Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.

Misa en la Facom en memoria del estudiante asesinado

 

Universitarios y familiares del estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia (Facom) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Cristian Jesús Santiago Navarrete, asesinado presuntamente por una bala perdida en el enfrentamiento entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el sábado en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, asistieron a una misa luctuosa en la escuela.
Vestidos de negro y de blanco colocaron listones negros en señal de luto, y adornaron un altar con el retrato de Cristian, velas y flores.
El mensaje de la misa católica fue para desear el eterno descanso de Santiago Navarrete, así como consuelo para sus familiares, los universitarios exigieron justicia y castigo para los responsables.
Al concluir la misa los compañeros de salón de Santiago Navarrete lanzaron al aire globos inflados con helio con forma de estrella, plateados, como una despedida simbólica. Le dedicaron varios minutos de aplausos para reconocer su desempeño académico.
El padre de Cristian Jesús, Jesús Santiago Sánchez contó que el estudiante trabajaba como mesero en un restaurante en El Ocotito, ahí ganaba 200 pesos por una jornada laboral nocturna que concluía entre las 4 y las 5 de la madrugada.
Dijo que la familia de Cristian oponía a que trabajara, pero él quería tener ingresos, le gustaba tocar guitarra y estar con sus amigos, y convenció a sus padres para que le permitieran trabajar.
Dijo que el sábado 13 de mayo, Cristian y un compañero de trabajo se dirigían a Mohoneras, cuando terminaron su jornada laboral, en el trayecto hombres desconocidos les hicieron señas para que se detuvieran “pero son jóvenes, no se quisieron parar, no era para que le tiraran, a este Jesús yo nunca le enseñé a disparar con un arma, yo quise que fuera un estudiante que terminara (su carrera)”.

Se va a “sacudir” a la Tierra Caliente de los grupos delictivos, anuncia el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que en los bloqueos de carreteras y caminos, así como en la quema de vehículos que afectaron durante dos días a varios municipios de Tierra Caliente, participaron no solamente miembros de La Familia Michoacana sino también Los Tequileros, a quienes identificó como “las dos partes”, y que también intervinieron delincuentes “de otro estado”.
En declaraciones en Acapulco, el gobernador sostuvo que las operaciones de seguridad desplegadas van a “sacudir” Tierra Caliente y que las fuerzas de seguridad pública van contra Los Tequileros y La Familia Michoacana. “No hay favoritismo ni protección para nadie”, subrayó el gobernador ante señalamientos del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan de que la banda de El Tequilero cuenta con el apoyo del Ejército y de la policía estatal.
El gobernador ofreció a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Guerrero, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el comisionado de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado Javier Olea Peláez; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Astudillo aseguró que el gobierno del estado “con todo el apoyo de la federación, ha hecho frente a la delincuencia que ha venido operando en esta región y que ha venido causando un problema muy serio”, dijo con respecto a los hechos de violencia en Tierra Caliente.
“Es importante subrayarles que los acontecimientos que se dieron el día de ayer (el sábado), son acontecimientos especialmente complicados y delicados por la cantidad de vehículos quemados”, dijo y agregó que “la participación de la delincuencia organizada no fue de una parte, fueron de las dos partes. Fue como una competencia de a ver quién generaba conflictos para echarse las culpas”, explicó.
Dijo que recibieron información de que “parte importante de la delincuencia de otro estado también vino a incursionar el día de ayer, para ayudar a los de la Tierra Caliente y en todas las complicaciones que generaron en la carretera”, pero no precisó qué grupo criminal recibió el apoyo de otro estado aunque La Familia Michoacana tiene miembros precisamente en ese estado y sobre todo en el de Estado de México donde se ha reportado su presencia en los municipios vecinos de Tlatlaya y Tejupilco.
Después aseguró que a esa hora, 11 de la mañana, ya había paso vehicular “absoluto” en la carretera de Iguala a Ciudad Altamirano, “no hay en sí un bloqueo que impida el tránsito de vehículos, salvo los que están atravesados, y que se tienen que retirar.”, destacó.
Luego, el vocero reiteró que fueron retirados en total 14 bloqueos y 144 vehículos que fueron utilizados por la delincuencia para impedir el paso, y que hubo un detenido.
Detalló que según las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados directamente por los delincuentes y que igualmente se estableció que en las acciones violentas participaron integrantes “del grupo delictivo La Familia Michoacana y de Los Tequileros”.
Precisó que la delincuencia incendió ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, cuatro torton, una grúa y un vehículo particular; además de que se encontraron abandonados tres autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo, también utilizados para los bloqueos.
Dijo que los vehículos usados durante los bloqueos fueron retirados por grúas y están siendo trasladados a los corralones, donde quedaron a disposición de quienes acrediten su legítima propiedad.
Pero acusó a concesionarios del servicio de grúas en la región que se han negaron a prestar el servicio y “de igual forma, algunas concesionarias de estaciones de gasolina negaron la venta de combustible a las fuerzas del orden”.

