El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.
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Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador
El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.
Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal
El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.
Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos
En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.
Es un proyecto único
En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.
El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán
El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.
Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados
“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.
Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas
Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.
Vecinos armados vigilan desde los cerros
Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.
Ya saben las autoridades quiénes son los que mataron a los dos militares, informa el fiscal
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, declaró este martes que “aparentemente” ya se sabe quiénes son los responsables del asesinato de dos militares en Acapulco, aunque no quiso abundar más en cuanto a la identidad del grupo criminal y de los motivos que tuvieron para levantarlos y después asesinarlos, pues insistió en que no prestaban ningún servicio en la entidad.
A su vez, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, destacó que los militares fueron levantados en una zona donde hay presencia de grupos delictivos, “y una acción permanente y directa de las corporaciones federales y estatales para quitarle a los criminales el control de ese territorio”, por lo que dijo que pudiera ser esa la causa, pero tampoco quiso identificar al grupo responsable que opera en esa zona.
Consultado por teléfono, el fiscal se quejó de que se “tergiversaron” sus declaraciones, en referencia al noticiero nocturno de Radio Fórmula a cargo de Carlos Loret de Mola, en el que se difundió la versión de que ya había detenidos sobre el caso.
“Tergiversaron todo. No hay detenidos. Eso es una mentira. Yo no dije eso. Yo dije que se está investigando y que aparentemente sabemos quiénes son, pero no hay nada”, subrayó el fiscal.
-¿Ese aparentemente qué implica concretamente, fiscal?
-Que no los tengo.
-¿Cómo van las investigaciones, entonces?
-Muy adelantadas, por eso dije aparentemente.
-¿Si aparentemente se sabe quiénes son los responsables, se conoce también cuáles fueron los móviles y a qué banda criminal pertenecen?
-Las investigaciones están en el sigilo correspondiente, y punto. Por eso te digo: se abren comillas, aparentemente -dijo prolongando la pronunciación de la palabra “aparentemente”.
-De acuerdo con ese “aparentemente”, ¿el asunto se va a resolver pronto?
-Siempre he tratado de resolver los asuntos rápido. Algunos se resuelven rápido y otros desafortunadamente no, pero los asuntos se resuelven conforme a derecho. Yo no he dicho absolutamente que ya tenemos detenidos.
-¿Fueron levantados y después asesinados como consecuencia del servicio que prestan?
-Los militares vinieron a hacer un curso a Pie de la Cuesta, no eran gentes que estuvieran asignados a alguna región de Guerrero.
-¿Fue circunstancial su muerte, entonces?
-Fue totalmente circunstancial.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró que también a él, el fiscal le confirmó que no hay detenidos y que las investigaciones siguen su curso, “y hasta el momento se tienen identificados quienes pudieran ser los responsables de los homicidios, pero por el sigilo que requiere esta investigación se tiene que mantener en absoluta discreción”.
El funcionario añadió que a él no le corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de los homicidios, “lo que te puedo decir es que no hay todavía detenidos por estos casos, la investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de información e inteligencia con la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Aclaró que el caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía del estado, dado que la PGR todavía no ha tomado la decisión de ejercer su facultad de atracción, “entonces hasta este momento las investigaciones corren bajo el mando de la Fiscalía del estado, pero con la coordinación y el intercambio de información que se tiene con la PGR”.
El vocero dijo que tienen conocimiento que en el asesinato de los dos militares “hubo extrema violencia en contra de los efectivos militares, no te puedo abundar sobre los detalles pero sí que en este caso tan lamentable se usó una violencia extrema”.
-¿Qué indica eso, qué mensaje se interpreta con eso? –se le preguntó al vocero.
-Más que dar una opinión en relación a esto, yo diría que el contexto en el que se llevaron a cabo estos hechos tan condenables, fue en una zona como la colonia Progreso, el mercado Central, el Tianguis Campesino, en donde hay presencia de grupos delictivos y ha habido una acción permanente y directa de las corporaciones, sobre todo federales, Ejército nacional, Marina, Policía Federal, Policía del Estado y Ministerial, y todos ellos han trabajado intensamente, palmo a palmo, para quitarle a los criminales el control de este territorio. Probablemente eso puede explicar lo que ocurrió cuando grupos criminales identificaron o se dieron cuenta de la presencia de estas personas y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y después las consecuencias que todos ya sabemos.
