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No se investigó a policías municipales por la desaparición de siete jóvenes en diciembre, señalan defensores

El abogado Manuel Aguilar, primo de Abel Aguilar García, desaparecido el 23 de diciembre pasado, calificó como una “farsa” la investigación a los policías municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes, dos de ellos que aparecieron ejecutados, tres más hallados con vida pero torturados y dos siguen desaparecidos.
Mientras tanto, la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso Carbajal, quien dio seguimiento al caso de los tres jóvenes que fueron liberados con huellas de tortura, dudó que se haya hecho una investigación seria, pues informó que a seis meses, dos de los tres jóvenes encontrados torturados están procesados por delitos que no cometieron y uno de ellos prófugo, mientras que los policías que los detuvieron de manera ilegal, siguen libres.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó el sábado que 112 policías municipales de Chilpancingo regresaron a patrullar las calles, 12 más permanecen bajo investigación y sólo uno está detenido y vinculado a proceso.
Los policías municipales estaban sujetos a investigación y supuestamente bajo arraigo desde el 4 de enero pasado, tras señalamientos en contra de la corporación por la desaparición de siete jóvenes entre el 23 y el 31 de diciembre en Chilpancingo.
Mientras tanto, de los siete jóvenes siguen desaparecidos dos: Efraín Patrón Ramos y Abel Aguilar García; otros dos: Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 años fueron encontrados muertos casi a la media noche del 3 de enero cerca Tierra Prietas.
Otros tres fueron encontrados a las 6 la mañana del 3 de enero atados con las manos hacia atrás, semidesnudos y con señales de tortura pero vivos. El hallazgo ocurrió atrás de la tienda Soriana cerca del Palacio de Gobierno.
Consultado vía telefónica ayer, Manuel Aguilar, primo de Abel Aguilar, quien daba seguimiento al caso, dijo que la supuesta investigación a los policías fue una farsa pues a los familiares de los desaparecidos nunca les dieron información y ahora tampoco saben la situación de los agentes que fueron regresados a las calles.
Lamentó que de todos los policías solamente uno haya sido vinculado a proceso, pues agregó que es evidente que en la desaparición de los jóvenes participaron varios en más de una patrulla.
Denunció que en el caso de la desaparición de su primo nunca les dieron información y que a seis meses siguen sin saber nada de su paradero, ni de pistas y tampoco del resultado de las investigaciones.
Por su parte la coordinadora de Ciencia Forense Ciudadana Julia Alonso Carbajal, quien dio seguimiento al caso de los tres jóvenes que fueron encontrados atados y torturados el 3 de enero en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, denunció que dos de ellos siguen sujetos a proceso, uno más está prófugo y lamentó que los policías que los detuvieron de manera ilegal estén libres.
Recordó que existen evidencias fotográficas de que los tres jóvenes fueron detenidos por policías municipales el 27 de diciembre en la colonia Jardines del Sur, al sur de la capital, y que después fueron encontrados extrañamente detenidos en la agencia central del Ministerio Público de Acapulco.
Dijo que de acuerdo con testimonios de los familiares de los jóvenes, los policías municipales los entregaron a policías ministeriales que los trasladaron al puerto de Acapulco en donde los torturaron.
Denunció que cuando circunstancialmente ella se enteró de que allí estaban detenidos de manera irregular exigió su presentación y liberación, pero cuando exigió verlos ya no estaban en los separos y al día siguiente fueron encontrados atados de manos y torturados al sur de la capital.
Denunció que la detención de los tres jóvenes fue ilegal porque nunca los pusieron a disposición de alguna autoridad “y nunca hubo ningún documento que evidenciara su detención a pesar de que las familias estaban buscándolos por todos lados y los policías que los detuvieron se hicieron ojo de hormiga”.
Aseguró que hay fotografías que tienen las familias de cuando los policías municipales “levantaron” a cuatro, pero de ellos solamente se llevaron a tres porque el tercero que tomó las fotos era menor de edad e hijo de un policía y por eso lo dejaron libre.
Informó que uno de los dos detenidos está en el Tutelar de Menores acusado de robo, el otro está detenido en el penal de Chilpancingo por violación y el prófugo de 15 años de edad está acusado de homicidio.
Julia Alonso denunció que a las autoridades “les valió el debido proceso del que tanto hablan porque primero los levantó la Policía Municipal y los desaparecieron por días pues no hay una bitácora en la que se demuestre que fueron puestos a disposición, después fueron entregados a la Policía Ministerial que tampoco los puso a disposición y luego los abandonó torturados para después volver a detener a dos”.
Se quejó de que en este proceso los familiares están luchando “contra criminales que tienen la ley en sus manos y que la aplican como quieren, esto es triste pero real”, declaró.
Concluyó que si los jóvenes de verdad son culpables del delito del que los acusan debieron ser detenidos conforme a la ley, respetando el debido proceso penal, pero que no fue así y que los policías que violaron la ley no fueron castigados.

