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No la aprobarán “al vapor”, dice diputado de la ley sobre desaparición de personas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el morenista Osbaldo Ríos Manrique afirmó que trabajan en la revisión y análisis de la iniciativa de Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas, la cual “no será aprobada al vapor”.
Añadió que la están “enriqueciendo” ya que en la propuesta inicial no se incluyeron algunos puntos importantes, y calculó que en abril podría ser llevada ante el pleno para su discusión y votación.
Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala reclamaron al Congreso local aprobar la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas, la cual fue elaborada por estos grupos en coordinación con diputados, la Fiscalía estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Estatal de Derechos Humanos (Codehum) y el Comité Internacional de la Cruz Roja delegación regional para México y América Central.
En declaraciones telefónicas, Osbaldo Ríos apuntó que la comisión ya se reunió en varias ocasiones y están en la revisión y análisis de esta propuesta, en la cual “encontramos algunos detalles” como el que solamente se habla de la desaparición forzada cometida por fuerzas del Estado, pero por particulares, lo cual debe ser incluido.
Osbaldo Ríos señaló que la intención es nutrir la propuesta para que esté completa al momento de presentar el dictamen ante el pleno “que sea una ley que verdaderamente impacte a este grupo tan vulnerable”
Señaló que además del trabajo del Poder Legislativo, programan reuniones con diferentes dependencias como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud, y también con la Fiscalía, con quienes se tienen que coordinar.
Ríos Manrique comentó que tenían una reunión con el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Raynoso pero no se pudo realizar por manifestaciones en sede del Poder Ejecutivo, por lo que el encuentro fue reprogramado para la próxima semana.
“Nos tenemos que coordinar con ellos porque cualquier ley de esa naturaleza también impacta en el tema económico, se tiene que ver a qué secretarías se van a incluir este importante sector, también el presupuesto que necesitarán para asignarlo el próximo año”.
Para la aprobación de esta ley, también se deben precisar algunos puntos importantes como el funcionamiento, autonomía o dependencia del Semefo.
Del reclamo de colectivos por la tardanza en la aprobación, aseguró que no es indolencia ni falta de trabajo, “estamos comprometidos con ese tema, yo entiendo a los colectivos, es normal porque desde hace muchos años han sufrido este tipo de situaciones, pero también queremos que nos entiendan”.
Comentó que su Comisión está realizando una calendarización de reuniones con dependencias y los propios colectivos para que participen en la revisión de esta iniciativa y en los posibles cambios o agregados que se realizarán.

 

Exige colectivo Lupita la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas y más dinero a víctimas

Integrantes del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez durante el mitin con normalistas de Ayotzinapa, ayer en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez de familiares de desaparecidos exigieron al Congreso local que apruebe la Ley de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, y que haya más presupuesto para la atención a las víctimas.
Una de las integrantes del Colectivo, Beatriz Adriana Rivera Martínez contó que los diputados locales les dijeron que la ley ya está en la comisión que dictamina, y que los familiares de los desaparecidos tienen la esperanza de que el próximo año entre en vigor para homologarla con la ley federal.
Dijo que la ley general fue aprobada en el 2017, “es decir que está muy atrasada, son pocos los estados que ya tienen la ley estatal y los del colectivo están empujando desde hace dos años con la fundadora Lupita, por eso ya queremos verla reflejada”.
Al aprobarse serían beneficiados los desparecidos que aun cuando no se encuentran físicamente tienen derechos y obligaciones, como los bienes, cuentas bancarias y lo laboral, por lo que se vería reflejado en la familia, explicó.
Rivera Martinéz indicó que como colectivo luchan para que haya un centro de investigación forense, porque se hacen las búsquedas, aparecen los cuerpos pero falta la parte de entregárselos a los familiares físicamente.

