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Reivindica el FODEG como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales

 

El Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) reivindicó como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales estatales y uno federal; además, de los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), emblemáticos en el proceso de amnistía que revisa el gobierno federal.
El expediente más conocido en esta relación, es el del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, interno en el penal de Chilpancingo desde 2013.
En un escrito abierto, el coordinador de la organización, Mario Alberto Martínez Rosario, hijo del extinto luchador social Bertoldo Martínez Cruz, solicitó la libertad inmediata de 18 personas internas en la cárcel de Las Cruces en Acapulco, cinco en Chilpancingo, tres en Iguala; cuatro en Tecpan, dos en Coyuca de Catalán, seis en Ayutla de los Libres, uno en Ometepec y uno en el penal del Altiplano, del Estado de México.
Varios de los nombres en la lista están documentados en el página del Comité Cereso y otros organismos civiles de derechos humanos.
El primer caso es el de Erasto Hurtado Díaz, militante del PRD e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), detenido el 17 de julio de 1998 en Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, quien fue acusado del homicidio del dirigente de la organización donde participaba, Euzebio Bárquez Juárez, y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, pero sigue en proceso por el delito de secuestro.
Asimismo, señala que en el penal de Acapulco se encuentran detenidos injustamente Gerardo y Palemón Cabrera González, Rodolfo Cabrera González, Gilberto Aguirre Bahena, Emilio Salas Silva, Telésforo Espinoza Valencia, Catarino Chávez Primo, Gerónimo Hernández Refugio y Ángel Guillermo Martínez González.
También Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, de quienes el 29 de octubre de 2013, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), de Coyuca de Benítez, denunció su detención ilegal y arbitraria. Además, Gabino García Avilez, Orlando Ávila Mesino, Alejando Ortiz Santiago y Rubén Maceda Salazar.
En Chilpancingo están detenidos Víctor Manuel Rodríguez Alemán, Gonzalo Molina González, José Eduardo García Reyes, Raúl y Félix Barragán Rentería.
De la prisión de Iguala, menciona a Margarito Santana Bahena, vinculado al EPR, de acuerdo con la información de su detención publicada el 23 de mayo de 2005; además de Claudio Marcos Zarcos Higuera y Alejandro Herculano Santana.
En el penal de Tecpan se encuentran el profesor, militante del PRD y luchador social Máximo Mojica Delgado y su esposa, María de los Ángeles Hernández Flores, detenidos el 27 de noviembre de 2008, cuando participaban en un movimiento por la vivienda; además de los activistas Santiago Nazario Lezma y Javier Ruiz Córdova.
Internos en el penal de Coyuca de Catalán, Martín Cruz Avellaneda y Matías Jaimes Olivares; en Ayutla, Antonio García Albina, Germán Morales Lucas, Gildardo Díaz Pérez, Clemente Mateo Flores, Leonisio Luna Victoriano y Pedro Victoriano Teresa.
En la prisión de Ometepec, Bernardo García Merino, y en el penal del Altiplano, en el Estado de México, Jorge Astudillo Martínez, quien de acuerdo con registros periodísticos, fue acusado de terrorismo.

 

