Localizan en el segundo día de búsqueda más trozos de huesos en fosas de Mexcaltepec, Taxco

Miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos, ayer en las tareas de búsqueda de fosas clandestinas en la diligencia en el cerro Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco Foto: Cortesía Los Otros Desaparecidos

Alejandro Guerrero

Iguala

En el segundo día de diligencia conjunta entre colectivos de familiares de víctimas de desaparición de Iguala, la cual se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) en el cerro Las Antenas de la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, en cuatro de ocho fosas excavadas, que antes ya habían sido procesadas por la Fiscalía estatal, fueron localizados y recuperados más fragmentos óseos como vértebras, costillas y falanges humanas.
La diligencia inició este lunes en el que participan miembros del colectivo Los Otros Desaparecidos, y de otros que se han escindido de éste, como Madres Igualtecas, Independiente y otro de nueva creación, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y binomios caninos de la FGR y FGE, así como resguardo de la Guardia Nacional y Policía del Estado.
Por la tarde, en declaraciones por teléfono la activista y directora de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena Cruz, informó que ayer siguieron en el mismo cuadrante que iniciaron el día anterior.
Abrieron ocho fosas, las cuales excavaron entre 80 centímetros y un metro de profundidad, para documentar bien el trabajo y abrir lo necesario hasta confirmar que no haya víctimas. De esos, dijo, cuatro dieron positivo en los que han hallado sólo fragmentos de osamentas como vértebras, costillas o falanges, “de lo que la Fiscalía del estado dejó”, pero que no han encontrado huesos largos ni cráneos.
Indicó que debido a estos hallazgos no han podido avanzar en su búsqueda porque los peritos y antropólogos con apoyo de los colectivos, han estado cribando la tierra en busca de más fragmentos.
Destacó la importancia de estos hallazgos porque son piezas de las que se va a poder obtener ADN, información que servirá para confrontar con la base de datos genéticos con los que ya cuenta la Fiscalía de la República y que ha tomado de las familias, por lo que en caso de coincidir alguno, se le pediría a la Fiscalía estatal información de esos cuerpos, pues fueron ellos quienes los exhumaron en la diligencia realizada a mediados de febrero de 2014 que fueron recuperadas 25 osamentas.
Dijo que estos primeros dos días de la diligencia conjunta entre las organizaciones “ha sido prácticamente para ir levantando lo que la Fiscalía del estado dejó”, y destacó que se buscará tener la certeza de quiénes son esas víctimas, “y poderle exigir en su momento a la Fiscalía estatal que nos entreguen los cuerpos que se han llevado”.
A pregunta hecha, Bahena Cruz confirmó que en las ocho fosas que abrieron, localizaron cintas plásticas que antes ya había dejado la FGE en señal de que ya fueron procesadas, así como otras que abrieron a petición de los otros colectivos, pero que ya habían sido exploradas recientemente por ellos en coordinación con la FGR.
Ayer, dijo, ya hubo menos rispidez entre los integrantes de los diferentes colectivos, luego de que los peritos federales de la FGR aclararon que las búsquedas y hallazgos no son individualizadas para ninguna agrupación, sino que los hallazgos son en beneficio de todas las familias, sin que haya competencia.

 

Trasladan a los nueve policías detenidos por el caso Ayotzinapa al penal del Altiplano

