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Promotores de nuevos municipios exigen al Congreso instalar los gobiernos instituyentes

Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.

 

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Exigen a la alcaldesa de Hueycantenango cesar a su hermano del cargo de jefe de la policía


Autoridades comunitarias pidieron a la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Angelina García Merino, postulada por el PRD, destituir a su hermano como jefe de Seguridad Pública municipal y que se deje de tirar basura en una comunidad por dañar al medio ambiente y la salud de los vecinos.
Ayer, comisarios, coordinadores, delegados y representantes de comunidades de José Joaquín de Herrera entregaron un escrito a la presidencia municipal y dirigido al cabildo, en el que enumeran una serie de demandas que piden sean atendidas o de lo contrario, advierten, harán un plantón.
Integrantes del movimiento informaron que el lunes pasado realizaron una marcha al edificio del Ayuntamiento, donde sólo había policías preventivos, por lo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.
El profesor Crescencio Ramírez Rodríguez estimó que son unas 50 localidades las que solicitan atención del cabildo y que se pueden movilizar.
En el documento se pide la reducción del 30 por ciento de los salarios de la alcaldesa, del síndico procurador y de los regidores; además de la disminución del 20 por ciento del de los asesores, Ignacio Isaías Kennedy y Vicencia García Rojas, por “incumplimiento de sus funciones”.
Las autoridades comunitarias consideran que con la disminución se ahorrarían más de 96 mil pesos mensuales que servirían para destinarlos a obras en las comunidades, así como para atender accidentes y enfermedades en las comunidades que viven en extrema pobreza.
También solicitan de manera urgente la asignación de un depósito de basura por las inconformidades de los pobladores de las comunidades de Zintiotitlán, Tequixca y Zacaixtlahuacan, por los daños que provoca al medio ambiente y a los vecinos.
Según el escrito, en una reunión celebrada el pasado 9 de octubre entre la presidenta municipal y los representantes de las tres comunidades se convino que la basura, sobre todo de la cabecera, se continuara tirando en un terreno que pertenece a Zintiotitlán.
En otro punto indican que el director de Seguridad Pública del municipio, Gregorio García Merino, no cuenta con todos los requisitos para ese cargo, principalmente por ser familiar directo de la alcaldesa.
“Tampoco permite que los elementos municipales manifiesten sus inconformidades porque han sido amenazados en despedirlos, diciéndoles que no han sido evaluados cuando el mismo Gregorio García no ha aprobado su evaluación”, señalan.
En el texto además se pide revisar la reubicación de las comunidades de Axoluapa y Ajacayan Oriente por estar en zonas de alto riesgo; la asignación de obras a las comunidades que no han sido beneficiadas; el rastreo y rehabilitación de caminos, no politizar los programas y apoyos sociales y que cada dos meses se realice una sesión de cabildo abierta a la ciudadanía y autoridades comunitarias.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Que Evodio decida si es alcalde o dirigente del PRD, exigen diputados y regidores del PRI