Marcha el FODEG en Ayutla y se queda en plantón por la libertad de seis presos políticos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) marcharon ayer en Ayutla y se instalaron en plantón afuera del penal de esa cabecera municipal, en demanda de la libertad de seis encarcelados a los que consideran presos políticos.
Unos 600 integrantes de esa organización de varias comunidades de Ayutla marcharon en esa cabecera municipal, y al final instalaron un plantón afuera del Ministerio Público, en demanda de la libertad de Máximo Mojica Delgado, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Asimismo exigen la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez, policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los tres primeros se encuentran presos en el penal de Tecpan de Galeana acusados de secuestro. Arturo Campos está preso en el penal de Ayutla y Gonzalo y Samuel en la cárcel de Chilpancingo, acusados de portación de arma de fuego. Gonzalo y Arturo También son acusados de secuestro.
El dirigente del FODEG, Hoguer Hernández informó vía telefónica que había un compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores de revisar sus casos, pero incumplió y por eso ayer se movilizaron en demanda de la libertad de los seis encarcelados.
Informó que después de la marcha y la protesta afuera del Ministerio Público, los manifestantes se trasladaron afuera del penal en donde se quedaron en plantón. Ayer en la noche realizaron ahí una actividad político cultural como parte de las acciones.
Advirtió que el movimiento va a permanecer en ese lugar hasta que tenga una respuesta del gobierno estatal.
“Ya había un acuerdo entre el doctor Bertoldo Martínez Cruz (el dirigente del FODEG ya fallecido) y el gobernador para liberar a los compañeros”, dijo el ahora representante de la organización.
Informó que en la protesta participaron unas 600 personas de 10 comunidades de Ayutla y que en el plantón por tiempo indefinido afuera del penal se quedaron unas 200.

Se reúnen feligreses de Acamixtla, Taxco, con el obispo; piden que no les cambien su párroco

El coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Oguer Morales Miranda, informó que ayer se reunieron los feligreses inconformes de Acamixtla, municipio de Taxco, con autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del estado y el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para hablar del cambio de su párroco Francisco Jiménez García, al que se oponen.
La reunión fue en casa del obispo Salvador Rangel frente al parque Margarita Maza de Juárez en Chilpancingo, a donde acudieron feligreses de Acamixtla y representantes del FODEG para hablar del cambio de parroquia del sacerdote Francisco Jiménez.
El coordinador del FODEG dijo que durante la reunión el obispo lo llamó “contratado”, lo que consideró una falta de respeto ya que acudió en apoyo a los vecinos de la comunidad.
Recordó que el 20 de enero cuando integrantes del FODEG y feligreses de Acamixtla protestaron con pancartas en la curia de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo para exigir la permanencia del párroco Francisco Jiménez, el apoderado legal de la diócesis amenazó con llamar a “la fuerza pública si volvíamos a manifestarnos”.
Dijo que el obispo Salvador Rangel no respeta a los integrantes del FODEG, además se niega a que el párroco Francisco Jiménez siga al frente de 11 parroquias en Acamixtla, a pesar de que los feligreses piden su permanencia.
Señaló que en el municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) los feligreses que protestaron cerraron las parroquias, pero en Acamixtla “no hemos querido hacerlo, la iglesia debe aprovechar estas oportunidades, ya que no están pidiendo (los habitantes) la salida del párroco sino su permanencia”.
Informó que el argumento del obispo Salvador Rangel para cambiar de parroquia al sacerdote Francisco Jiménez, quien lleva un año y medio en la comunidad, es que los sacerdotes deben rotarse a otra iglesia.
Precisó que la reunión inició a las 5 de la tarde y en la noche ahí seguía el subsecretario de Asuntos Religiosos del estado, Jorge Alberto González Rivero, mientras algunos feligreses inconformes estaban afuera frente a la casa del obispo.

La pobreza hará que la gente se levante en armas, dice el FODEG en la presentación de Guerrilleras