-Esto implica que se trata de la misma banda delictiva que ha venido cometiendo ilícitos y que según versiones controla la zona del mercado?
-A mí no me corresponde señalar qué grupo pudiera estar detrás de estos homicidios, lo que te puedo decir es que todavía no hay detenidos por estos casos. La investigación va avanzando y se tiene una coordinación e intercambio de inteligencia con la PGR.
-Hay versiones que aseguran que los cuerpos de los militares fueron encontrados uniformados, ¿cómo aseguran ustedes que no estaban en servicio y que era su día de asueto?
-Los soldados pertenecían a la brigada de paracaidistas. Estaban destacamentados en otra región militar, fuera de la entidad. Habían tomado un curso de actualización de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta y les habían dado su franquicia para hacer sus actividades de carácter personal. No estaban uniformados, no estaban armados, vestían de civil y fueron al mercado seguramente a comprar productos de carácter personal, incluso algunos recuerdos para sus familias. Bajo este contexto fue que se encontraban en ese lugar, en donde hay mucha venta de artesanías y se encontraban allí en calidad de francos.
-Si no prestaban su servicio en la región, no estaban uniformados y no tenían permanencia en Guerrero, ¿cómo es que fueron ubicados e identificados por los delincuentes que los levantaron y después los asesinaron con extrema violencia?
-Esa pregunta hay que hacérsela a los grupos criminales. Ellos tienen su sistema de vigilancia, los halcones, y probablemente detectaron la presencia de personas sospechosas, que no eran locales, les llamó la atención y tomaron la decisión de privarlos de su libertad y posteriormente cometer este ruin asesinato.
-¿Si ya se tienen identificados a los que cometieron el crimen, que indica, quiénes son?
-A mí no me corresponde decir quiénes pueden ser porque estaría yo violando la secrecía que se tiene que tener en estos delicados procesos de investigación. Lo que sí te puedo decir es que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía del estado con la colaboración y el intercambio de información estratégica y de inteligencia de la PGR, y con la colaboración e intervención directa de todas las dependencia de carácter federal y estatal en materia de seguridad. Esto ha permitido que las investigaciones tengan un avance importante, que, obviamente, esperamos que se puedan completar con la detención de quienes pudieron ser los responsables.
Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.
El robo de medicamentos
En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.
El comunicado del IMSS
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.
Por extorsión, el asesinato de los empleados de la pastelería, dice el fiscal
El fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó que el asesinato de los dos jóvenes empleados de la pastelería Charlotte, ubicada en avenida Universidad, “se trata presuntamente de una extorsión”.
Durante la conferencia que dio ayer en el Centro de Convenciones, Olea Peláez lamentó el asesinato de los empleados de la pastelería, uno de ellos una estudiante de la Unidad de Enfermería 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco, “lo lamento muchísimo”.
Sin dar mayores detalles de la investigación, el fiscal explicó que están a la espera de que los dueños de la pastelería, que están en Guadalajara, se presenten a la Fiscalía y la dependencia tenga acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Indicó que el inmueble que ocupa la pastelería Charlotte fue asegurado y que están “en espera de que vengan esas personas (los dueños) porque hay cámaras, entonces ahí podemos ver los rostros de estas dos personas o tres”, que asesinaron a los trabajadores.
Olea Peláez dijo que “en este caso puede existir la extorsión, necesitamos la declaración de los dueños de la pastelería para saber si a ellos los estaban extorsionando o no. Quiénes los estaban extorsionando, qué tipo de gente era la que los estaba extorsionado, cuáles eran sus características y después el homicidio”.
El sábado pasado, a las 9 de la noche, los empleados de la pastelería fueron asesinados a balazos por hombres armados.
El cuerpo de la estudiante de Enfermería quedó junto a la caja fuerte del negocio, en el área de cobro, mientras que su compañero fue hallado en la zona de atención a clientes, junto a los refrigeradores. Ese día hubo siete personas asesinadas en Acapulco.
