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Se debe exigir aumento del 25% al salario para compensar el ISR en la UAG, dice un catedrático

 

El catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Gilberto González Velázquez, recomendó a sus compañeros que ante la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se debe exigir un aumento del 24.9 por ciento al salario.
Por parte de la corriente Acción Revolucionaria, el maestro de la Facultad de Contabilidad y Administración, con 26 años de antigüedad, presentó ayer la exposición Planeación Fiscal del ISR para la Universidad Autónoma de Guerrero, donde propuso varias opciones para que el gravamen no afecte el salario, como la absorción del gobierno del estado para el pago del impuesto, que concluyó que el ISR no es de índole político.
El catedrático partió de que el impuesto no es una consecuencia directa de las reformas estructurales, ni imposición del gobierno federal, como ha sostenido el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
Precisó que el artículo 94 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente establece que los ingresos y prestaciones que provengan de una relación laboral subordinada deberían estar gravadas al impuesto sobre la renta, “por lo anterior entendemos que las prestaciones que actualmente tienen los trabajadores de la UAG están gravadas al impuesto en mención”.
Dijo que en caso de no pagarse, incurrirían en un delito de defraudación fiscal, como lo menciona el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Manifestó que por no enterar al fisco, se pagan multas.
Indicó que la UAG tiene un “gravísimo problema en relación a las multas, ya le llegaron las multas, son millones de pesos de lo que la universidad va pagando de multas por no estar pagando el impuesto que no debería de pagar, y eso es grave, porque está afectando el patrimonio de todos los universitarios”.
Expuso que el convenio en 2005 entre el STAUAG y Rectoría no sirve en la actualidad, el cual es interno. Dijo que un convenio válido se tiene que hacer directamente con la federación.
Entre las propuestas para que el trabajador no se vea afectado, está el aumento del 24.9 por ciento para soportar el descuento del ISR.
Otra propuesta es hacer un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, “aprovechando las buenas relaciones del rector Javier Saldaña, bajo el argumento de que los trabajadores de la UAG han perdido gravemente el poder adquisitivo de su salario desde hace más de 15 años”.

 

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.

“Hay un problema muy marcado” detrás de la ola de violencia en la capital, afirma Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que detrás de la ola sangrienta y ejecuciones desatadas en Chilpancingo en los últimos dos días, “hay un problema muy marcado”, por lo que el sábado hubo una reunión de emergencia entre la Defensa Nacional y el gobierno del estado, que seguramente habrá otra hoy.
Parco, aseveró que esto deviene porque “hay una confrontación muy fuerte entre grupos delincuenciales de Chilpancingo”, que se disputan la plaza en la sede de los poderes en la entidad, donde los registros de asesinatos dan cuenta de ejecuciones y cuerpos desmembrados, que por igual se presentan en Acapulco.
En cuanto a los señalamientos del fiscal Javier Olea Peláez, presentados la noche del miércoles en el noticiario En Punto, de Televisa, donde señala que “El Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco (…) pero tiene fuero” y por eso no lo puede detener, el mandatario estatal opinó que el fiscal sólo habló de una línea de investigación.
“Yo creo que dio a conocer una línea de investigación frente a un grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan y esa línea, por supuesto, también tiene otras ligas. Hay que recordar que hay una investigación, una averiguación, una carpeta y una orden que liberó una juez de Arcelia. Todo esto está vinculado y lo que hizo el fiscal fue decirlo públicamente, eso es lo que yo creo”.
De la locutora amuzga, Marcela de Jesús Natalia, agredida con arma de fuego a la salida de la emisora del gobierno del estado Radio y Televisión de Guerrero en Ometepec, informó que es atendida en el Hospital General de Acapulco y dijo que afortunadamente, dentro de la tragedia que se vivió en su caso la mañana del viernes, ese día un helicóptero del gobierno del estado se encontraba en esa ciudad, de inmediato la trasladaron y fue atendida, por lo que no requirió operación.
“Está en terapia intensiva, podríamos decir, estamos en espera de su reacción, ojalá y salga delante, tiene todas las atenciones y se cumplieron rápidamente los protocolos de atención”, expresó, y dio a conocer que hay líneas de investigación, “no las podría yo dar, pero el fiscal está trabajando de manera rápida en torno a algunos acontecimientos que sucedieron alrededor de ella, entonces esperamos tener alguna información pronto”.
Astudillo Flores estuvo de visita este domingo en la ciudad platera y antes realizó una supervisión del camino que comunicará a las comunidades de San Andrés, San Gregorio y San Francisco Acuitlapán, pertenecientes a Taxco y Tetipac.
En Taxco, hizo un recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en Pichahua, parte baja de la ciudad, la cual tuvo una inversión de poco más de 100 millones de pesos. Ahí se dio a conocer la sectorización del sistema de agua potable en una primera etapa, la rehabilitación de los equipos de bombeo eléctrico y mecánico de Chontalcoatlán, la regularización del padrón de usuarios, entre otras obras en las comunidades de Tlamacazapa, Acuitlapán, Taxco el Viejo y Acamixtla, con una inversión cercana a los 240 millones de pesos.
Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, y funcionarios de su gabinete, además del alcalde, Omar Jalil Flores Majul, y el diputado federal, Salomón Majul González, entre otros alcaldes de la región, entregó también apoyos de fertilizante y del programa Más Maíz, apoyos a empresarios de la masa y la tortilla, sillas de ruedas, bastones, despensas y paquetes de pequeños cerdos a los que se observó recibieron maltrato por parte de los responsables de cuidarlos y hacer la entrega.
Ahí, uno de los invitados fue el comediante El Costeño, quien improvisó sobre el acto y la clase política, y cuestionó la corrupción de “funcionarios menores” que no atienden bien a la gente.