Familiares de los policías del estado detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los nueve policías -siete estatales y dos municipales de Iguala-, vinculados con la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, fueron trasladados a las 11 de la mañana de ayer de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Chilpancingo, al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
A esa hora, afuera de la delegación de la FGR, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad, aseguraron que son inocentes y que no tienen nada que ver en el caso.
Pidieron que, cuando menos, les permitieran verlos antes de trasladarlos al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como del Altiplano, pues aseguraron que los tenían incomunicados desde el miércoles cuando fueron detenidos.
Los policías estatales: Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jiménez Morales, Alberto Chávez Álvarez fueron detenidos el miércoles
Mientras que a los policías municipales de Iguala, los hermanos: Navis e Imer Mayo Zúñiga los capturaron el martes.
Familiares de los policías estatales confirmaron que éstos estaban comisionados en diferentes lugares del estado y que los siete fueron citados a un curso que comenzó el martes en la Universidad Policial (Unipol), donde fueron detenidos ayer por personal de la Marina y trasladados a las instalaciones de la FGR.
Los nueve policías fueron trasladados en camionetas Pick Up con vidrios polarizados, y al menos de la delegación de la FGR, salieron resguardados por tres patrullas con personal de la Marina.
Antes, algunos familiares de los detenidos exigieron su libertad y aseguraron que son inocentes.
Lucía Durán Mosso, hermana de Juan, denunció que su hermano es hipertenso y que necesita tomar permanentemente sus medicinas, “y no se vale que sin deber nada lo hayan detenido”. Dijo que hace responsable al gobierno si le llega pasar algo.
Aseguró que su hermano no tuvo que ver en el caso de la desaparición de los 43 que ocurrió en Iguala, porque el 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, él estaba en Chilpancingo comisionado como escolta del director del periódico Vértice, Dan Nobel Castorena
Beatriz Durán, otra hermana de Juan, exigió justicia para él; “no se vale que a mi hermano lo hayan metido sin culpa. En ese tiempo él estaba aquí, incluso tenía vacaciones y no se vale que lo hayan agarrado injustamente”.
Juan Durán tiene 57 años, y 28 de ellos ha estado dentro de la corporación.
Beatriz fue insistente en que Juan es inocente; “no se vale que lo hayan detenido, él está enfermo, sufre de la presión, incluso él no oye y no nos dejan verlo. No se vale que lo acusen de un delito que ni si quiera hizo y no sabemos por qué lo hayan involucrado injustamente”.
Dijo que el gobierno lo quiere hacer culpable cuando en realidad no lo es, “los que deben de pagar son otros”, reprochó, y agregó que cuando menos querían verlo antes de que lo trasladaran al Estado de México, “queremos saber que está bien, pero no nos permiten verlo”.
Aseguró que a diferencia de otros de los policías estatales, su hermano no había sido señalado en el caso.
“Su historial está limpio, no lo habían señalado, ni había sido citado ni notificado de nada”, reiteró.
Informó que antes del martes estaba comisionado en Chilapa de donde se vino al curso.
“Vemos que lo que están señalando solamente como para tapar el caso Ayotzinapa, porque cómo es posible que después de nueve años, ahora vengan y digan ya encontramos a los culpables. No es posible que después de nueve años digan tú eres y ya. No es justo”.
La esposa de Ramiro Alvarado Sánchez, también denunció que lo están inculpando injustamente; “él lleva 18 años en la policía y ni si quiera una falta tenía. Ha sido bien cumplido en su trabajo”.
Reconoció que, “desgraciadamente”, él si estaba en Iguala cuando ocurrieron los ataques a los normalistas, pero no estaba en operativo, sino de guardia en una dependencia, pero no recordó en cuá.
“Queremos justicia, y que se investigue bien antes de que los sentencien, o no sé qué vaya a proceder con ellos, nosotros nunca habíamos pasado por esta situación, así que no tenemos mucho conocimiento de que es lo que va a pasar con ellos”, agregó.
Alfredo Alvarado, hijo de Ramiro, contó que su padre tiene 54 años de edad y 19 de ellos en la corporación.
Reprochó: “Cómo es posible que ya los van a trasladar (al penal del Altiplano), así nomás, de repente, sin que nos dejen verlos, y sin que nos hayan dicho nada. Exigimos que nos dejen verlos antes de que se los lleven”.
Dijo que está de acuerdo en que el gobierno quiera hacer su trabajo “pero que también se ponga en los zapatos de nosotros como familiares”.
Alfredo, aseguró que el trabajo de su padre “ha sido impecable, sin ningún historial, y cómo es posible que hasta este momento lo detengan”.
Informó que un año después de los hechos de Iguala, su padre fue citado a declarar a la Procuraduría General de la República (ahora FGR) y declaró que él no estaba en operativo, sino comisionado en una dependencia estatal, “y no le pudieron comprobar nada, por eso lo liberaron, pero ahora resulta que es culpable”.
Aseguró que su padre tiene un historial “impecable”, y que “es ejemplo en la corporación”, agregó que no se le hace congruente que hasta ahora le hayan iniciado un proceso; “como familia no se nos hace justo porque no se está buscando la verdad, ni aplicando la verdadera ley”.
Concepción de la Rosa Vásquez, esposa de Pablo Jiménez Morales de 46 años de edad y 20 de ellos en la corporación, contó que su esposo estaba comisionado en Acapulco, cuando lo mandaron traer para el curso.
Explicó que el miércoles le llamó y le dijo: “ven a traer mis cosas porque estoy detenido, y le soltó: “Me involucran en el caso Ayotzinapa, pero yo no estuve, ya estaba en Acapulco en ese tiempo”.
Concluyó: “estamos viendo que todo esto fue planeado; estaban en un curso con el uniforme, ¿por qué los detuvieron a todos en su curso”.
Las instalaciones de la delegación de la FGR estaban resguardadas por tres patrullas con personal de la Marina, entre 15 y 20 en total, y fueron los mismos que a las 11 de la mañana partieron atrás de un convoy de unas cinco camionetas Pick Up blancas, con vidrios polarizados, en las que se llevaron a los nueve policías detenidos.

