Llamado a la SRA y al gobierno del estado
El Congreso del Estado exhortó al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y al gobierno estatal, que intervengan para la solución del conflicto agrario que existe desde hace 25 años entre las comunidades de Cuatzoquitengo y Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec debido a que ya hubo un enfrentamiento con armas de fuego.
A propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el perredista Alfredo Jerónimo Cristino se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que consideró urgente la intervención de las autoridades federales y del estado para buscar la manera de solucionar el problema, “de tal manera que no haya vencedores ni vencidos”.
En tribuna, el diputado Alfredo Jerónimo Cristino denunció que pobladores de Alacatlatzala bloquearon la semana pasada el camino que conduce a Cuatzoquitengo, y afirmó que “la situación es muy tensa” en esa zona de La Montaña.
La superficie que se disputan pobladores de ambas comunidades, desde 1981, es de 2 mil 74 hectáreas que por decreto presidencial fueron otorgadas para la creación de la comunidad de Cuatzoquitengo, de un total de 5 mil 999 hectáreas.
Al respecto, los representantes de los bienes comunales de Alacatlatzala interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Colegiado del primer circuito en el Distrito Federal. Razón por la que el Tribunal Unitario Agrario decretó –como medida precautoria– que ninguna de las dos partes en conflicto podía construir viviendas, sembrar o talar árboles en la superficie en conflicto.
“Sin embargo, los pobladores de Alacatlatzala no han cumplido con la orden del tribunal, pues ha construido casas, aulas escolares, incluso hasta la iglesia del pueblo en la zona en litigio”, indicó el legislador perredista.
Jerónimo Cristino dijo que el pasado 20 de mayo, cuando el actuario del Tribunal Agrario llevaba a cabo una inspección “judicial” para constatar que los habitantes de Alacatlatzala han incumplido con la medida precautoria del tribunal, fueron recibidos a balazos, “respondiendo los habitantes de Cuatzoquitengo, sin que se registran incidentes graves.
El diputado perredista precisó que si bien en su calidad de legislador está gestionando la intervención de las autoridades para la solución definitiva del conflicto, “no considero correcto que se me señale como responsable de la falta de solución por una de las partes”, haciendo referencia a un hecho –que no mencionó– donde estuvo a punto de ser linchado por habitantes de Cuatzoquitengo debido a que en su campaña se comprometió a resolver el problema.
Piden diputados actuar contra los homicidas de los niños de Tixtla
En la misma sesión, el pleno legislativo acordó exigir a autoridades estatales y municipales reforzar las medidas de seguridad en Tixtla, así como agilizar las investigaciones sobre el crimen de los niños Daniel y Fernando Gatica Coctecón, quienes murieron lapidados cuando pastoreaban un rebaño de chivos en un cerro, el 22 de mayo.
El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, fue propuesto por el diputado priísta Joaquín Mier Peralta, quien pidió al procurador Jesús Ramírez Guerrero instruya a los ministerios públicos y policías judiciales para que “cierren el episodio de vergüenza” para la sociedad guerrerense encarcelando a los culpables del asesinato de los niños pastores tixtlecos.
“Para evitar que sigan paseándose impunemente por las calles y sigan siendo una amenaza para las personas indefensas”, expresó en tribuna el diputado de Tixtla.
El acuerdo parlamentario exhorta a la PGJE agilizar las investigaciones par dar con los culpables del doble homicidio. Al presidente municipal de Tixtla, Edgardo Astudillo se le exige la aplicación de medidas de prevención, y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima que trabaje en coordinación con el ayuntamiento.