 

Rechazan familiares el nombramiento del comisionado para desaparecidos; no tiene experiencia, dicen

Zacarias Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas de desaparecidos por la delincuencia e integrantes de colectivos, rechazaron el nombramiento de Caritino Santiago Morales como comisionado para la búsqueda de personas desaparecidas.
La Red de Defensa de los Derechos Humanos, y colectivos de Chilapa, Iguala y Chilpancingo, enviaron ayer un oficio al gobernador, Héctor Antonio Astudillo Flores, en el que advierten que, en términos de ley, “no aceptamos de ninguna manera la designación del señor Caritino Santiago Morales como comisionado Estatal de Búsqueda de Personas en Guerrero… solicitamos con carácter de urgente, la destitución o anulación de la designación”, dicen en el documento.
Asimismo, los representantes de los Colectivos de Búsquedas de Personas Desaparecidas y no Localizadas en el Estado de Guerrero solicitaron, “con carácter urgente una audiencia con usted (el gobernador), para que se reabra el proceso en los términos de ley y con la consulta de las colectivos de víctimas que suscribimos el presente escrito, con las respectivas propuestas en base a un plan de trabajo el cual deberá construirse de manera conjunta”, dice el escrito.
Los firmantes señalan que Caritino Santiago Morales, no tiene experiencia de trabajo con víctimas, menos aún con personas desaparecidas y no localizadas, pues en su currículum se aprecia que los cargos que ocupó antes no están mínimamente relacionados con estos asuntos.
En ese sentido, los representantes de los colectivos y los familiares de las víctimas expresan que su designación es ilegal, en términos de lo establecido en el propio decreto por el que se crea, “la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno”.

 

Se reúnen padres del internado Cienfuegos con la SEG; acuerdan la suspensión temporal del director

Padres de familia del internado de educación primaria 21 Adolfo Cienfuegos y Camus, ubicado en Tixtla, se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y acordaron la suspensión temporal del director Cuauhtémoc Nájera Bravo.
En una reunión dentro del internado, González de la Vega Otero; el contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón, y el delegado de Servicios Educativos de la región Centro, Alfredo Bello Salmerón, atendieron las demandas de los padres de familia, que el lunes pasado cerraron las instalaciones para exigir la destitución de Nájera Bravo y la administradora, Deisy Romero Segura, a quienes acusaron de malos manejos administrativos.
En una mesa de diálogo en la que los funcionarios mostraron disposición para resolver las demandas, los inconformes plantearon punto a punto que el internado debe contar con mejores servicios de alimentación, atención médica y transporte; así como mejores condiciones en cuanto a la limpieza de las instalaciones.
Los familiares señalaron que es necesario que se garantice la atención de los alumnos internos, al igual que la de los que no están de manera permanente en el plantel, mismo que labora con horario discontinuo; es decir, que atiende a los alumnos las 24 horas del día, cuenta con una matrícula de 270 menores y 64 trabajadores administrativos y maestros.
Ante las circunstancias, los funcionarios se comprometieron a entregar uniformes, recursos para el comedor y analizar el caso del transporte para mejorar la atención a los alumnos, mientras que los padres pidieron que no haya cooperaciones. En ese sentido, Apreza Patrón informó que por normativa de la SEG, los padres de familia no están obligados a aportar recursos, a menos de que estos sean solicitados por la asociación de padres con argumentos justificando la necesidad. Una madre de familia dijo que se solicitan recursos para el traslado del grupo de danza a eventos o la renta de sus trajes.
Mientras se llevaba a cabo la reunión, un grupo de alumnas internas pidieron hablar con González de la Vega Otero, el funcionario salió y las niñas le pidieron ventiladores, recogedores, jaladores y arañas (escobas) para el plantel. El secretario se comprometió a cumplir sus demandas y a manera de pacto “chocó” su palma con la de las niñas.
En su intervención, González de la Vega Otero pidió a los inconformes que “nos veamos con armonía”, dijo que en el estado hay 12 mil 304 escuelas de nivel básico y a todas las atiende la SEG. “Entiendo lo que pasó, lo que les pido es que seamos cordiales”, expresó al respecto de la manifestación en contra de los directivos. “Yo no vengo a imponer, ayudémonos a crecer y a solucionar” los problemas.
Por su parte, los padres de familia reconocieron la disposición de las autoridades y se comprometieron a enviar las listas de las necesidades del plantel, para que en 15 días las autoridades envíen los recursos. En el caso de los directivos, éstos serán sometidos a una investigación por parte de la Contraloría Interna, pues si bien podrían haber incurrido en faltas, la SEG no faltará a sus derechos laborales. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Se deteriora su salud y no tienen ayuda del gobierno, denuncian familiares de asesinados y desaparecidos