No hay suficiente personal en la CEAV

Denunció que una víctima de su colectivo requería de atención psicológica, por lo que hablaron con la trabajadora social de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), pero les dijo que estaban de vacaciones.
Consideró que, “nosotros como víctimas no tenemos vacaciones, no descansamos, seguimos buscando. La época de Navidad y de fin de año es cuando las familias de los desaparecidos entran en crisis, por eso queríamos la atención, la cual después nos la dieron”.
Manifestó que la CEAV no cuenta con suficiente personal para atender a las víctimas.
Dijo que a las dependencias que se deberían encargar de la desaparición como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo), no les dan el presupuesto suficiente para que haya mejor atención.
Al finalizar el mitin para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa, Beatriz Rivera pidió que a la CEAV se le proporcione más presupuesto, porque los limitan en las búsquedas en campo para localizar los restos de sus familiares.
A nivel nacional en la Comisión no hubo aumento del presupuesto, “eso es incongruente cuando las desapariciones aumentan y el presupuesto quedó igual”, recriminó.
Detalló que en Guerrero del 2019 a la fecha tienen registrados 5 mil desaparecidos y la mayoría son hombres. Aseguró que las autoridades estatales dicen que son menos pero no toman en cuenta a las personas que no denuncian.
Además, Rivera Martinéz informó que desde el 2019 han localizado 100 restos y del colectivo han dado positivos cerca de seis de 200 activistas que buscan a algún desaparecido.

 

Acuden cinco familiares de desaparecidos a la toma de muestras de ADN en Chilpancingo

En el segundo día en la segunda jornada de toma de muestras de ADN por peritos de la Policía Federal Científica (PF) sólo asistieron cinco familias para dejar sus muestras de sangre en el Centro de Salud Guillermo Soberón Acevedo en Chilpancingo.
A las 9 de la mañana iniciaron los trabajos de dos peritos de la corporación quienes atendían a las familias que dejaban sus muestras de sangre en la clínica ubicada en la Alameda Granados Maldonado en el primer cuadro de la ciudad.
Una perito de la corporación quien se reservó su nombre comentó que hay apatía de los familiares de desaparecidos para participar en la toma de muestras de ADN que están realizando el gobierno federal y estatal para la localización de sus familiares.
Recordó que el viernes sólo acudieron seis familiares para que se les tomaran muestras de sangre y en el segundo día cinco, ” por eso solicito a las personas que tienen familiares desaparecidos que acudan el domingo el centro de salud de la Alameda para que dejen su muestras de sangre”.
La primera jornada se realizó el 19 al 24 de febrero y en esa ocasión se instalaron módulos durante una semana en Iguala, Chilpancingo y Acapulco y se hicieron 324 muestras de ADN.

Piden familiares que PGR atraiga los estudios de ADN a los cuerpos acumulados en el Semefo

 

