legisladores de MC tenía “carencias sustanciales” y que ese fue el motivo para desecharla.
Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, consideró que  en Guerrero no existen las condiciones de salud “para enfrentar las consecuencias de una legalización de la amapola, además de que el hacerlo sólo beneficiará a quienes se queden con las patentes de los llamados usos medicinales” y por eso coincidió en que es en el Congreso de la Unión donde se debe legislar.
Silvano Blanco, de MC, criticó que “entendemos que con este exhorto pretenden dar por concluido este proceso legislativo; estaban mal y siguen estando mal, porque son dos procesos distintos, una cosa es el dictamen, que ya sea se vote a favor o en contra, y otra es el exhorto, esto que se está haciendo es ilegal y va en contra del procedimiento legislativo”.
Mientras que el priista Cuauhtémoc Salgado defendió que no es un acuerdo unilateral ni es tema exclusivo del PRI, y justificó que “es competencia del Congreso federal, podemos proponer pero lo que necesitamos es que el Congreso investigue, aporte más elementos a este tema”.

Fiscalía para la desaparición forzada

Para homologar la ley local y la federal, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación e incorporación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas.
En la tribuna, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que revisarán la trayectoria de quien será el fiscal, que debe tener “solvencia moral y que cuente con el aval de las familias de las víctimas”.
De lo contrario dijo que la fiscalía especializada será un “elefante blanco, una oficina más del gobierno”.
Exhortó al fiscal para que envíe la propuesta al Congreso de quién podría ocupar el cargo, para que los diputados lo puedan consultar con las familias de las víctimas.
Por su parte la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, lamentó que a pesar de que la reforma sólo es un trámite y que la Constitución política de Guerrero señala que la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada es la que se encargará de la persecución del delito y búsqueda de las víctimas, el fiscal general no ha designado todavía al encargado.
“El fiscal sigue tan campante” sin designar al fiscal especial, a pesar de las miles de víctimas que hay en Guerrero, reclamó la diputada de Morena.
El pleno también desechó por mayoría de votos del PRI y del Partido Verde la adición al código penal y de procedimientos penales de Guerrero, que presentó el diputado Ricardo Mejía.
La reforma planteaba incorporar el delito de desaparición forzada de personas, e incorporarlo en el catálogo de delito grave, pero según el dictamen que desechó la propuesta, “sólo el Congreso de la Unión es el órgano encargado o facultado para expedir la legislación en materia de desaparición de personas y establecer las sanciones”, leyó el diputado Héctor Vicario Castrejón.
La diputada María de Jesús Cisneros advirtió que si se desechaba la propuesta de Mejía Berdeja quedará un vacío jurídico grave que será utilizado por la defensa de los delincuentes, que podrán argumentar que quien los investigó y consignó no tiene facultades, por lo que podrán objetar por violación al debido proceso y quedarán libres, por lo que presentó una moción suspensiva para que la propuesta sea analizada nuevamente en comisiones.
Ricardo Mejía respaldó la propuesta de la diputada de Morena, y argumentó que “la Corte ha señalado que mientras no entre en vigencia una ley general, puede seguir la legislación de los estados y por la naturaleza y gravedad del tema de la desaparición forzada se debe reformar la legislación local”.
Por eso pidió que se regresara su propuesta a comisiones y que se apruebe la reforma, y cuando entre en vigor la ley general, entonces se realicen las adecuaciones necesarias. Recordó que en la Ciudad de México ya hay una ley de desaparición forzada.
El también coordinador de los diputados de MC insistió en que la intención es que los huecos legales no sean aprovechados por los delincuentes o esgrimidos como pretexto por los ministerios públicos y jueces para no impartir justicia.
“¿Quién gana con la ausencia normativa?; los delincuentes, por eso nosotros no queremos ni un minuto sin tipificación penal para que los fiscales puedan hacer su trabajo, para que no haya pretexto de los jueces para decretar autos de libertad”, insistió Mejía Verdeja.
Sin embargo la moción fue desechada por la mayoría de votos de los diputados del PRI y Partido Verde, así como la propuesta de Ricardo Mejía.

