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Se plantan organizaciones sociales en el Recinto del Ejecutivo; piden una audiencia con Evelyn

El plantón de representantes de organizaciones sociales que instalaron ayer afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, para demandar una audiencia con la gobernadora Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organizaciones sociales instalaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado para solicitar una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y pedirle que resuelva directamente peticiones que no han sido atendidas por las diversas dependencias.
En la protesta participaron miembros del Frente de Defensa Popular (FDP), del Frente Popular Revolucionario (FPR), del Consejo de Autoridades de Tecoanapa, desplazados de Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), e indígenas nahuas de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
La dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, declaró que la principal demanda, en el caso del FDP y de los indígenas de San Jerónimo Palantla es la presentación con vida del indígena nahua de esa localidad, José Abundio Bolaños Calvario, desaparecido desde hace un año, y sin que las autoridades hagan algo para localizarlo.
Informó que también piden apoyo para 15 familias de desplazados por la violencia de Xochitempa Laguna Seca que están refugiados en San Jerónimo Palantla.
El grupo de desplazados por los daños del huaracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel de la comunidad de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) que fueron reubicados a Nuevo Balsamar, del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) exigieron a los gobiernos del estado y municipal su reconocimiento legal como comunidad, así como la introducción de servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica, y la construcción de la escuela primaria y la telesecundaria.
Por su parte, el dirigente del Consejo de Comunidades y Autoridades del municipio de Tecoanapa (al que pertenecen ocho pueblos), Prócoro Valente Gil informó que su demanda prioritaria es el tratamiento de las aguas residuales y el saneamiento del río de Tecoanapa que ya se convirtió en un grave problema de salud para las ocho comunidades que se encuentran en las márgenes del arroyo.
Las comunidades afectadas son Mecatapec, San Francisco, Xalpatláhuac, El Guayabo, Barrio Nuevo, Tepintepec, El Carrizo y San Juan Las palmas.
Informó que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, ya fue a visitar recientemente esas comunidades y comprobó el daño a la salud que está provocando la contaminación del agua de ese río porque la planta tratadora de aguas residuales de la cabecera municipal descarga hacia el río.
Sin embargo, denunció que la presidenta municipal de Tecoanapa, Carmen Iliana Castillo Ávila, a pesar de que es del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no quiere intervenir para resolver el problema.
Valente Gil declaró que la alcaldesa argumenta que no tiene ningún documento que demuestre “la certeza jurídica de la ubicación de la planta tratadora de aguas residuales de la cabecera municipal que descarga al río”.
Dijo que los pueblos afectados ya presentaron el proyecto para el saneamiento del agua ante el Ayuntamiento y también en la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Estado de Guerrero (CAPASEG), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “con todo el sustento científico y legal”, pero que la alcaldesa insiste que no tiene el documento “porque cada presidente municipal que entra se lleva toda la documentación” y que posiblemente lo tengan en CAPASEG”.
Valente Gil declaró que por eso piden que los atienda directamente la gobernadora para que de indicaciones a las dependencias que atiendan el problema.
Denunció que por la contaminación del agua del río, en las comunidades han proliferado los problemas de salud. Agregó que las enfermedades que se presentan sobre todo en los niños, son desde enfermedades gastrointestinales hasta problemas de la piel.
Aunado al incremento de las enfermedades, denunció deficiencias en la prestación del servicio de salud.
Dijo que la propia secretaria Ibarez Castro, en su reciente visita a esos pueblos, verificó el deficiente que se da a los pobladores en los centros de salud, “se dio cuenta que lo único que hacen los doctores es dar las recetas y los pacientes tienen que comprar el medicamento”.
Reprochó que esto pasa a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se envían los medicamentos, “pero acá lo que hacen es un negocio, algunos médicos tienen sus hospitales y venden los medicamentos, y en algunos hospitales tienen convenios con clínicas para realizarse los estudios y los recomiendan para que les den un cierto porcentaje”, denunció.
Destacó que, además, en algunos casos los familiares de los pacientes tienen que pagar la gasolina de la ambulancia, al chofer y al médico que los traslada ya sea de Ayutla a Ometepec, a Acapulco o a Chilpancingo.
La dirigente del FDP, informó que el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, los recibió en diciembre y en enero, pero no resolvió sus demandas y que ahora piden una reunión directamente con la gobernadora, “porque sólo nos han llevado a mesas de trabajo con las dependencias donde hemos firmado minutas de acuerdo y no se ha logrado la solución de nuestras demandas”.

