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Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Atacan a balazos 12 sicarios a un hombre en Chilpancingo; hay una mujer herida

Al menos 12 civiles que portaban armas de grueso calibre atacaron a balazos a un hombre que circulaba por el bulevar en la colonia Galeana en esta ciudad.
Fuentes policiacas informaron que a las 6:25 de la tarde de este sábado se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles en esa colonia, frente a la tienda comercial Aurrerá y a la unidad deportiva.
Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Policía Federal y del Ejército, quienes encontraron abandonado un vehículo modelo Seat Toledo con placas HCW-58-77 con cuatro impactos de armas AK-47 o Cuerno de Chivo y AR-15.
Según reportes policiacos, el conductor del Seat se encontraba en el carril de norte a sur del bulevar, frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, cuando al menos 12 civiles fuertemente armados le dispararon desde el otro carril.
El conductor huyó a pie en dirección a la colonia PPS, que colinda con la Galeana, luego de abandonar su vehículo frente a un puesto de tacos ubicado en la esquina de la unidad deportiva, donde resultó herida en una pierna una mujer identificada como María de la Luz, de 43 años, quien estaba cenando cuando ocurrió la balacera y fue trasladada a la clínica del ISSSTE.
Las detonaciones provocaron zozobra en los vecinos y que los clientes de Aurrerá pidieran a los trabajadores que los dejaran salir por las puertas de emergencia, una mujer embarazada a quien se identificó como Sandra Hernández Gómez y se encontraba en la tienda tuvo una crisis nerviosa que le provocó un parto prematuro, según fuentes policiacas que no precisaron a qué hospital fue trasladada para su atención médica.
Pese a que los hechos provocaron la movilización del Ejército y la Policía Federal, cuyos agentes instalaron retenes de vigilancia en distintos puntos del bulevar, una hora después se observó que frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, unos siete hombres estaban tomando cerveza a pocos metros de los agentes que acudieron a resguardar la zona.
Los trabajadores de la taquería se disponían a continuar el montaje de su puesto para seguir vendiendo.

Cinco ejecutados entre Tixtla y la capital y un muerto y un herido aquí; todos fueron torturados

La noche de ayer cinco hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en el cerro Machohua en el viejo libramiento a Tixtla, en la colindancia con Chilpancingo.
En otro hecho un hombre asesinado a balazos y otro herido en la cabeza fueron hallados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, al poniente de esta ciudad.
Ambos hechos ocurrieron durante la visita a Chilpancingo del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que evaluó las operaciones de seguridad en los municipios calificados por el gobierno federal como los más violentos de Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez e Iguala.
Con estas ejecuciones suman 210 asesinatos en lo que va del año en la capital, en los que presuntamente participó el crimen organizado, según un recuento de El Sur.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a las 8:30 de la noche de ayer recibieron el reporte de que en el kilómetro 7 del viejo libramiento a Tixtla en el cerro Machohua en las inmediaciones de Chilpancingo, había cinco hombres asesinados.
A la zona acudieron policías municipales, estatales y federales que hallaron los cuerpos de cinco hombres boca abajo y acomodados en fila.
Al llegar al cerro Machohua hay una brecha de terracería que conduce a la cima, a unos 150 metros estaban los cinco cuerpos de las víctimas.
Uno de los cadáveres vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis rojos, otro un pantalón blanco, playera rosa con rayas y calcetas grises con negro, uno más sólo tenía un short rojo, el cuarto vestía un pantalón de mezclilla azul, playera color naranja y encima tenía una cobija roja con naranja, y el último tenía una playera gris en la cabeza y pantalón de mezclilla azul.
La víctimas tenían aproximadamente entre 25 y 30 años, presentaban impactos de bala y huellas de tortura.
La zona fue acordonada por policías municipales, estatales y federales mientras peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.