“No hay favoritismo ni protección para nadie”

En Acapulco, después de dar el banderazo de arranque a los trabajos de desazolve del río de La Sabana, Astudillo sostuvo que no habrá favoritismo en las operaciones de seguridad que llevan a cabo el Ejército y la policía estatal en San Miguel Totolapan.
A pregunta sobre si las operaciones de seguridad desplegadas en la cabecera se extenderían al poblado de La Gavia, donde presuntamente se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, el gobernador dijo que van a entrar en todos lados porque buscan “sacudir” Tierra Caliente.
“Vamos por la delincuencia organizada, llámense como se llame. Se va a entrar donde se tenga que entrar, los objetivos son el que tu mencionas (El Tequilero) y también los otros (Familia Michoacana), lo que hay que sacudir este mal a la Tierra Caliente”.
El gobernador pidió a los reporteros que en su declaración se citara que las acciones de seguridad emprendidas en San Miguel Totolapan son contra los dos grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. “Por favor, citen a los dos, porque luego nada mas citan a uno”.
Astudillo Flores agregó que fue “muy lamentable, muy preocupante” y “muy delicado” lo que encontraron en San Miguel Totolapan, pues los delincuentes reciben “apoyos de grupos organizados”.
Recordó que la intervención de las fuerzas federales y estatales fue para “proteger a la sociedad”, no para enfrentarse a ella y convocó a los ciudadanos a volver a la actividad normal.
El gobernador dijo que “no fue un asunto sencillo” retomar el control en San Miguel Totolapan, por la cantidad de bloqueos que se instalaron en los que participaron los transportistas. “Esto es algo muy lamentable, la participación, muchos de ellos entendemos, por presión y por temor a la delincuencia organizada”.
Astudillo Flores informó que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes se negaron a colaborar con las fuerzas de seguridad pública durante su incursión en San Miguel Totolapan, como las gasolineras y servicios de grúas. “Se están haciendo las carpetas de investigación para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar responsabilidades”.

El gobernador no puede ser sólo un espectador de cómo se pierden vidas, señala Salvador Alanís

 

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.

Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura

El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.

El corredor Petaquillas-Xaltianguis ya está controlado por el crimen organizado, afirma el FUSDEG

Cuarta parte y última

En los enfrentamientos entre el FUSDEG y la UPOEG, entre Xaltianguis, municipio de Acapulco, y Petaquillas de Chilpancingo, lo que estaba en disputa era el corredor para el trasiego de goma de amapola, de la que Guerrero no ha bajado en las últimas décadas de primer productor en el país, según han declarado diversas fuentes oficiales. Ahora, ese corredor ya está totalmente en manos de cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada, dice el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Esta organización, con su Policía Comunitaria, se encargó de la seguridad en todo ese corredor desde 2014 hasta noviembre de 2016, cuando fue desplazada por la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG); prácticamente desapareció, y sólo se mantiene en Tierra Colorada, a la mitad del tramo Acapulco-Chilpan-cingo.
Por teléfono desde un lugar fuera de Guerrero, porque tuvo que salir luego de que fue amenazado por el fiscal Javier Olea Peláez de que sería detenido, el coordinador del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, habla en entrevista.
–Se ha publicado que había una disputa por controlar el corredor donde estaba el FUSDEG por cárteles del narcotráfico o de la delincuencia organizada.
–Sí, ya está en manos del crimen organizado, de Xaltianguis hasta Chilpancingo, lo único que está quedando fuera es la parte donde todavía se encuentra el FUSDEG, Tierra Colorada, son como 22 pueblitos que todavía quedan, pero de Xaltianguis a Colorada está bajo la delincuencia, y de Dos Caminos hasta Petaquillas también.
Dice que el motivo de los ataques al FUSDEG, hasta hacerlo casi desaparecer, es el fuerte interés económico que implica el narcotráfico en ese corredor.
Alanís cuenta un diálogo con el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, que muestra que para las autoridades el interés económico que representa el narcotráfico en este corredor, pesa más que la seguridad pública.
El 30 de octubre pasado, el gobernador Héctor Astudillo se reunió en Acapulco con tres dirigentes del FUSDEG, después de que la organización bloqueó la Autopista del Sol y la carretera federal en El Ocotito, para exigir el desarme de la UPOEG y la detención de sus líderes que tenían orden de aprehensión, porque estaban atacando a las familias de los policías comunitarios del FUSDEG. En respuesta, para pacificar la comunidad, el gobernador anunció una operación con la Policía del Estado, Ministerial, Federal y el Ejército, que entrarían a El Ocotito a detener a todos los hombres armados, tanto de la UPOEG como del FUSDEG. Acordaron que el FUSDEG sacaría a sus comunitarios antes de la operación que se haría con ocho Bases de Operaciones Mixtas. El FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios, pero el gobierno ya no operó para sacar a los de la UPOEG. El FUSDEG plantea que con el incumplimiento de ese acuerdo, el gobernador dejó El Ocotito en manos de la UPOEG, y así lo reclamó una comisión al fiscal Olea Peláez, en una reunión el 7 de noviembre. Alanís afirma que en un ríspido diálogo, el fiscal justificó el incumplimiento del gobierno: “nos dijo, miren son 25 mil millones de dólares los que entran a Guerrero por esa sierra y no le vamos a meter mano, así nos dijo el fiscal, con esas palabras, yo no sé si sea verdad esa cantidad, a mí se me hace mucho, a la mejor son millones de pesos, pero así nos dijo”.
El 20 de septiembre, en el contexto de la confrontación entre el FUSDEG y la UPOEG, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, declaró, que la pugna se debe al interés económico y de ampliación de poder, relacionado con el trasiego de drogas en el corredor Petaquillas-Xaltianguis. El alcalde expresó: “Para mí está claro qué hay detrás de todo esto, políticos y organizaciones sociales que están siendo rebasados por una situación de interés económico y comercial, más que cualquier cosa”; “la razón es el trasiego de enervantes, no soy ingenuo, es posible que esté involucrada la delincuencia organizada, pero no tengo elementos para comprobarlo”.