Familiares de desaparecidos ratificaron su petición a la Procuraduría General de la República (PGR) de que atraiga la toma de muestras del ADN a los cuerpos y restos humanos que se encuentran en espera de estos estudios en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de los estados del país.
Mientras tanto, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carvajal, se reunió este miércoles con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) para pedir la intervención de esa dependencia federal a fin de que se resuelva el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cuerpos acumulados en las instalaciones de los Semefo en el estado, que según el director, Ben Yehuda Martínez Villa, suman 750, y atribuyó la responsabilidad del retraso de las muestras a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A su vez, la presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso, informó que durante la huelga de hambre y plantón afuera de la Secretaría de Gobernación del 17 al 30 de enero, los familiares de desaparecidos, organizados en colectivos, presentaron un pliego petitorio para agilizar la toma de muestras de los cuerpos y restos humanos, porque en estados como Guerrero el gobierno está incumpliendo con esa disposición legal.
Dijo que los planteamientos fueron ratificados ahora ante la PGR para que la toma de muestras sea atraída por esa dependencia federal.
En el documento entregado a la dependencia federal se establece que los familiares de los desaparecidos, “no queremos panteones”, y exigieron a la Secretaría de Gobernación la inmediata identificación y entrega de cuerpos y restos a las familias de desaparecidos de todo el país.
También demandaron la toma de muestras de ADN y confrontas a todos los cuerpos y restos humanos resguardados en Semefo y fosas de todo el país; que la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) realicen jornadas de tomas de ADN en todos los estados del país, para alimentar la base de datos de Plataforma México.
Asimismo, que la PGR y la CNS hagan la toma de muestras de ADN aunque las familias no tengan denuncias; que ordene a todos los gobernadores que entreguen a la brevedad a la CNS los resultados de tomas de muestras de ADN; que la PGR acelere la recuperación de cuerpos y restos en fosas clandestinas que ya están localizadas.
Además, exigieron la entrega de cuerpos y restos, que según la confronta de la CNS ha dado positivo, para que sus familiares les den sepultura; la entrega de cuerpos y restos recuperados en fosas clandestinas y que sus familiares han identificado por sus ropas y la confronta de ADN.
También exigieron la búsqueda de personas desaparecidas “que sabemos están con vida en algunos puntos ya localizados en la Sierra de Guerrero”. Además, que a la brevedad la PGR judicialice todas las muestras de ADN que se han realizado y se realizarán a familiares de víctimas de todo el país.
Finalmente, demandaron una reunión de trabajo con titulares de las fiscalías de desparecidos y con funcionarios de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), “para escuchar sus planes de trabajo y avances para resolver el problema de las desapariciones”.
La presidenta del Colectivo de Chilpancingo, Rodríguez Narciso, dijo que los familiares están en espera de la respuesta a su documento, con el que se resolvería el problema que ha provocado Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el retraso en la aplicación de las muestras del ADN a los 750 cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Semefo en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Rodríguez Narciso se quejó de que las autoridades de Guerrero, no han atendido sus reclamos para que se agilicen los trabajos, pues dijo que entre esos cuerpos o restos humanos a los que no se les han realizado las muestras para la confronta con la de sus familiares, podrían estar muchos de los desaparecidos que están buscando.
Vía telefónica, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carvajal, informó también brevemente que este miércoles acudió a la Secretaría de Gobernación para pedir la intervención de la dependencia federal y se agilice en Guerrero la toma de muestras a los cuerpos acumulados en los Semefo.

 

Hallan familiares otro campamento de la delincuencia en Escuchapa, Huitzuco

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala ubicaron este domingo en su búsqueda de fosas clandestinas, un segundo campamento de secuestro en la comunidad de Escuchapa, Huitzuco, donde también hallaron una cueva de unos 100 metros de profundidad, en la que creen que puede haber cuerpos inhumados.
De acuerdo con los registros de El Sur, el campamento de la delincuencia hallado el domingo por familiares de desaparecidos a través de un guía, es el mismo en el que el 14 de agosto de 2014 soldados y de la Fiscalía del estado destruyeron un campamento de miembros de la delincuencia organizada, luego de que pistoleros habían emboscado y se habían enfrentado a policías municipales de Huitzuco.
En esa ocasión fueron decomisados en el campamento dos rifles de asalto, un AK-47 y un AR-15, así como dos carros de lujo Volkswagen tipo Jetta con reporte de robo, cargadores, municiones, colchonetas, ropa y lonas. Durante el enfrentamiento entre policías y sicarios, dos delincuentes murieron, uno de ellos identificado a través de credenciales de la Secretaría de Marina Armada de México, del Estado Mayor Presidencial y una tarjeta bancaria de Banjército, a nombre de Jesús León Bonilla.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónicas, uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos informó que andaba en la búsqueda de un campamento de la delincuencia que le habían señalado testigos, ahora en la comunidad de Amatitlán, municipio de Huitzuco.
Dijo que no logró ubicar el campamento, ya que el guía que le señalaba el lugar y los vecinos no quieren acompañarlo hasta el lugar por temor a ser agredidos.
–Sólo voy con mi perrita, dijo el familiar.
–Oye, y no te da miedo andar sólo en ese lugar… eres valiente, le planteó este reportero.
–No, la necesidad de encontrar a nuestros seres queridos, dijo.
Dio a conocer que el domingo hallaron un segundo campamento de secuestro que era usado por miembros de la delincuencia organizada, en el que hallaron ropa, cobijas, cobertores, basura de comida, maletas y calzado. Este punto se ubica en la misma ruta del campamento hallado el pasado 31 de enero, pero a poco más de 1 kilómetro de distancia.
Cerca del campamento fueron halladas dos cuevas, una de unos cuatro metros y otra llamada la Cueva del baile, una especie de gruta de unos 100 metros de largo, en la que los familiares entraron un tramo atados con una cuerda, y con una lámpara que les prestó uno de los policías federales que los resguardan en su búsqueda, pero no lograron llegar hasta el fondo. Adentro de la Cueva del baile, fue hallado un hoyo en el que encajaron un machete para ver si había restos enterrados, pero en el lugar no fueron halladas fosas. La fuente informó de su intención de ir nuevamente a ese lugar pero con más herramienta y linternas para revisar bien el lugar.
Asimismo, informó que en un paraje de Cocula, un testigo anónimo les está señalando otro punto en el que hay osamentas humanas tiradas a la intemperie, lugar al que podrían ir en una próxima búsqueda.
En cerca de 15 meses, los familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, han logrado el hallazgo de más de 90 entierros clandestinos, de los que a PGR ha exhumado 123 cuerpos, y de los cuales sólo 15, según datos oficiales, han sido identificados y entregados a sus familiares.