Organizaciones y colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados señalaron la falta de atención médica, y que su salud cada vez se agrava por las secuelas y el desgaste por buscar a sus parientes y exigir justicia.
Además, si les dan la atención médica en el sector salud hay medicamentos que no se los surten, sobre todo los controlados, y si tienen que ser remitidos sus casos a clínicas fuera de sus ciudades de origen la falta de recursos económicos les impiden trasladarse.
Desde hace tres años la indígena nahua Reyna Hernández clama justicia y la aparición de su esposo Miguel Heredia, un taxista que desapareció en Chilapa, dejó desamparados a sus cuatro hijos, uno de ocho años, otro de seis y dos más de cuatro.
Reyna padece un cuadro de depresión severo por la ausencia de su esposo, y tuvo que ser remitida de urgencia con un psiquiatra
“Yo también ando buscando a mi marido, está desaparecido, por eso sigo aquí buscando, además tengo cuatro hijos… yo ya estoy enferma, la verdad yo quisiera que el gobierno nos escuchara, que nos apoyara, no me puedo atender porque no tengo dinero, no puedo venir para atenderme y a luchas me alcanza para mis hijos”, expresó la mujer con su voz quebrada entre sollozos.
Agregó que tiene problemas con la familia de su esposo, con quienes vive violencia que no puede soportar más.
Dijo que quisiera que las autoridades apoyaran a las familias porque en su caso no puede salir adelante con sus hijos, ya no sabe qué hacer porque el gobierno no los ayuda, e insistió que seguirá asistiendo con el resto de las víctimas, porque no se va a quedar callada.
“La verdad yo sufro mucho por mi familia y por mis hijos… a veces no tengo qué les voy a dar de comer, a veces que tortilla con sal porque no nos apoyan con nada, si nos apoyaran cada mes ya nos apoyan con algo”, insistió.
Dijo que trabaja en casas para poder darles de comer a sus hijos, le diagnosticaron una enfermedad psicológica grave que prefirió no decir, pero tuvo que ser remitida a la Unidad de Atención Psicológica en Chilpancingo, donde le informaron que tiene que ir cada dos días, pero no le financian el traslado que es de unos 300 pesos por día.