Otros temas

La  fracción de  MC también presentó un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución, que consistía en que el Congreso local realice un exhorto a la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, para que la dependencia “apoye” con recursos suficientes a los refugiados y centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades.
El punto de acuerdo hace referencia principalmente a los centros que existen en Acapulco, y plantea que en Guerrero se elaboren programas que contengan una gama de servicios de salud que se deben ofrecer en esos lugares, como física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo, y programas encaminados a la protección de la mujer con el fin de brindar una asistencia integral.
Los diputados también aprobaron por unanimidad un acuerdo parlamentario para exhortar al gobernador Héctor Astudillo Flores para que instruya al secretario general de Gobierno y a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíen al Congreso un informe pormenorizado respecto del estado que guarda el expediente del folio registral electrónico 4891 del distrito de Guerrero, denominado “Loma Larga”, y el expediente técnico del proyecto de construcción de la celda emergente en la comunidad de Matlalapa, en Tixtla.
En  la sesión se dio primera lectura a los dictámenes con proyectos de leyes de ingreso de Acatepec, Ajuchitlán, Arcelia, Atlixtac, Ato-yac, Ayutla, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Co-pala, Coyuca de Benítez, Cuajini-cuilapa, Eduardo Neri, Floren-cio Villarreal, General Canuto Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhté-moc, Juan R. Escudero, Ajuchitlán, La Unión, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoa-cuilco, Tixtla, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa y Zitlala.
Los 30 diputados asistentes a la sesión de ayer autorizaron a los síndicos y regidores de Tecoanapa, Zitlala, Atoyac y Copala a que de-sempeñen funciones docentes.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.

Exhorta el Legislativo local al Congreso de la Unión y a Peña a analizar la reforma educativa

Con la presencia de representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, el pleno del Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos un exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que analicen la reforma educativa.
Sin embargo, se rechazó que el Legislativo solicite al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que abstenga de cualquier represalia en contra de los maestros y maestras que se oponen a la reforma.
Este jueves los diputados locales celebraron las dos últimas sesiones correspondientes al tercer periodo ordinario, en las que dieron primera y segunda lectura al dictamen por el que pidieron se analizara la reforma educativa, y en ambas estuvieron maestros de la CETEG encabezados por la profesora Antonia Morales Vélez.
En la exposición de motivos, la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, se explica que es conveniente hacer un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que se reactive la comunicación y reinicien las mesas de trabajo ya concertadas con la Secretaría de Gobernación (Segob).
El dictamen es resultado de las tres solicitudes que el Congreso recibió de las dos fracciones de la CETEG y de la Dirección Colectiva Estatal de las Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, que solicitaron su intervención ante las autoridades federales y estatales, tras el despido de 951 maestros y retenciones salariales.
El exhorto está dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que de manera conjunta se analice la reforma educativa en las mesas de trabajo instaladas por la Segob, la de Educación Pública (SEP) y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La intención, se lee en el dictamen, es que se aborde el asunto relacionado al proceso del cese y la situación salarial de los maestros y solucionar el conflicto social en Guerrero.
El exhorto fue aprobado por mayoría de votos.
El petista Jesús Martínez Martínez, que preside la Comisión de Derechos Humanos propuso un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores a fin de que gire instrucciones al titular de la SEG, José Luis González de la Vega de abstenerse de cualquier represalia, ya sea psicológica, laboral, administrativa o económica contra los maestros que se oponen a la reforma.
En la exposición de motivos se lee que la reforma educativa “no sólo es regresiva en la protección de garantías básicas”, sino que viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros a quienes, aseguró, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación.
“Con la reforma educativa el Estado legaliza una relación laboral que deja atrás el derecho conquistado de la seguridad en el empleo, lo que viola garantías consagradas en el artículo 123 constitucional. El principio básico de la Carta Magna es que cualquier modificación no puede orientarse más que hacia una progresividad de los derechos consagrados, es decir, no se pueden aprobar cambios regresivos a garantías ya conquistadas”, expone el documento.
Pese a la argumentación, la propuesta fue rechazada por las fracciones del PRI y PVEM, que hacen mayoría en el Congreso.
En respuesta los maestros gritaron consignas como “va a caer, va a caer, la reforma va a caer” y se retiraron tras dialogar con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo a quien agradecieron la apertura y acordaron continuar las reuniones.

Exhorta el Congreso a la PGR a apoyar al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala

 

