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Dictan formal prisión a La Rana por secuestro y delincuencia organizada, no por los 43

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
La Rana fue detenido el pasado 12 de marzo en las inmediaciones de Cocula, Guerrero, en seguimiento a líneas de investigación por el Caso Iguala.
Es señalado por las autoridades federales como copartícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
No obstante, Sandoval Rodríguez negó haber participado en los hechos durante la declaración preparatoria que rindió el pasado jueves.
Según las autoridades, La Rana también es generador de violencia en la zona del río Balsas.
El presunto delincuente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Gómez Palacio, Durango.

Niega culpa por Iguala

La Rana y quien según la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) habría quemado a los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, negó haber participado en los hechos.
En su declaración preparatoria, realizada el jueves pasado, aseguró que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera, pues la noche del 26 de septiembre de 2014 y la mañana de siguiente él estuvo vendiendo cervezas en Atlixtac, municipio de Cocula.
La audiencia fue dirigida por el juez primero de distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, David Calderón Blanc, quien para desahogarla se conectó en videoconferencia con el Cefereso de Gómez Palacios, Durango, donde está el procesado, y con el juzgado sexto de distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, cuyo juez Alejandro Caballero Vértiz, coadyuvó.
Según los testimonios en su contra que le leyeron, Patrio Reyes Landa, El Pato, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, La Rana intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.
Jonathan Orozco Cortés, El Jona, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, mientras que Salvador Reza Jacobo, Lucas, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.
Nadie en el expediente refiere el nombre de La Rana.
Erick Uriel Sandoval Rodríguez es delgado y tiene seis tatuajes, ninguno es una rana y del lado derecho de la espalda tiene un eclipse en el que se observan las llamas del Sol.
“Hay más muchachos apodados La Rana, conozco a dos, de hecho El Jona nombra a uno de ellos como Rana o Guereke, ese es al que buscan, se lama Édgar Albarán Sandoval, vive al lado del Centro de Salud”, dijo Sandoval Rodríguez, según una versión de su declaración a la que Grupo Reforma tuvo acceso.

 

Notifican a Nestora tres órdenes de aprehensión y seguirá el proceso que terminaría en una semana

La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, fue notificada de tres órdenes de aprehensión en su contra, pendientes de ejecutar desde agosto, luego de que recibió tres autos de libertad porque su actuación como autoridad comunitaria está avalada por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
Las nuevas denuncias son por el homicidio de dos ganaderos implicados en abigeato, cuyas muertes derivaron en la detención del entonces síndico de Olinalá, Armando Patrón, llevado a proceso de reeducación en el sistema de justicia comunitario, cuando se le encontró en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, reclamando una vaca que iba en la camioneta de las víctimas, identificada como robada.
Nestora Salgado también fue acusada de privación ilegal de la libertad y robo de equipo y armas de un grupo de policías municipales y el director de seguridad pública, detenidos por los comunitarios por encontrarse en estado de ebriedad durante su servicio, informó el sobrino de la luchadora social Giovanni Torres Salgado.
La tercera es una ampliación de las acusaciones de secuestro, por las cuales la coordinadora de la Policía Comunitaria recibió tres autos de libertad este lunes, informó la abogada defensora, Amanda Rivero Espinoza.
De las notificaciones de aprehensión, Rivero Espinoza indicó que al regresar a la prisión de Tepepan, de los juzgados de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde recibió las notificaciones de libertad de tres causas penales por el delito de secuestro, le dijeron que vía fax llegaron los escritos de las órdenes de aprehensión, que le notificaron oficialmente ayer.
Los nuevos procesos penales que enfrenta, corresponden a la  causa penal 050/2014-II por los  delitos de robo específico y privación de la libertad personal ante el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, la causa penal 67/2014 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y la causa penal 59-1/2015 por el delito de secuestro ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla.
Indicó que esperan que salga en libertad tras definirse su situación legal porque han reunido pruebas de descargo para un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito. En el caso del delito homicidio, indicó que tienen evidencia de que Salgado García se encontraba en una conferencia de prensa  en Tixtla cuando ocurrieron los hechos.
Sobre el robo y privación de la libertad de funcionarios públicos (de los policías municipales y el robo de su equipo y armamento), informó que hay convenios de coordinación con autoridades estatales en materia se seguridad, así como de la entrega donación de equipo y armas de armas, por lo tanto la posesión de las armas no fue ilegal.
En cuanto al delito de secuestro, indicó que van a llevar las mismas pruebas que llevaron a los procesos anteriores, incluidos los autos de libertad, porque corresponden al mismo tema de detenciones en el marco del sistema de seguridad y justicia comunitaria, amparado en la Ley 701.
Por la tarde, en un comunicado, el equipo de abogados explicó que el 5 de marzo de 2016, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, puso a disposición de los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlan y Ayutla de los Libres, a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión.
Por lo anterior, esperan que los juzgados de Guerrero soliciten mediante exhorto, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el efecto de que un juez penal recabe las declaraciones preparatorias y posteriormente sean devueltas a los jueces de Guerrero para que éstos puedan resolver su situación jurídica, lo cual podría acontecer entre los días 14 o 15 de marzo, martes o miércoles de la próxima semana.
De las órdenes de aprehensión, Giovanni Torres recordó que los homicidios de los ganaderos y de la detención de Armando Patrón, llevó a la incursión de policías federales, estatales y militares a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres,  para liberar a los detenidos que tenía la CRAC,  y detener al coordinador, consejeros, policías comunitarios y a los líderes más visibles de ese momento: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera, que siguen detenidos en prisiones de la Ciudad e México, Chilpancingo y Ayutla, respectivamente.

