Antes de que los alcaldes se sumaran a la protesta, las autoridades federales y estatales de seguridad integradas en la Mesa de Coor-dinación para la Construcción de la Paz emitieron un boletín en el que expresaron que los bloqueos de ayer fueron instigados por grupos delictivos en respuesta a las acciones acordadas el jueves en la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado con alcaldes y diputados de la Tierra Caliente y algunos de la zona Norte.
El comunicado indica que “como una reacción al incremento de las fuerzas de seguridad y a las acciones emprendidas desde la Mesa… en la reciente sesión celebrada desde Ciudad Altamirano, grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.
“Las instancias de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mantienen el control de las vías de comunicación que fueron afectadas por los bloqueos realizados por civiles y transportistas azuzados por grupos delictivos que operan en la zona”, en alusión al grupo La Familia Michoacana, predominante en la región.
Ya por la noche, en otro boletín, se indica que para continuar brindando seguridad a la población en las regiones Norte, Tierra Caliente y la Sierra, las instituciones de la Mesa acordaron mantener presencia y redoblar las acciones ante los bloqueos de transportistas en diversos puntos.
Allí la Fiscalía General del Estado aseguró que es respetuosa de los derechos humanos, por lo que rechaza los señalamientos que realizan algunas autoridades municipales, las cuales encabezan “actos constitutivos de delito” al afectar las vías de comunicación a través de bloqueos que perjudican las actividades de la ciudadania y obstaculizan las labores de seguridad y en materia de procuración de justicia, además de las acciones de prevención del delito.
“Cabe recalcar que es deber de esta institución realizar la función constitucional de investigación y persecución efectiva del delito dentro del marco del proceso penal acusatorio para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y que el culpable no quede impune, por lo que, como parte de las acciones de la actual administración, se invita a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes, en caso de un mal ejercicio del servicio púbico”.
Las instituciones de seguridad en Guerrero invitaron a la población a coadyuvar con sus denuncias para facilitar el trabajo de las autoridades en bien de la pacificación del estado, la gobernabilidad y el bienestar social, enfrentando de forma integral la violencia que generan grupos fuera de la ley.
Algunos de los autos asegurados cuando llegaban a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Coyuca de Catalán Foto: Israel Flores
Cierran carreteras en Tierra Caliente contra decomisos de la Fiscalía; participan alcaldes
Los presidentes municipales denuncian que un día después de que ante la gobernadora denunciaron los atropellos y robos de policías ministeriales, éstos actuaron con represalias contra la población. Reportan bloqueos en Altamirano, Santa Bárbara, Tlapehuala, Morelita, Poliutla que es la entrada a San Miguel Totolapan, en Arcelia, Acapetlahuaya, Cutzamala, Coyuca de Catalán y Tlalchapa
Israel Flores
Ciudad Altamirano
La tarde de este viernes luego del decomiso de vehículos de una bodega por agentes de la Fiscalía General del Estado, transportistas cerraron las carreteras federales en toda la región Tierra Caliente, y se sumaron los alcaldes de cada municipio a las protestas señalando que un día después de que ellos denunciaron los atropellos y robos de policías ministeriales, éstos actuaron con represalias contra la población.
Aproximadamente a las 2 de la tarde la Policía Ministerial entró a la bodega de Tierra Blanca que la semana pasada había cateado, en donde según el reporte oficial había 30 vehículos de los cuales “ninguno de ellos tenía reporte de robo”, por tal motivo, no se llevaron ninguno.
Sin embargo, en el resto de la semana dejaron una patrulla en la entrada de la calle las 24 horas vigilando la bodega hasta que este viernes decidieron entrar nuevamente y sacar ocho vehículos.
El decomiso fue realizado por agentes de la Fiscalía con apoyo de la Guardia Nacional que montó un filtro de seguridad en la carretera. Los carros fueron llevados a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, y después a instalaciones del aeropuerto en Santa Bárbara.
En poco tiempo transportistas bloquearon la carretera y se anunciaron otros en diferentes municipios.
Una hora más tarde se confirmó que había bloqueos en la carretera federal que va de Altamirano a Iguala en la entrada del 34 Batallón, en la localidad de Santa Bárbara en la entrada del aeropuerto, en Tlapehuala, Morelita y Poliutla que es la entrada a San Miguel Totolapan. También había bloqueos en Arcelia y en Acapetlahuaya.
Mientras que en la carretera 134 que va de Toluca a Zihuatanejo, reportaron bloqueos en el puente de San José en Cutzamala, que cruza el río del mismo nombre, y también estaba bloqueado el puente Miguel Alemán sobre el río Balsas en Coyuca de Catalán.
Además estaba bloqueada la carretera en Las Querendas sobre la ruta Tlalchapa y hubo un segundo bloqueo en las Lomas de Apopio en Santa Bárbara justo donde termina la pista Aérea.
Así que quedó paralizada completamente la Tierra Caliente.