Condena Saldaña el asesinato del estudiante de Artes; el fiscal le informa de las pesquisas, dice

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato del estudiante de la Facultad de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, e informó que se reunió con el fiscal Javier Olea Peláez, quien le informó sobre los hechos y la situación de las “pesquisas”.
En declaraciones telefónicas, el rector Javier Saldaña dijo sobre el asesinato del universitario, quien fue baleado cuando viajaba en una motocicleta en Chilpancingo, que era muy preocupante la situación que se vive. “Nos preocupa, es algo que nunca vamos a aceptar, que le quiten la vida a un universitario que tenía muchas ganas de hacer las cosas”, indicó el rector.
Señaló que condena que se vea truncada la esperanza y sueños de los jóvenes universitarios. Que el mismo miércoles se reunió con el fiscal para saber sobre los hechos y que le comentó que están en las “pesquisas de las personas que le arrebataron la vida a nuestro estudiante”. El rector dijo que conoció al joven, pues muchos se le acercan para pedirle una beca alimenticia o económica.
Recuerda que Darwin Raymundo Barrientos le pidió una beca y le contó que su madre ya era una persona mayor a la que sostenía, que sabía que cada fin de semana el joven le llevaba despensa a su mamá a su pueblo en Buenavista de la Salud. Dijo que era un joven animoso, que de viernes a domingo se dedicaba a cantar y tocaba varios instrumentos. Que siempre que pudo le tendió la mano y que, incluso, apoyó para los gastos funerarios.
Indicó el rector que piden el esclarecimiento del crimen, pero también está preocupado por la situación, que en Chilpancingo iba a la baja la inseguridad, “con esto nos preocupa y ojalá por el bien del estado las cosas mejoren”.
Al rector se le preguntó qué le ha dicho el fiscal sobre los crímenes que se han dado contra los universitarios, pues ha pasado el tiempo y no se ven resultados claros de detenidos y dijo que éste le explica cómo suceden las cosas y en algunos casos implicación.
El rector lamentó que en la mayoría de los casos la sociedad se acostumbra y dice que si les hicieron algo es porque andaban metidos y señaló que no es una regla, que es algo a lo que no debemos acostumbrarnos a vivir, porque hay casos fortuitos, pero se quiere que se castigue a los responsables y se haga justicia.
Además, que quieren que no nada más haya justicia, sino que no vuelva a suceder otro caso de un universitario que pierda la vida, que es asaltado o extorsionado y subrayó que por eso su relación cercana con las autoridades, a quien agradeció que estén disponibles, pero que quieren también la prevención del delito, que es clave para todos los guerrerenses no solo para los universitarios.
Sobre la presencia de ministeriales en Rectoría el miércoles, el rector Javier Saldaña dijo que el director de la Policía Ministerial acudió por una llamada que se le hizo, pues afuera había un carro con hombres armados que no eran judiciales, “llegó el grupo de reacción inmediata y pedimos que nos dieran la seguridad”. Que se habían robado un carro y que se retiraron cuando se dieron las detonaciones y fue hasta la tarde que él supo que era un universitario el asesinado.