Tras accidente en Tixtla detienen e incomunican cinco horas a Efraín Torres, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente del Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV) y del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro fue detenido por agentes de tránsito y policías municipales de Tixtla e incomunicado durante unas cinco horas, denunciaron sus familiares.
El dirigente social fue detenido a las 11 de la mañana en la carretera Chilpancingo-Tixtla, cuando atravesaba Tixtla, luego de que impactó por alcance a una ambulancia de ese municipio, cuyo conductor frenó de improviso.
Sus familiares denunciaron que sin mediar negociación alguna, agentes de tránsito y policías municipales se lo llevaron detenido a la delegación de barandilla municipal.
Su cuñada Elva Delia Guevara Tejedor, en declaraciones por teléfono, denunció que la Policía Municipal les impidió verlo y platicar con él desde las 11 de la mañana que fue detenido.
Un dirigente del FDP declaró por su parte que su preocupación fue porque en ese municipio los policías municipales están infiltrados por el crimen organizados y que por ello montaron guardia afuera de la delegación de barandilla para evitar que lo sacaran y se lo llevaran a otro lugar y le hicieran algo.
Dijo que intentaron entrevistarse con las autoridades municipales pero en todo momento se negaron y tampoco les dieron información de su situación legal.
Elva Delia informó que hasta casi a las cuatro de la tarde les informaron que el dirigente del FPFV y del FDP debía pagar una fianza de 20 mil pesos, sin que hubiera un desglose de los daños derivados del percance en el que se vio involucrado Torres Fierro.
Informó que el dirigente social viajaba a Chilpancingo con algunos de sus familiares cuando ocurrió el percance.
Torres Fierro salió libre aproximadamente a las cuatro de la tarde después de que pagó el monto de la fianza.

 

Protesta el FDP frente a la CICAEG; exige una mesa de trabajo para hablar de carreteras

Unos 100 integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron en la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) para exigir una mesa de trabajo.
De acuerdo con la coordinadora del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, la organización solicitó que se revisen la carretera de Carrizalillo-Amatitlán-Tenantla a Mártir de Cuilapan, y el camino de San Jerónimo Palantla a Lamazintla, municipio de Chilapa, para que hagan las obras para evitar que los pobladores queden incomunicados durante la próxima temporada de lluvias.
A las 9:30 de la mañana, los inconformes llegaron a las oficinas del CICAEG, al sur de la capital, y demandaron una mesa de trabajo que se les prometió el año pasado; casi de manera inmediata, una comisión fue recibida por los jefes de distintas áreas de la comisión, quienes se comprometieron a hacer los análisis y obras necesarias para contingencias.
Guevara Tejedor informó que además, el FDP tiene pendiente una reunión con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), ya que la dependencia se comprometió a entregar más de mil 500 toneladas de fertilizante a campesinos de Atoyac, Chilapa, Coyuca de Benítez y otros municipios, que son integrantes del FDP.

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Marcharon 2 mil activistas el Día del Grito en la capital; no hay nada que celebrar, denunciaron

 

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas y maestros de la CETEG marcharon este jueves sobre la Autopista del Sol .Foto: Jesús Eduardo Guerrero