Diputados locales y regidores del PRI en Acapulco exigieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que decida si será dirigente del PRD o presidente municipal, y que cumpla su obligación de dar seguridad y servicios públicos a la ciudad o renuncie.
Enfatizaron que el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, es un asunto de seguridad y no político como consideraron que lo está haciendo el alcalde Evodio Velázquez con las declaraciones hechas en la ciudad de México el pasado martes, en las que dijo que la coordinación contra la inseguridad es de “chismito”.
En conferencia en el salón El Faro en la Costera, los diputados locales del PRI y los regidores de ese partido en Acapulco coincidieron e insistieron en cada una de las intervenciones en la exigencia al alcalde Evodio Velázquez que decida si será presidente municipal, y de ser así contará con todo su apoyo, o si seguirá actuando como líder político del PRD, ante lo cual le solicitan que renuncie, dijo la diputada Flor Añorve.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz expuso que la postura del alcalde en la conferencia de antier en la Ciudad de México no fue la postura de todos los alcaldes del PRD.
“Hay que decirlo, es Evodio Velázquez quien ha querido tomar por estandarte la visión, la opinión pública de los escenarios, los reflectores, cuando Acapulco, lo sabía desde que estaba en campaña porque es joven, pero sí le alcanza para entender la magnitud y la complejidad que significa gobernar Acapulco”, expresó.
Vadillo Ruiz se refirió a las declaraciones de Evodio Velázquez después de asistir al velorio de Soto Duarte, en las que dijo que “parece como si las estrategias no funcionan, había que decirle al presidente de la República y exhortarle al gobierno, que haga algo y que atraiga la PGR este suceso, este homicidio”.
Dijo que se vio como “con una desesperación, con el temor de un infante ante la situación que no puede resolver llamando a su papá” para que la federación actúe, y preguntó “qué ha hecho él por el municipio de Acapulco, dónde están sus estrategias” para combatir la delincuencia.
La diputada llamó al alcalde a no apostarle a la división desde la vocería “que se ha nombrado, quiero pensar”, y trabajar en conjunto, asumir la responsabilidad y gobernar sin distinción de partido, en referencia a lo dicho por Evodio Velázquez en la conferencia del martes.
La presidenta de la Comisión de Gobierno y coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve Ocampo, recordó que el martes los diputados del PRD pedían no politizar el asesinato de Soto Duarte, y eso contrastó con las declaraciones de Velázquez Aguirre en la ciudad de México ese mismo día.
“Solamente estamos exigiéndole al presidente que se ponga a trabajar, en él está la decisión de seguir, que trabaje, resuelva los problemas de agua, de inseguridad, obra pública, si es así contaraá con el apoyo de todos nosotros”, ofreció la diputada, y enfatizó que si continúa con las prácticas de actuar y ser vocero de su partido que se dedique a eso.
Agregó que lamentan el asesinato de Soto Duarte y “no queremos que se politice más”.
El diputado del PVEM, Eduardo Cuevas Ruiz, consideró que las declaraciones del alcalde “es protagonismo puro, hay que ponerse a trabajar y si no puede, insisto, que pida licencia y nosotros con todo gusto se la vamos a conceder”.
Exigió a Velázquez Aguirre que deje de echar culpas y que defina si es presidente municipal o dirigente de su partido.

“Cinismo” del alcalde

Por su parte, el diputado Samuel Resendiz Peñaloza expuso que de acuerdo con el artículo 115, fracción 3, inciso H de la Constitución, es responsabilidad de los municipios la seguridad, la policía preventiva y el tránsito.
“Sólo cuando los ineficientes ayuntamientos no pueden, tiene que entrar al quite el gobierno federal y el gobierno estatal, eso es lo que ocurre en el puerto de Acapulco ante la ineficiencia del presidente Evodio Velázquez, otros gobiernos han tenido que responderle a los acapulqueños”, dijo.
Consideró que es “cinismo” del alcalde hacer creer a la población que lo que ocurre en Acapulco es culpa del gobierno federal y estatal.
“Tenemos un presidente municipal que mientras en Acapulco asesinan dolosamente a seis personas él da, hace grilla en la Ciudad de México vestido de amarillo, en horas hábiles, ante los medios nacionales, porque prefiere ese protagonismo a darle la cara a los acapulqueños, exigimos que se defina y actúe como lo que es, el presidente municipal de todos los acapulqueños”, manifestó.
Es “una demanda y no una solicitud de que el joven renuncie porque sus hechos, acciones y palabras nos mandan un mensaje muy claro que se comporta como dirigente del partido de los amarillos”, indicó a su vez la diputada Rosaura Rodríguez.
El coordinador de la fracción de los regidores del PRI en Acapulco, Luis Miguel Terrazas Irra, lamentó el “trágico acontecimiento”, como calificó el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Enfatizó que los regidores del PRI rechazan “todo sesgo” de desvirtuar la intención criminal del asesinato y se quiera ubicar el hecho como asunto de carácter político, por lo que dijo que es “cuestionable” que el alcalde Evodio Velázquez busque en medios culpables “en donde no los hay”, ante la inseguridad.
Cuando Acapulco, puntualizó Terrazas Irra, es calificada como la ciudad más violenta del país, por lo que llamó al alcalde a actuar con “prudencia y sensatez”.
Terrazas Irra puntualizó que el problema de la inseguridad atañe a todos y que el gobierno del estado no ha sido ajeno, por lo que ha coadyuvado para “lograr un Acapulco en paz”, defendiendo con ello al gobernador Héctor Astudillo Flores de los señalamientos que hicieron perredistas que exigieron su renuncia por no garantizar la seguridad de la población.
“Le hacemos, la fracción de regidores del PRI, un llamado enérgico (a Evodio Velázquez) para que asuma su responsabilidad, los acapulqueños demandamos resultados en seguridad y en servicios públicos, los acapulqueños queremos un presidente que trabaje por el municipio y no que sea un dirigente de partido, si no puede exigimos su renuncia”, sostuvo.
La regidora Brígida Rosa María Trani Torralva expuso que Evodio Velázquez olvidó que ya terminó la campaña y que el PRD gobernó los últimos diez años Guerrero, que “dejó un gobierno en ruinas y lo convirtió en uno de los estados más violentos de México”.
Recalcó que el presidente municipal anda distraído en otros temas y no presta atención a los problemas del municipio, como la falta de pago a la CFE por parte de la Capama, por el que le han suspendido el servicio de energía eléctrica desde el lunes.
“Creo que al presiente municipal se le ha olvidado precisamente eso, que es el presidente municipal de Acapulco y no el dirigente del PRD, y si es así que deje la presidencia a alguien que quiera servir a los acapulqueños”, planteó.
En otro tema, a los diputados se les pidió una postura en tres ocasiones sobre la detención el viernes pasado de la secretaria general de la Red de Jóvenes x México en Guerrero, Ximena Bernal, pregunta que ignoraron en dos ocasiones y en la tercera, el diputado Vicario Castrejón dijo que se encontraban ahí para ser solidarios con los regidores del PRI ante la incapacidad de “quien hoy gobierna al puerto de Acapulco”.
En la conferencia estuvieron los diputados del PRI, César Landín Pineda, Antelmo Alvarado García, Irving Adrián Granda Castro y María de los Ángeles Salomón Galeana; del Verde, Rossana Agraz Ulloa, y los regidores Rodolfo Escobar Ávila, Emma Reyes Hernández, Linda Karina Ríos Radilla y Braulio César Montes Vázquez.