Encuentran cerca de Casas Geo a otras dos víctimas

Además, un hombre ejecutado a balazos y otro herido fueron encontrados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, cerca de la unidad habitacional Casas Geo, al poniente de Chilpancingo.
Según fuentes policiacas, a las 9:55 de la noche recibieron un reporte de que en ese lugar había dos hombres asesinados a balazos.
Acudieron policías municipales quienes hallaron los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, atados de las manos hacia atrás y con los ojos vendados.
El herido vestía playera azul y estaba semidesnudo, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para recibir atención médica.
El ejecutado estaba boca abajo con las manos atadas hacia atrás, vestía una playera morada, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En la capital el lunes un chofer del transporte público fue atacado a balazos por civiles armados en la calle principal Eusebio Mendoza de la colonia Alborada.
La mañana del sábado dos hombres ejecutados a balazos y atados de los ojos fueron encontrados dentro de un taxi del servicio público en la calle Nueve de la colonia del PRI y hace nueve días el cuerpo de un hombre de unos 53 años, atado de las manos hacia atrás y asesinado a balazos y con golpes, fue hallado en la colonia Azteca, cerca del panteón nuevo ubicado al norte de la capital.

Halla la Fiscalía cuatro cabezas humanas, 16 fosas clandestinas, dos autos y una moto en Zitlala

Cuatro cabezas humanas dentro de una hielera, 16 fosas clandestinas, dos vehículos y una motocicleta fueron encontrados cerca del cerro Tenanchintlán en las inmediaciones del municipio de Zitlala, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE)
Según fuentes de la Fiscalía, a las 11:14 de la mañana de ayer recibieron un reporte que estaban los cuerpos de dos hombres en un camino de terracería en este municipio.
Agentes de la Policía Municipal, estatal, ministerial y militar acudieron a la zona hasta llegar al cerro al sureste de Zitlala, ahí encontraron una Suburban negra, un Tsuru blanco y una motocicleta Italika amarilla abandonadas, además una hielera con cuatro cabezas humanas.
La fuente señaló que al realizar un recorrido en la zona encontraron 16 fosas clandestinas y hoy reanudarán los trabajos de excavación para localizar cuerpos enterrados.
La zona se encuentra resguardada por policías municipales, estatales, ministeriales y militares.
En este municipio han ocurrido hechos de violencia. Hace seis días, el dueño de una tortillería, Nahúm Miranda Astudillo fue ejecutado junto con su chofer en Zitlala, el empresario era hermano de la directora del DIF de ese municipio, Cecilia Miranda Astudillo.
El 18 de octubre, una familia integrada por Mario García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 años, Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Mario, Florencia García Capistrán de 80 años, desapareció cuando transitaban por la carretera cerca de Tlaltempanapa en Zitlala.
El 31 de octubre el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, policías estatales, ministeriales y militares buscaron a la familia en la comunidad de Tlaltempanapa, donde los pobladores le negaron la entrada al poblado al presidente de Siempre Vivos. El martes 8 de noviembre otra vez le negaron el acceso.

Son nueve, no ocho los desmembrados en Tixtla precisa Álvarez Heredia; ninguno tenía cabeza