La situación de las víctimas

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández expuso que las víctimas, sobre todo mujeres indígenas de la región Montaña bajas es grave en distintos sentidos, tienen una situación de salud deteriorada porque no han podido localizar a sus familiares desaparecidos, que va de la cuestión física a la psicológica.
Abundó que es preocupante que las autoridades y las diferentes instituciones que se han creado para atender a las familias no den resultados, y que por derecho corresponde a las víctimas directas de la desaparición y ejecución.
El médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) Raymundo Díaz Taboada expuso que han venido acompañando a las víctimas de Chilapa y Zitlala desde hace medio año, por lo que vienen rastreando los impactos de la violencia y en particular las desapariciones forzadas y ejecuciones han dejado en las familias.
“Nosotros hemos podido ver que lo que se llaman secuelas psicosociales, tiene que ver con ansiedad, con miedo, con preocupación, pero no son las preocupaciones cotidianas… se trata de una angustia por el estado de salud, por la vida del desaparecido, es una preocupación que afecta el sueño, el apetito de las personas, afecta las funciones intelectuales, las capacidades físicas, este permanente estado de estrés provoca un cansancio permanente”, detalló.
Abundó que ocasiona un desgaste psicológico y físico, esta situación de angustia permanente agudiza las enfermedades que ya había en las personas antes de las desapariciones, como la hipertensión, la diabetes, dolores reumáticos y la artritis, y facilita la aparición de enfermedades agudas que podrían ser problemas respiratorios, digestivos o de la piel.
Agregó que está la falta de recursos económicos, pues los desaparecidos generalmente eran los proveedores económicos de las familias, por lo tanto la familia se tiene que recomponer para buscar el sustento económico y hacer la búsqueda y localización de su desaparecido.
Dijo que en la cuestión médica como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Salud (Ssa) y los programas sociales a los que no todas las familias tienen acceso, no ven que las familias son víctimas y los siguen tratando mal, a pesar de que requerirían atención especializada porque están en una situación vulnerable.
Reprochó que ha pasado que a los familiares les dan una receta que no pueden surtir en sus pueblos, que es un gasto más, la Ssa les sigue diciendo durante 20 días que no tiene el medicamento, con la escusa de que la dependencia no tiene dinero.
Resaltó que el estado mexicano debería dar los recursos suficientes para personas que viven un hecho traumático tengan el apoyo necesario para sobrellevar la situación.
Manuel Olivares contó que el 11 de mayo sostuvieron una reunión en la CEAV y que resulta indignante y frustrante que no se entienda desde el punto de vista de víctimas.
Mencionó que esa comisión ejerce 19 millones de pesos, 10 millones debieron de haber sido canalizados al fondo de ayuda para las víctimas, y resulta preocupante que una de las cuestiones burocráticas e inhumanas es que les digan que a las personas no se les puede dar el apoyo si no comprueban el recurso.
Agregó que en caso de que a alguna familia se le notifique que algunos restos pertenecen a su familiar desaparecido, ellas mismas deben costear el gasto.
Expuso que el 16 de este mes se llevó a cabo la jornada de salud en Chilapa, después se trajeron a la capital 16 recetas que no fueron surtidas, esto cinco días después de la consulta, cuando la obligación de la Ssa era llevar los medicamentos. Quedaron seis medicamentos pendientes que son controlados.
“Exigimos que las instancias y el gobierno sean más flexibles, más sensibles con las víctimas, no es posible que si no fueron capaces de garantizar la seguridad personal, el derecho a la vida, hoy ni siquiera tengan la capacidad de proporcionar esos apoyos a los familiares de los desaparecidos”.

El gobernador se negó a recibir a las víctimas, denuncia colectivo

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guerrero y el país, María Guadalupe Rodríguez Narciso resaltó que tienen muchas quejas principalmente en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque quisieron reunirse con él para evitar los problemas que están pasando las víctimas y se negó a recibirlos.
Antes los recibió dos veces pero les dijo que sólo tenía media hora para atenderlos y que desde ese momento se vio la negativa de atender a las víctimas.
Expresó que también tienen muchas quejas en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, porque su personal no cumple, por ejemplo pidieron atención psicológica para una familia de Xochipala que estaba a punto de recibir el cuerpo de su hijo, y querían que la prepararan para levantarse de la cama pues sufre de pie diabético, fue una ambulancia, le pidieron sus datos y no regresaron más.
Dijo que por eso decidieron reunirse y exigirle al gobernador que no los engañe.
“Hemos dicho de frente, se los hemos dicho: ustedes están en complicidad con el crimen organizado porque no hacen nada, no hay investigaciones”.
Olivares Hernández informó que tienen documentadas 105 desapariciones de Chilapa, Zitlala y Atlixtac desde el 2013, y el lugar donde se perpetua el hecho es en Chilapa.
Puntualizó en el caso de Chilapa, Zitlala y Atlixtac, hubo un auge de desapariciones del 2015 al 2017 y que en este año hay más ejecuciones, y que es un problema que debe darse seguimiento para saber por qué deja de haber desaparecidos pero hay una gran cantidad de ejecuciones.
En Chilpancingo se tienen documentados 400 desaparecidos desde el 2010 a la fecha, y de este año tienen un registro de seis, pero los familiares no se quieren integrar a los colectivos.
Olivares Hernández indicó que ante este panorama los han llevado a buscar otros espacios y hacer esfuerzos de coordinación a nivel nacional, por ello el miércoles en la Ciudad de México harán el foro Desaparición de Personas, Actualidad y Contexto de una Ley Ausente.