Entregan 76 alcaldías su Ley de Ingresos; el resto deberá ajustarse al paquete fiscal
En total 76 ayuntamientos entregaron al Congreso local su iniciativa de Ley de Ingresos, informó vía telefónica el presidente de la Comisión de Hacienda, Ignacio Basilio García, y explicó que los cinco ayuntamientos restantes deberán sujetarse a la Ley General de Ingresos que presentó el gobierno del estado en su paquete fiscal.
El plazo para que los gobiernos municipales entregaran sus iniciativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, venció el sábado pasado, y el diputado local priista dijo que no habrá prórroga, aunque no precisó qué ayuntamientos no cumplieron.
Comentó que el año pasado se dio 15 días más a los alcaldes porque recién habían entrado en funciones y ello complicó la elaboración de sus proyectos.
Basilio García explicó que la Comisión de Hacienda analizará cada una de las 76 iniciativas presentadas, para determinar si son o no procedentes y posteriormente dictaminarlas, y recordó que el pleno deberá avalarlas, con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes.
Recordó que el plazo para aprobar las iniciativas es el 29 de diciembre, sin embargo dijo que la Comisión de Hacienda trabajará para que a finales de noviembre todas hayan sido votadas. (Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo).
Aumentarán todos los impuesto de Zihuatanejo en un 3%
El alcalde perredista de Zihuatanejo, Gusta-vo García Bello, anunció que todos los im-puestos que cobra el Ayuntamiento tendrán un aumento del tres por ciento en 2017.
Este lunes, al término del acto inaugural de la brigada comunitaria de difusión para la atención y prevención hacia las mujeres PAIMEF 2016, dijo que “generalmente los ayuntamientos pueden proponer sus ingresos, pero el Congreso determina si procede o no, yo creo que no estamos en condiciones de elevar impuestos, solamente lo normal, los incrementos anuales son del 3 por ciento”.
Informará hoy el fiscal Olea al CEE del PRD sobre el asesinato de Chavarría
Este martes el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD se reunirá en privado con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que éste informe sobre la situación que guarda la investigación del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
Como cada semana, ayer la dirigencia del PRD sesionó en sus oficinas que se encuentran frente al mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde se presentó la primera propuesta del partido para la redistritación local y se acordó también una reunión con el fiscal para tratar el caso del diputado asesinado hace siete años, el 20 de agosto de 2009 afuera de su casa en el sur de esta ciudad.
Consultada vía telefónica, la secretaria de Derechos Humanos del CEE, Yenedith Barrientos Santiago, explicó que en la sesión de ayer se planteó la necesidad de que la dirigencia se reúna con Xavier Olea luego de que el domingo se publicó un comunicado de la FGE en el que se informa de presuntas irregularidades en la investigación del asesinato del presidente del Congreso.
En ese comunicado, titulado “Información sobre situación actual y esquema de acción de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso Chavarría”, la institución reconoció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar, lo que dio lugar a que no se garantizara “un debido proceso jurídico”.
También reconoció que hubo un entorpecimiento doloso en las investigaciones y responsabilizó de ello al ex fiscal especial José Fernando Monreal Leyva, nombrado en 2009 para el caso por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo junto a Jesús Miranda Rodríguez.
Ante la revelación de la FGE, Barrientos Santiago dijo que la Secretaría de Derechos Humanos propuso buscar un encuentro con el fiscal, a fin de que amplíe la información difundida en el comunicado.
Explicó que el CEE estuvo de acuerdo y ayer mismo la secretaría que ella encabeza se contactó con Xavier Olea y programaron la reunión para hoy a la 1:30 de la tarde en las instalaciones de la FGE.
Comentó que en la reunión la dirigencia pedirá que se informe el estado que guarda la investigación del caso, además de que exigirán castigo a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, que el pasado sábado cumplió siete años de haberse cometido.
“Lo que tenemos que hacer como dirigencia es la exigencia del esclarecimiento del caso. Por eso acordamos sacar una audiencia para que nos reciba el fiscal y ese es el tema único, queremos saber cuál es el procedimiento que se le ha dado al caso, también que nos hable de las probables anomalías, eso es lo que solicitaremos y lo más sustancial es que se esclarezca el caso”, explicó.