Formal prisión a los 5 campesinos de El Capulín; los encarcelan en Chilpancingo

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Luego de que este lunes fueron encarcelados en el Cereso de Chilpancingo cuatro de los cinco campesinos de El Capulín –y el menor de ellos fue remitido al Tutelar de Menores Infractores– detenidos por sus vecinos de Moyotepec acusados de sembrar amapola en las tierras en conflicto, las autoridades agrarias de Tlacoapa, exigieron ayer al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, su libertad inmediata.

En una reunión que sostuvieron con el fiscal guerrerense, éste ofreció entregar al Juzgado Primero de Distrito del ramo penal, un informe detallado acerca de cómo es que sucedieron los hechos, así como el reporte de la Policía del Estado, mediante el cuál aseguran que en esa zona no hay plantíos de enervantes.

Antes, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto desmintió que los cinco campesinos de La Sabana, hayan sido capturados por sus vecinos de Moyotepec cuando se encontraban sembrando amapola “esos delitos fueron fabricados, ellos fueron secuestrados en su domicilio”.

Precisó que “todos fueron detenidos cuando estaban en un rezo levantando la cruz de un familiar que había fallecido; eso fue como a las 8 de la mañana, se los llevaron como unos 600 comuneros de Moyotepec que iban armados; los agarraron, los golpearon, los maltrataron”, narró.

Criticó la nula participación de los policías estatales que se encuentran en la zona de disputa, porque además de no intervenir en ningún caso para evitar algún enfrentamiento “se la pasan durmiendo en la delegación de El Capulín, ellos no están recorriendo el lugar del conflicto”.

Acompañado de un grupo de campesinos, Galeana señaló que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado “causa pena y tristeza porque nos ha tomado el pelo; para el caso de nosotros hay justicia sin que se haya cometido ningún delito y cuando nosotros hemos tenido varias denuncias por la destrucción de viviendas y robo que han cometido (los de Moyotepec), no se ha aplicado la justicia. Por lo tanto, nosotros pedimos ya justicia también”.

Señaló que también es “lamentable” el comportamiento del agente del Ministerio Público Especializado en Asuntos Indígenas, Joaquín Juárez Solano, “porque él se prestó a este juego, él realmente conoce el lugar, ha ido, ha recorrido ese lugar; él sabe que hemos agotado con todas las declaraciones de los testigos y hasta la fecha no ha salido al orden de aprehensión” en contra de los agresores de El Capulín.

Resaltó que la petición de las autoridades de Tlacoapa “es que el gobierno libere a nuestros cinco detenidos, supuestamente acusados de narcotraficantes cuando realmente nuestra gente no se dedica a eso, nosotros en todo el núcleo conocemos a nuestra gente y nadie se dedica a eso, es una vil mentira que hayan estado sembrando amapola”.