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz dijo que hay condiciones para que la gente se levante en armas en México, por la pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos que “están a flor de piel”.
Ayer se presentó el libro Guerrilleras, en la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, el trabajo fue presentado por María de la Luz Aguilar Terrés, el documento reúne testimonios de la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, en la segunda mitad del siglo XX.
En su intervención Martínez Cruz dijo que la tortura que sufren las mujeres en manos del Estado es peor comparada con la que sufren los hombres.
Resaltó que las mujeres en la historia del país han sido fundamentales en los movimientos sociales.
El dirigente social también dijo que el aumento de 2 pesos con 94 centavos al salario mínimo, “es una invitación a la guerra”, y ve condiciones para que la gente se levante en armas por la pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
Abundó que es imposible que un vecino pague sus necesidades diarias con 73 pesos, cuando el costo de los productos y servicios básicos es muy alto, dijo que es imposible que una familia pueda sobrevivir con ese dinero y dar educación a sus hijos, “esa es la realidad”.
Dijo que llegará un momento en que la gente no aguante más la situación de pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos que “están a flor de piel”, y nadie los detendrá para luchar.
Agregó que “hay mucha gente que se aguanta su coraje porque no tiene con qué (luchar), porque la lucha se hace con dinero”.
Mencionó que a pesar de que hay extracción de metales en comunidades pobres del estado, y que hasta 2010 se otorgaron 630 concesiones, la riqueza no llega a la gente.
De los desplazamientos en la sierra dijo que no es por la guerra ni por los enervantes sino por las mineras.
Martínez Cruz opinó que a 14 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, los estudiantes están muertos, “pero la pregunta es, ¿dónde están?”.

 

Propaganda de apoyo a Atenco en la caseta de la Autopista en Chilpancingo


Zacarías Cervantes Chilpancingo

Miembros de organizaciones sociales que integran la Coordinadora Estatal de la Otra Campaña realizaron la tarde de ayer una campaña de propaganda en la Autopista del Sol en la caseta de cobro de Palo Blanco, como parte del llamado del subcomandante Marcos del EZLN para exigir la libertad de los detenidos en San Salvador Atenco.
Mientras tanto dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Unión de Selvicultores de la Región Centro, Asociación Tierra y Libertad y Comuneros de Teloloapan, acordaron por la mañana sumarse a partir de este lunes a los bloqueos convocados en todo el país por el subcomandante Marcos para exigir la libertad de los detenidos de San Salvador Atenco.
Poco después de las 4 de la tarde unos 150 integrantes de organizaciones como el Frente de Defensa Popular (FDP) y del Frente Popular Revolucionario (FPR), organizaciones integrantes de la Otra Campaña se trasladaron a la caseta de cobro de la Autopista del Sol, en Palo Blanco, en donde distribuyeron propaganda en la que se exige la libertad de los presos políticos que fueron aprehendidos durante los hechos de violencia del 3 y 4 de mayo en Texcoco y en San Salvado Atenco.
Mientras tanto por la mañana en conferencia de prensa, el dirigente del FODEG, Pedro Nava Rodríguez, quien encabezó a otro grupo de organizaciones, dijo que: “a partir de ahora estaremos atentos a cualquier nueva acción de represión de los gobiernos federal o estatal en contra de los compañeros de otras organizaciones”.
Informó que aquí en Guerrero podrían ser víctimas de acciones violencia por el gobierno federal y estatal, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota.
“El gobierno federal ya fue con los obreros de Sicartsa, en Michoacán, con los floricultores y con los ejidatarios de San Salvador Atenco, en el estado de México y ahora seguramente se vendrá a Guerrero con los normalistas y con los ejidatarios de La Parota”, dijo.
Agregó que si no es así, “que el gobernador Zeferino Torreblanca lo diga; que se manifieste y diga algo, queremos conocer la opinión de un gobierno supuestamente democrático, sobre estos acontecimientos de represión que se están dando”, dijo Nava Rodríguez.
Mientras tanto el dirigente estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, Omar Delgado, dijo que el gobierno federal quiere revivir acontecimientos como el 2 de octubre de 1968, y añadió que también estarán atentos por lo que pueda ocurrir no sólo en contra de su escuela, sino en contra de otros movimientos que han estado amenazados por el gobierno federal y estatal como el de los campesinos que se oponen a La Parota.

 

Exigen ONG y grupos sociales quese aclare la masacre en El Charco

 

Organizaciones sociales y organismos no gubernamentales de derechos humanos exigieron ayer el esclarecimiento de la masacre de indígenas ocurrido hace seis años en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla.

