Al menos 10 vecinos de la cabecera municipal de Xochistlahuaca denunciaron que, sin su consentimiento la empresa Telmex les cobra en sus facturas mensuales un seguro denominado Vidatel de Seguros Inbursa, empresas del magnate Carlos Slim.
Bartolomé López Guzmán denunció que desde febrero de este año en los recibos de Telmex, aparecen dos conceptos por un costo total de 73 pesos; Patrimonial Inbursa, de 50 pesos, y Salud Interactiva, de 23 pesos, que él no autorizó.
En declaraciones por teléfono a nombre de 10 familias afectadas el quejoso indicó que en una llamada a la empresa de seguros para cancelar el servicio y la devolución de los pagos hechos, le indicaron que había una grabación, en posesión de Seguros Inbursa, que demostraba que él aceptó el servicio, y que no le podían devolver su dinero.
Mostró el contrato que Seguros Inbursa le envió junto con su recibo telefónico, donde el único dato correcto es el nombre del titular del contrato del servicio telefónico.
En una llamada al número 01800 4624636 de Seguros Inbursa, una operadora indicó que el seguro cubre gastos médicos por 20 mil pesos y que este sería reembolsado solicitándolo en las dos oficinas de la aseguradora, en Acapulco e Iguala.
López Guzmán denunció que Telmex e Inbursa Seguros podrían estar defraudando, no sólo a las familias de habla ñomndaa de Xochistlahuaca, sino a otras comunidades indígenas del país, donde por desconocimiento, los clientes pagan los seguros, aunque no los puede usar porque no hay hospitales privados cercanos.
En Xochistlahuaca sólo hay un centro de salud básico en la cabecera municipal, mientras que en Ometepec, la ciudad más cercana, hay un hospital regional que depende de la Secretaría de Salud del estado, y los hospitales privados más cercanos están a cuatro horas o cinco de recorrido por carretera, en Acapulco.
Según la póliza que mostró el quejoso, el seguro cubre muerte accidental, repatriación, apendicetomías y otras cirugías, traslados en ambulancias, asistencia de emergencia en el hogar y asistencia nutricional.
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Protestan en Rectoría trabajadores de la UAG defraudados por la caja de ahorro de STTAISUAG
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) se manifestaron en las oficinas del rector Javier Saldaña Almazán, en la Rectoría, para exigir el pago de la caja de ahorro 2016, que se le adeuda a unos 500 universitarios en el estado.
La caja de ahorro la administra el STTAISUAG, en ella, los universitarios también integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), ahorran de manera quincenal un mínimo de 50 pesos durante el año y en diciembre este ahorro se les entrega junto con los intereses que se generan, a partir de préstamos a los empleados.
En diciembre de 2016 se informó de un fraude de más de 6 millones de pesos, que permitieron los encargados de la caja, Eric Manrique Catalán, Felipe Alonso Alonso y Guadalupe García Campos, que fueron destituidos de su cargo y expulsados del STTAISUAG. Actualmente enfrentan un proceso jurídico por el desfalco.
El 9 de noviembre, integrantes del STTAISUAG opositores a la secretaria general, Brenda Alicia Alcaraz González, se manifestaron en la Rectoría y exigieron el pago a Saldaña, ese día se acordó una mesa de trabajo con el rector, para discutir la manera en que la Administración Central pudiera garantizar los recursos a los defraudados.
A la reunión se citó a las 10 de la mañana de este martes en la Rectoría, pero Saldaña Almazán no llegó al lugar, por lo que los defraudados se manifestaron colocando una lona en la que se leyó: “Sin vergüenzas, ¡regresen nuestro dinero!”. Mediante un equipo de sonido, los inconformes reclamaron la entrega de los recursos, pues se tratan de sus ahorros de un año.
Al respecto, el maestro Pedro Salazar Trinidad dijo que la Administración Central debe involucrarse en el caso del fraude, pues afecta a los trabajadores; además de que los inconformes solicitaron documentos para comprobar los ingresos de la caja de ahorro, pero éstos les fueron negados.
Una comisión, que representó a 55 trabajadores de distintas escuelas de la Universidad, fue atendida por el secretario general, José Alfredo Romero Olea; el asesor jurídico, Pablo Valdez Guerrero, y el coordinador de asesores, Fernando Jiménez Medina, quienes acordaron vigilar el proceso de pago del adeudo, las demandas en contra de los responsables y apoyar en la gestión de recursos para que se entreguen a la brevedad posible.