El trasiego derivado de la amapola

En entrevista, Alanís habla del trasiego derivado del narcotráfico.
–Se ha dicho que el conflicto es por la disputa de ese corredor para el tráfico de amapola. Se daba a entender que los dos, FUSDEG y UPOEG, estaban involucrados en el trasiego de drogas.
–Sí, eso se decía. Nosotros nunca jamás hemos trabajado con la droga, si te pones a investigar cada pueblo del FUSDEG, ningún pueblo produce ni siembra, ni goma (de amapola) ni mariguana, y nosotros en todos los pueblos del FUSDEG no permitimos la venta de ninguna droga.
“Te voy a explicar algo, de por qué en los medios se menciona que el corredor Xaltianguis-Petaquillas era peleado por el control del trasiego de la droga. No precisamente que aquí se produzca. Por ejemplo, El Ocotito, es el lugar de abastecimiento de muchos pueblos que siembran amapola, toda la gente de arriba viene a comprar a Ocotito su comida, medicinas, incluso los niños vienen a la escuela, entonces es por eso que es muy importante para los cárteles controlar los pueblitos que tienen acceso a la sierra, por todo, por la entrada de (policías) federales, de militares, por la entrada de carros robados, de la gente que va a trabajar, de dinero, y por la misma bajada de la goma.
“Entonces, como nosotros no les permitíamos ni pasar carros robados ni bajar goma, ni nada, entonces ellos le tenían que dar vuelta, incluso se compraron un helicóptero para estarla moviendo, entonces eso les dificulta a ellos más el trasiego, el llevar y traer, entonces por eso ellos nos peleaban este corredor, para llevar y traer, para controlar las entradas donde ellos manejan la siembra. Porque nosotros poníamos el retén en el parque industrial de El Ocotito, y ahí no entraban armas ni dinero, porque revisábamos”.