 

Requisan agentes un taller en Chilpancingo en donde encontró armas, informa la FGR

Luis Blancas

Chilpancingo

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un taller de tornos en la colonia Vista Hermosa de la capital, para realizar las investigaciones, luego de que el propietario fuera detenido con armas de fuego por policías estatales.
Fuentes policiacas informaron que la operación se llevó a cabo a las 11 de la mañana de este domingo.
Detallaron que policías estatales y peritos de la FGR realizaron el aseguramiento del inmueble, ubicado en la calle principal del lugar y pegaron una hoja en las cortinas y puertas que las que se leía: “Fiscalía General de la República (FGR) asegurado C.I FED/GRO/CHILP/0000206/2023”.
En un recorrido a las 2 de la tarde, se constató que había una patrulla de la Policía del Estado resguardando el lugar.
Fuentes de la FGR informaron que el imputado fue detenido con armas y cartuchos la madrugada del sábado por policías estatales, municipales y militares en el operativo Rastrillo, en la capital, aunque no precisaron el lugar de la detención.
Indicaron que el imputado tiene 48 horas para determinar su situación jurídica y demostrar su posesión legal de las armadas o no.
Por su parte, el Ayuntamiento de Chilpancingo difundió un boletín en la que señaló, que en la operación Rastrillo un hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal por portación de una escopeta calibre 12 milímetros, dos rifles calibre 22 milímetros, una carabina, una pistola revólver 38 especial, una escopeta corta doble cañón calibre 15.6 milímetros, un rifle de varilla semiautomatico calibre 22 milímetros, 32 cartuchos calibre 38 especial; 63 cartuchos calibre .45 milímetros y tres cartuchos calibre 2.23 milímetros.
Precisó en su comunicado que en el operativo participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, el Ejército, Policía del Estado, Tránsito y Gobernación municipal.
Indicó que los agentes también aseguraron dos vehículos, un Jeep blanco y un auto Nissan blanco por conducir en estado de ebriedad y que detuvieron a seis personas por faltas administrativas: alteración al orden y por estar ebrios, quedando a disposición del juez.
Asimismo indicó el Ayuntamiento que durante la operación inspeccionaron establecimientos y centros nocturnos, vehículos, motocicletas y personas, con el objetivo de preservar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
Mencionó que como resultado de este operativo emitió recomendaciones en los bares Martita, El Rodeo, La Taberna de Moe, Las Malqueridas, La Necedad y Deposito Valentina.

 

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.