Indicó que lo que les informe el fiscal será notificado a la familia de Armando Chavarría.
Respecto a por qué no invitaron a la viuda, Martha Obeso Cázares, o a alguno de los hijos del diputado, comentó que el procedimiento es institucional y por eso asistirá sólo la dirigencia, sin embargo aclaró que sí le informarán a la familia lo que el fiscal exponga.
Por su cuenta, el secretario general y representante ante la Junta Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE), Demetrio Saldívar Gómez, dijo que en la sesión de ayer se presentó a los integrantes del CEE la primera propuesta de redistritación elaborada por el PRD.
Dijo que para esta primera propuesta se consideró la situación regional del estado, la cultura que los municipios comparten, sus vías de comunicación, la integración de las comunidades indígenas y otros aspectos, ajustándose a los ocho criterios que establece el INE.
El secretario general del partido comentó que en esa primera propuesta se privilegia la afinidad de los municipios y los criterios poblacionales, porque “no pueden estar regiones distintas en un mismo distrito, como se pretende con Tierra Caliente y Costa Grande”.
Indicó que probablemente el miércoles cada partido presentará su propuesta tanto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como en la Junta Local de Vigilancia del INE.
Dijo que se buscará el consenso para impulsar un escenario único. “Se debe privilegiar al electorado, para que los ciudadanos puedan acceder al centro de votación, que el traslado de la paquetería sea rápido, lo mismo que la emisión de los resultados”.
El fiscal Olea le dijo que no hay ningún avance en la investigación, afirma la viuda de Chavarría
La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, declaró que a siete años de la ejecución de su esposo, el único procurador que dio certeza a las investigaciones fue Alberto López Rosas, pero que cuando encontró evidencias de que el presunto responsable intelectual fue el ahora ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones para protegerlo.
Consultada por El Sur, la viuda de quien era el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado cuando fue ejecutado el 20 de agosto del 2009, insistió en que todos los procuradores y gobernadores han venido actuando con opacidad y que le han negado información y copias del expediente.
Informó que hace dos semanas se reunió con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, quien reconoció que no cuenta con avances de las investigaciones, a pesar de que en marzo pasado declaró estar muy cerca de quienes pudieron haber cometido el crimen.
“Yo estoy convencida que desde hace siete años, el único procurador que hizo investigaciones serias, de todos los que han transitado en la institución de procuración de justicia, fue Alberto López Rosas”, dijo Obeso Cázares
Recordó que fue en junio del 2011 cuando se conoció la información “que le dio seriedad a la línea que lleva a la presunta autoría intelectual del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se conoció esta información, pero también cuando se frenó la investigación. Después de eso evidentemente (el caso) se manoseó, se hizo un trasiego sucio, se extrajeron hojas del expediente y se manejó en la más completa opacidad para evitar cualquier vestigio y el expediente del caso pudiera convertirse en una investigación seria y profesional”, se quejó la viuda.
Subrayó que tiene la certeza que el expediente fue manipulado y mutilado para proteger al ex gobernador Zeferino Torreblanca, “por supuesto que creo que se quiere protegerlo a toda costa, que se quiere sustraer cualquier indicio, pista o información que lo involucre y lo señale como autor intelectual”.
Añadió que toda esa información es clave para el caso, pero que también “es la pista y la línea que ellos siempre quisieron desechar”, insistió.
Explicó que tiene la percepción que de parte del entonces procurador Alberto López Rosas había la voluntad de esclarecer y resolver el caso, pero que la investigación fue frenada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero o por alguien de más arriba.
“Yo tengo esa percepción. O sea, yo digo que quien se interesó en el tema, tuvo la voluntad de esclarecerlo y se comprometió con el caso, y sí realizó investigaciones, fue el procurador López Rosas, pero fue frenado por el gobernador Ángel Aguirre”.