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que son nueve y no ocho los hombres descuartizados, quienes no han sido identificados, que fueron encontrados la noche del domingo en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca.
En un recorrido en esta cabecera municipal no se observó vigilancia de las policías Municipal, Estatal, Federal ni Ministerial, de militares o algún retén cerca de la zona donde encontraron a los nueve cuerpos, en la orilla del puente del distribuidor vial a Atliaca, Mártir de Cuilapan (Apango), Chilapa y Chilpancingo ubicado a 10 minutos del centro de Tixtla.
El lugar está en las inmediaciones de la colonia San Miguelito y el hotel Rancho Tixtla al sur de la cabecera municipal, ahí sólo había restos de cintas amarillas que ocupan los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la escena del crimen.
Los vecinos fueron herméticos y caminaban tranquilamente en las principales calles, el mercado municipal Antonia Nava de Catalán en el centro de Tixtla abrió de manera normal, los negocios como tiendas de abarrotes, ropa, calzado, odontología y fondas de comida ofrecieron sus servicios, los locales que no laboraron fue debido al puente del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.
En la calle frente a la iglesia de San Martín de Tours se observó una patrulla de la Policía Municipal. El servicio de transporte público hacia Atliaca, Apango, Chilapa y Chilpancingo operó normalmente.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado de prensa que al recibir el reporte, agentes de la Fiscalía se trasladaron a ese paraje, donde encontraron cuatro cuerpos atados de pies y manos y cinco bolsas de plástico negras que contenían los restos de cinco personas más.
Ante estos hechos la FGE inició la carpeta de investigación 12010200200187201116 para dar con los responsables del asesinato de los nueve hombres, además de las diligencias necesarias para identificar los cuerpos.
En declaraciones telefónicas el funcionario mencionó que llama la atención que en los asesinatos se usó “extrema violencia” e indicó que las primeras investigaciones indican que podría tratarse de “pugnas entre grupos de la delincuencia organizada”.
Álvarez Heredia precisó que todos los cuerpos son de hombres, que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero recordó que el caso ocurrió en una zona en donde existe una fuerte disputa de dos bandas del crimen organizado (Los Rojos y Los Ardillos).
“Todavía es muy temprano para tener una idea de lo que pasó allí, pero para el Grupo de Coordinación Guerrero todo ese territorio está siendo utilizado para el uso de la violencia extrema por el control del territorio entre dos grupos y esta es una situación que alerta a las dependencias estatales y federales para poder tomar decisiones al respecto”, advirtió el vocero.

No encontraron las cabezas en el lugar, informan fuentes de la Fiscalía FGE

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los nueve cuerpos de las víctimas fueron decapitados, que uno no tenía brazos ni piernas, y que en la zona no encontraron las cabezas.
La fuente comentó que las víctimas fueron asesinadas entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada porque estaban en estado de descomposición, además no se pudieron precisar las edades.
Por otro lado fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) señalaron que hasta las 7 de la noche no habían sido identificados los nueve muertos, pero han acudido familiares de personas desaparecidas para reconocerlos.
Una trabajadora comentó que para reconocer a las nueve víctimas se les aplicará la prueba de ADN debido a las condiciones que se encuentran los cuerpos.
La fuente informó que el mensaje hallado junto a los cadáveres era, “Ahí te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr”.
“Tu y tu mallate el fantasmita me la maman junto con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe, conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”, concluye el narcomensaje.
En un primer momento se informó que la noche del domingo los cuerpos de ocho hombres desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados en la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla pero ayer el vocero precisó que fueron nueve las víctimas.

Que la CNDH pida al estado que armonice la Ley 701 con las instituciones, demanda la CRAC

Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.

Reprochan familiares de desaparecidos al presidente de la Comisión de Víctimas que no cumple acuerdos

Familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo confrontaron al presidente del Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron.
Demandaron acciones, no promesas y señalaron las deficiencias de la delegación federal que se encuentra en Acapulco.
El funcionario quiso defender su posición en varios ocasiones, pero durante la interpelación los familiares se dijeron revictimizados y Hernández Barros se vio obligado a guardar silencio.
El funcionario se encontraría a la 1 de la tarde con unas 200 personas de diferentes regiones y estados cuyos familiares fueron desaparecidos en la capital. También esperaban al gobernador Héctor Astudillo Flores para presentarle demandas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Una de las peticiones es que todas las averiguaciones de personas desaparecidas sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están archivadas, sin avances, y en los casos en los que hay avances es por el trabajo de los propios familiares, aseguraron.
Además Hernández Barros aclaró que sus casos deben llegar a la PGR para poder integrar a los familiares al padrón de víctimas y puedan acceder a los programas del CEAV, de lo contrario está impedido legalmente brindarles apoyos. Las víctimas aclararon que muchos acudieron primero a la PGR, pero de allá los mandaron a la FGE.
La reunión comenzó después de las 2 de la tarde, a la 1 se supo que el funcionario se trasladaba de Chilapa donde tuvo otra reunión con otros familiares de personas desaparecidas. No hubo una explicación clara sobre la ausencia del gobernador y el presidente de la CEAV se comprometió a citar para el 19 de diciembre al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (Ssa), así como a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, como lo solicitaron las víctimas.
También hicieron una agenda para la atención de personas que denunciaron la falta de apoyo, por ejemplo el caso de una mujer de Xochipala, la primera en llegar a las reuniones semanales y que tiene a su cargo dos familias, la de su hijo desaparecido hace dos años y de otro desplazado de su comunidad porque se atrevió a buscar a su hermano.
Aseguraron que no recibe dinero ni para los pasajes, que para recibir el reembolso del costo de un traslado es necesario esperar todo el día en la ventanilla de atención, y que existen adeudos de hasta ocho meses a muchas familias.
Si no hay disposición de recursos, “¿dónde está el dinero del fondo emergente?”, cuestionaron, y aclararon que sólo bajo presión se han conseguido algunos apoyos como insulina y atención médica.
La madre y activista Margarita López recriminó que tienen familiares de desaparecidos hospitalizados, y entre las víctimas reúnen dinero para solventar los gastos que no asume la CEAV.
Recordó que en Iguala cuando se anunció la Ciudad Víctima se acordó con los presidentes de las comisiones de Atención a Víctimas federal y estatal la reunión con el gobernador el 9 de noviembre, que se pospuso para esta fecha.
Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Luis Gallegos Peralta respondió a los reclamos que un familiar lo dejó plantado el día que iban a gestionar la asistencia del gobernador, la señora Guadalupe Rodríguez, madre de un desaparecido, aclaró “si a reclamos vamos, nosotros tenemos más que decirle, tenemos años pidiendo justicia, pidiendo que busquen a nuestros hijos, ¡ya basta!, ya no jueguen, para eso les pagamos, porque ustedes están cobrando un sueldo bien remunerado. Ya queremos que se ponga a trabajar”, gritó indignada y su voz se le quebró por un instante.
Luego se dirigió a Hernández Barros, que en julio del año pasado se reunió con este mismo grupo de familiares y les ofreció garantías para ejercer sus derechos como víctimas en una ventanilla única en Acapulco: “escúcheme, y por ahí vamos a empezar, a que nos escuche, que nos oigan cuál es nuestro dolor, nuestra rabia, que entiendan que estamos sufriendo. Nos mataron en vida, eso no entienden porque no tienen sensibilidad, porque no han sufrido el dolor que tenemos, ya basta de preguntar por qué faltamos, llevamos años pidiendo que nos atiendan, tenemos hijos desparecidos y mujeres que no tienen qué darle de comer a esos niños, tenemos niños que dejaron de estudiar, ya basta que vengan a prometer, queremos que se vaya, antes de que firme una minuta para que las investigaciones salgan del estado y se agilicen, porque ahí están archivadas (en la FGE), nos han dado mil vueltas, !ya estamos hartos”.
Recordó que parte de este grupo de desaparecidos en Chilpancingo hizo una huelga de hambre en la ciudad de México el 20 de julio y Hernández Barros, siendo comisionado del CEAV no se acercó a escucharlos, “si de veras se va a poner a trabajar queremos resultados y pruebas, entonces lo vamos a enaltecer, pero no ahora porque no nos han dado el trato que necesitamos. Somos víctimas y nos han revictimizado porque llevamos años esperando justicia, esperando saber en dónde están nuestro hijos, los queremos con vida, ya no queremos promesas”.