Además, recibieron una lista con los nombres de los defraudados que se han manifestado para exigir el pago, éstos serán considerados como un caso prioritario de pago, debido a sus circunstancias particulares, como enfermedades, decesos de familiares y otras.
Los manifestantes se retiraron y esperarán un lapso, aún no definido, de tiempo por un avance en los acuerdos de la reunión, en caso de que nuevamente se incumplan los acuerdos, volverán a protestar en la capital.
Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas
Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.
Protestan indígenas defraudadas en la autopista en Chilpancingo y en la Costera de Acapulco
Indígenas de Ayutla, Tecoanapa, Iliatenco, Zihuatanejo, San Luis Acatlán, San Marcos, Acapulco y Chilpancingo protestaron una hora en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, y en la Costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado que solucione el fraude contra 200 mujeres por la presidenta de la Asociación Civil Carmen Serdán, Rosa Rayo Macedo, quien además es líder del Círculo Femenino de Emprendedoras, Obreras y Campesinas del Estado de Guerrero y secretaria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Minutos después de las 8 de la mañana unos 30 hombres y mujeres de Ayutla se plantaron en la caseta de la Autopista del Sol en Palo Blanco para demandar justicia a las autoridades del estado.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leyó: “Exigimos Justicia somos indígenas más vulnerables y más olvidados”, “Presidente de la República queremos audiencia” y pidieron cooperación voluntaria.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantearle sus demandas, pues entre el 2009 y el 2014 fueron defraudados por Rayo Macedo, quien les prometió empleo temporal, proyectos productivos y vivienda, a cambio de 5 a 6 mil pesos por cada uno durante los cuatro años, hasta reunir 31 mil 150 pesos, más los días que perdieron su tiempo sumaron 61 mil 150 pesos para cada una.
A la caseta llegaron agente federales, quienes acosaron a los manifestantes para que se retiraran, de lo contrario les dijeron que se los llevarían detenidos.
Al lugar también acudieron representantes del gobierno del estado, quienes prometieron que el miércoles a mediodía los recibirá el gobernador. Minutos después de las 9 de la mañana se retiraron.
Presentaron una denuncia penal en el MP en 2015 pero no hay avances, denuncian en el puerto
En la protesta en la Costera de Acapulco afuera de Oceanic 2000 dijeron que 180 mujeres en el estado fueron defraudadas, pero que hay otras más y calculan que son unas 2 mil las que tuvieron que vender terrenos y animales, porque les prometieron proyectos productivos.
Pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que se resuelva el problema.
Se informó que presentaron una denuncia penal en la agencia del Ministerio Público sector Garita en el año 2015, pero que no hay avances debido a que no tienen recursos para pagar al abogado, para que el agente dé seguimiento y emita una resolución en contra de Rayo Macedo, a quién le piden que les regrese su dinero.
La presidenta de la asociación civil Mujeres Indígenas Guerrerenses, Maura Guzmán Cano informó que el fraude fue de 2009 al 2014, “nos empezaron a pedir de mil pesos, cinco mil pesos, 6 mil, ocho mil pesos y aparte de eso lo que estamos pidiendo es que nos regresen nuestra cooperación que dimos, porque no hay ningún proyecto de los que nos prometió de 300 mil pesos o de 500 mil pesos, prometió viviendas, becas”.
Reprochó que ni Rayo Macedo ni el secretario general de la CTM, Antelmo Alvarado García, “nos da la cara, cuando el señor Antelmo nos dijo que ella estaría aquí (ayer) a las 12 en punto de la mañana”, pero como no llegó se manifestaron.
Guzmán Cano informó que hace ocho días recibieron una llamada del secretario general de la CTM, y le ordenó a Rosa Rayo que los recibiera para que “le pidamos que ella pague, porque él no se hacía responsable, porque él no agarró el dinero, sino la señora Rosa Rayo, quién es la secretaria de la CTM”.
“Estamos aquí pidiendo que nos regresen el dinero, lo que estamos pidiendo que nos pague es de 71 mil 155 pesos por cada una, somos 180 de todo el estado, y ella no sólo defraudó a esa cantidad, sino arriba de dos mil mujeres en todo el estado con la misma cantidad, y con todas las vueltas no nos han dado la cara”, detalló.
