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Plantea Bruno Plácido un nuevo modelo de gobierno en el cuarto aniversario de la Policía Ciudadana

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio afirmó que los ciudadanos se movilizan hasta que el golpe les llega, en referencia a las protestas contra el aumento al precio de las gasolinas y la energía eléctrica, tema que desde la fundación de esa organización se puso en debate pero que sólo tuvo resonancia en las comunidades que siguen pagando recibos muy caros.
También dijo que la gente debe de proponer un nuevo modelo de gobierno donde el pueblo sea el que decida, y no quien esté en el poder, “donde ganemos todos”.
Ayer la organización celebró su cuarto congreso. El 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG creó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) del que depende la Policía Ciudadana.
Unos 400 integrantes entre comisarios municipales, presidentes de comisariados, delegados, comandantes regionales, promotores y policías ciudadanos armados con sus escopetas participaron en la actividad en la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal.
En su participación el dirigente recordó que la UPOEG nació hace cinco años, cuando comenzaron a exigir la construcción de carreteras ante las muertes de mujeres embarazadas que no alcanzaban a llegar a hospitales, después se sumó la exigencia para bajar los altos precios que los campesinos indígenas tenían que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plácido Valerio expresó “los ciudadanos se organizan hasta que el golpe les da”, en referencia a las protesta que se han extendido en todo el país en rechazo al aumento de los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica, tema que la UPOEG trae desde sus inicios.
Dijo que las comunidades no se oponen a pagar la electricidad pero como “resistencia” buscan pagar lo justo y no más. Pese a ello hay quienes piensan que lo correcto es levantar las armas contra el gobierno “nosotros decimos que no, porque la historia nos ha hecho saber que la guerra y la revolución siempre la ganan los ricos, porque venden armas y el pobre es el que paga con sangre para ser historia”.
Agregó  “y seguramente hoy se va a repetir la historia, porque sólo vamos a protestar los pobres por el  alza a las gasolinas, porque como quiera los ricos le suben y le suben y nosotros qué vamos a subir”.
Plácido Valerio llamó a un cambio de actitud entre la población y a la reflexión del porqué la gasolina y la luz es más cara y cada vez hay más impuestos, “porque en campaña nos compran los votos y después nos cobran caro, nos dividen y nos meten miedo para que no pensemos en lo que están haciendo, por eso debemos de cambiar un modelo de gobierno donde los pueblos y los ciudadanos decidan, eso es usos y costumbres”.
Recordó que en 2015 en la consulta en el municipio de Ayutla “a muchos nos satanizaron en regresar a los tiempos de atrás. Por eso queremos cambiar este sistema, hoy a cuatro años en el 2017 muchos se espantan y dicen nada con el gobierno, creo que sí, sí con el gobierno”.
Explicó a los presentes que “la asamblea es un gobierno, ¿quien va a llevar la voz de la asamblea?, el comisario o el comisariado municipal”.
Dijo que no se puede seguir caminando con armas “cuando no revisamos el origen del problema que tiene que ver con el gobierno. Muchos critican que nada con el gobierno, pero todas las manifestaciones que hemos visto a lo último concluyen dialogando con el gobierno, de la expresión que sea”.
Afirmó que no es lo mismo que subordinarse, “no confundamos el diálogo con agachados, porque hay gente que confunde, que cree que gritar más es que tiene la razón”.
“Nosotros queremos construir un gobierno diferente, donde no haya corrupción, compra de votos, no haya división, manipulación, donde ganemos todos, otros le llaman democracia participativa”, agregó.
En su discurso Plácido Valerio hizo también referencia que la creación del SSJC en comunidades de Ayutla y Tecoanapa, fue por la inseguridad que había pero que “en ningún momento quiso suplantar” a ninguna autoridad, sino que cada quien haga lo que le corresponda.
“Reconocemos que no hemos sido capaces de cumplir los objetivos de gestión y desarrollo, y se le ha dado prioridad a la seguridad para levantar la dignidad de cada uno de ustedes”, mencionó.
“A cuatro años no es fácil decirlo, porque hemos tenido enemigos internos y externos. Hemos tenido bajas porque es una organización de carácter fuerte”, expuso.
Dijo que la UPOEG también ha educado a los pueblos, donde ahora muy difícilmente los campesinos son humillados.
“Muchos de los que nos han querido imitar no han podido, a cuatro años hemos avanzado sí, tenemos errores sí, pero no es culpa de los promotores sino del actuar de cada uno de nosotros”, advirtió.
Cerró su discurso afirmando que a pesar de las órdenes de aprehensión vale la pena “seguir sacrificando cada uno de nosotros nuestros tiempo y nuestro esfuerzo, para dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos”.