Se reúne la CETEG con autoridades para discutir las órdenes de aprehensión en contra de maestros

 

La Comisión Política, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el secretario general Arcángel Ramírez Perulero, se reunieron con el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Néstor Fiallo Samoya, y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, para discutir sobre las órdenes de aprehensión en contra de los maestros y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
De acuerdo con Ramírez Perulero, la reunión se llevó a cabo el martes por la noche y ahí se acordó que hoy, los representantes de la CETEG dialogarán en Casa Guerrero con toda la estructura de la SEG, incluidos los directores de los distintos niveles educativos básicos y los ocho delegados regionales de la dependencia, para discutir las demandas particulares de las regiones del magisterio disidente.
Ramírez Perulero informó sobre los acuerdos con Fiallo Samoya y González de la Vega Otero en una asamblea informativa que se llevó a cabo este miércoles por la mañana en el edificio de la CETEG, a la que asistieron integrantes de las distintas regiones del estado.
En declaraciones luego de la asamblea, Ramírez Perulero dijo que preocupó a la CETEG el caso del maestro Crisóforo García Castro, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2003-2007 Lucio Cabañas, quien fue recluido el 6 de mayo acusado de ataques a las vías de comunicación y robo de vehículos.
Recordó que hace más de un mes, un integrante de la CETEG en la región Costa Chica fue detenido por la policía judicial en un retén de vigilancia, por haber participado en las acciones que realizó el magisterio disidente en el 2013 y 2014 en contra de la reforma educativa, aunque fue liberado el mismo día, lo que significa que podría tratarse de una estrategia del Estado para acabar con las manifestaciones.
Dijo que con Fiallo Samoya se acordó revisar la situación de ex dirigentes e integrantes de la CETEG, además de una próxima reunión en la que estará presente el fiscal general Javier Olea Peláez se le informará cuántas órdenes de aprehensión hay en contra de los maestros.
Manifestó que notó que las autoridades “están en la mejor disposición de resolver” las demandas de la CETEG y se comprometieron a revisar todos los casos, para evitar que se repita la situación de Castro García.
Ramírez Perulero expresó que es preocupante el hecho de que diga que hay otras 40 órdenes de aprehensión en contra de egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, que tienen más de diez años de haber dejado la institución, por lo que exigió que se aclare la situación de todos los maestros.
Por otra parte, González de la Vega Otero informó a la CETEG sobre la publicación de la convocatoria para el estímulo a la jubilación y que autorizó una prórroga para que los maestros interesados en retirarse puedan entregar sus documentos hasta el 20 de mayo, ya que en un inicio la fecha límite fue el 10 de mayo.
Dijo que se les informó la situación a los integrantes de la CETEG para que los interesados puedan entregar sus documentos a través del magisterio disidente, con el fin de garantizar que reciban el pago correspondiente.
Además, según Ramírez Perulero, González de la Vega Otero “adelantó” que 400 trabajadores serán incorporados al Fone, por lo que pidió a la CETEG una lista de los maestros que no están en la nómina para que se evite que haya errores y sean incorporados de manera definitiva.
Después de esta primera incorporación, podrían entrar a la nómina otros 300 trabajadores, aunque la cifra dependerá del presupuesto que autorice la federación y tampoco se dio la fecha específica en la que se hará el proceso.
Ramírez Perulero dijo que expuso que muchos maestros tuvieron problemas para participar en la convocatoria de cambios de adscripción, ya que el registro se hizo de manera digital y al tener fallas, quedaron fuera del proceso, por lo que pidió que se brinden facilidades a los docentes para que puedan entregar sus solicitudes y en esta caso, también se concedió una prórroga para la recepción de documentos.
Por último, se acordó que hoy se llevará a cabo una reunión con toda la estructura de la SEG, para discutir las demandas particulares de las regiones de la CETEG como retención de salarios, adeudos de horas, pagos a jubilados y otros casos.