Los cárteles, sus líderes

Alanís habla de los problemas de seguridad en ese corredor, de las fuerzas que ahí se mueven, de las organizaciones delictivas y de los personajes que los encabezan. Fue su materia de trabajo como coordinador del FUSDEG durante casi tres años.
Dice que cuando el FUSDEG estaba siendo atacado en los pueblos del valle de El Ocotito, entraba la UPOEG con jóvenes que recluta mediante el pago de un salario y de droga, “son pagados, no creas que la gente anda con ellos de veras por mucho amor o que de veras están en contra del FUSDEG, no, a los muchachitos que agarran les dan mil 500 pesos semanales, a los que están en operativos les dan sus dosis de cocaína cada dos días, su cuerno de chivo, carros robados, lanzagranadas y los muchachitos son felices con eso, se sienten los capos de México”.
–¿Dices que los de la UPOEG son del Cártel del Sur?
–Sí, ellos son del Cártel del Sur Sierra Unida.
–¿Así se llama?
–Sí. Cártel del Sur Sierra Unida, y abreviado es Cártel del Sur.
–¿Cómo sabes que Bruno Plácido (el principal dirigente de la UPOEG) es de ese cártel.
–Mira, yo sé bien porque yo he agarrado a todos los delincuentes del Sur, Ardillos, Rojos, del Cida, nosotros hemos agarrado muchos delincuentes, a la hora que los agarramos declaran y nos dicen quiénes están metidos desde la municipal, federal, políticos, Bruno, todos, nosotros les preguntamos todo en los interrogatorios, y es de esa forma como nos dimos cuenta que desde el 2014 ellos hicieron una alianza, que Bruno hizo una alianza con el Cártel del Sur, porque el Cártel del Sur se divide en 2014, se separan, y la mitad del Cártel del Sur se queda con Isaac Navarrete Celis y con Juan Jaleaco, entonces la otra mitad se queda con Ángel Arellano Villalobos, la A, y con el teniente La Calentura que están del otro lado de Corral de Piedra. Entonces ellos le ganan a los de la A. Entonces Juan Jaleaco Guevara, que es el líder del Cártel del Sur, le ofrece 4 millones a Bruno para que le lleve 300 gentes, entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar a los de la A, entonces desde el 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario.
“En ese entonces empezó a reclutar a mucho niño de Ocotito, Mohoneras, de todos los pueblos del valle. Entonces nosotros empezamos a agarrar a muchos niños de esos, tenemos muchas grabaciones y los niños nos decían cómo operaban, que aquí los reclutaban para ser policías de UPOEG en la sierra, y ya los mandaban con una camisa verde y una escopeta a la sierra, llegado a la sierra les quitan la camisa verde de UPOEG, y les dan un cuerno de chivo o un AR-15, su salario y su droga cada dos días, cocaína, su ración a cada muchacho. Y esos detenidos nos dicen que ahí ven a (los líderes de la UPOEG) Bruno, Ernesto, Carioca. Entonces en los operativos va la gente de Bruno, la que tiene en grupos de operación”.
–¿Isaac Navarrete de qué cártel es?
–Del Sur, también.
–Los Ardillos, Cártel del Sur y Bruno es la alianza que está ahora.