Agregó que la petición es que Rayo Macedo les pague a las señoras que hicieron sus pagos, porque son “personas muy humildes que vendieron sus terrenos, empeñaron sus alhajas, vendieron sus animales para poder cumplir la cuota que la señora quiso”, que cuentan con pruebas “porque ellos nos recibía, aunque sea su puño y letra tenemos comprobante”.
“Queremos pedir justicia al gobierno federal, con el gobierno estatal que ponga su atención en nosotras las mujeres, que nos están engañando con proyectos y nos están sacando dinero, eso no es justo para muchas personas aquí”, indicó la dirigente y recordó que en el año 2015 se retiraron de la organización porque “no veíamos apoyo”.
De la denuncia mencionó que “no hay resolución porque no tenemos dinero, somos mujeres indígenas”, el Ministerio Público “no esta haciendo nada porque el asunto apenas lo fui a sacar y no se le ha movido nada”.
“No nos han dado nada, ninguna despensa, estamos desde hace ocho meses buscando la cara del gobernador queremos pedir su intervención, porque somos gente que votamos por él, y todas estas personas fueron promotoras”, dijo y advirtió en caso de no tener una respuesta van a movilizar más de 18 mil mujeres de todo Guerrero.
No cumple la garantía de una motoneta la tienda Elektra de Atoyac, denuncia un vecino
El vecino de la comunidad serrana de El Paraíso, Isaías López denunció que la tienda Elektra de la ciudad de Atoyac se niega a hacerle valida la garantía de una motoneta Italika modelo XS 125 que compró de contado el pasado 28 de diciembre.
El afectado dijo que acudió a la tienda ubicada en la avenida Juan Álvarez de la ciudad de Atoyac a adquirir una motoneta, misma que no ha usado porque salió con un desperfecto desde la misma tienda.
En el taller les explicaron que estaba mal el carburador de la motoneta, al cual hicieron cambios, “pero sigue igual, tiene cuatro días en el taller, he pedido el cambio, y no nos quieren hacer valida la garantía ni el cambio”.
Contó que la motoneta le costó 19 mil 956 pesos, y que desde que la adquirió permanece en el taller que le asignó la misma compañía, y dijo que tiene documentos que comprueban que sólo ellos han abierto el equipo.
Dijo que ha pedido que le hagan valida la garantía o la cancelación de la compra, pero lo traen dando vueltas, y perdiendo tiempo y dinero.
Denunció que el encargado de la tienda sólo le ha dicho que le darán solución dentro de seis meses.
“Ya no queremos la moto, porque ya fue abierta y todos estos días ha estado en el taller, no la hemos usado y voy a proceder a poner una denuncia ante el Ministerio Público por fraude, y ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) para que atienda estas irregularidades”, indicó.
Se quejó de que los mismos trabajadores se jactan de que Elektra no lo va atender, porque se dice una empresa grande y no le van a hacer caso.
Detalló que hizo un esfuerzo para reunir ese dinero, para ahorrar en sus traslados al trabajo, ya que ante el alza de la gasolina le conviene este tipo de transporte, “pero ha salido más caro, con las vueltas y gastando en pasaje y en comida”.
Piden capitalinos defraudados por constructoras regular ese servicio
Hay déficit de 17 mil viviendas por año, aseguran en el Segundo Foro Sobre Vivienda Social. Al acto asistió el candidato priísta Héctor Astudillo quien se manifestó contra el engaño a familias guerrerenses
Teresa de la Cruz Chilpancingo
Unos 300 capitalinos que han sido defraudados por constructoras, pidieron ayer al gobierno del estado, a través del Segundo Foro Sobre Vivienda Social, que se desarrollen políticas sustentables e integrales en materia de vivienda, así como políticas de regulación para que las constructoras “ya no cometan fraudes”.
En la plaza cívica Primer Congreso de Anahuac, personas defraudadas por constructoras, catedráticos, líderes de organizaciones sociales, empresariales y políticos expusieron sobre el problema de vivienda que actualmente se ha convertido en un “problema social, cuyo déficit es de 17 mil viviendas al año”, según el moderador José Luis Cuevas González.