No ve posible el obispo Rangel un acercamiento del Papa con familiares de desaparecidos

No ve el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, la posibilidad de que familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tengan un acercamiento con el papa Francisco, porque estos grupos están “politizados”.
El obispo fue consultado la tarde de ayer en esta ciudad de Iguala durante el foro promovido por la asociación civil Guerrero es Primero, en el que participaron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada, principalmente del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Sobre la petición de los miembros del comité de que sea gestor para un acercamiento con el papa Francisco, el obispo dijo que no le ve posibilidades.
“Vemos que estos grupos están muy politizados, y lo que a mí no me agrada es que no se procede de una manera civilizada y educada, es el temor que tenía tanto el gobierno como dentro de la Iglesia, que la reunión con estos grupos pudiera degenerar en otros detalles no agradables, incluso en violencia”, declaró.
Dijo que tiene el dato de que un grupo de familiares fueron hasta Morelia, Michoacán, y en una reunión del cardenal Alberto Suárez Inda, “le estuvieron gritando, y creo que esto no es justo, no se vale, yo no estoy de acuerdo de que a base de gritos, de huelgas o protestas incorrectas en las que se dañan a terceras personas, así las cosas no pueden ir”.
Se le recordó que Los Otros Desaparecidos hicieron la petición a través de una carta, y respondió que “el temor que se tiene es que si se le da cabida a un grupo se puedan unir todos los demás, e incluso en particular esas escuelas magisteriales, y pues no tienen otras ideologías, ellos están impuestos a hacer otras cosas y es lo que queremos evitar”.
Indicó “que yo sepa no, es un asunto que debe resolver los dirigentes de la Iglesia junto con el Papa y el mismo gobierno, pero yo no le veo posibilidades”, dijo sobre el encuentro de los papás de los 43 desaparecidos y Los Otros Desaparecidos con el papa Francisco.
Sobre el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el obispo dijo, “yo tengo mis conclusiones y mis ideas sobre todo esto, tato el caso Ayotzinapa, simplemente me he preguntado ¿y quién los envió aquí? (a los normalistas), y he llegado a la conclusión de que simplemente han sido confrontamientos de bandas rivales. Si ellos bien sabían, los de Iguala que aquí había otro grupo distinto al de ellos, ¿quién los mandó o por qué se metieron aquí?”.
Se le planteó si está de acuerdo con la versión de la PGR, de que entre los normalistas había infiltrados de la delincuencia organizada y el ataque contra ellos fue por la disputa de la plaza entre los grupos de la delincuencia organizada.
?Yo no estoy seguro; yo de lo que sí estoy seguro es que han sido desencuentros de grupos rivales, ?respondió sin ahondar en el tema.
Sobre los cerca de 400 desaparecidos de Iguala, señaló como principales responsables de eso a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, “y precisamente fue en este periodo cuando aumentaron los desaparecidos. Es de la opinión pública que el anterior presidente municipal (José Luis Abarca) como su esposa, estaban bien coludidos con el crimen organizado en este lugar, y es cuando aumentaron las víctimas”.
Declaró que en vez de andar buscando e investigando, “ellos pueden decir dónde están los desaparecidos, ellos saben perfectamente, y pues preguntarles, y creo que ellos nos pueden aclarar muchas cosas”.
Consideró que la mayoría de los desaparecidos de Iguala tienen que ver con los “choques de bandas contrarias en los límites de un grupo o de otro, que es donde ha habido estos problemas y estos desaparecidos”.
Señaló que, “los medios de comunicación han hecho grande esta situación, porque de los seis meses que llevo en Guerrero, he visto que hay mucha gente buena y positiva, que no todos están metidos en el narcotráfico ni en las desapariciones, y que realmente es reducido el grupo de aquellas personas que están provocando los problemas”.
A pregunta hecha sobre las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal, respondió que “actuar con la fuerza no va a solucionar el problema, tenemos que ir más allá, en trabajar en el corazón de las personas y las familias, la escuela y el gobierno a través de los valores”.