Quiénes llevaron a la UPOEG a El Ocotito

La UPOEG entró a El Ocotito el 23 de enero de 2014, y a los tres meses la gente del pueblo corrió al dirigente Bruno Plácido y a su grupo, pero los comunitarios siguieron con el nombre de UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundan el FUSDEG.
Alanís cuenta que comerciantes de El Ocotito que estaban amenazados o ya habían sido secuestrados por el grupo delincuencial Los Rojos se organizaron para pedir a la UPOEG que entrara a El Ocotito. La UPOEG nunca respondió a esos llamados, pero un día entró al pueblo y comenzó a organizar la Policía Ciudadana. Para integrarse, Alanís formó su grupo con siete jóvenes armados, y lo nombraron comandante, igual que a otros 12.
Al poco tiempo de la entrada de la UPOEG, llaman a los comandantes a una reunión, dice Alanís, y narra lo ocurrido. “Llegamos a la reunión de los 13 ya comandantes y que nos dicen: les vamos a presentar a los que trajeron a la UPOEG aquí al valle de El Ocotito. Yo tenía interés en conocerlos porque según nosotros éramos los que estábamos organizando para que entrara y no sé quién los trajo al final. Bueno, que nos presentan a Carioca, y a los hermanos Ávila de Buena Vista. Yo los vi sentados en la mesa y pensé, a lo mejor ya se metieron a la comunitaria, pero eran narcotraficantes de años, yo estudié con ellos, yo los conocía, su mamá, su papá, su abuelo, eran narcotraficantes de añales, no de ahorita, gente que se dedica al narco, no hacen males pero son narcos, y yo decía ¿cómo es posible, ellos son los que trajeron a la UPOEG?, entonces me di cuenta de que entraron para sacar a los que estaban (el cártel de Los Rojos) y quedarse ellos.
–¿Qué drogas trafican?
– Todos los derivados de la amapola, lo que te da es goma de opio y una que se llama la chaina y la heroína, y la mandan a Estados Unidos; eso es lo que trafican y lo que deja mucho dinero.
“Entonces fue así como me metí ahí y descubrí que era un engaño total, que Bruno ya traía acuerdos con gente de cárteles que iban a meter un cártel para sacar a otro. Es ahí cuando nos pusimos roñosos porque en esa reunión nos trajeron a Víctor Muletas que era narcotraficante porque lo querían integrar a la mesa, que porque él se había ido y quería regresar a la mesa, y yo dije, ¿cómo van a creer señores, aquí digan la verdad, qué está pasando, cómo no conocemos al señor Víctor, qué no conocemos a los señores Ávila y a qué se han dedicado toda su vida?. Entonces yo les dije, aquí tenemos que ser honestos, digan de qué se trata, porque nosotros conocemos quiénes son ellos y a qué se han dedicado, digan lo que está pasando para saber. Vamos a empezar y ya con lo mismo, no vamos a avanzar.
“Y en esa reunión fue donde se partió la UPOEG, la primera división, la mitad de la mesa me apoyó y la otra mitad apoyó a aquéllos. Desde ahí fue el primer pleito que nos aventamos ya con la gente de Bruno, y fue que empezamos una pelea interna, desde entonces hasta que los sacamos del valle del Ocotito, porque empezaron a meterse a las casas, tú vives en un pueblo y sabes quién se dedica a lo malo y quién se dedica a lo bueno, y nada más le caían a una casota grande, y le inventaban delitos al dueño y le robaban todo, y lo corrían, lo sacaban. Nosotros decíamos, ¡pero es don Pepe, que ha trabajado toda su vida, ha vendido carne toda su vida, sus carros los compró con lo que ganó en la venta de carne! Y decían: no pero está ligado a la delincuencia. Y con ese pretexto le robaban todo, nosotros nos empezamos a preocupar y sacamos a toda esa gente de Bruno de El Ocotito.
“Nos separamos y fundamos el FUSDEG porque ya era una guerra a muerte con Bruno y con Ernesto (Gallardo), nos han intentado matar varias veces, porque ellos ya traían acuerdos con cárteles de que iban a entregar todo ese corredor de Xaltianguis hasta Petaquillas e incluso el plan era entrar hasta Chilpancingo y tomar Chilpancingo.
Luego se refiere a que el grupo de Los Ardillos produce una droga que le llaman la chaina (según registros periodísticos, es la heroína blanca, china white, de mucha demanda en Estados Unidos y precio más alto que la café o negra que tradicionalmente se produce en México). “Un muchacho que agarramos nos explicaba que de 10 kilos de goma ellos hacían un kilo de chaina, esa chaina es la que están mandando para allá.  Ya no tienen que transportar 10 kilos, sólo uno, y esa creo que se vende no sé en cuanto, aquella vez me dijo que la pagaban en 23 mil dólares, antes de que el dólar subiera, calculábamos que costaba sobre 360 mil pesos un kilo.
“No conozco, no sé realmente donde están los cultivos, pero toda esa zona que está sobre los mil 500 metros sobre el nivel del mar son buenas para eso. Toda esa es zona amapolera.
–¿Cuando entra el FUSDEG a Petaquillas, el 30 de enero de 2015, qué cártel controlaba ese lugar?
–Era Cártel del Sur Sierra Unida. O sea que cuando sacan a Los Rojos se unen varios líderes de allá y forman Sierra Unida, ellos son cuatro líderes, y se nombran el de la A, I, P y J. La J es Jaleaco o Juan Jaleaco o Juan Guevara, está en Jaleaca, él es el que manda al Cártel del Sur, el de la I es Isaac Navarrete Celis, el de la P no supe cómo se llama pero se lo lleva la (Policía) Federal como al mes de que entramos nosotros a Petaquillas, y se quedó fuera, y el de la A es Ángel Arellano Villalobos, a él se lo llevó la Federal hace como 10 meses.
–¿Los Rojos no estaban en Petaquillas?
–Los Rojos estuvieron antes de que agarraron al Tigre (Gabriel González Cabrera, que se encuentra en prisión), ellos controlaban Petaquillas, y cuando nosotros llegamos ya era Cártel del Sur, tenía poco que era Cártel del Sur.

Los Ardillos sí cometen crímenes contra la población fuera de sus lugares de influencia, dice el FUSDEG

Tercera parte

El asesinato de seis jóvenes de la comunidad de Chacotla puso nuevamente en el interés público el problema del control de Los Ardillos de un territorio aledaño a la capital del estado.
La noche del 30 de enero entró a esa comunidad del municipio de Mochitlán un comando de unos 40 sicarios vestidos de negro, relataron testigos, y se llevó a seis hombres y a dos mujeres, y un día después, el 1 de febrero, fueron ejecutados los seis hombres, dos de ellos menores de edad, y a las mujeres las dejaron libres.
Al día siguiente, antes de la aparición de los cuerpos, los vecinos dijeron a los reporteros que desde que entró el grupo armado varios de ellos pidieron ayuda al 911, a la Policía Estatal, a la Municipal y al Ejército, pero ninguna corporación fue al pueblo, que queda a sólo 40 minutos del centro de Chilpancingo, y los sicarios estuvieron actuando libremente durante cinco horas, y se metieron a las casas, se llevaron a las dos mujeres y cinco hombres más otro de la vecina comunidad de Mazatlán, golpearon y maltrataron a los habitantes y robaron dinero y cosas de valor.
Los vecinos identificaban a los agresores, hablaron de policías ciudadanos de la UPOEG, de supuestos comunitarios de Petaquillas en coordinación con los de Palo Blanco y Mazatlán, y un testigo precisó que “son acciones de narcocomunitarios que pertenecen a los grupos criminales Los Ardillos y al Cártel del Sur”.
Se publicó en El Sur que por Whatsapp familiares y amigos de las víctimas informaron que recibían amenazas por teléfono, y dijeron: “Nos hablan de un tal Celso Ortega (presunto jefe de Los Ardillos), de un tal Isaac Navarrete (presunto jefe del Cártel del Sur), y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno (Plácido, el dirigente de la UPOEG)”.
El día del funeral, ante reporteros, los familiares señalaron que los que irrumpieron la noche del 30 de enero y se llevaron a los ocho, son policías comunitarios de la UPOEG revueltos con delincuentes, y dijeron que los sicarios gritaron que iban por El Tigre, Gabriel González Cabrera, padre de dos de los jóvenes ejecutados, Gabriel de 21 años e Ismael de 16.
Los vecinos no hablaban del móvil de las ejecuciones.