Al acto asistió también el candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien habló sobre el engaño contra familias guerrerenses, “sobre todo las de escasos recursos”.
Astudillo Flores no hizo ningún compromiso porque “no vengo en calidad de candidato ni vengo a pedirles el voto, eso será en otro momento”.
De los afectados del fraccionamiento Villas Colibrí, defraudados por la constructora de Puebla, Mantilla y Asociados, habló el también jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Flores Nolazkuo, quien hizo un recuento de su situación.
Pidió integrar una Comisión Ciudadana para instalar una mesa de trabajo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos, para “atender de inmediato los problemas de cientos de familias timadas por empresas inescrupulosas que afectan la economía familiar y la esperanza de una vivienda digna”.
Además propuso que el gobierno del estado emita un decreto de expropiación del terreno de Villas Colibrí –ubicado a un costado de lo que será el nuevo Palacio de Gobierno– porque actualmente “está en manos de un juez, quien lo subastará, pero al suceder esto el costo ya no será en pesos sino en dólares, y ello porque se ubica en la zona de la ciudad de los servicios”.
Intervinieron también los afectados del fraccionamiento Mirna Acevedo de Juárez Cisneros –ubicado entre Chilpancingo y Petaquillas–; ellos denunciaron el fraude en agravio de 105 familias por la constructora Armenta, cuyo dueño, quien es asesor en materia de comunicación del gobernador, Rogerio Armenta, permanecía en ese foro “a modo de burla”, según el presidente del grupo de afectados, Carlos Alvarez Sánchez.
Los defraudados de este fraccionamiento durante el foro mostraron pancartas que decían: “105 familias defraudadas, autoridades necesitamos ayuda”. Asimismo criticaron que en el gobierno no haya políticas sustentables de vivienda “pero son necesarias”.
Luego tocó el turno a los afectados del fraccionamiento 14 de Febrero –que habitan en su mayoría universitarios–, quienes tienes problemas de tenencia de la tierra, y es que se posesionaron de un predio que se ubica frente a la Rectoría de la UAG, “pero hasta en el periodo del ex rector Florentino Cruz Ramirez sólo se habló de instalar mesas para negociar, pero no hay respuesta”, dijo Carlos Altamirano García.
Altamirano García, a nombre de sus vecinos, pidió al gobierno que aplique políticas sustentables e integrales en materia de vivienda, y coincidió con otros ponentes en que el mandatario estatal “debe crear un fondo de inversión para viviendas dignas y decorosas”.
Asimismo, Altamirano García coincidió con los afectados de Villas Colibrí en que se desarrollen políticas para regular a las constructoras, y evitar así que “continúen los fraudes”.
Intervinieron también catedráticos universitarios, dirigentes de cámaras empresariales, así como el subdirector de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Gerardo Nabor Ojeda de la Peña, quien dijo que el problema de vivienda “es muy grave”, sobre todo por las cerca de ocho mil comunidades dispersas generadas por el crecimiento de la población y la migración del campo a la ciudad.
Denuncian a propietario de constructora capitalina por defraudar a 105 familias
El dueño de la Constructora Armenta, cobró un millón de pesos, pero sólo entregó la mitad de las viviendas del fraccionamiento Mirna Acevedo, acusan. Les preocupa que no atiendan su problema porque el dueño es asesor del gobernador, dicen
Teresa de la Cruz Chilpancingo
Unas 105 familias del fraccionamiento Mirna Acevedo denunciaron que el dueño de la Constructora Armenta, Rogerio Armenta, los “defraudó” por más de un millón de pesos que le pagaron por construir sus viviendas, cosa que no sucedió.
En conferencia de prensa la vicepresidenta del fraccionamiento Mirna Acevedo –ubicado entre Petaquillas y Chilpancingo–, Beatriz Aburto Hernández, explicó que en 1999 la Constructora Armenta lanzó una convocatoria en la que “ofrecía 205 créditos para vivienda, y sólo pedía un enganche de 8 mil 500 pesos para comenzar la construcción”.
Al llamado de la convocatoria –según Aburto Hernández– respondieron 205 familias, y en 2001 “entregó un paquete de 50 casas completas, y para 2002 otorgó otras 50 viviendas pero en obra negra, a lo que los vecinos reclamaron, pero Rogerio Armenta, –quien también es asesor del gobernador René Juárez en materia de Comunicación– dijo que si las querían bien y si no ni modo”.