Sin la PGR, excavan familiares diez fosas más en el ejido Tijeritas de Iguala; no hallan cuerpos, informan

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala excavaron ayer diez posibles entierros clandestinos pero no encontraron restos humanos; la búsqueda de cuerpos se llevó a cabo sin el acompañamiento del agente del Ministerio Público (MP) y los peritos que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a enviar para ayudar en las labores de investigación.
Cerca de las 10:30 de la mañana una comisión de 16 familiares de desaparecidos salió de la parroquia de San Gerardo acompañada por un grupo de cuatro efectivos de la Policía Federal y se trasladaron al ejido de Tijeritas, al norte de la ciudad, en una zona de sembradíos de maíz.
Ante el incumplimiento del compromiso que hizo la PGR de acompañar a los familiares de los desaparecidos todos los domingos en la localización de fosas con un agente y peritos del MP para hacer las excavaciones de posibles entierros clandestinas, ayer los familiares hicieron solos este trabajo.
Durante la búsqueda de fosas, familiares de desaparecidos que llevaban picos y palas, determinaron las hacer las excavaciones para confirmar o descartar la presencia de restos humanos en los 10 posibles entierros clandestinos, y no esperar a los peritos y antropólogos de la PGR que harían ese trabajo después del 5 de enero.
En total fueron halladas y excavadas 10 posibles fosas pero no encontraron restos humanos.
En esta zona del ejido de Tijeritas, los familiares de desaparecidos han hallado cinco fosas en las que la PGR ha exhumado 12 cuerpos entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre, ocho de los cuerpos tenían uniformes de la Policía Municipal y uno era de una mujer.
Desde el 23 de noviembre los familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, que surgió después del caso Ayotzinapa, han hallado más de 80 fosas clandestinas en cerros al poniente y el norte de la ciudad, de las que la PGR ha exhumado 116 cuerpos y después de un año sólo ha identificado y entregado 15 cuerpos.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

El fiscal Xavier Olea se reunirá con familiares de desaparecidos hoy en Chilapa, informan

 

Hoy visitará la ciudad de Chilapa el nuevo fiscal general del estado, Xaviel Olea Peláez, para reunirse con familiares de desaparecidos en la región y tratar los puntos que aquéllos dialogaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando visitó la ciudad como gobernador electo.