Pero Obeso Cázares declaró que ni siquiera en el periodo en que estuvo el procurador López Rosas pudo tener en sus manos una copia del expediente para conocer cómo se iniciaron las investigaciones, “siempre hemos solicitado copias del expediente porque es un derecho que tenemos como familia directa para poder coadyuvar con el caso, pero siempre nos lo han negado con el argumento de la secrecía”, denunció.
Explicó que en el periodo de López Rosas lo único que logró fue que le entregara algunas hojas que dan cuenta únicamente del levantamiento cadavérico, “y eso lo hizo porque la aseguradora me pedía copia del expediente de las primeras actuaciones para poder cobrar el seguro de vida”.
La viuda de Chavarría Barrera denunció que todas las investigaciones se han hecho en la opacidad, y que incluso la reconstrucción de hechos se realizó “en sigilo, de forma subrepticia y totalmente irregular”.
Contó que una madrugada despertó y lo que vio la llenó se zozobra y de miedo. Afuera de su casa había una invasión de patrullas con sirenas abiertas, y alrededor hombres armados. Ella salió a preguntar qué pasaba y le dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos.
Dijo que previamente la familia del asesinado no tuvo conocimiento de nada y mucho menos le solicitaron su participación, “hasta cuando solicité información de lo que estaba sucediendo me dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos”.
La fecha no la recordó con exactitud, pero dijo que ocurrió meses después del 20 de agosto del 2009, fecha de la ejecución de su cónyuge.
Ante la manipulación, cerrazón, opacidad, impunidad y el autoritarismo con el que se ha encontrado en la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia del estado), dijo que ha recurrido a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga las investigaciones y no se cierre ni le den carpetazo al caso y se conozca la verdad.
“Esa ha sido nuestra lucha, que no lleguen a cerrar el caso, como han pretendido hacerlo, particularmente en el mismo gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
Se quejó que todos los gobiernos que han pasado le han apostado “a que el polvo del olvido cubra y selle la impunidad y nunca jamás sepamos lo que sucedió y no se haga justicia”.
Insistió que contra eso acudieron a la CIDH y que están en espera de la admisibilidad del caso desde diciembre del año pasado.
Además denunció que desde el asesinato de su esposo buscó en el estado abogados que quisieran hacerse cargo del caso pero que nadie aceptó, “todos se excusaron con diferentes argumentos. Algunos me dijeron que era un caso muy espinoso, otro más de plano me dijo que era muy peligroso, que no le permitirían investigar y que estaría en riesgo su vida”.
Agregó que después se fue a la ciudad de México, pero que los que contactó fueron hostigados, amenazados y obligados a dejar el caso.
Recordó que el último intento fue crear una fiscalía especial para el caso, con todo y que las fiscalías no han resuelto ninguno de los casos emblemáticos, pero que en aras de que el caso de su esposo no se empolve y se quede allí, propuso en el gobierno de Rogelio Ortega que se creara esta fiscalía, pero que la respuesta la dio en las postrimerías de su mandato y se hizo la propuesta del abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz, pero que nunca se aceptó ni se creó la fiscalía para el caso.
Añadió que el problema es que en todos los gobiernos no han querido resolver el caso y que todos ratifican el pacto de impunidad para sellar la protección hacia el contador Zeferino Torreblanca.
“Él (Torreblanca Galindo) ha dicho que se trata de una obsesión mía, pero no es el caso, yo nunca he dicho condénenlo sin investigarlo. Yo lo que he exigido es que se le indicie porque existen pistas claras y señalamientos directos hacia su persona como posible autor intelectual, pero jamás lo han querido investigar”, se quejó.
Declaró que la misma situación se ha encontrado con el actual gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, con quien no se ha reunido para tocar el tema, pero informó que sí se reunió hace aproximadamente dos semanas con el fiscal Xavier Oléa Peláez, pero que le dijo que no hay absolutamente ningún avance.
—¿No sé si recuerde usted que en marzo pasado el fiscal Olea declaró que estaba muy cerca de llegar con los responsables y resolver el caso? —consultó el reportero.
—Pues sí, sí lo ha dicho, pero lo cierto es que sólo son palabras. Esa es la verdad. A mí no me dio información de ningún avance, por el contrario, la percepción que me dejó es que tampoco tienen el ánimo ni el interés de resolver el caso.