“Porque no hay nada que celebrar, hasta que aparezcan vivos” fue la consigna que encabezó la marcha de las actividades del anti grito al que convocó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), este jueves en Chilpancingo.
En la marcha participaron 2 mil activistas que exigieron justicia para los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pidieron la derogación de la reforma educativa y se pronunciaron contra el nuevo nombramiento de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fueron halladas bolsas con restos de uno de los normalistas.
A las 11:58 de la mañana el contingente conformado por padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, miembros de la fracción de la CETEG del secretario general, Ramos Reyes Guerrero, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), así como integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del partido Morena, partieron de la estatua del general Nicolás Bravo para incorporarse en el carril México-Acapulco de la Autopista del Sol.
Durante su incorporación a la autopista se registró un conato de violencia, una unidad del transporte público capitalino de la ruta Figueroa Mata intentó avanzar aventándose contra los manifestantes.
A paso lento y bajo un intenso sol, los manifestantes coreaban las consignas como “Por que vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¿Dónde están, donde están nuestros hijos donde están?.
Al frente de la marcha los jóvenes normalistas de Ayotzinapa portaban una manta en la que se leía “Nos faltan 43 y miles más”, respaldando a los padres quienes portaban la fotografía de sus hijos.
En la marcha se hicieron tres paradas, la primera fue frente a la 35 Zona Militar donde demandaron justicia y señalaron que aún están a la espera de que se otorgue el mecanismo especial recomendado por el grupo de expertos del GIEI tras entregar su informe.
Por el equipo de sonido se escuchó que este 15 de septiembre no hay nada que festejar, porque no se ha dado justicia a las familias que perdieron a sus hijos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“Gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que nos sigue respaldando y no nos ha dejado solos, gracias ustedes que siguen aquí en la lucha, porque siguen caminando a lo largo y lo ancho por una lucha digna”, agregó.
La segunda parada se hizo en el Congreso local, ahí bloquearon la circulación durante 15 minutos ante la llegada del subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, quien era acompañado por el secretario técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta.
En el encuentro hecho entre una cadena humana de los maestros que con los brazos entre lazados participaron en la manifestación, los funcionarios estatales acordaron atender las peticiones planteadas por los manifestantes, y les pidieron desistir de la movilización.
Mientras esta reunión se hacía, los grupos de policías antimotines que operan en la capital estaban bloqueando el acceso a las principales calles que llevan al Palacio de Gobierno donde ya se preparaba el escenario con dos estructuras para la presentación de la cantante Gloria Trevi y la banda Sonora Dinamita, contratados para amenizar el festejo oficial del grito de la Independencia.
El objetivo de los manifestantes era llegar a Palacio de Gobierno pero fueron impedidos por un grupo de más de 500 policías antimotines que se colocaron en el puente vehicular que atraviesa el río Huacapa.
Ante la movilización los líderes de las distintas organizaciones guerrerenses que participaron en la actividad encararon y gritaron consignas a los uniformados. La actividad concluyó sin percances, los manifestantes en su mayoría maestros de la CETEG se regresaron a su plantón al finalizar una conferencia de prensa en el lugar.

Plantan a organizaciones autoridades de Atoyac y federales; inspeccionarían la Clínica de la Mujer

La Red de Mujeres por la Salud manifestó su temor de que la entrega de la Clínica de la Mujer para la Prevención del Cáncer, en Atoyac, no sea entregada el 5 de junio próximo, fecha anunciada por las autoridades municipales y estatales, después de que fueron plantadas por el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez, y la procuradora de la Mujer, Imelda Pacheco, con quienes inspeccionarían el inmueble que sigue en construcción.
Integrantes de la Red, que aglutina a Raíz Zubia, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Frente de Defensa Popular, el Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de la Costa Grande, Parteras y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), visitaron las instalaciones ubicadas dentro del Hospital General Regional.
Las integrantes de las organizaciones dijeron que el proyecto que inicio en marzo de 2014, estaría lista en siete meses, según se anunció, pero a más de dos años continúan los retrasos.
Insistieron que no se requiere sólo que se concluya su obra física, sino que esté ya operando porque la garantía del mastógrafo que adquirieron autoridades de Salud, ya caducó por el retraso de más de dos años.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo, comentó que hay una estela de corrupción en el ejercicio de los recursos de la obra, y exigió informes, porque no se conformó desde su inicio el comité de obra.
Desde 2014 les han dado diferentes fechas de entrega de la Clínica, y con su incumplimiento laceran los derechos a la salud de las mujeres, dijo la activista un día antes de la conmemoración del Día Internacional por la Salud de las Mujeres.
Las denunciantes consideran que ha habido irresponsabilidad del gobierno estatal y municipal, que no han aclarado los recursos que ejerce la misma constructora Orcamex, que incumplió en un sinfín de detalles del proyecto.
Recordó que en este año las autoridades les aseguraron que en mayo estaría funcionando la clínica, y al no cumplir la recorrieron al 5 de junio y pidió que se revise el presupuesto para la remodelación del Hospital General, “y que no se quiera insertar la Clínica de la Mujer en esa remodelación, o que se mezclen los recursos asignados”.

Marchan organizaciones en Atoyac; exigen que se concluya una clínica y la libertad de Nestora Salgado