 

Por el 10 de Mayo, familiares de desaparecidos se solidarizan con las madres de los 43

Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.

 

 

Marchan en Zihuatanejo ante presunta negligencia en la muerte de un niño en el hospital general

La tarde de este martes, la madre y familiares de un menor de tres años de edad que falleció en el Hospital General Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, en Zihuatanejo, marcharon en avenidas de este puerto y protestaron en el nosocomio para denunciar que la muerte del niño se debió a una negligencia médica de la que responsabilizan a dos médicas pediatras y al director, Víctor Echeverría Aquino.
La madre del niño, Charlene Alejandra Zamora Olea manifestó que el 30 de abril pasado, su hijo Franksoa Alexander Zamora Olea de tres años ingresó al hospital con tos, flemas y dificultad para respirar, y falleció el martes 1 de mayo.
Responsabiliza a las pediatras Sugely N. y Gisela Carolina N, que atendieron a su hijo, de no haberle aplicado los medicamentos adecuados al menor y de no haberle informado que su estado de salud era delicado, “les pregunté varias veces si podían atender a mi hijo, si no para llevármelo a un médico particular, pero nunca me hicieron caso”.
Agregó que el día que falleció su hijo, le pidió ayuda a la pediatra Gisela Carolina, pues el niño no respiraba, “ella estaba jugando con su hija en el área de pediatría y se acercó 10 minutos después, me pidió que me saliera y ella llamó a otro doctor a quien le dijo que no sabía qué hacer, el doctor le dijo que para eso ella era la pediatra, pero mi niño ya había muerto”.
La joven madre comentó que el miércoles 2 de mayo, acudió a la agencia del Ministerio Público del fuero común a interponer una denuncia contra las dos pediatras y el director del hospital, Víctor Echeverría, por presunta negligencia médica; dijo que en el Ministerio Público les solicitaron el expediente clínico del niño, “y hasta apenas ayer, lunes 7 de mayo, hicieron llegar el expediente, ya le acomodaron todo lo que quisieron”, afirmó.
Indicó que un médico se comunicó vía telefónica con ella, para indicarle que el director del nosocomio pidió que se reunieran a solas para hablar, “pero de qué va a hablar conmigo, de qué, si cuando yo subí a su oficina a pedirle que atendieran a mi hijo no me hizo caso, y él mismo es pediatra, pero no me hizo caso, dejaron morir a mi hijo”.
Rechazó estar buscando alguna compensación económica, “quiero la cárcel para ellos, no merecen estar trabajando en un lugar donde dejan morir a las personas; cuando mi hijo estaba muerto, la doctora Gisela me dijo que para qué lloraba, que al cabo yo podía tener más hijos, minimizando la muerte de mi niño”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Cierran en la capital el libramiento a Tixtla; piden transporte para niños damnificados

 