Cuestionan exámenes de ADN a 400 cuerpos

La principal preocupación de los familiares fue la “confronta de los resultados de ADN de 450 cuerpos en posesión del Servicio Médico Forense (Semefo) que serán llevados a un panteón ministerial, porque Margarita López aclaró que es difícil de creer que se hayan concluido los análisis en tres meses, ya que los familiares de este grupo han esperado hasta ocho años por esta información.
El caso ilustrativo, que también fue motivo de reclamo, fue el de la señora Bellanira Chino Ocampo, que el mes pasado recibió los restos de su hija después de diez meses descubiertos en una fosa clandestina en las inmediaciones de Chilpancingo.
Aclaró que no tiene certeza de que los huesos pertenezcan a la niña de 15 años desaparecida en marzo de 2015, porque antes de recibirlos personal de Semefo “andaba buscando los huesos de mi hija en tantas bolsas”.
La mujer reclamó que nunca pidió dinero, que durante nueve meses sola buscó a su hija. Al final solo pidió al CEAV un ataúd y un terreno para colocar los restos. El caso fue presentado a la prensa el 25 de octubre.
Ahora se sabe que no recibió el ataúd y que el cuerpo fue depositado en una tumba rentada durante seis años, que pagaron sus compañeros del colectivo de familiares de desaparecidos.
Al comienzo de la reunión un padre de familia demandó la salida de Hernández Barros de la CEAV, porque no conoce la Ley de Víctimas, el funcionario se defendió diciendo que él la elaboró, y también fue cuestionado por atribuirse el documento. Al final pidió a los inconformes un mes para que las personas evalúen su gestión. Insistió en que tiene “escasamente un mes” como presidente de la Comisión.

Eran de Atoyac tres de los cinco ejecutados en la sierra; sería un ajuste de cuentas, dice el vocero

 

 

Ayer los cuerpos de los cinco jóvenes ejecutados en la sierra de Pie de la Cuesta del municipio de Atoyac fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Acapulco para hacer la necropsia. Familiares identificaron a tres de los ejecutados como vecinos de la cabecera municipal.
La mañana de ayer fuentes oficiales de la Fiscalía regional de Acapulco informaron que se esperaba que los familiares de las víctimas acudan a identificarlas, lo que ocurrió más tarde.
Informaron que uno de ellos era Daniel Gatica Amojono y tenía 28 años, vestía playera negra y era de la colonia Insurgentes conocida como El Tanque, en la ciudad de Atoyac.
Otro era Lázaro Raymundo Basilio Hernández, originario de la colonia Mangales y fue reconocido por las botas tipo militar que traía.
El tercero es Gerardo Otero Paniagua de 21 años, vecino de la ampliación de la Colonia Manuel Téllez, el joven vestía una playera roja.
Los tres cuerpos llegaron a Atoyac a las 6 de la tarde y serían velados por sus familiares. Los otros dos jóvenes no han sido identificados.
El vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia dijo que una de las líneas de investigación es un “posible” ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en la zona.
“Las primeras investigaciones nos hablan de un posible ajuste de cuentas”, señaló sin querer dar más detalles.
Vía telefónica a las 6 de la tarde de ayer el vocero informó que “hasta el momento nadie los ha reclamado (a los jóvenes), nadie los ha recogido, nadie los ha identificado”.
Agregó que existe la “sospecha” de que se tratan de vecinos de la comunidades que están en la sierra de Atoyac.
Mencionó que las investigaciones también arrojan una posible relación con un secuestro que terminó en un enfrentamiento en la comunidad El Paraíso, en la sierra de Atoyac.
“Se está tratando de identificar si tiene relación con un secuestro que ocurrió antes, precisamente en el poblado de El Paraíso, en este secuestro hubo un enfrentamiento y se está tratando de ver si hay vinculaciones”, detalló. Dijo que existe la “sospecha” de que los cinco jóvenes eran secuestradores.
“Hubo un enfrentamiento, se está viendo qué tipo de relación hay con el secuestro que hubo unos días antes con el hallazgo de los cinco cuerpos, por lo que se tiene la sospecha de que estas personas estén involucradas en el secuestro, por que pudieron ser levantados y (alguien) los ejecutó como probables responsables del secuestro”, agregó.
“Es probable que las personas halladas sean secuestradores, pero eso será confirmado hasta que las investigaciones concluyan”, detalló.
A pregunta expresa sobre qué grupos de la delincuencia pudieran estar implicados en el asesinato el funcionario estatal respondió, “no lo sé, te digo sinceramente, no lo sé, son grupos que existen que obviamente se dedican a actividades ilícitas poniendo en el centro el tema del amapola y la mariguana, pudiera ser que estuvieran identificados, pero por la necesidad de mantener el sigilo no se puede dar a conocer”.
Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) está haciendo las investigaciones correspondientes y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
Comentó que también existe la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con un cuerpo desmembrado hallado en La Unión que tenía un mensaje relacionado con el secuestro.
Por último dijo que en el paraje donde fueron hallados los jóvenes no hay cámaras de vigilancia, ni testigos que ayuden a la investigación, ya que se trata de un paraje solitario.
El domingo, cinco jóvenes de entre 20 y 30 años fueron ejecutados y dejados entre la comunidad de La Cebada y San Juan de las Flores, a un lado de la carretera serrana de Pie de la Cuesta, en Atoyac.