Con una marcha en la avenida Juan Álvarez y la entrega de volantes, representantes de organizaciones sociales de Atoyac protestaron en el Día Internacional de la Mujer ante el retraso de la construcción de la Clínica de la Mujer, que se ocuparía de la prevención del cáncer, iniciada en el anterior gobierno municipal.
Dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Raíz Zubia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Coalición de Ejidos, México Hoy y el Frente de Defensa Popular, respaldadas por medio centenar de mujeres, coreaban, “este día no es de fiestas es de lucha y de protesta” o “ya se pagó, no se entregó”, y exigieron que se respeten sus derechos y que se haga juicio político a los responsables de esa obra inconclusa de la clínica de la Mujer, presupuestada en 9 millones de pesos, con parte de los cuales se compró equipo médico y aparatos que están desde julio en el Hospital General Regional de Atoyac, sin poder utilizarlos.
Con mariposas en las que estaba impresa la imagen de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, las mujeres pedían su libertad, así como justicia para la luchadora social asesinada mientras hacía trabajo comunitario en Mexcaltepec, durante la contingencia de la tormenta Manuel, Rocío Mesino.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo compartió una carta que, dijo, es en solidaridad con Nestora Salgado a quien el gobierno quiere hacer ver como una delincuente, que se empeña en mantener encarcelada.
Leyó, “ellos no saben que tu voz se entiende más allá de los barrotes que creas continentes de unidad, no saben que tus pensamientos traspasan los muros de Tepepan e incendian procesos organizativos, no saben que tus pensamientos son como la ceiba, que dan fruto, sombra y vida, no saben que tú comandante conoces la miseria que vive el pueblo y gritas ya basta, no saben que eres de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que nació por los atropellos y abusos perpetrados por los que se arrastran y ocupan un cargo público, y se dicen jueces del orden y la justicia, no saben que tus manos se estrechan con las de otras mujeres para tejer tu libertad, la libertad de todos y todas. Tu andar ha creado caminos de esperanza para otros pasos, no lo saben, esa es nuestra ventajas no estás sola, todas organizadas reclamaremos tu libertad”.
El retraso de la clínica ha impedido la detección temprana de algunos casos de cáncer en Atoyac, denunció Norma Mesino, de la OCSS, quien dijo que otro cáncer por erradicar es la corrupción, “como la frase lo dice, el cáncer es una corrupción, y hay que prevenirlo, combatirlo, así como esta clínica que es para prevenir el cáncer, porque a tiempo se previene, debiéramos nosotras, como mujeres y sociedad, velar porque las obras se hagan y sean transparentes, porque son nuestros recursos, del pueblo, para eso pagamos nuestros impuestos”.
Abundó que tienen esperando más de un año que se termine la obra, y piden sancionar a la empresa responsable, porque se va a aportar más dinero cuando ya había una cantidad entregada.
Pidió que se frenen los feminicidios y asesinatos de los luchadores sociales, así como justicia para la activista hondureña, Berta Cáceres.
Ángeles Santiago, de México Hoy, exigió que el director y los regidores que acompañaron en la marcha, Carlos Mesino y Osmayra Nava Santos, sean portavoces de la demanda de que se concluya la obra, porque el cáncer es una enfermedad que ataca a ricos y pobres, y es necesario combatirlo.
Lamentó que se sigan pisoteando los derechos humanos de las mujeres, algunas asesinadas, otras presas, para las que piden justicia.
Familiares de enfermos de cáncer que participaron en la marcha urgieron que se entregue la clínica porque, dijeron, es doloroso ver a sus familiares y tener que salir del municipio sin recursos para atenderse en otros lugares.

Entregan el reconocimiento Hilda Flores, a tres años de haberlo suspendido

Asimismo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las inconformes se trasladaron al Zócalo de Atoyac para acompañar a dos mujeres que recibieron el reconocimiento instituido en honor de la luchadora social Hilda Flores, que se retoma después de tres años de haber sido cancelado por el anterior gobierno municipal.
Por primera vez, el reconocimiento se entrega a dos mujeres al mismo tiempo: a Patricia Galeana Luna, empresaria local que se ha caracterizado por apoyar las campañas de salud, particularmente de la Cruz Roja, y a Gloria Olmedo Silva, de la comunidad serrana de San Vicente de Benítez, quien fue propuesta por las organizaciones sociales, ante su apoyo a ese poblado y atender partos de emergencia en momentos de contingencia, como los padecidos en la tormenta Manuel.
Las organizaciones sociales demandan que se mantenga este reconocimiento, cumpliendo su deber de reconocer el trabajo de las mujeres en la sociedad “y no por amiguismo”.
Asimismo, piden que se cumpla con la entrega de la medalla y el apoyo económico, que era de 10 mil pesos, el cual en esta ocasión no se entregó, sino sólo un reconocimiento que dio el cabildo en ausencia del alcalde Dámaso Pérez Organes.