Exigen el Centro Morelos y Siempre Vivos un informe de desaparecidos al gobernador

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y la organización de familiares de desaparecidos en Chilapa, Siempre Vivos, urgieron al gobernador Héctor Astudillo Flores a que les dé un informe de las investigaciones sobre los casos de personas desaparecidas en el municipio de Chilapa y que frene la ola de violencia tanto en ese municipio como en Zitlala, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Ahuacuotzingo.
En un comunicado, el organismo de defensa de derechos humanos y el colectivo Siempre Vivos solicitan una reunión urgente con el gobernador del estado para que les dé información, así como los datos de las fosas y cuerpos encontrados recientemente en Chilapa.
También piden a Astudillo Flores que apoye a los familiares de los desparecidos como lo establece la Ley General de Víctimas, o que en su defecto los integre a programas sociales de las diferentes dependencias para que continúen la búsqueda de sus parientes.
Piden además que haya más coordinación con el gobierno federal para que den con el paradero de los desaparecidos y “políticas eficaces” para detener la ola de violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Ahuacuotzingo.
En el escrito reprochan que en la última visita de Héctor Astudillo a Chilapa el pasado martes, no se tomó la molestia de programar una reunión con familiares de desaparecidos, pues el pasado 21 de enero asumió el compromiso de localizar a sus familiares.
“(Al gobernador) no le interesa dar con el paradero de los desaparecidos y (pretende) ocultar lo que está viviendo Chilapa, sin embargo eso no lo vamos a permitir y en los próximos días saldremos a las calles a hacernos escuchar”, advierten.
“Condenamos enérgicamente la política con la que se ha conducido el gobierno de Guerrero con los familiares de desaparecidos de Chilapa, los tiene desinformados sobre las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE), no se les ha informado sobre el número de fosas, cuerpos o restos que se han encontrado en la zona, ni mucho menos sobre los resultados de los análisis de ADN que se han practicado a las familias con los cuerpos encontrados”, se lee en el texto.
“La desaparición es un tema que el gobierno no debe pasar por alto en esta crisis de inseguridad que se ha generalizado en el estado de Guerrero, sobre todo cuando es en presencia de la Policía Federal y la Gendarmería, como es el caso de los desaparecidos del 9 al 14 de Mayo del 2015, privados de la libertad por supuestos policías comunitarios”, denuncia el comunicado.
También indica que es inadmisible que a pesar del “megaoperativo” militar y policiaco que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el municipio de Chilapa siga igual o más violento.
Se hace también un recuento de los últimos hechos de violencia como el asesinato del director de Gobernación municipal, Miguel Andraca Eligio, la desaparición de cinco familiares de un empresario, la desaparición de los cuatro jóvenes a bordo de un unidad del transporte público y el hallazgo de al menos 10 cuerpos semienterrados y calcinados.
Asimismo señala la confrontación de tres grupos autodenominados policías comunitarias. “Pareciera que Chilapa vive en la ingobernabilidad y el gobernador sólo viene a inaugurar obras”, indica.
El Centro Morelos dice que a pesar de que hay 64 casos registrados de desaparición, se desconoce la cifra real en Chilapa y en los municipios aledaños por los hallazgos de cuerpos que no han sido identificados.