Hay un enfado social contra los agentes, dicen alcaldes
Aproximadamente a las 5 de la tarde se anunció que alcaldes donde había bloqueos se sumaron a las protestas e hicieron declaraciones públicas en contra de la Fiscalía del estado, a la que señalaron que la movilización es muestra de un enfado social en contra de sus agentes, luego de meterse a casas sin orden de cateo.
Señalaron a los policías ministeriales de realizar robos en comunidades y poblaciones, de lo cual informaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en la reunion del jueves en las instalaciones del 34 Batallón, y que por eso hubo represalias de la Fiscalía a cargo de la teniente coronel Sandra Luz Val-dovinos Salmerón.
El alcalde de Pungarabato Cuauhtémoc Mastachi (PRI) acompañado de unas 100 personas se manifestó en el puente de Riva Palacio –hacia Michoacán– donde estaba el bloqueo, con gritos de “fuera Fiscalía”. Allí dijo que “parece una burla de parte de la gobernadora que un día después de que nos sentáramos a platicar acerca de traer la paz a la Tierra Caliente y después de los compromisos que realizó, su Fiscalía venga por atropellos en la Tierra Caliente como lo ha venido haciendo en los últimos meses, robándole a la gente lo poco que tiene bajo de la bandera de combatir la delincuencia, pero lo que están haciendo es robarle a la gente que menos tiene y aquí en Pungarabato ocurrió esto hoy y no lo vamos a permitir, no estamos de acuerdo en lo que está haciendo la Fiscalía”.
En Cutzamala de Pinzón la presidenta municipal Mayté Arce Jaimes (PRI) se sumó a las protestas en contra de la Fiscalía, y con unas 200 personas dijo que no quieren más atropellos de los ministeriales.
En Tlalchapa la presidenta municipal Tania Mora Eguiluz (Morena) también se sumó a los bloqueos y dijo que están en contra de los atropellos de la Policía Ministerial, quienes han llegado a su municipio sin los uniformes y utilizando vehículos que no son oficiales para meterse a casas sin orden de cateo, y que la población está cansada de los atropellos.
“Exigimos que la Policía Ministerial deje de realizar actos de corrupción en la Tierra Caliente y en el municipio de Tlalchapa en contra de la población civil”, exclamó.
En Arcelia el diputado Adolfo Torales Catalán (PRI) dijo que “nos enteramos por la presidente de Tlalchapa que estaba ocurriendo y gente agredida en ese municipio, y estábamos por trasladarnos cuando nos informaron de los bloqueos. Nos sumamos a este bloqueo porque el día de ayer estuvimos en un diálogo con la gobernadora, es lamentable el hecho de que llegamos a unos acuerdos y hoy se rompen esos acuerdos porque es lamentable que ayer la fiscal se comprometió a que iba a trabajar conjuntamente, y hoy la misma Fiscalía viene y ocasiona estos problemas y no se vale, porque sigue atropellando a la gente y sus cateos no son legales, los agrede, golpea a la población y por eso está aquí la gente. Esto es de manera indefinida hasta que la propia gobernadora tome cartas en el asunto y yo me sumo con los presidentes municipales a esta protesta”.
Los policías agreden a la población, dice el alcalde de Arcelia
El alcalde de Arcelia, Bulmaro Torres (PRI) dijo que “nosotros nos sumamos a estas protestas porque creemos que el sentir es justo en contra de los atropellos de la Ministerial. Ayer nos reunimos con la gobernadora y le comentamos que habíamos sido amenazados por Los Tlacos, y le pedimos que actuara y en consecuencia lo que vemos ahora es que la Fiscalía está agrediendo a la población civil aquí en Tierra Caliente, contra de los transportistas, contra de los comerciantes”.
En Coyuca de Catalán el presidente municipal le pidió la gobernadora que ponga orden, “y que salga la Fiscalía de la Tierra Caliente porque agrede a la población. Acaba de venir usted con la idea de pacificar la Tierra Caliente gobernadora, y esto viene a violentar a Coyuca de Catalán y a la Tierra Caliente, le pedimos su apoyo y su ayuda” y finalizó gritando “fuera la Fiscalía”.
Dijo que “a la gobernadora se le pidió paz, pero así es como respondió”. El presidente de Coyuca de Catalán se hizo acompañar con un grupo como de 200 personas que se manifestó afuera de las instalaciones de la Fiscalía, en tanto que un grupo de transportistas mantenía bloqueado el paso por el puente del Balsas.
En Tlapehuala el presidente municipal José Luis Antúnez (PRI) dijo, “la gente ya está harta de la Fiscalía que catee los domicilios, que se meta a las casas, se meten en vehículos particulares y de esta forma tienen la oportunidad de llevarse todo lo que encuentran en las casas”.Dijo que la petición es que la Fiscalía no haga nada fuera de la ley, y que la protesta en la que se sumó se mantendrá de manera indefinida.