El 7 de diciembre los familiares de desaparecidos cancelaron una protesta que tenían programada en Chilpancingo para exigir la aparición de sus parientes, tras siete meses de exigir su búsqueda y no tener respuesta.

Cancelaron la protesta porque el gobernador se comunicó con ellos para informarles que esta semana estaría en la ciudad, después de que se designara al nuevo fiscal, para que ambos se reunieran con ellos.
Ayer el vocero de los familiares, José Díaz Navarro señaló que tienen confirmada la asistencia del fiscal para hoy.
También manifestó que todavía no tenían confirmada la asistencia del gobernador, pero esperan que sí llegue a la reunión.
Y comentó que el punto principal es la creación de una comisión especial para la búsqueda y localización de los desaparecidos de Chilapa, y que el gobernador se comprometió a crear esa comisión para conocer detalladamente cómo se llevaron a sus familiares y dónde están.
Entre otros puntos, están la inmediata presentación de sus desaparecidos; un informe detallado de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre investigaciones y detenciones de las desapariciones de mayo; establecer un enlace directo con ellos y atender las necesidades básicas de los familiares.
El 9 de mayo ingresaron a la ciudad de Chilapa civiles armados provenientes de comunidades del sur del municipio y estuvieron cinco días en la cabecera municipal, y durante ese tiempo pobladores denunciaron la desaparición de 30 vecinos.
Posteriormente sólo familiares de 16 desaparecidos decidieron denunciar, 14 lo hicieron ante el Ministerio Público federal y otras dos familias están esperando a que el MP federal acuda nuevamente a Chilapa. Posteriormente a este grupo de familiares se sumaron más familias de desaparecidos de antes y después de mayo, para exigir juntos la búsqueda de sus parientes.

Cancelan protesta familiares de desaparecidos en Chilapa; el gobernador promete visitarlos

 

Familiares de desaparecidos cancelaron una protesta programada para este lunes en Chilpancingo, porque el gobernador Héctor Astudillo Flores les dijo que la próxima semana acudirá a verlos a Chilapa, después de que se nombre al nuevo fiscal general del Estado.
Ayer los familiares de unos 55 desaparecidos en Chilapa se reunieron para trasladarse al Palacio de Gobierno y protestar porque no han tenido respuesta del gobierno para localizar a sus familiares. Pero el vocero de los familiares, José Díaz Navarro informó que el sábado Astudillo se contactó con él para pedirle que no fueran.
Dijo que se comprometió a ir la siguiente semana, después de que nombren al nuevo fiscal del estado para que se reúnan con las víctimas de desaparecidos en la región, pero no se ha confirmado la fecha.
Mañana se cumplen siete meses de que a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados provenientes de distintas comunidades del sur de Chilapa, que se llevaron a vecinos del lugar, que siguen desaparecidos.
Durante los cinco días de mayo que estuvieron, pobladores denunciaron la desaparición de unos 30 vecinos, posteriormente solamente familiares de 16 denunciaron formalmente: 14 lo hicieron ante el Ministerio Público (MP) federal, y otras dos familias están en espera de que el MP federal regrese a Chilapa para hacer la denuncia.
Conforme pasaron los meses, otras familias de desaparecidos de antes y después de mayo se acercaron a los familiares de los desaparecidos, y se han unido para exigir a las autoridades la búsqueda.
Al principio se reunían diariamente para estar al pendiente de las noticias que pudieran darles, o por los trámites que esta búsqueda les ha implicado, pero ahora sólo se reúnen cada miércoles.
Pese a que se han reunido con autoridades estatales y federales no han tenido noticias de sus parientes.
La semana pasada denunciaron que además de la incertidumbre que les provoca no saber de sus familiares, esta situación les ha dejado una deuda de unos 900 mil 400 pesos.
Algunos familiares se han quejado de que las autoridades no buscan a sus desaparecidos, o que solamente envían a la región efectivos de la Policía Federal, Ejército y policía estatal, “pero no hacen nada”.