Era un secuestro
colectivo: FUSDEG

De los hechos de Chacotla, da su versión el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís. Aunque esta organización ha sido desplazada de las funciones de seguridad en los pueblos entre Acapulco y Chilpancingo, y sólo queda en Tierra Colorada, mantiene contactos y obtiene información directa de pobladores.
–¿Cuál fue el móvil de lo que pasó en Chacotla?
–Lo de Chacotla. Hay un líder ahí que se encargaba de atender esa zona cuando estaba el cártel anterior (Los Rojos), ese líder ahorita está preso, El Tigre, es el papá de dos jóvenes que mataron.
“El Tigre controlaba todos esos pueblitos incluso cuando nosotros metimos la Policía Comunitaria a Mazatlán, fuimos colonia por colonia de Mazatlán, y nos brincamos a El Salado y a Chacotla, pero la gente de ahí nunca quiso hacerse del FUSDEG. Sin embargo nosotros los cuidábamos porque al cuidar Mazatlán los cuidábamos a ellos, La gente se portó muy bien en el tiempo que estuvimos nosotros, que fueron casi cuatro años, nunca hubo un muerto, nunca hubo un secuestro, y con El Tigre nunca tuvimos problemas, desde que yo entre ahí él ya estaba en la cárcel. Fue un pretexto de la gente que entró ahora (el 30 de enero) que porque buscan al Tigre si todos saben que está en la cárcel.
–¿Y por qué la matanza?
–Era un secuestro, estaban pidiendo 10 millones de pesos, pero Los Ardillos se molestaron mucho porque la gente fue a denunciar, inmediatamente que los levantan la gente se fue al Ministerio Público a denunciar y esa fue la molestia de Los Ardillos, por eso mataron a los muchachos.
–¿Pero hay gente en Chacotla que tenga dinero para pagar 10 millones de pesos?
–No pero como eran ocho…, era un secuestro global. Al muchacho de 14 años que mataron, no le quitaron su celular, y ese niño estaba mandando toda la información por mensajes, entonces estaban pidiendo 10 millones, de ahí dice el niño que le hablaron a Celso y Celso habló con Bruno, y que platicaron y con Isaac Navarrete, y le bajaron a 2 millones para dejarlos ir, porque ya todo mundo sabía de ese levantón y al final supieron que habían ido a denunciar al Ministerio Público antisecuestros y fue por eso que mataron a los muchachos.
–Después de esos hechos, ¿hay peligro para la población de Petaquillas por la presencia de Los Ardillos?
–Hemos venido observando que en territorio donde están Los Ardillos no se meten con la gente común, pero sí hacen matazones afuera, en pueblos donde no están ellos. Lo de Chacotla lo hicieron Los Ardillos con la UPOEG, unidos todos. Entonces en Quechultenango (lugar de origen de Los Ardillos) no ves ni un muerto, en Mochitlán la gente vive tranquila dentro de lo que cabe, pero vienen de Quechultenango o de Mochitlán a matar a los de Chacotla.
–Dicen que Los Ardillos no extorsionan ni secuestran.
–Los Ardillos sí secuestran pero fuera de su territorio. Por ejemplo toda la violencia de Tixtla, ahorita se retiraron tantito de Tixtla, ahora están haciendo males de este lado de Petaquillas. Allá Zenén Nava (el jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos) ya tenía 12 años controlando Chilapa, y estaba tranquilo, pero una vez que entran Los Ardillos se empieza a ver matazón y matazón.
“Yo considero que Los Ardillos es uno de los grupos más violentos de Guerrero, para mí, por el conocimiento que yo tengo. Los Ardillos tienen mucho dinero y mucha violencia. Fueron los que desaparecieron a los de Chilapa. Son los que operan a la comunitaria de Paz y Justicia; esa comunitaria son Ardillos”.
–Y otra característica es que se mueven con la población de las comunidades, pareciera que buscan tener base social, no son sólo los armados.
–La característica “buena” (dice Alanís con ironía) de Los Ardillos es que mientras los del Cártel del Sur les pagan a 14 mil la goma a los campesinos, Los Ardillos se la pagan a 22 mil, entonces lógicamente tienen base social, porque Los Ardillos cuidan, la gente siembra y les pagan bien su producto, ¿cómo no van a estar protegiendo a Los Ardillos?, por eso la gente está con ellos.
“Si alguien trabaja en la oficina a lo mejor tiene miedo y no se mete, pero si trabaja en el campo sembrando eso (amapola), los va a apoyar; los productores los apoyan a ellos”.