Los cuatro detenidos no están en alguna Casa de Justicia, denuncia en la Fiscalía el FDP

 

La dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, dijo que sus cuatro compañeros detenidos por presuntos policías comunitarios de Rincón de Chautla no se encuentran en ninguna Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Rincón de Chautla en Chilapa y José Joaquín de Herrera.
A las 11 de la mañana, unos 15 integrantes del FDP acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar sus declaraciones sobre la detención de cuatro de sus compañeros el 26 de noviembre del 2015 por presuntos policías comunitarios, en la averiguación previa con número de expediente DGI/0271/2015 por privación ilegal de la libertad de cuatro personas.
“Al principio pensábamos que era la CRAC pero con los testimonios que hemos recabado están usurpando el nombre de los comunitarios, pero la verdad son grupos delictivos, los cuatro compañeros los tienen detenidos en Ayahualtempa en José Joaquín de Herrera, ahí se los llevaron, (ahí) no hay Casa de Justicia y no tienen nada que ver con la Policía Comunitaria”, indicó la líder de la organización.
Guevara Tejedor comentó que eran cinco los retenidos: el comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortés, quien salió en libertad después de pagar 3 mil pesos.
Recordó que el 26 de noviembre de 2015, presuntos policías comunitarios del Rincón de Chautla, en Chilapa, detuvieron a cinco hombres, entre ellos al comisario de San Jerónimo Palantla, luego del ataque armado a una Urvan en el que fue asesinado un consejero de la CRAC y tres mujeres en Chilapa.
Comentó que en las declaraciones de los testigos, los cuatro detenidos no tuvieron nada que ver en el  ataque de la Urvan porque se encontraban en el campo trabajando.
Asimismo exigió el esclarecimiento de las cinco muertes que hubo en San Jerónimo Palantla, Chilapa donde “llegaron presuntos policías comunitarios, mataron cinco personas (y) que ocurrió el 8 de febrero”.
Por último comentó que tras la denuncia intervendrán las autoridades de Chilapa y el gobierno del estado para atender las demandas de la organización y la inseguridad en Chilapa.

Es mentira que policías y militares busquen al desaparecido de Zotoltitlán, responden vecinos

 

Vecinos de Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango) mantienen por tercer día los retenes que instalaron en los caminos a la comunidad nahua, en donde el 20 de enero desapareció el campesino Antelmo García, quien no ha sido localizado.
Los vecinos de esa localidad desmintieron ayer a la alcaldesa del partido Movimiento Ciudadano, Felicitas Muñiz Gómez, quien el lunes declaró que ya habían intervenido las policías Estatal y Ministerial, además del Ejército para localizar al campesino desaparecido.
Los vecinos armados dijeron que hasta ayer ninguna corporación policiaca ni militar había llegado al pueblo, y los vecinos seguían buscando al campesino desaparecido y continuaban los tres retenes en las entradas y salidas de Zotoltitlán.
El desaparecido pertenece al Frente de Defensa Popular (FDP), y vía telefónica su dirigente Efraín Torres Fierro dijo que en el pueblo había consternación y desesperación por la desaparición del campesino, pero que las autoridades federales y estatales no habían intervenido.
Añadió que la presidenta municipal se reunió con los vecinos de esa comunidad el domingo y les prometió que este lunes acudiría el Ejército, la Marina y las policías Federal y Estatal para iniciar la búsqueda de Antelmo García.
Añadió que la promesa de Muñiz Gómez calmó los ánimos de los vecinos de Zotoltilán, pero como ayer no llegó ninguna corporación harán acciones de protesta no sólo para buscar a su compañero, también para atender el problema de la violencia e inseguridad que prevalece en la zona.
“La gente se ha organizado para continuar con la búsqueda del compañero porque no se ha visto ningún resultado ni acciones del gobierno para encontrarlo”, dijo Torres Fierro.
Agregó que la presidenta municipal se comprometió que este lunes llegarían militares, marinos, perros amaestrados y helicópteros para la búsqueda de Antelmo García, “pero hasta el momento no se ha visto nada”.
Añadió que por eso los vecinos continúan en los retenes y son ellos los que siguen buscando a su compañero, sin el apoyo gubernamental.
Dijo que ayer organizaron brigadas para buscar en los cerros, mientras tanto la Policía Municipal “sólo ha ido a darse la vuelta a los retenes pero no ha hecho recorridos, los que han buscado son los campesinos”, aseguró Torres Fierro.
Dijo que los campesinos participan “porque es una obligación para todo el pueblo”, y agregó “nosotros hablamos con todos para seguir la búsqueda y exigir al gobierno del estado que se haga cargo del problema, le pedimos que entren el Ejército, Marina y Policía Federal, y que no sólo anden en Acapulco en la playa”.

Se plantan vecinos de Palantla, Chilapa, en Palacio de Gobierno para que la CRAC libere a detenidos

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.