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Detuvieron fuerzas armadas y Guardia Nacional a 188 personas en 2022

El resultado de las operaciones conjuntas de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional el año pasado en Guerrero, fue de 4.4 millones de pesos incautados en diferentes municipios del estado, la detención de 188 personas, el aseguramiento de 209 vehículos y el aseguramiento de un laboratorio clandestino de estupefacientes.
De acuerdo con un breve reporte oficial, también señala la destrucción de 250 plantíos de mariguana, más de 18 mil plantíos de amapola, sin precisar el número de hectáreas afectadas.
Además del decomiso de 43 kilogramos de cocaína, 28 kilogramos de mariguana, cuatro kilogramos de goma de opio y 45 kilos de semilla de amapola.
Señala la incautación de 236 armas de fuego, 48 mil 495 cartuchos útiles, 507 cargadores y ocho granadas.
No se mencionan bajas, heridos o lesionados en estas operaciones de seguridad pública. Sí se destaca el compromiso de las fuerzas armadas, del Ejército y de la Guardia Nacional de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos (Redacción / Chilpancingo).

 

Medida “temporal”, la presencia del Ejército y Marina en la calles, considera el arzobispo

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, consideró que el Ejército y la Secretaría de Marina deberían estar en las calles como una medida “temporal”, en relación con la declaración del viernes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Añadió que la “presencia temporal” en las calles de los militares y marinos debe ser hasta que se logre la capacitación y recobre fuerza la policía, para hacer las tareas de seguridad que le corresponden.
El Ejército y la Marina seguirán en las calles en tareas de seguridad pública internas, anunció este viernes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que el combate a la delincuencia con militares y marinos es la única opción para enfrentar “la amarga realidad” por la que atraviesa el país y atender el problema de seguridad y violencia.
“Quiero ser lo más sincero; si no contamos con el apoyo del Ejército y de la Marina, no podríamos enfrentar el problema de inseguridad. En las circunstancias actuales no hay alternativa”, dijo López Obrador.
En su conferencia de prensa dominical, el prelado católico manifestó que la violencia en la zona de Las Cruces, que derivó en la suspensión del servicio de transporte público a Costa Chica el miércoles pasado, requiere de una mejor labor de inteligencia de las autoridades para prevenir los hechos violentos.
Añadió que la presencia de las fuerzas armadas, por medio de puntos de revisión, busca inhibir las acciones violentas.
Afirmó que comparte el dolor e indignación de las víctimas y pidió que ante la situación de esta semana, los ciudadanos sean fuente de tranquilidad y seguridad.
Mencionó que se une a la oración con los familiares de las víctimas por la violencia, “que el Señor les ayude sanar esas heridas dolorosas”.
Indicó que la sociedad espera que la seguridad mejore en el país, estado y ciudad, por medio de mayor presencia de fuerzas armadas y puntos de revisión, para así busca inhibir las acciones violentas.
Aseveró que se necesita una mejor labor de inteligencia para prevenir, y “ciertamente todos debemos de colaborar para lograr esa mayor seguridad y que cada uno seamos fuente de tranquilidad y seguridad para los demás”.
A pregunta de un reportero sobre el bloqueo de siete horas realizado en La Venta contra la Policía Estatal y de que las personas participantes fueron obligadas a asistir por un grupo delictivo, el arzobispo dijo que le causa tristeza y dolor, que espera que las autoridades busquen la verdad acerca de si se violentó su voluntad por medio de temor y amenazas.
Argumentó que cuando una persona es obligada hacer algo por una amenaza, “es una herida más profunda y eso queda dentro del corazón. Vuelvo la mirada a quienes fueron obligados, es necesario ayudar a sanar herida que quedó, para que no brote resentimiento y no se convierta en una fuente de violencia”.
El arzobispo consideró buscar de raíz la violencia entre la sociedad “es algo fundamental para construir el orden y justicia. Es necesario llegar a la verdad de los pasos para poder actuar en justicia”.
Dijo que para restablecer el orden y la justicia, “sé que el esfuerzo está y deben continuarlo para lograr un esclarecimiento de los hechos, lo que permita dar con la verdad de lo que sucedió y la fuente que lo impulsó”.
Llamó a las personas que cometen el sufrimiento y la muerte con el crimen, “es un llamado a la convención, porque el sufrimiento que dejan es mucho y volver al camino del bien”.