El FUSDEG lo torturó e involucró a la UPOEG en su autosecuestro, se retracta Castro Jaimes

El vecino de Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, Facundo Castro Jaimes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), aseguró que mientras estuvo detenido fue torturado y amenazado de muerte por tres comandantes de esa agrupación.
Se retractó de su declaración de este martes ante los medios de comunicación cuando fue liberado por el FUSDEG, cuando aseguró que no sufrió ningún tipo de agresión y que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) lo obligaron a autosecuestrarse para poder irrumpir en Tierra Colorada.
Ayer en conferencia de prensa en la plaza de la Libertad de Expresión en Chilpancingo, Castro Jaimes informó que fue detenido porque él y un grupo de vecinos de la colonia Ruffo Figueroa en Tierra Colorada, se organizaban para formar una Policía Rural para protegerse de la violencia en la zona, lo que causó inconformidad en el FUSDEG.
Precisó que esa organización lo ha detenido en dos ocasiones, primero el 10 de septiembre y otra el 23 de octubre. Fue liberado este martes 8 de noviembre.
“La segunda vez que estuve detenido por los del FUSDEG me torturaron, me ponían una bolsa con chile, me daban patadas y puñetazos, me dijeron que mi libertad sería si yo le echaba la culpa a Medardo Nava y a Israel Espinosa (ambos simpatizantes de la UPOEG) de convencerme para cometer un autosecuestro”, indicó.
Acusó a Caritino Hernández Dorantes, José Dolores Juárez Tolentino y Rogelio Gerardo Cortés de torturarlo y amenazarlo de muerte, motivo por el que tuvo que decir que no fue golpeado.
Aseguró que su primer declaración el miércoles fue “bajo tortura, porque que si no me retractaba no me iban a dejar libre, además me iban a matar. Tengo temor de que me maten, incluso tuve que salirme junto con mi familia de Tierra Colorada”.
Castro Jaimes comentó que ante las amenazas y la tortura interpuso una denuncia en la Fiscalía para que investigue y detenga a los integrantes del FUSDEG, “tuve que involucrar a los de la UPOEG en algo que no hicieron”. Pidió que todo se desmienta y que “salga la verdad a la luz”.

Activan la Alerta Ámber por el niño que se fugó de la Casa Hogar del DIF en Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Ámber por la desaparición de José Jiménez Flores de 14 años, que huyó de la Casa Hogar del DIF el domingo en esta ciudad.
La Fiscalía publicó en su cuenta de Facebook la Alerta Ámber con el reporte: AAGRO-052-2016 que detalla que tiene cabello lacio negro, tez morena, complexión delgada, nariz chata y ojos chicos. Agrega que “se teme que pueda ser víctima de algún delito” y proporciona el número 01-800-832-72-92 para cualquier información para dar con Jiménez Flores.
Es uno de los 22 niños que huyeron de la Casa Hogar del DIF estatal el domingo en la capital, de los cuales 21 regresaron, luego de que los 48 niños que habitan en ese albergue ubicado en la colonia Jardines del Sur de esta ciudad, protestaron desde las ventanas del edificio por los malos tratos a los que son sometidos.
La mañana de ese día, los niños y niñas se concentraron en las ventanas para denunciar ante reporteros que la directora, Jazmín Terrazas Valente los maltrata, “acosa sexualmente” a las niñas, los alimenta con comida descompuesta y que les quitaron sus pertenencias. Terrazas Valente fue separada del cargo.