Exigen policías la destitución del encargado de la Subsecretaría de Seguridad y mejoras

 

Agentes del Primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable exigieron a los diputados de la LX Legislatura del Congreso local y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que separen del cargo al encargado de despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública estatal, Tomás Hernández Martínez, a quien señalan de que tiene vínculos con la delincuencia.
En un documento al que tuvo acceso El Sur los inconformes señalan que Hernández  Martínez no tiene título de licenciatura, además de que en narcomantas colocadas en distintos puntos de la capital lo han vinculado con el crimen organizado.
Dicen también que manipula a su conveniencia a los coordinadores de la corporación en Acapulco y la región Centro, porque tiene varadas 20 camionetas en el cuartel de la cárcel de Chilpancingo y otras 20 en el cuartel nuevo en Punta Diamante, en Acapulco.
Los agentes acusan también al coordinador Ángel Sotelo Ortiz y al comandante regional Efrén Guzmán Cantú porque, “nosotros estamos en sectores en punto fijo para que los delincuentes tengan libertades de trabajar, si nos movemos para recorrer otro sector o prestar un auxilio al ciudadano recibimos amenazas de cambio por ellos”.
Asimismo piden un aumento de viáticos y la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para mejorar sus condiciones laborales.
Advierten que en caso de no tener una solución a sus peticiones harán movilizaciones en Acapulco.
El pasado lunes agentes del Primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable denunciaron al encargado de despacho de la Subsecretaría de Seguridad Pública estatal, Hernández Martínez, porque no respeta sus derechos laborales y sus descansos, además porque sus dormitorios están en pésimas condiciones.
El pasado 12 de enero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, nombró como encargado de despacho de la Subsecretaría de esa dependencia a Hernández Martínez, quien era coordinador regional de la Policía del Estado en Chilpancingo, señalado en una narcomanta de tener nexos con los líderes criminales Juan Guevara Rodríguez, Isaac Navarrete Celís y Onésimo Guevara Rodríguez.
Tomás Hernández también fue coordinador de la Policía Estatal en Acapulco, pero fue removido porque desalojó a golpes a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que estaban en paro, y fue acusado por sus subordinados de corrupción.

Desde hace tres años no hay presidente en el Tribunal Agrario de Zihuatanejo, denuncian ejidos

 

Este martes los presidentes de siete comisariados ejidales del municipio de Zihuatanejo denunciaron que desde hace tres años no hay un magistrado titular en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 52 con sede en Zihuatanejo, lo que representa un atraso en la solución de los conflictos agrarios que se ventilan en ese tribunal.
Demandaron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que sea un intermediario ante el presidente de la República y designe a un juez titular.
Ayer en una huerta de la comunidad de Barrio Nuevo se reunieron los presidentes de los comisariados ejidales Obdulio Valencia Rumbo de Barrio Nuevo, Jorge Luis Reyes López de Zihuatanejo, Heriberto Medina Sánchez de Agua de Correa, Antonio Quintana González de Vallecitos de Zaragoza, José Pilar García Martínez de Miguel Hidalgo (Buena Vista), José Manzanarez García de Las Ollas, Carlos Valle de El Coacoyul y Emigdio Oregón Mercado de El Zarco.
Reyes López dijo que el motivo de la reunión fue denunciar públicamente que los 18 ejidos del municipio de Zihuatanejo tienen juicios en el Tribunal Unitario Agrario número 52, el cual desde hace tres años no tiene un magistrado titular, sólo magistrados interinos que a los pocos meses de estar en el cargo renuncian o piden ser cambiados, lo que provoca que no se resuelvan los juicios.
Indicó que en su ejido desde hace 16 años los ejidatarios enfrentan un juicio agrario contra el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), sin embargo no se ha podido llegar a un término porque no hay un magistrado titular, “y hasta ahorita de todos los magistrados interinos que han pasado ninguno se ha atrevido a atender nuestro caso”.
Agregó, “el resto de los ejidos de este municipio tenemos asuntos en el TUA que no se han resuelto porque la justicia nomás no llega, es por ese motivo que nos reunimos aquí, para dar a conocer lo que está pasando, y también para pedirle públicamente al gobernador que sea el intermediario entre los 18 ejidos de Zihuatanejo y el gobierno federal para que a la brevedad el presidente de la República nombre a un nuevo magistrado titular”.
“Queremos que haya un magistrado titular que atienda permanentemente los asuntos del tribunal, porque han pasado tres años en perjuicio de los ejidatarios no sólo de Zihuatanejo sino de toda la Costa Grande y hasta de los municipios de Lázaro Cárdenas y Arteaga, en Michoacán”, expuso.
Dijo que en estos tres años el secretario de acuerdos ha cubierto la ausencia del magistrado presidente en los términos que la ley establece, pero atiende el despacho no más de 15 días, “ya estamos cansados de esa situación”.