Sin discusión y por unanimidad, 42 diputados locales de un total de 46, exhortaron ayer a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, a que provea de todo apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala y someta a investigación inmediata y exhaustiva, bajo los mas altos estándares internacionales, todos los casos que sean hechos de su conocimiento.
Asimismo, iniciar los procesos penales correspondientes, dirigir y supervisar las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y en su caso la identificación forense.
Y también por unanimidad y sin discusión en esta sesión le aprobaron a la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, adicionar al punto de acuerdo, presentado por el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, de que la PGR también elabore “un padrón público de personas desaparecidas, con fotos y datos precisos del último lugar que fueron vistos, el lugar, hora y ropa que vestían, e iniciar los procesos penales”.
Este martes hubo dos sesiones, y en la primera, el diputado del MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien presentó el punto de acuerdo en tribuna, explicando que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sucedieron hechos que desembocaron en 6 homicidios, más de 40 heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.
Añadió que el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es una clara muestra de que México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, que obliga al Estado mexicano a poner énfasis en el tema de seguridad, justicia y el combate a la corrupción e impunidad, para remontarla.
Indicó que con esos hechos acontecidos, “se destapó la cloaca que existía no sólo en México y en Guerrero, sino que de manera muy particular en la ciudad de Iguala, donde decenas y decenas de personas son desaparecidas continuamente, y estas son buscados en los cerros, en los lugares céntricos y apartados del propio municipio”.
Detalló que por esta situación de “grave crisis de derechos humanos en la entidad”, un grupo de personas se vieron en la necesidad de crear el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “teniendo voluntad firme y decididamente suben a los cerros, comunidades, lugares muy apartados del centro de Iguala, para buscar a sus hijos, hermanos, padres y familiares que han sido desparecidos, pero el estado en poco ayuda en encontrar a sus familiares”.
Enfatizó que la respuesta de las autoridades, “pareciera ser repetitiva que no es desaparición forzada y que es culpa de la delincuencia organizada, como si todos los órdenes de gobierno y todos los poderes del estado, se coordinaran para dar la misma respuesta”.
Enseguida dio datos: “Hasta el día domingo 27 de marzo del año que transcurre, el Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala han localizado 143 cuerpos en más de 90 fosas de los cuales 24 han sido identificadas, y 15 han sido entregadas a sus familiares”.
Además que, “el día 24 del mes y año en curso el comité encontró 124 huesos en dos fosas clandestinas al poniente de Iguala”.

Familiares actuaron ante la incapacidad de las instituciones

Ricardo Mejía recordó que dicho Comité, de manera constante han manifestado la solitud de que las autoridades de los órdenes de gobierno puedan brindarles el apoyo para seguir en la búsqueda de sus familiares, pero han sido nulo los esfuerzos ante las autoridades locales y nacionales, que no les brindan el apoyo necesario y suficiente.

“La CIDH manifiesta su alarma por la información recibida que indica que el 1 de julio de 2013, 30 personas sin aparente conexión entre ellas, de diferentes edades y sexo, y que se encontraban en diversos lugares de Cocula desaparecieron, sin que a la fecha se conozca su paradero, o se tenga alguna información sobre la investigación”, precisó.
Y que durante la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa fueron hallados 60 fosas colectivas clandestinas en dicho municipio (de Cocula).
Al respecto, Ricardo Mejía, consideró que “la incapacidad institucional para atender el problema es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos”.
Finalizó su lectura diciendo que “este grave problema se está agudizando en la entidad y sobre todo en Iguala, mientras más de 400 familias piden continuamente apoyo de las autoridades mexicanas y guerrerenses prácticamente nadie las escucha y las defiende, violando el estado de Derecho”.
Y que  por esto, “es urgente que esta Soberanía popular exhorte al gobierno federal a que atienda, apoyo y coadyuve con el Comité de Los Otros Desparecidos de Iguala, para encontrar a las personas desaparecidas”.
Sobre el tema, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, propuso adicionar al exhorto, que la titular de la PGR, “provea de todo el apoyo al Comité de los Otros Desaparecidos de Iguala, elaborando un padrón público de personas desaparecidos, con fotos y datos preciso del último lugar que fueron vistos, lugar, hora y ropa que vestían e iniciar los procesos penales”.

Iniciativas

En la presentación de iniciativas que fueron turnadas Comisiones, la diputada del PVEM, Luisa Vargas Mejía, presentó una ante el pleno, por la cual propone adicionar el numeral 3 al artículo sexto de la Constitución Política del estado, con la intención de elevar la competitividad y el desarrollo de la comunidad.
En este mismo apartado, la diputada del PVEM, Carmen Illiana Castillo Ávila, presentó una iniciativa de Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el estado.
Y la diputada del PRI, Rosaura Rodríguez, presentó una iniciativa de reformas en materia de asignaciones afirmativas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Piden libre peaje para de Iguala a Amacuzac, Morelos

Los diputados aprobaron, en esta sesión, por unanimidad y sin discusión, exhortar al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Abraham Zamora Torres, para que la plaza de cobro número 03 del tramo carretero que va de Iguala Guerrero, al poblado de Amacuzac Morelos, quede libre de peaje para los habitantes de los poblados de Iguala y comunidades circunvecinas, o en su caso, se construya una vía alterna que intercomunique a estas localidades, y así contribuir en aumentar la fluidez en las actividades productivas y económicas.
Cabe destacar que antes de iniciar la sesión, a petición del diputado del PRD, Ernesto González, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria del gerente de la Capama en Ciudad Renacimiento en Acapulco, Arquímides Guzmán Cisneros, asesinado en su oficina el pasado martes 22.