Ante el nulo avance de la obra para las 105 casas faltantes –cuyo costo total es de 120 mil pesos– “pedimos explicación al propietario de la constructora y nos dijo que ya no iba a construir nada, que ya no tenía dinero y que se declaraba en bancarrota”, indicó Aburto Hernández.
Señaló que para “reclamar la construcción de las 105 viviendas o la devolución del dinero, que es aproximadamente 1 millón de pesos, producto del enganche que entregaron las familias, se posesionaron del predio”.
Pero –dijo– las irregularidades continúan porque “Rogerio Armenta sigue vendiendo terrenos, es decir hay duplicidad de dueños y al reclamarle nos ha dicho que hagamos lo que queramos, que al fin a él no le van a hacer nada por que es asesor del gobernador”.
Indicó que otro problema es que “ahora aparecen tres dueños del predio: por un lado está Rogerio Armenta, quien sigue vendiendo terrenos; por el otro está el propietario original, Celerino Bautista, a quien no le pagó, y uno más es la Hipotecaria Sucasita, la cual otorgó el financiamiento y por ello también reclama”.
Aburto Hernández pidió al gobernador del estado que intervenga porque Rogerio Armenta “nos ha defraudado, y queremos que nos entregue las casas completas o que nos devuelva el dinero”.
En su intervención, el presidente estatal del Partido Sentimientos de la Nación (PSN), José Antonio Montes Vargas, quien acompañaba a los vecinos defraudados, adelanto que van a interponer una demanda penal en contar de Rogerio Armenta por “fraude, porque no se vale que Chilpancingo se convierta en la ciudad de la impunidad y tenga la misma salida que los fraccionamientos Villas Colibrí, Villas Vicente Guerrero, entre otras”.
Acusan ante la Profeco 57 personas a Pepsi Cola por fraude con taparroscas
* Hay más quejas en Coahuila y Nuevo León
La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Guadalupe Gutiérrez Fregoso, informó que hay 57 quejas de personas en el estado que presuntamente fueron defraudadas por la empresa refresquera Pepsi Cola, 55 en este puerto y dos en Iguala.
Gutiérrez Fregoso informó que únicamente se han presentado denuncias de personas que ganaron un millón de pesos. En cuanto al procedimiento que la dependencia federal está llevando para estos casos, mencionó que se están realizando las audiencias e incluso agregó que el día 9 de marzo habrá 15 y que el problema se ha registrado a nivel nacional.
“Ya ha sido notificada, la empresa Pepsi-Cola Mexicana S.A.de C.V.” dijo, ya que son los responsable de la promoción. También agregó que se invitó a comparecer al representante de la secretaria de Gobernación.
Informó que algunos consumidores defraudados han acudido a presentar su denuncia de carácter penal, pues consideran que es un fraude el que les está haciendo la empresa Pepsi Cola. Por tal motivo, Gutiérrez Fregoso aseguró que están en el inicio de un procedimiento por infracciones a la Ley.
Precisó que éste tiene un termino aproximado de 45 días. De las audiencias que se han celebrado hasta el momento, agregó que no se tienen indicios de que las taparroscas sean falsas. Aseguró que en la próxima audiencia acudirán personas procedentes de la ciudad de México y den a conocer detalles del concurso para el esclarecimiento de las denuncias.
Mencionó que tomarán en cuenta diferentes aspectos para la revisión de las taparroscas, que están marcadas con el millón de pesos. Argumentó que las personas defraudadas no presentaron las taparroscas en las instalaciones de la Profeco para presentar su queja. A sugerencia de la dependencia federal, “presentaron fotos de las taparroscas”.
La titular de la Profeco informó que en otros estado de la República Mexicana se han registrado más de cien casos y como ejemplo dijo que “en Saltillo hay 300 y tantas quejas, en Monterrey más de 500 quejas”.
Cuando el destape millonario de las taparroscas de Pepsi es un fraude
* El caso de un indígena estafado por una empresa poderosa
Tlachinollan * Félix Galena Neri es un indígena tlapaneco de 51 años. Tiene seis hijos y vive en la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec. De ahí partió, la madrugada del miércoles 18 de febrero, rumbo a Acapulco. En el bolsillo de la camisa llevaba una ilusión con forma de taparrosca de Pepsi. Días atrás, al destapar una botella de esa bebida de cola, le había tocado el premio mayor de la promoción destape millonario: un millón de pesos.