Presenta a los policías ciudadanos de los pueblos turísticos

En su participación Plácido Valerio presentó a 28 policías ciudadanos de los poblados turísticos de Barra Vieja con seis integrantes, de Lomas de Chapultepec con 10, y de San José Guatemala municipio de San Marcos con 12, quienes asistieron ayer al cuarto congreso.
En breves declaraciones dijo que las poblaciones tenían un año pidiendo el respaldo de la organización para formar sus guardias comunitarias, y que a partir del 15 de diciembre comenzaron las reuniones en las comunidades, donde la gente los apoyó con sus firmas.
Precisó que desde el 24 de diciembre los policías ciudadanos tienen actividades de vigilancia en las comunidades, y luego de una reunión con los restauranteros de Barra Vieja el 31 de diciembre comenzaron los recorridos en la zona de restaurantes.
Ayer en estas páginas se informó que desde el 31 de diciembre 19 policías ciudadanos comenzaron recorridos en la zona de restaurantes en la mañana, tarde y noche para la seguridad de turistas y pobladores. Los comandantes de la Policía Ciudadana indicaron que se conformaron luego del hartazgo de la población a las extorsiones, cobro de cuota, robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Antes de que terminara la actividad, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) José Manuel del Val y la historiadora Margarita Warnholtz, presentaron un libro donde se explica desde una visión de los pueblos la creación de la UPOEG y su sistema de seguridad.
Después de las 2 de la tarde fueron instaladas las mesas de discusión: Cuarto orden de gobierno comunitario, Derecho a la consulta y la representación popular, Elección por sistema normativo y Candidaturas independientes, además de la mesa de defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Al cuarto congreso asistió el hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio quien es asesor de los Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios. También estuvieron el comandante regional Ernesto Gallardo, los promotores Manuel Vázquez, Eneida Lozano, Crisóforo García y Esteban Ramos Gallardo.

No termina la Sedatu de construir casas ni escuelas a damnificados del 2013 en la sierra de Chichihualco

Vecinos de la comunidad Tierra Colorada del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) damnificados por la tormenta Manuel recorren el predio donde se construyen las casas donde serán reubicados . Foto: Jesús Eduardo Guerrero

A tres años de la tormenta tropical Manuel, que dejó en Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, cuatro muertos y destruyó más de 70 casas, el gobierno federal no les ha entregado sus viviendas a los damnificados de esta localidad.
Además, les construyó un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan, en tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela primaria, el kínder y el centro de salud están abandonados, a pesar de que aparentemente las construcciones están concluidas.
Las viviendas para la reubicación de los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso, en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
También, a pesar de que aparentemente están terminadas las escuelas primarias, el kínder y el centro de salud, no han sido entregadas a los habitantes. Mientras tanto, la obra de la telesecundaria se encuentra suspendida desde a finales del año pasado.
La comunidad de Tierra Colorada se encuentra en una zona inhóspita de la sierra del municipio de Leonardo Bravo, a la que se llega en tres horas y media de recorrido desde Chilpancingo. La carretera es una brecha intransitable y de terracería que comienza después de la comunidad de Omiltemi, al poniente de la capital.
Ayer en un recorrido con el reportero de El Sur, los vecinos de la comunidad denunciaron que el gobierno, además de que no ha cumplido con ninguna de las obras prometidas, no tomó en cuenta la opinión del pueblo ni de sus autoridades, sobre a las obras que se construyen arbitrariamente.