En una breve ceremonia, este domingo en Chilpancingo, las organizaciones que pertenecen al Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG), los dirigentes, entre ellos Pedro Nava Rodríguez, lamentaron que hasta ahora no haya avance de las investigaciones ni del gobierno federal ni estatal

Y es que ayer en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac de esta capital, los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero se manifestaron por el esclarecimiento de estos hechos que dejaron como resultados 11 indígenas muertos por parte de miembros del Ejército Mexicano.

Nava Rodríguez informó que por ello este lunes integrantes de diferentes organizaciones sociales se manifestarán en la localidad de El Charco, municipio de Ayutla, para exigir que continúen las investigaciones del caso y se deslinden responsabilidades, así como el castigo a los responsables del múltiple homicidio.

Nava Rodríguez lamentó que a seis años de los hechos aún no se aplique la ley a los responsables, “que yo sepa no hay detenidos, no hay responsables de estos hechos, mientras que los familiares y los dirigentes de organizaciones sociales siguen exigiendo justicia”, dijo.

Demandan al gobierno estatal arreglo de caminos autoridades de Ahuacuotzingo

 

 No atienden su petición desde hace un año, denuncia dirigente del FODEG

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Comisarios y comisariados ejidales de cuando menos 18 comunidades del municipio de Ahuacuotzingo, exigieron ayer al gobierno estatal atención a sus demandas de arreglo y remodelación a sus caminos, que gestionan desde el año pasado.

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estrado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, dijo ayer que desde hace un año las autoridades comunales y ejidales de ese municipio han exigido a las autoridades estatales la solución a sus demandas, sin embargo denunció que no han atendido a su petición.

Según Nava Rodríguez los vecinos de las comunidades de ese municipio no han visto resueltas sus demandas de arreglo de sus caminos y carreteras que gestionan desde hace un año.

Denunció que el viernes pasado comisarios de unas 18 comunidades se trasladaron a esta capital con el fin de reunirse con el secretario de Gobierno, con quien ya se tenía programada una audiencia . Sin embargo Nava Rodríguez dijo que ésta no se llevó a cabo, porque les dijeron que sería hasta hoy cuando serían recibidos por el gobernador René Juárez, por lo que advirtieron que este lunes nuevamente van a asistir a donde sea necesario para que sean atendidas sus demandas.

El dirigente del FODEG denunció que no tienen muchas esperanzas de que se resuelvan sus demandas con el gobernador René Juárez, sobre todo porque han planteado su solución desde hace un año y el mandatario estatal no les ha dado respuesta.

Rechazo de organizaciones sociales

 

 Dirigentes de organizaciones sociales rechazaron la propuesta del diputado priísta Joaquín Mier Peralta y la calificaron como “desafortunada”, “injusta” y “represiva”.

Coincidieron en que busca defender la falta de sensibilidad de los funcionarios para resolver sus demandas y dijeron que mejor debería castigarse a las autoridades que no cumplen con sus funciones.

Dos de los dirigentes que difieren con el resto, el dirigente de copreros, Manuel Baltasar Ávila Sierra, y el de la Red de Transportes en el estado de Guerrero, Cirilo López Sánchez, consideraron que las medidas pudieran estar bien, siempre y cuando fueran aplicadas sin distingos, pues se ha visto que se sigue una línea política de aplicarla a un color y a otro no, que si los diputados piensan que con la iniciativa se solucionaran los problemas adelante, lo que sí pediría es que se castigue a las autoridades que no cumplen.

El dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos, dijo que “se pretende penalizar el derecho a la manifestación que tenemos como organizaciones sociales”.

Y luego añadió que las manifestaciones de protesta muchas veces se originan en el incumplmiento de los funcionarios de gobierno de minutas de acuerdos que firman con la idea de que los movimientos se diluyan al paso del tiempo.

Alquisiras Burgos dijo que espera que dicha iniciativa de ley no lleve el visto bueno del gobernador René Juárez Cisneros porque implica que se va a aprobar y “sería una señal represiva en el último tramo de su gobierno y yo pensaba que se iban a quedar sólo en la Ley Dimayuga”, y que en caso de aprobarse va a tener sus costos políticos para el partido que la propone en el proceso de elección a gobernador.