 

 

Sólo 49 de los 244 policías municipales de Zihuatanejo tienen permiso para portar armas

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo cuenta con 244 policías preventivos, de los cuales sólo 49 están en la licencia oficial colectiva 110 que les autoriza portar armas de uso exclusivo para las fuerzas armadas, informaron fuentes de la dependencia.
Revelaron que la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregaron para el primer semestre del año sólo 54 credenciales, de las cuales cinco pertenecen a puestos administrativos y 49 para portación de armas, “hay 15 credenciales más que no sabemos por qué están retenidas desde enero de este año en la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado”.
El 10 de abril militares y policías estatales llegaron a las oficinas de la dependencia a revisar el armamento de los policías preventivos y encontraron varias irregularidades, en dos armarios ubicados en los dormitorios hallaron un chaleco táctico y una fornitura que debían de estar bajo resguardo, y a tres uniformados les encontraron armamento que no pertenece a la corporación.
La incursión de este martes a las instalaciones por soldados y policías estatales no era algo desconocido para el presidente municipal perredista Gustavo García Bello, pues un día antes el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, le envió el oficio 1392/2017 en el que le informó que esa acción se llevaría a cabo, pero no le avisó cuándo.
En ese documento cuya copia tiene El Sur, Montesinos Baños dice que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y “con base en los resultados asentados en el acta administrativa de fecha 10 de abril del año en curso, levantada con motivo de la revista al armamento, cargadores y municiones realizada por personal de esta Secretaría (…) en la que se detectaron diversas irregularidades respecto al uso del armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 y que para evitar darle un mal uso a dicho arsenal”, los policías estatales harían “una revisión extraordinaria” del armamento.
Según el oficio ese 10 de abril se encontraron siete irregularidades: Los policías municipales portaban armamento con las credenciales vencidas. Al verificar el armamento con la identificación de su portador ésta se encontraba vencida. No coincidían las características de las armas de fuego con las asentadas en la identificación. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio tenía en su poder las credenciales vigentes y aún no las entregaba. Se expidieron indebidamente credenciales de identificación a los policías municipales que utilizaban para acreditar la portación del armamento. El personal cuenta con 246 policías municipales, de éstos 223 estuvieron incluidos en la licencia oficial colectiva 110 por lo que sólo 54 elementos se encuentran aptos para portar armamento. Faltó armamento y municiones, el municipio presenta armamento robado y/o extraviado así como relacionado a causas penales.
El documento señala que “existe un informe de hechos de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Zihuatanejo de Azueta, con fecha 13 de mayo, realizado por policías estatales en el que se informa de la detención de una persona por usurpación de funciones y uso indebido de uniforme oficial, el cual conducía a exceso de velocidad una unidad oficial de la Policía Municipal de Zihuatanejo con número 030, quien en ese momento manifestó que no pertenecía a la Policía Municipal”.
Continúa: “Por lo anterior y para evitar el mal uso que se le pueda dar al armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 de la cual esta Secretaría es titular (…) informo a usted que personal de esta Secretaría procederá a realizar una revisión extraordinaria del citado armamento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que se deben observar para el uso y portación del armamento oficial”.
El martes policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante nueve horas las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y detuvieron a 60 policías municipales, corporación que según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, está infiltrada por criminales.