Antes del mediodía llegó a la planta embotelladora de dicha empresa en Acapulco. Allá por el rumbo de Puerto Marqués. Su sorpresa fue grande cuando, sin siquiera permitirle el ingreso al establecimiento, los empleados encargados de la seguridad del lugar, sin el menor tacto, le informaron que su taparrosca era falsa. Rechazaron su pedido de entrevistarse con la persona encargada de recibir a los poseedores de taparroscas ganadoras y, en un intento de convencerlo, le mostraron una taparrosca que, según ellos, era auténtica.
Además de los policías, en la entrada de la embotelladora se encontraba un supuesto vendedor de libros, que abordaba a los clientes que llegaban a reclamar sus premios y trataba de desanimarlos afirmando, él también, que esas taparroscas no eran legítimas.
En la misma situación que Félix Galena Neri, estaban cinco personas más. Tres de ellas ostentaban taparroscas ganadoras con valor de un millón de pesos; las 2 restantes, de menor cantidad. Luego de esperar y de mantenerse firmes en su decisión de exigir ser atendidos por personal competente, lograron que un empleado de la embotelladora, Hugo Palacios, se acercara a la puerta para notificarles que los recibiría, pero de uno en uno.
Una vez reunido con Palacios, Galeana Neri escuchó por tercera vez, en lo que iba de esa mañana, que su taparrosca era hechiza. Para hacerlo desistir de su exigencia de recibir el premio, otra vez le mostraron una taparrosca verdadera. Nuevamente era una con la inscripción paupérrima del premio menor de dos pesos. Igual a la que habían usado en la puerta para que se le fueran las ganas de entrar a reclamar. Lo novedoso del argumento de este empleado fue que incluyó una alusión a los “vivos que están falseando” los productos de Pepsi. Además de una justificación basada en el hecho de que, según él, no es tan difícil tomar los envases vacíos de esta marca de refresco, llenarlos con la bebida y ponerles una taparrosca alterada.
Si esto fuese posible, ¿entonces qué confianza se puede tener en el control de calidad de la bebida Pepsi Cola? ¿qué garantías tienen los clientes de que el refresco que consumen es el que creen y no uno cualquiera, puesto en una botella vacía que ya fue usada con anterioridad? ¿cómo pueden estar plenamente seguros de que el envase de Pepsi que están abriendo para darle de beber a sus hijos no fue antes abierto y alterado por uno de esos vivos que andan por ahí?
Palacios también le comentó a Neri que la empresa ya está difundiendo a nivel nacional un comercial televisivo en el que le avisan al público de estas taparroscas falsas, el cual le aconsejó que viera. Esos fueron todos los argumentos que recibió Galeana Neri, en lugar del millón de pesos que presume su taparrosca gris, obtenida de una botella de Pepsi comprada en la tienda de abarrotes de su pequeña comunidad tlapaneca, lugar en donde no hay posibilidades de falsificar taparroscas por el simple hecho de que no se encuentran allí los materiales necesarios para tal fin.
A la salida del edificio, un vecino del lugar le dijo a Galeana Neri que tuvo suerte, porque a la mayoría de los dueños de taparroscas los policías ni siquiera los dejan ingresar a entrevistarse con el funcionario competente (por llamarlo de algún modo) en el tema.
La excursión a la ciudad playera fue un fracaso. Galeana Neri, que es miembro del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Laguna Tres Marías de Malinatepec, regresó a su comunidad con las manos vacías. El “Atrévete a más” no funcionó para este indígena tlapaneco que gastó 800 pesos en un viaje que no le redituó nada.
Sin almorzar, con el calor a cuestas y con la tristeza de sentirse estafado por alguien más grande, más rico y más poderoso que él buscó el camión urbano que lo llevara a Las Cruces, para volver a su casa a contarle a su familia, amigos y comunidad que no le dieron ni un peso. Mientras tanto, esta empresa transnacional probablemente continuará celebrando sus altas ventas en este país, aprovechándose de las ilusiones colectivas y de la necesidad de su gente.