Por su parte, uno de los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, opinó que la iniciativa significa un retroceso a las conquistas de las organizaciones sociales para manifestarse libremente y “se echan abajo las declaraciones de Rene Juárez en el sentido de que en Guerrero existen libertades plenas”.

El dirigente del Frente Amplio de Consumidores de Acapulco, José de Cádiz Molina, dijo que se pretende justificar la represión contra las organizaciones y la calificó como un atentado contra los derechos sociales, y la libertad de expresión y de manifestación de los ciudadanos.

Para el líder del Frente Popular Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, es desafortunada y una ley de vergüenza con la que se pretende mantener atados de manos a los movimientos sociales que tienen que presionar de alguna forma para que sus demandas sean atendidas. Hizo un llamado a los diputados locales del PRD, si todavía mantienen la visión de compromiso de izquierda, que se deslinden de esa iniciativa y que no la aprueben.

El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez advirtió que la lucha no va a parar porque encarcelen a los líderes, y que lo único que están logrando es que el pueblo se organice todavía más. Dijo que esas son las actitudes de gobierno que orillan a los pueblos a tomar el camino de las armas.

El presidente de la Organización de la Alianza de Transportistas, Eleazar Hernández Camacho, expresó que los diputados locales deben encarcelar a los funcionarios corruptos y proteger a los ciudadanos.

Para el coordinador de la Coalición Mixta de Transportistas en el Estado, Miguel Angel Piña Garibay, sería cuestión de analizar la iniciativa y que en todo caso los líderes radicales son los que se deben preocupar porque hay ocasiones en que se salen de control cuando llevan a cabo manifestaciones. (Zacarías Cervantes, Karina Contreras y Luluani Vega).

Marcharán en Chilpancingo para exigir que se pavimente la vía a Ahuacuotzingo

Acuerdo de comisarios de 15 comunidades

 Comisarios de 15 comunidades del municipio de Ahuacuotzingo acordaron que efectuarán una marcha el jueves en Chilpancingo, para exigir una audiencia con el gobernador René Juárez y tratar la “liberación del recursos” para la pavimentación de la carretera a Chilapa, así como la rehabilitación y rastreo de caminos.

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, entrevistado en sus oficinas, expuso que el domingo, en la comunidad de Tecolcoautla se reunieron 15 comisarios de Ahuacotzingo para determinar las acciones luego de que el gobernador se niega a “recibirlos en audiencia”.

Nava Rodríguez dijo que de esa reunión los comisarios acordaron marchar en la capital del estado para exigir la audiencia con el mandatario estatal, y reclamarle “el total abandono en que tiene a las comunidades”, así como pedir que “libere” el recurso para el rastreo y rehabilitación de los caminos “porque con la temporada de lluvias las comunidades van a quedar incomunicadas”.

Según Nava Rodríguez, la audiencia sería concertada por el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez; “él se comprometió a ser el contacto, sin embargo no han tenido respuesta”.

Precisó que es el gobierno del estado el que debe aportar el recurso para la pavimentación de la carretera Chilapa-Ahuacotzingo, así como para la rehabilitación de caminos, mientras que el alcalde de Ahuactozingo, Jesús Trinidad, debe de hacer el rastreo, “pero ninguno hace caso: uno no nos quiere recibir en audiencia y el otro dice que porque no lo apoyaron no tiene porqué ayudarnos”.

En la reunión con los 15 comisarios, dijo Nava Rodríguez que también acordaron demandar medicamentos y médicos de planta para los centros de salud, y también determinaron pedir a la SEG maestros para algunas comunidades que han sido abandonadas por los docentes.

Nava Rodríguez aseguró que los comisarios firmaron un documento para enviarlo al Ejecutivo federal, donde acusan al gobierno del estado de “incumplir” con la liberación de recursos.