Agrede verbalmente el representante de la constructora al comisario y le pohibe entrar al predio

Al final del recorrido, cuando los vecinos y el comisario municipal, Saturnino Castro Leyva, todavía estaban reunidos en la cancha del pueblo, donde comentaban las deficiencias de las obras, llegó el encargado de la empresa que construye las viviendas, a quien sólo identifican como Manuel, quien acompañado por otros dos trabajadores amenazó al comisario municipal, a quien le exigió que no se meta con su trabajo. El representante de la empresa se molestó porque el comisario y los damnificados recorrieron las casas en construcción.
“¿Qué es lo que se le ofrece comisario?”, le espetó envalentonado y retador el representante de la empresa, frente a unos seis testigos que acompañaban a Castro Leyva. Cuando el comisario comenzaba a explicarle que estaban inconformes primero con un puente que no fue construido en el lugar donde lo necesitan, el encargado de los trabajos lo interrumpió, y le advirtió, “ya me tienes hasta la madre con los chismes y lo que andas diciendo allá en Sedatu, eres el único comisario que no ha querido trabajar de acuerdo con nosotros”.
El comisario le respondió que solamente ha dicho la verdad, pero el encargado de la obra le advirtió que cuando quiera entrar a las zona donde se construyen las casas, primero le pida permiso a él.
Quienes acompañaban al comisario salieron en su defensa, y le pidieron que citara al representante de la constructora para una reunión en la comisaría, porque le estaba faltando al respeto en la calle. Sólo hasta entonces el representante de la constructora se retiró, pero antes le insistió al comisario que debe pedirle permiso para entrar a la zona donde se construyen las casas.
Antes, los damnificados, acompañados por el comisario municipal habían recorrido el fraccionamiento donde se siguen construyendo las casas en una zona de terreno inestable y con riesgos de deslaves. Otra parte donde se construyen las casas es relleno, incluso una barda de contención de unos 15 metros de largo ya se vino abajo, y de acuerdo con los damnificados esa es una muestra de que el terreno está en falso y de la frágil estructura de los muros de contención.
Por otro lado, el fraccionamiento carece de accesos, y para llegar a las casas se tiene que cruzar el cauce de un río de unos 15 metros de ancho, en un lugar donde no hay puente.
Uno de los damnificados declaró que la mayoría de los habitantes sugirieron a la Sedatu y a la empresa constructora que las viviendas se construyeran en un lugar al que conocen como El Limoncito, frente a lo que ahora es Tierra Colorada, al otro lado del río.
Pero dijo que la empresa constructora y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), acordaron construir las casas en ese lugar porque el terreno se los vendió Virginio Jacobo León, quien es el padre del entonces comisario municipal, Apolinar Jacobo Alonso, y del ex regidor de Leonardo Bravo, Aníbal Jacobo.

Construyeron un puente a kilómetro y medio de la comunidad, donde no les sirve, lamentan