Se mantienen bloqueos y ministeriales destruyen autos
A las 10 de la noche de este viernes se mantenían los bloqueos en los mismos puntos. La Policía Ministerial y el Ejército llevaron los carros decomisados a las instalaciones del aeropuerto y pidieron a los transportistas que mantuvieran abierta la carretera.
Debido a que a las 9 de la noche llegaron 15 patrullas de la Ministerial con dos carros más sumaron 8 vehículos decomisados, y los transportistas mantenían cerrada la carretera.
Los ministeriales poncharon llantas y chocaron los autos unos contra otros. Rompieron cristales de los taxis y a algunos les aventaron los camiones de volteo estacionados y quedaron chocados.
La entrada al aeropuerto se mantuvo abierta, pero posteriormente el bloqueo se trasladó un kilómetro adelante.
Tras los bloqueos están grupos ligados a la delincuencia, responden autoridades
Encabezan los alcaldes actos constitutivos de delitos, advierte la Fiscalía estatal
Antes de que los alcaldes se sumaran a la protesta, las autoridades federales y estatales de seguridad integradas en la Mesa de Coor-dinación para la Construcción de la Paz emitieron un boletín en el que expresaron que los bloqueos de ayer fueron instigados por grupos delictivos en respuesta a las acciones acordadas el jueves en la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado con alcaldes y diputados de la Tierra Caliente y algunos de la zona Norte.
El comunicado indica que “como una reacción al incremento de las fuerzas de seguridad y a las acciones emprendidas desde la Mesa… en la reciente sesión celebrada desde Ciudad Altamirano, grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.
“Las instancias de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mantienen el control de las vías de comunicación que fueron afectadas por los bloqueos realizados por civiles y transportistas azuzados por grupos delictivos que operan en la zona”, en alusión al grupo La Familia Michoacana, predominante en la región.
Ya por la noche, en otro boletín, se indica que para continuar brindando seguridad a la población en las regiones Norte, Tierra Caliente y la Sierra, las instituciones de la Mesa acordaron mantener presencia y redoblar las acciones ante los bloqueos de transportistas en diversos puntos.
Allí la Fiscalía General del Estado aseguró que es respetuosa de los derechos humanos, por lo que rechaza los señalamientos que realizan algunas autoridades municipales, las cuales encabezan “actos constitutivos de delito” al afectar las vías de comunicación a través de bloqueos que perjudican las actividades de la ciudadania y obstaculizan las labores de seguridad y en materia de procuración de justicia, además de las acciones de prevención del delito.
“Cabe recalcar que es deber de esta institución realizar la función constitucional de investigación y persecución efectiva del delito dentro del marco del proceso penal acusatorio para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y que el culpable no quede impune, por lo que, como parte de las acciones de la actual administración, se invita a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes, en caso de un mal ejercicio del servicio púbico”.
Las instituciones de seguridad en Guerrero invitaron a la población a coadyuvar con sus denuncias para facilitar el trabajo de las autoridades en bien de la pacificación del estado, la gobernabilidad y el bienestar social, enfrentando de forma integral la violencia que generan grupos fuera de la ley.
Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).
La Fiscalía General del estado informó que realiza una investigación “exhaustiva” y “especial” de los hechos ocurridos el martes, cuando fue asesinado el gerente de la oficina de la CAPAMA en Ciudad Renacimiento, Arquímedes Guzmán Cisneros, y resultó herido de bala el encargado del departamento de detección de tomas clandestinas, Jorge Trujillo Acevedo, quien sigue internado y su estado de salud es delicado.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General aclaró que la prevención de los delitos no es competencia de la dependencia, que las oficinas municipales deben ser resguardadas por policías porque se recibe del dinero de los usuarios que acuden a pagar el servicio.
“Resulta importante apuntar que el Ejecutivo estatal solicitó al fiscal general que el ataque en la CAPAMA se investigue de manera especial”, se detalla en el boletín, y agrega que la prevención del delito está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Fiscalía.
Se indica que la Fiscalía se encarga de la investigación de los delitos del fuero común, “por lo que reiteramos que no es competencia la prevención de los mismos, el Ministerio Público interviene después de haberse consumado el hecho y es cuando inicia la labor investigadora de la Fiscalía guerrerense”.
Por otra parte, de acuerdo con el reporte médico, el estado de salud del encargado del departamento de detección de tomas clandestinas, Jorge Trujillo Acevedo, es “muy malo”.
Se detalla que Trujillo Acevedo podría perder la pierna derecha porque tiene una lesión vascular en la vena y la arteria iliaca interna del lado derecho.
Una fuente consultada explicó que la pierna derecha “no tiene pulso, está negra”.
La arteria iliaca interna se ubica en la zona de la pelvis y un impacto de bala llega a ser mortal.
La fuente consultada consideró que el pronóstico “es muy malo. El martes se le operó, encontrándose lesiones vasculares”.
El mismo informe agrega que las arterias fueron “empaquetadas y probablemente mañana (hoy) se desempaquete para ver cómo responde”.