 

Esperaron agresores a Demetrio Saldívar en una esquina antes de su casa: fiscal

 

Quienes dispararon y mataron la noche del miércoles al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, fueron “entre dos y tres personas”, quienes lo esperaron en una esquina antes de llegar a su casa en un auto Tsuru blanco sin placas, según un testigo, informó ayer el fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez.
El dirigente perredista llegaba aproximadamente a las 9 de la noche a su casa ubicada en la calle andador Montes Urales, que se encuentra entre las colonias Tomatal y Las Américas, al oriente de la ciudad, cuando fue atacado.
Los agresores dispararon al menos diez veces con pistolas 9 milímetros. Nueve casquillos percutidos de este calibre fueron encontrados en la escena del crimen, según la carpeta de investigación 12020090500525190417.
El fiscal Olea Peláez informó que de acuerdo con los primero peritajes cinco de estos disparos hicieron blanco en el cuerpo de Saldívar Gómez, cuatro de ellos se impactaron en partes vitales y uno fue un rozón.
El fiscal informó de las primeras actuaciones realizadas en esta caso en una conferencia de prensa después de las 3 de la tarde en Casa Guerrero, en donde el gobernador Héctor Astudillo Flores fijó una postura respecto al crimen del político perredista.
Olea Peláez informó que de las primeras investigaciones se advierte lo siguiente: “En el lugar de los hechos, se encontraron nueve casquillos calibre 9 milímetros; en el cuerpo se encontraron cinco impactos de bala y un rozón con diversas trayectorias, pero se advierte que los disparos fueron hechos en posición frontal al vehículo y ligeramente a la izquierda”, detalló.
Contó que uno de los impactos que pegaron en el cuerpo del secretario general del CEE del PRD invadió el cráneo, “lo que implica que lesionó la parte lateral izquierda del cráneo y se considera como mortal”. Dijo que otros tres impactos invadieron el cuello y otro más pegó en la parte posterior de la espalda del lado izquierdo perforando el pulmón del mismo lado.
Olea Peláez agregó que un quinto disparo fue sólo un rozón en el codo izquierdo.
El fiscal dijo que de acuerdo con un testigo Saldívar Gómez fue esperado por dos o tres sujetos en un vehículo “aparentemente” tipo Tsuru color blanco, sin placas, que se encontraba estacionado en una esquina donde el político y su vehículo tendrían que dar vuelta a la izquierda antes de llegar a su casa.
El testigo supone que al llegar al sitio y dar vuelta a la izquierda la víctima, los agresores descendieron del vehículo y dispararon sus armas en diez ocasiones y penetraron los diez proyectiles en el parabrisas del Jetta blanco que conducía.
“Una vez que privaron de su vida al secretario general del PRD, dichos sujetos condujeron su vehículo para salir al libramiento viejo a la ciudad de Tixtla, desconociendo hasta el momento si se dirigieron a aquella ciudad o regresaron a la zona urbana de Chilpancingo”, explicó el fiscal.
Olea Peláez informó que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y que fue entregado a sus familiares a las cinco de la mañana de este jueves.
El fiscal reveló que vecinos de la escena del crimen “percibieron” la presencia de una camioneta color negro “con sujetos ajenos a la zona a bordo”, previo a la agresión al dirigente del PRD, pero no existen evidencias de que haya relación de éstos con el homicidio del perredista.

Hay avances en la investigación del ataque a turistas en el retén de Petaquillas, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez informó que hay avances en las investigaciones del ataque de presuntos policías rurales que operan en Petaquillas a la pareja de turistas, que ocurrió la madrugada del sábado en el retén en la salida de Chilpancingo.
Consultado por teléfono Olea Peláez señaló que no podía dar detalles porque se entorpecería la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para deslindar responsabilidades por la agresión a la pareja proveniente de la Ciudad de México.
El sábado el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó de la agresión a balazos por los “policías comunitarios”, que según el comisario Mario Flores Castrejón son policías rurales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa afirma que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Los afectados no presentaron denuncia por la agresión, pero el vocero afirmó que las autoridades investigarían el caso.
El sábado, Álvarez Heredia informó en un boletín de prensa que la madrugada de ese día “personas armadas que se llaman policías comunitarios” atacaron a balazos a un vehículo que viajaban cuatro personas, dos de ellos resultaron heridos en el retén” que tienen en la entrada a Chilpancingo.

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.