Se oponen en el área de influencia de Los Ardillos a que entre el Ejército y las policías

Nuevamente el caso de Los Ardillos fue de interés en los medios, el 7 de febrero, cuando policías rurales de Petaquillas, vecinos y transportistas de la ruta a Quechultenango bloquearon la carretera federal a Acapulco más de seis horas, para exigir que se retirara un campamento militar ubicado frente a la entrada a Petaquillas, que se instaló como parte de las operaciones para buscar a los responsables de los asesinatos de Chacotla.
Al día siguiente, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones a reporteros en Acapulco, calificó el origen del bloqueo como “misterioso”. Esto quiere decir que atrás de esa acción había algo oculto, oscuro.
“Reprobamos las acciones del día de ayer donde un grupo de personas llamándose policías comunitarios, transportistas y algún otro grupo de personas, bloquean la carretera para pedir que de una zona, donde recientemente asesinaron a un grupo de personas humildes, salgan la policía y el Ejército. Nos parece que son acciones muy, muy lamentables y que tienen origen, así lo digo de claro, un origen mucho, muy misterioso”, dijo Astudillo Flores.
“No podemos permitir que este tipo de grupos que se escudan en policías comunitarios traten de limitar una acción de justicia reclamada por todos los pueblos”, subrayó el gobernador.
Los reporteros le preguntaron el significado del calificativo “misterioso” que usó para referirse al origen del bloqueo a la carretera, que fue total, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, pero ya no respondió.
Después, el 19 de febrero, cuando asistió a la ceremonia por el Día del Ejército en la Zona Militar de Chilpancingo, el gobernador dijo a pregunta de reporteros: “Hacen muy mal quienes piden que el Ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones, que son muy raras, muy misteriosas, principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto y de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo en su exacta dimensión”.
Un reportero le preguntó quiénes están detrás de esas peticiones, y sólo dijo “hay que analizarlas”.
Probablemente el gobernador hablaba de Los Ardillos, de los asesinatos de Chacotla y del bloqueo en Petaquillas para pedir la salida del Ejército.
En la misma reunión en Acapulco, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez, declaró a reporteros que los militares seguirían en el campamento frente Petaquillas, pero éstos se retiraron la madrugada de ese día, como lo pidió el movimiento que bloqueó la ca-rretera.
El 7 de febrero, cuando el bloqueo llevaba casi seis horas, acu-dieron a dialogar con los manifestantes para buscar que se liberara la carretera, el delegado de la Secre-taría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. En el diá-logo nocturno, Ávila dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región, en referencia a los de Chacotla.  Por su parte, los que hablaron por parte de los manifestantes defendieron en todo momento a la Policía Rural.
El comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, declaró a los reporteros que los militares “anoche anduvieron intimidando a la gente, pero los afectados fueron los policías”. Por su parte, un policía rural dijo que los militares entraron a Petaquillas intimidando a los vecinos para sacarles información sobre los hechos de Chacotla, y en algunos casos los encañonaban.
Al día siguiente del bloqueo, los enviados gubernamentales firmaron el acuerdo con los manifestantes, en el que acceden a sus peticiones. Quedó escrito que la seguridad en Petaquillas estará a cargo de la Policía Rural, y que en operaciones conjuntas con ésta podrán entrar el Ejército y policías federales y estatales.

La huella en Chilapa

En una región contigua, en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla, la disputa entre los cárteles de la droga Los Rojos y Los Ardillos dejó 81 personas desaparecidas entre 2014 y 2016 y 120 asesinadas, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, que tiene su sede en Chilapa.
En estos últimos tres años, Los Rojos y Los Ardillos, en su disputa por el territorio, han cometido crímenes de extrema crueldad, y decapitado, desmembrado y descuartizado cuerpos que son arrojados a lugares públicos, a veces quemados.
También han ocurrido secues-tros y desapariciones colectivas y masivas, y decenas de cuerpos han sido enterrados en fosas clandestinas que después son localizadas por familiares o por autoridades.
Dentro de esta disputa, según registros periodísticos, la acción más conocida fue la irrupción de hombres armados del cártel de Los Ardillos, acompañados de comisa-rios y campesinos de diversos pue-blos, a la cabecera municipal de Chilapa, y la mantuvieron ocupada del 9 al 13 de mayo de 2015, para exigir la detención del jefe de Los Rojos, Zenén Nava, y durante esos cinco días levantaron y desaparecieron a 16 vecinos, ha dado a conocer el Colectivo Siempre Vivos, de familiares de desaparecidos.
Durante esa incursión de Los Ardillos a Chilapa estuvieron presentes efectivos del Ejército y de la Policía Federal, que no hicieron algo para impedir que se llevaran a los 16 desde entonces desaparecidos, y compartieron las calles de la ciudad, en aparente acompañamiento, como lo muestran las fotografias publicadas en El Sur.