Exigen damnificados de Petaquillas reubicados que la Sedatu construya dos muros de contención

Damnificados por la tormenta tropical Manuel de la comunidad de Petaquillas que viven en el terreno Zolamaitic denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no ha concluido dos muros de contención, y que desde hace más de dos meses no tienen el servicio de agua potable.
Además los damnificados dijeron que es urgente que las autoridades estatales construyan una escuela primaria, un kínder, un centro de salud, que haya transporte público, recolección de basura y seguridad porque el lugar donde fueron reubicados está muy retirado, por lo que tienen que ir hasta el centro del pueblo de Petaquillas, y tienen que caminar media hora porque es la única forma de llegar.
Del centro de Chilpancingo a la entrada de Zolamaitic, en transporte público son unos 40 minutos, posteriormente se debe caminar 20 minutos para llegar a las casas de los damnificados. La carretera es de terracería y hay deslaves en varias partes del camino.
Además hay arbustos con espinas y muy poca iluminación en las calles.
Desde la entrada y hasta llegar a las casas no hay vigilancia policiaca, y los carros que circulan por ahí pasan cada media hora. También se observó que las casas no tienen bardas perimetrales que les permita tener seguridad.
Las familias informaron que desde hace más de dos meses no tienen el servicio de agua potable, por lo que tienen que comprar pipas con agua y gastar el poco dinero que ganan.
En el lugar se percibe un olor a aguas negras, “es porque los baños necesitan suficiente agua para que se vaya la suciedad (excremento) al drenaje, como le echamos poca agua queda en las tuberías”, comentó la señora Petra Godínez.
Explicó que las autoridades municipales encabezadas por el presidente priista, Marco Antonio Leyva Mena, les aseguraron que cada mes tendrían agua, sin embargo, esto no ha ocurrido.
Los damnificados reprocharon que la Sedatu no ha construido los muros de contención porque según no son necesarios, y que les dijeron que nada más colocarán una malla porque ya no tienen presupuesto para continuar.
La Sedatu también les aseguró que pondría jardineras y arreglaría la entrada, pero tampoco lo hizo.
Dijeron que el transporte los deja en la carretera federal, de ahí tienen que caminar para llevar a sus hijos a la escuela, y tienen que cruzar caminos llenos de arbustos para “cortar camino y no se nos haga tarde”, comentó otra de las mujeres damnificadas.
También tienen temor porque no hay vigilancia policiaca y piden que por lo menos una vez al día acuda una patrulla.
Solicitan que haya transporte público para que también se beneficie la colonia Antorcha Campesina que se ubica más arriba. También piden que haya servicio de recolección de basura o que les pongan un contenedor.
Petra Godínez relató que tiene 82 años y como carece de recursos tiene que trabajar en Petaquillas, por lo que tiene que caminar media hora todos los días para poder tener dinero para comprar sus medicamentos.
La señora Petra invitó a que pasaran a ver su casa, su jardinera es de tierra con arena, en el interior se observó que el piso de cemento está cuarteado y sólo es un cuarto. No tiene muebles, sólo un ropero viejo, una cama, que pudo rescatar cuando la tormenta Manuel aplastó su casa, demás de una mesa y sillas de plástico que le regalaron.
Las casas de los damnificados del terreno de Zolamaitic son más sencillas que las de Venta Vieja.
Un niño de tres años jugaba en el jardín de tierra con arena que la Sedatu se comprometió a convertir en área verde, mientras que doña Petra, una veterana que a pesar de su edad se ve fuerte, con varias arrugas en el rostro y el pelo cano, desde su puerta nos despidió y agradeció la visita.