Padres de familia y alumnos de la primaria Siervo de la Nación bloquearon totalmente el libramiento a Tixtla, cerca de la colonia Indeco, además de dos calles de la capital, para exigir a las autoridades transporte escolar para los alumnos, porque la escuela resultó afectada por el sismo de septiembre pasado y por su remodelación toman clases hasta la colonia 20 de Noviembre.
Los familiares dijeron que el lugar se encuentra muy lejos de donde estaban, que gastan unos 100 pesos diarios de pasaje y habían acordado con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que se les apoyaría con transporte para los alumnos.
Desde las 8 de la mañana, más de 150 manifestantes comenzaron a bloquear las calles Ometepec y Atoyac, frente a la escuela, y ante la falta de respuesta de las autoridades, a las 9:20 comenzaron a cerrar totalmente el libramiento a Tixtla.
Además, denunciaron que el jueves recibieron una notificación del director estatal de Transportes, Jesús Zamora Cervantes, quien les informó que no puede pagar el servicio porque es caro.
En el lugar, una de las madres de familia, Ana Luz Villalba Villalobos, informó que la semana pasada, luego de que bloquearon frente a Palacio de Gobierno, las autoridades de la SEG y de la Dirección de Transportes y Vialidad, que encabeza Jesús Zamora, les dijeron que los apoyarían con el transporte gratuito.
Recriminó que Zamora Cervantes se comprometió darles cinco urvans para trasladar a los alumnos, pero el pasado viernes a los padres les informaron que no los pueden apoyar con el transporte, porque no tienen presupuesto para pagar, por lo que los transportistas suspendieron el servicio.
Villalba Villalobos dijo que son alumnos de la primaria Siervo de la Nación y en total son 280 los afectados, porque se quedaron sin transporte y este lunes no pudieron acudir a la escuela. El plantel resultó afectado por el sismo de septiembre de 2017 y ahora lo están construyendo.
Los padres informaron que deben pagar de dos a tres transportes para llevar a sus hijos a la escuela, ya que algunos viven en las colonias Indeco, Anáhuac, Linda Vista y 16 de Septiembre, y a la semana gastan unos 100 pesos de transporte.
Dijeron que las autoridades de la SEG les aseguraron que cerca de la colonia Indeco, donde está ubicada la escuela, no hay espacios para que los niños tomen clases, por eso es que tienen que acudir hasta la 20 de Noviembre.
Durante el bloqueo, los alumnos y padres cerraron totalmente la vialidad, colocaron piedras y portaron pancartas en las que se leía su exigencia. Por su parte, los automovilistas se molestaron por la obstrucción de la vialidad.
Algunos choferes no respetaban que el acceso estaba bloqueado por niños y algunos, por querer pasar, les echaron los carros, mientras los padres lograban hacerse a un lado para evitar ser atropellados.
Llegaron autoridades de la SEG y de la Dirección de Transportes, quienes informaron que las dependencias no tienen presupuesto para solventar el pago y que todo el dinero que se tenía para 2018 ya estaba etiquetado para otros programas.
A las 11 de la mañana, cerca del bloqueo se escucharon disparos por arma de fuego. Los niños corrieron y los padres los llevaron a un lugar, para resguardarlos y que no sufrieran algún percance. Los balazos fueron cerca del mercado de la colonia Los Ángeles, donde un hombre fue ejecutado a balazos.
A las 12:26 del día, el bloqueo del libramiento a Tixtla fue levantado, luego de que una comisión de padres acudió a la Dirección de Transportes, para saber si se solucionaría el problema.
En el transcurso de la tarde, una madre de familia informó que las autoridades de educación nuevamente se comprometieron en otorgarles el transporte gratuito, y a partir de hoy se reanudará el servicio.

 

Organiza el colectivo Los Otros un festejo en Iguala para niños y madres de desaparecidos