No se presentaron órdenes de detención, se llevaron a los policías que tenían anotados en una lista

Sin embargo la fuente de Seguridad Pública manifestó que “sí llevaron a cabo la revisión como dice ese oficio, pero en ningún momento mostraron una orden de detención o de arresto de los compañeros que se llevaron, sólo traían una lista y empezaron a nombrarlos porque se los iban a llevar”.
De estos detenidos, inicialmente Álvarez Heredia informó que tres de ellos son presuntos delincuentes que desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal y están vinculados a grupos delictivos.
Uno de ellos, Javier, según los policías municipales es ex director de Seguridad Pública de Petatlán y tenía dos semanas de haber llegado a la corporación como coordinador operativo, sin que conocieran quién o cómo fue que obtuvo el cargo.
Los otros dos detenidos, Víctor y Martiniano son reconocidos por sus compañeros como comandantes de la Policía Municipal y ambos tienen más de 10 años de antigüedad en la corporación.
El vocero agregó que, “otros 42 individuos, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza portaban armamento de la licencia oficial colectiva 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Ese martes en la tarde el alcalde perredista, Gustavo García Bello ofreció una conferencia de prensa en la que informó que los policías municipales tomaron el armamento luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en Ixtapa, y que él no pudo hacer nada al respecto.
El miércoles 13 de abril de 2016, después de un año y cuatro meses cuando el Ejército regresó el armamento que decomisó a la Policía Preventiva Municipal de Zihuatanejo, y luego de que la actual administración cumpliera los requerimientos de los militares, éstos entregaron el armamento, accesorios y municiones que tenían bajo su custodia desde el 23 de diciembre de 2014, cuando el ex director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todas las armas al Ejército con el argumento de que ese día los policías municipales tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública con las armas, lo que no fue cierto.
Otro de los argumentos que dio el ex director para desarmar a la policía municipal fue que sólo el 40 por ciento de los elementos aprobaron las pruebas de control de confianza que indican que están calificados para portar un arma.
Dos meses atrás, el 10 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo García declaró que en la Dirección de Seguridad Pública había 28 policías municipales que hacían actividades administrativas porque no pasaron los exámenes de control de confianza y que sólo el 80 por ciento de los agentes estaba certificado.
Agregó que los policías reprobados no podían ser dados de baja de la corporación porque su administración carece de recursos económicos para liquidarlos, lo que sigue diciendo.

México necesita policías más confiables y que los militares vuelvan a los cuarteles, sostienen ONG

Las organizaciones no gubernamentales guerrerenses (ONG) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), así como la Red Década contra la Impunidad que ha venido trabajando algunos casos de violaciones a los derechos humanos en Guerrero, se sumaron a la campaña nacional de Seguridad sin guerra, para rechazar la ley de seguridad interior.
En esa campaña más de 150 organismos civiles del país y unas 50 personalidades reclamaron que “México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia” y que “es imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial”.
En su manifiesto las organizaciones plantearon además que “una ley de seguridad interior no es la vía adecuada” y consideraron que el concepto de seguridad interior es poco claro, “confunde las funciones y tareas de seguridad nacional y de seguridad pública”.
También criticaron que las propuestas de ley en la materia plantean un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso y presunción de inocencia, “se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad”.
Dieron a conocer que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar, a pesar de que las fuerzas armadas mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y especialmente desde hace 10 años esta participación “se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas (corporaciones militares) las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil”.
“Coincidimos en que es indispensable regular a las fuerzas armadas, sin embargo, no creemos que una ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las fuerzas amadas ni a la ciudadanía”.
Las organizaciones informaron que la propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.
“La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional”, e insistieron en la propuesta de crear una ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia.
“Antes que una ley de seguridad interior se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables”, propusieron.
Otras propuestas de los organismos son la de promulgar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías en la que se debe incluir “fuertes contrapesos del Poder Legislativo y Judicial, fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables”.
Asimismo incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública, considerar un modelo de controles múltiplesen terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del Congreso.
“No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo”. Denunciaron que el despliegue militar “afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos”.
Entre las personalidades que firmaron el documento está Eliana García, quien fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, además del escritor y periodista, Diego Enrique Osorno, el ex presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Enrique González Ruiz, el ex diputado local panista, Enrique Pasta Muñuzuri, el poeta y activista Javier Sicilia, el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, la ex comisionada de la Comverdad, Pilar Noriega García, y los periodistas y escritores Denise Dresser y Carlos Fazio.
También respaldaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos que está conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.