“Me dijo también que está trabajando en el caso hasta configurar una hipótesis, pero la verdad es que ya van para nueve meses de este gobierno y el fiscal no me informó de ningún avance, por el contrario, me confirmó que no tenía nada”, agregó.
El 2 de marzo el fiscal Xavier Olea Peláez dijo lo siguiente en torno al caso Chavarría Barrera: los anteriores fiscales “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”.
La viuda de Chavarría Barrera informó que las actividades que tienen programadas para este 20 de agosto, en el marco del séptimo aniversario de su asesinato, tendrán la característica de sumar las voces contra la impunidad, “para que se esclarezca y se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables del asesinato de Armando Chavarría y que se retome la investigación de manera profesional y se ponga fin a ésta trasiego descarado de la información, del manejo descarado del expediente”.
Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso del estado, fue ejecutado de 10 balazos al salir de su casa, al sur de la ciudad, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.
Los primeros datos que dieron los cuerpos policiacos fue que su cadáver fue encontrado en el interior de su automóvil, recargado sobre la puerta derecha. En la frente tenía un orificio a manera de tiro de gracia.
Cuando fue ejecutado era considerado como el más viable candidato del PRD a gobernador del estado para las elecciones de 2011.
Van hoy al Congreso el secretario de Seguridad, el fiscal y el titular del Consejo Estatal de Seguridad
Este martes comparecerán ante las comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes; el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz; y el fiscal general Xavier Olea Peláez, quienes informarán de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
La reunión se realizará en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local.
A pesar de la insistencia del PRD de que también lo hiciera el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno de Héctor Astudillo Flores, las fracciones del PRI y del PVEM, que hacen la mayoría en el Congreso, lo impidieron.
La comparecencia se da luego de una semana llena de señalamientos entre la dirigencia del PRD y su fracción parlamentaria con el gobierno del estado que, a través de Florencio Salazar, responsabilizó a las administraciones perredistas de la crisis de violencia que priva en el estado y acusó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, de ser omiso y no cumplir su responsabilidad en la materia.
Estas acusaciones se dieron luego del asesinato del alcalde de Pungarabato, el perredista Ambrosio Soto Duarte, quien fue emboscado por hombres armados la noche del 23 de julio cuando regresaba de Huetamo, Michoacán, lo que motivó críticas del PRD a la estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal.
Evodio Velázquez incluso fue a la Ciudad de México para manifestar, a nombre de los alcaldes perredistas, que el asesinato de Soto duarte es un “golpe” directo a la institucionalidad del país, una provocación y un reto a las mismas.
La comparecencia de hoy está programada a las 9 de la mañana en la Sala José Francisco Ruiz Massieu y será a puerta cerrada, por lo que no se permitirá el acceso a los medios de comunicación.
Del PRI habrá cinco diputados, cuatro del PRD, tres del PVEM, dos de Movimiento Ciudadano, y uno del PT, PAN y Morena. Cada funcionario tendrá 30 minutos para leer el informe que presentarán a las comisiones, y después habrá una ronda de preguntas por parte de los legisladores.
El exhorto para la comparecencia del gabinete de seguridad y del fiscal fue presentado desde el 26 de abril pasado por el diputado Sebastián de la Rosa Peláez; su propuesta estaba prevista que se votara como de urgente y obvia resolución, pero al no tener consenso, el diputado solicitó que se turnara a la Comisión de Gobierno.
Días después, el propio Sebastián de la Rosa reveló que pactó un acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, para que el exhorto que presentó no fuera votado de urgente y obvia resolución, con el compromiso de que el dictamen sería presentado en dos sesiones posteriores, acuerdo que no se cumplió.
La propuesta se presentó de nueva cuenta el 19 de julio, pero el PRI y el PVEM hicieron valer su mayoría y evitaron que se resolviera como un asunto de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada a comisiones.
Fue hasta después del asesinato de Ambrosio Soto que la Comisión de Gobierno informó que sí se citaría a comparecer al gabinete de seguridad, sin embargo se dejó fuera a Florencio Salazar.