Más tarde preguntó al procurador de Justicia y al gobierno del estado que “expliquen cuál es la función de (el presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa) Natalio Solano, dentro de la PGJE y también del comisario de Moyotepec”.

Por su parte el asesor legal de los comuneros de Tlacoapa y dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, informó que este lunes, los cinco campesinos fueron presentados ante el Juzgado Primero de Distrito del ramo penal con sede en esta capital; precisó que el menor de los detenidos fue trasladado al Albergue Tutelar de Menores Infractores. Agregó que por ese caso la Procuraduría General de la República (PGR) integró la averiguación previa PGR/GRO/UMAN/041-2006.

Dijo que por el momento “se rompe el diálogo” con los comuneros de Moyotepec, para la búsqueda de una solución al conflicto e incluso destacó que si a los detenidos les dictaba el juez auto de formal prisión, comenzarían una serie de movilizaciones.

Por la tarde, Romero Sotelo dio a conocer que en una reunión privada que sostuvieron con Murueta Urrutia, éste además de reconocer que “actuaron ante el linchamiento, dijo que está en la mejor disposición de informar al juez cómo es que sucedieron los hechos”.

Aseguró que dicha oferta fue posterior a la explicación que le hicieron los campesinos y autoridades agrarias de Tlacoapa “creemos que con ese informe podrían quedar en libertad antes de que sean sentenciados, ya que por el delito con que fueron acusados, no alcanzan fianza y después se complicaría su liberación”.

Romero Sotelo señaló que el procurador de Justicia, también prometió en el encuentro con ellos, que enviaría al juez el reporte de la policía del estado y de la Policía Federal Preventiva, con relación a que en el lugar de conflicto “no hay plantíos de amapola”.

Declaran formalmente preso a Raymundo Benhuena por el homicidio de su esposa

 

 Puede ser condenado hasta 40 años de prisión. Acusa el MP que el acusado quería cobrar el seguro de vida de su cónyuge

 Jorge Nava

El presunto homicida Raymundo Benhuena Osorio, acusado de matar a su esposa el 15 de diciembre del año pasado, fue notificado ayer en la mañana que está formalmente preso, por el presunto delito de homicidio, a pesar de que su nueva defensora presentó un día antes a cinco testigos de descargo que afirmaron que es inocente.

A las 10 de la mañana, el procesado que ahora es asistido por la abogada, Guadalupe García Méndez, desde la rejilla de diligencias escuchó la notificación de la primera secretaria de Acuerdos, Auricela Lucena Venancio, la decisión del juez Tercero Penal, Derly Arnoldo Alderete Cruz, quien le informó que puede ser condenado de 20 a 40 años en prisión.

Raymundo Benhuena había sido defendido al principio por el abogado Anuar García Mendoza, que fue detenido por robo en agravio de Socorro Lucía García, el viernes 23 pasado, por hechos que ocurrieron en el poblado de Huamuxtitlán, el 22 de abril de 2002, y después de que su cliente rindió su declaración preparatoria.

El martes, la nueva defensora del procesado ofreció los testimonios de Graciela Palafox Cervantes, Luis Alberto Jiménez Acevedo, Marvin García Zamora, Clara Osorio Nochebuena y Jairo Noel Benhuena Garibo, todos vecinos del procesado, quienes declararon que es inocente.

En el juzgado, la secretaria aclaró que las declaraciones de los testigos sobre la causa penal 064-1/2004, en agravio de María de la Luz Garibo Bernal, “no restan valor probatorio por el momento”.

A Raymundo Benhuena lo detuvieron policías ministeriale sadscritos a Ciudad Renacimiento el pasado miércoles 21, cuando se encontraba frente al hotel Maralisa, ubicado en la Costera, en cumplimiento de una orden de aprehensión que giró el juez Tercero Penal, porque supuestamente mató a su esposa María de la Luz Garibo.

Según la Policía Judicial, la mujer fue asesinada cuando éste la llevó al río El Salitre, donde varias personas de ese lugar aseguran que vieron cuando la golpeó contra unas piedras, y según el Ministerio Público habilitado en Ciudad Renacimiento, el acusado tenía la intención de cobrar el seguro de vida de su cónyuge, que trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).