La zona en donde se siguen construyendo las casas es un bordo que da a un voladero de unos 20 metros de profundidad con caída al río, y por el otro extremo hay una barraca que en la temporada de lluvias deja la zona aislada.
El fraccionamiento está dividido en tres bloques separados por barrancas, y para llegar a los tres hay que atravesar el amplio río que corta la zona donde actualmente se encuentra asentada la población.
Ante la falta de un puente para atravesar ese río, por lo menos dos bloques de casas que se construyen están incomunicadas, ahí sólo se pude llegar cruzando el río a pie, cuando no está crecido.
Debido a las fallas de las casas que se construyen y el difícil acceso, 15 familias damnificadas construyeron por su cuenta sus viviendas con tablas y lámina de cartón o galvanizadas, en El Limoncito.
El fraccionamiento donde se construyen las casas no tiene servicios de agua, luz ni drenaje. Las obras son lentas debido a la falta de trabajadores, pues ya nadie quiere trabajar con la empresa constructora de la que desconocen su razón social. La empresa tiene deudas con más de 70 personas de la comunidad que fueron empleados, algunos de ellos les adeuda hasta 7 meses de salario.
Los habitantes denunciaron que los trabajadores, ante la falta de pago de los representantes de la constructora, tampoco han pagado los alimentos que consumieron. Algunas familias denunciaron que la deuda por cada trabajador ha crecido hasta a 10 mil pesos.

Mientras tanto, 85 familias que perdieron sus viviendas reclamaron al gobierno federal que les entregue sus casas, sin importar las condiciones en que se encuentren, porque viven alojados con sus parientes o vecinos de la misma localidad.
Algunas de estas familias son las de Georgina Rodríguez Salgado, Abraham Alonso Morales, Constantina Castro León, Faustino Castro Alonso, Alejandra Catalán Lorenzo y Sabino Rodríguez Salgado.
En la orilla de la zona donde se construyen las casas, también están abandonadas, aunque ya terminadas, la primaria Juan N. Alvarez y el jardín de niños. A las instalaciones educativas les faltan los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Los niños de los seis grupos siguen recibiendo clases en la comisaría, en la iglesia y en carpas improvisadas en la explanada de la comisaría municipal.
También se construyó allí, al lado de la primaria, el jardín de niños, y aunque la obra parece en buenas condiciones y terminada, un paredón de la parte trasera comienza a derrumbarse.
En la misma zona se encuentra el centro de salud, que aunque ya está terminado es difícil llegar a él porque se tiene que cruzar una barranca, “¿imagínese, como van a pasar por aquí los pacientes?”, preguntó uno de los damnificados.
Al frente del centro de salud está también un área descampada en donde les anunciaron que se construiría la telesecundaria, pero en el área solamente hay material de construcción abandonado y señales de que se comenzaba a construir.
La actual telesecundaria está aislada porque las lluvias de septiembre de 2013 ampliaron el cauce del río El Zapote, que divide al pueblo con la escuela, y los estudiantes tienen que cruzar ese río.
Los vecinos contaron que la semana pasada se suspendieron las clases debido a que este río estuvo crecido ante las lluvias del fin de semana pasada, y los alumnos y maestros no pudieron cruzar el cauce para ir a la escuela.
Los habitantes denunciaron que, en este tramo, estaba programado el puente Tierra Colorada, que sustituiría al que se llevó el agua en 2013. Este puente serviría para llegar a la escuela y para cruzar hacia Jaleaca de Catalán.
Informaron que en el proyecto estaba considerado aquí la construcción del puente, que fue construido un kilómetro y medio abajo, en donde no les sirve.
El comisario Castro Leyva denunció que el puente no se construyó porque el dinero fue desviado para beneficiar a los habitantes de Jaleaca, tras la intervención de la diputada federal Beatriz Vélez Adame, originaria de esa localidad, y por “políticos encumbrados con influencias en el gobierno”.
Consideró que los recursos de este puente fueron desviados para construir el puente un kilómetro y media hacia abajo porque actualmente se construyen una carretera que comienza en Omiltemi, municipio de Chilpancingo, y pasa por Chocomanatlán y Chautipan hasta llegar a Jaleaca. Dijeron que el puente que les robaron a los de Tierra Colorada forma parte de ese proyecto carretero.
El comisario dijo que, incluso, en la lámina que fue colocada en el puente que se construyó un kilómetro y media abajo está rotulado: “Se construye el puente Tierra Colorada”, pero insistió que allí ya no pertenece a su comunidad y que no les sirve de nada el puente.