Asimismo, solicitaron al Congreso del Estado la separación del municipio de Ahuactozingo para pertenecer a Olinalá, porque dicen que este último “es el que los ha apoyado aún más que               su propio alcalde, a quien algunos ni siquiera conocen porque nunca los visita”.

Insistió Nava Rodríguez que este jueves las autoridades de los 15 municipios, junto con habitantes de Ahuacotzingo, se movilizarán en la capital para demandar la audiencia y pedir la liberación del recurso, porque son afectadas unas 10 mil personas, además de que se ha generado un “clima de inseguridad” por el mal estado de los caminos.

A esa reunión acudieron representantes de las comunidades de: Yerbabuena, Acateyahualco, Totolzintla, Tenancitlán, Tepoztlan, Tecolcoautla, Lagunilla, Tepetlatipa, Mitlancingo, Zompozolco, Tecozaca, Rincón de Cozahuapa, Tlaquilcingo, Las Jicaras, Tlaquizingo y Oxtoyahualco.

Acusan comisarios de Ahuacotzingo que León Aponte les impide ver al gobernador

 * Piden 5 millones de pesos para obras

 * El 24 de febrero, en Iguala, intentaron manifestarse frente a Juárez Cisneros, pero el secretario los convocó a junta y pactaron acuerdos, los cuales no se cumplieron, dice el dirigentre del FODEG, Pedro Nava Rodríguez

 Teresa de la Cruz,  corresponsal, Chilpancingo * Comisarios de 15 comunidades del municipio de Ahuacotzingo solicitaron una audiencia con el gobernador René Juárez Cisneros para pedirle que “libere el recurso” de más de 5 millones de pesos para el rastreo de caminos, construcción de bordos y obras sociales.

En entrevista de ayer, el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez, explicó que el miércoles pasado, en la comunidad de Oxtoyahualco, se reunieron los comisarios de 15 comunidades de Ahuacotzingo para “analizar” las acciones que tomarán luego de que el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, “se niega a darnos una audiencia con el gobernador”.

Precisó que el 24 de febrero, en Iguala, cuando pretendían manifestarse frente al gobernador para pedirle 5 millones de pesos para obras en Ahuacotzingo, León Aponte y el subsecretario para Asuntos Políticos, José Luis Trujillo Sotelo, “nos llamaron y de esa reunión se sacaron varios compromisos”

Uno de los acuerdos más importantes –según Nava Rodríguez– fue una audiencia que se efectuaría la semana pasada con el gobernador del estado, a quien le “presentaríamos el proyecto para el rastreo de caminos, construcción de bordos y otras obras”, pero “el secretario de Gobierno ahora nos dice que el gobernador no puede porque está ocupado en lo de su informe”.

Dijo que en esa reunión con los funcionarios de gobierno se comprometieron a que en 15 días les entregarían 30 toneladas de cemento, pero “no fue así, hasta hoy no han entregado nada”.

Precisó que para el rastreo de caminos de las comunidades de Yerbabuena, Acateyahualco, Totolzintla, Tenancitlán, Tepoztlan, Tecolcoautla, Lagunilla, Tepetlatipa, Mitlancingo, Zompozolco, Tecozaca, Rincón de Cozahuapa, Tlaquilcingo, Las Jicaras, Tlaquizingo y Oxtoyahualco se necesitan cerca de 4 millones y medio de pesos.

Mientras que para la construcción de los bordos en las comunidades de Tlaquilcingo, Rincón de Cozahuapa, Zompozolco y Tecolcoautla, se requiere cerca de 1 millón de pesos, y para la electrificación en la localidad de Las Jicaras, 100 mil pesos.

Los comisarios que están en Chilpancingo –señaló Nava Rodríguez– “piden al gobierno del estado que los reciba en una audiencia urgente, ya que se acerca la temporada de lluvias y los caminos son intransitables”.