Como parte de sus actividades para restaurar el tejido social y fortalecer a las familias que han vivido la desaparición de alguno de sus integrantes, el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala celebró a 176 niños que han sufrido la pérdida de uno o sus dos padres, así como a 250 mujeres que en su mayoría sufrieron la desaparición de sus esposos.
Durante la mañana de este martes, en el terreno destinado para lo que será la Ciudad Víctima, familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos se reunieron para tener su asamblea, que ahora realizan los martes cada 15 días, y ya no cada semana, como era una tradición desde su surgimiento.
En la asamblea, la secretaria del colectivo, Adriana Bahena Cruz, acompañada del presidente, Joel Díaz Díaz, dio a conocer que hasta este 1 de mayo suman 39 cuerpos que han sido identificados y entregados por la PGR a sus familiares. El jueves pasado fue entregado el más reciente.
A pesar de que han pasado muchos años desde las desapariciones de sus familiares, las personas siguen con el miedo de dar a conocer sus testimonios, y sólo reciben los restos de sus familiares para nuevamente sepultarlos, pero ahora de manera legal.
A diferencia de otras ocasiones, el día fue para pasar una mañana amena, pues el comité del colectivo, con la ayuda de autoridades municipales, la Universidad Iberoamericana y la Procuraduría General de la República (PGR) celebraron a los niños y las mamás por su día.
Bahena Cruz precisó que de acuerdo con sus registros, hay 176 niños que son hijos de desaparecidos. Algunos de ellos son huérfanos de padre, otros de madre y unos pocos no tienen ni a uno ni otro y viven con sus abuelos.
En el caso de las mujeres, tienen un padrón de 250, en su mayoría esposas de hombres jóvenes que han sido desaparecidos entre 2010 y 2017. Otras más son madres de estos desaparecidos, que forman la estadística de más de 500 víctimas de desaparición con la que cuenta sólo el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Este martes se vio felicidad entre los niños rompiendo piñatas y algún juguete que, aunque austero, fue donado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En el caso de las mujeres del colectivo, sólo algunas fueron las afortunadas de llevarse uno de los 10 obsequios que fueron donados por autoridades locales y que fueron sorteados.
En una actividad, realizada por los psicólogos de la PGR, se colocó un mural, en el que las madres de desaparecidos escribieron emotivos mensajes de cariño para sus hijos.
En declaraciones hechas, Bahena Cruz dijo que en una de las cosas que han insistido como colectivo, y en lo que han trabajado mucho, es en la restauración del tejido social, lo cual impulsan desde adentro de la asociación con actividades como la celebrada este martes.
Señaló que una de las cosas que han tratado de fomentar es fortalecer a todas las compañeras del colectivo, por todos los sucesos que han vivido, que al igual que ella, tienen desaparecido a su esposo, algún hijo o un hermano.
“Siempre hemos querido trabajar y sabemos que el cambio se va a provocar trabajando en la restauración del tejido social. Ahorita estamos trabajando al interior de la asociación, pero si queremos hacerlo hacia afuera, una de las partes fundamentales es despertar en nuestra gente que el dolor no te tiene que limitar, sino impulsar para ayudar a otros para que no vivan lo que nosotros vivimos”.

 

 

Pide Astudillo respeto a su cargo a familiares de desaparecidos que reclaman falta de resultados

Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, reclamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, la falta de resultados en la búsqueda de sus seres queridos. En respuesta, en reunión privada en Casa Guerrero, el Ejecutivo pidió respeto a su cargo en la interlocución y que no lo responsabilicen en cada ocasión.
Al salir de la reunión, los activistas hablaron del ríspido momento, y con un fragmento de grabación demostraron el llamado del Ejecutivo a respetar su investidura.
La activista Julia Alonso, de la asociación Ciencia Forense, dijo que el mandatario no se comprometió a dar presupuesto a la búsqueda e identificación de los cuerpos que están en los contenedores del Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes, pero se dijo ofendido ante los reclamos de una madre que alzó la voz.
Opinó que un servidor público, aun siendo el gobernador, no debe sentirse ofendido ante estas demandas ciudadanas. Consideró que el mayor insulto “es no saber qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, ese sí es un agravio”.
Reconoció que el gobierno del estado aceptó que Ciencia Forense tenga acceso a las morgues, y a la revisión de los análisis de genética. Añadió que quiere saber cómo están trabajando en los laboratorios del estado, porque sin dinero no importa que les dé ordenes de trabajo, no podrán hacer nada.
Insistió en que lo que necesita Guerrero es inversión en la Fiscalía General del Estado (FGE), para hacer la identificación de cuerpos depositados en el Semefo y en fosas comunes.
Dijo que en la entidad hay miles de personas desaparecidas y la Fiscalía sólo cuenta con dos peritos para hacer la identificación, “eso no es un compromiso con las víctimas”, recriminó.
Los desaparecidos no son tema prioritario para el gobierno

