El auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que entregó completa la auditoría que el Congreso local le requirió del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero aclaró que no fue una fiscalización especial sino ordinaria, con la que el Poder Legislativo puede trabajar en el juicio de revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
El auditor visitó el municipio el pasado 14 de julio y dijo que la información de su visita fue incluida en el informe de resultados que la AGE entregó al Congreso el 29 de septiembre.
El auditor comentó que el órgano fiscalizador está en un proceso de señalar observaciones del ejercicio fiscal 2015 a los entes por presuntas irregularidades cometidas durante sus gobiernos el año pasado.
Explicó que después de las notificaciones, la AGE espera la documentación de los ex funcionarios para comprobar las observaciones.
Se le preguntó también por lo dicho el sábado por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, sobre el requerimiento de pago que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que durante 2013, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, las secretarías de Salud y Educación no pagaron.
Lo anterior lo confirmó ayer el contralor del gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, quien informó de 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones, principalmente en Salud y Educación, y en ese sentido el auditor explicó que la AGE se rige por procedimientos anuales, por lo que ahora trabaja en la fiscalización de 2015.
Sin embargo dijo que sí hay observaciones a pasadas administraciones, pero habló principalmente del 2015, de las que dijo que están entregando las notificaciones a los ex servidores públicos para que presenten la documentación comprobatoria, o de lo contrario se emitirán pliegos de observaciones y procedimientos resarcitorios.
El auditor comentó también que del ejercicio fiscal que revisa la Auditoría General del Estado (AGE) no ha presentado denuncias penales porque la cuenta publica fue entregada puntualmente después de las sanciones ejecutadas contra los funcionarios que han faltado a los tiempos que señala la ley.
Afirmó que de los casos de procesos de fiscalización que han llegado a denuncias penales contra ex servidores públicos, todos han presentado la información que les ha sido requerida.
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Denunció ante el Trife violencia política de género en su contra, informa Felícitas Muñiz
La alcaldesa de Mártir de Cui-lapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por las omisiones de las autoridades locales para resolver el conflicto político en su municipio y que, insistió, es un caso de violencia política de género.
La presidenta municipal, militante de Movimiento Ciudadano, indicó que pese a que ha solicitado medidas cautelares a diferentes instancias, sus peticiones no han sido atendidas.
Muñiz Gómez asistió ayer al auditorio del DIF estatal, a la proyección de la película Ángeles con garras de acero, organizada por la Secretaría de la Mujer para conmemorar el 63 aniversario del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Consultada por reporteros al concluir el acto, Muñiz Gómez manifestó que hay una “gran omisión” del gobierno del estado y el Congreso local para atender el conflicto político que priva en su municipio, donde el síndico Be-nito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras encabezan la toma del ayuntamiento y exigen la re-vocación del mandato de la alcaldesa por corrupción, desvío de recursos y nepotismo.
Recordó que luego de las ac-ciones violentas de agosto, cuando el grupo opositor atacó sus propiedades y de sus familiares, así como el incendio de vehículos, solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobierno y de Se-guridad Pública, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo dijo que no ha recibido ninguna respuesta, por lo que el mes pasado presentó una denuncia ante el Trife en contra de quienes resulten responsables por las omisiones que hay en el caso, principalmente de las autoridades locales, pues dijo que entre el gobierno del estado y el Congreso “se echan la bolita”.
Comentó que también pidió la intervención del Instituto Elec-toral y de Participación Ciudadana (IEPC), pero dijo que el órgano sólo la declaró “víctima” sin que existieran más resultados; mientras que de la Segob, el sábado vino un representante a entrevistarla, pero nada más.
Dijo que además de las omisiones, la denuncia ante el tribunal federal es por violencia política de género.
Recordó que el ex alcalde, José Guadalupe Rivera Ocampo, del PRD, fue extorsionado y obligado a entregar 10 millones de pesos a sus opositores, e insistió en que ese problema se ha vivido en Apango desde hace 25 años.
“No estamos de acuerdo con estas acciones porque tenemos población indígena y se me hace inconcebible que siendo un municipio tan pequeño se generen estos conflictos para satisfacer una necesidad de estos delincuentes, los voy a llamar así, y tengamos que sacrificar a otras comunidades que realmente merecen atención”.
Muñiz Gómez dijo que ante la situación que prevalece en la cabecera municipal, “de vez en cuando” asiste a entregar a poyos.
“Yo estoy haciendo un gobierno itinerante, trabajo en todas las comunidades, de vez en cuando me meto a Apango sin que ellos sepan, platico con la gente, hemos estado apoyando, estoy coordinando el ayuntamiento a pesar de todas las barreras que tenemos, estamos trabajando”.
Pese a que el ayuntamiento está cerrado, dijo que entregó a tiempo la Ley de Ingreso al Congreso, y además explicó que no tiene problemas financieros y podrá cumplir los compromisos de fin de año.