Del colectivo de familias de Acapulco, el señor Ciro Fuentes ratificó que el gobernador no garantizó que las búsquedas se van a hacer de manera efectiva. Aclaró que no salieron satisfechos, porque no asignó presupuesto a las acciones y confirmó que “los desaparecidos no son un tema prioritario para su gobierno”.
Denunció que sólo hay un cuadro básico de identificación de uno 751 registros de cuerpos de 2015 a la fecha, cuando el gobernador entró en funciones, pero no dicen qué pasa con los desparecidos de años anteriores. Estimó que hay alrededor de mil cuerpos depositados en la fosa común del panteón de Acapulco, sin protección ni protocolo para su preservación.
Mostró fotografías de las tumbas con bolsas de plástico rotas, y restos dispersos, que manipulan los sepultureros. Aclaró que no se ha hecho trabajo de identificación porque no hay dinero.
Aunque han tomado cientos de muestras genéticas a los familiares, no hay con qué contrastarlas, porque no hay cuadros genéticos de la mayoría de los cuerpos en las instalaciones del Semefo y en las fosas comunes.
Acudieron a la reunión el representante de Siempre Vivos de Chilapa, del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas, familiares de desaparecidos de Iguala y del colectivo de Acapulco.
Antes de la reunión con el gobernador y funcionarios del estado, los familiares indicaron que también tuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, con quien hablaron sobre el nombramiento del director ejecutivo que se encargará de la aplicación de la Ley de desaparecidos, Roberto Cabrera.
En un segundo momento, estuvieron el gobernador, el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe; la fiscal especial en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloina Sánchez Zamora; el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, y el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas.

Familiares expresaron su indignación y coraje: Centro Morelos

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández destacó que los familiares tuvieron la oportunidad de expresar su indignación y coraje ante la falta de resultados, que finalmente los funcionarios aceptaron.
Con el estado se programaron mesas de trabajo para que mañana se revisen las necesidades de despensas y becas para las familias que las necesitan, y en ocho días se reunirán con el secretario de Gobierno para programar la siguiente reunión con el gobernador.
Recordó que este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recibió 19 millones de pesos, “y es indignante que hasta ese momento no se brinden los apoyos necesarios, que son parte de un derecho que las víctimas tienen”.
No obstante, aclararon que la demanda prioritaria es conocer dónde están sus familiares, que digan a quienes pertenecen los cuerpos depositados en las morgues y fosas comunes, y que la CEAV apoye con abogados a las familias para el seguimiento de sus procesos judiciales de investigación.
Más tarde, en un boletín de la FGE sobre “los acuerdos y compromisos” con los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas, la autoridad reconoce que tiene un registro de 751 cuerpos en los sistemas de refrigeración del Semefo, a los que les hacen estudios periciales con fines de identificación.
La enorme cantidad de restos humanos genera que “el proceso de conformación de archivos básicos con fines de identificación de cada cuerpo sea lento y gradual”, justifica.

 

Entregaron los cuerpos de 5 artesanos de Veracruz; aún no identifican a la pareja asesinada en Chilapa

En los primeros minutos del sábado, los cuerpos de los cinco comerciantes de Veracruz fueron entregados a sus familiares y sepultados en la comunidad indígena Coxolitla de Arriba, municipio de Acultzingo, Veracruz; mientras que los cuerpos desmembrados de la pareja hallada el martes en Chilapa continúan en el Servicio Médico Forense (Semefo).
Fuentes del Semefo informaron que las víctimas fueron identificadas como Gonzalo, de 18 años, y Daniel, de 34, quienes eran hermanos; Aurelio, de 37; Roberto, de 24, y Abel, de 35 años, de oficio de artesanos.
Mientras que los cuerpos desmembrados de la pareja, que fue hallada junto con los cinco artesanos el martes pasado en Chilapa, siguen depositados en el Semefo porque se encuentran en proceso de identificación, a pesar de que la mujer fue señalada como Dolores, originaria de Iguala.
Se supo que la pareja desmembrada pudiera ser la familia de la joven Jessica de 18 años, que fue hallada asesinada y violada el sábado en el barrio El Calvario, en Chilapa.
Hace siete días, los cuerpos de seis hombres y una mujer, desmembrados y depositados en 15 bolsas negras de plástico, fueron encontrados en la colonia Los Maestros, cerca del río Ajolotero, en Chilapa.
Ese día, en un comunicado, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó de los siete cuerpos desmembrados en Chilapa, seis hombres y una mujer, que según las propias investigaciones, “se deriva que dichas personas están vinculadas al crimen organizado, por la disputa existente del control de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos”.
El viernes, familiares identificaron cinco de los siete cuerpos hallados en Chilapa, quienes eran artesanos indígenas de la comunidad indígena Coxolitla de Arriba, municipio de Acultzingo, en Veracruz, que desaparecieron el 23 de enero, en Chilapa, cuando ofrecían muebles y sillas de madera.
La comunidad indígena Coxolitla de Arriba, se ubica a unas 12 horas de Chilpancingo.