Un pacto con el gobernador, que no cumplió, llevó al FUSDEG casi a su extinción, denuncian

Segunda parte

Según el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís, éste casi se extinguió debido a la confrontación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a “un plan” del gobernador, Héctor Astudillo Flores, que hizo que la Policía Comunitaria saliera de El Ocotito, mediante un acuerdo con los dirigentes de la organización, que consideran que fue “un engaño”.
Desde 2014 hasta finales de 2016 el FUSDEG tuvo presencia con la Policía Comunitaria en una extensa área que comenzaba en Xaltianguis, municipio de Acapulco, y llegaba a Petaquillas en Chilpancingo, considerado como un corredor para el trasiego de enervantes, principalmente de goma de amapola. Su combate fue contra todos los delitos, incluido el narcotráfico. Pero ahora sólo está en Tierra Colorada.
El FUSDEG tenía acuerdos con las autoridades de todos los niveles, y la ruptura con el gobernador comenzó después de un bloqueo que hicieron miembros de la organización a la Autopista del Sol y a la carretera federal a Acapulco, en vísperas de un puente vacacional que afectaría la economía del puerto, informó el coordinador del Frente en el municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo.
En entrevista por teléfono, dice que el FUSDEG “es un movimiento muy pobre, se mantiene de la verdadera voluntad del pueblo, nosotros le pedíamos 30 pesos cada mes a cada casa para pagar la comida y la gasolina, nunca tuvimos dinero para comprar armas”.
En el municipio de Chilpancingo, el FUSDEG llegó a tener 300 policías comunitarios en los poblados de Dos Caminos, Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos, Mazatlán y Petaquillas, y actualmente 50 se cambiaron a la UPOEG –que según Alanís está aliado con el Cártel del Sur– 20 fueron obligados por el grupo del narcotráfico Los Ardillos a sumarse a la policía de Petaquillas, otros 200 están fuera de sus comunidades, desplazados por la violencia, y unos 30 están replegados en sus pueblos.
Informa que actualmente también están fuera de sus pueblos unas 150 familias, desplazadas por los ataques de la UPOEG y otros grupos delictivos.
El FUSDEG tuvo ocho enfrentamientos armados en los que murieron 21 policías comunitarios de esta organización, 17 bajas fueron causadas por la UPOEG, y cayeron 20 personas contrarias al Frente, de las cuales siete son de la UPOEG.
Además, los seis principales líderes de los pueblos del Valle del Ocotito tuvieron que salir de Guerrero, porque fueron amenazados de muerte por los grupos contrarios o amenazados por el gobierno con llevarlos a prisión.
Uno de los seis líderes es Alanís, coordinador de la Policía Comunitaria, es decir, la parte armada del FUSDEG.
En entrevista, la primera que da desde su salida de Guerrero, Alanís narra cómo intervino el gobernador en la desaparición del FUSDEG.
Informa que el FUSDEG considera que su repliegue fue un error, derivado de “un engaño” de Astudillo, y que la organización ya rectificó, y actualmente busca fortalecerse, y “acopiar armas y aumentar su membresía”.

De la comunicación directa a la ruptura y las órdenes de aprehensión

Ante el conflicto con la UPOEG, que desde mediados del año pasado emprendió una ofensiva para desplazar al FUSDEG del corredor donde operaba, éste tuvo acuerdos con el gobierno del estado que se comprometió a impedir las acciones de la UPOEG, con el fin de mantener la paz y evitar enfrentamientos entre esas organizaciones, porque el gobernador no quería “ni un muerto”.
Alanís dice que el gobernador se había comprometido a intervenir con la Policía Estatal para mantener inmovilizados a los dos grupos, pero los del FUSDEG veían que mientras a sus integrantes los tenían encerrados en su base y no les permitían salir, a los de la UPOEG los dejaban avanzar y ocupar casas de seguridad y amenazar y hostigar a familias del FUSDEG.
Alanís cuenta que reportaba por Whatsapp al gobernador esos movimientos de la UPOEG. “Yo tenía línea directa con el gobernador, con el fiscal Olea y con el general Almazán”, dice.
Ahí comenzó la ruptura: “Llegó un momento en que el gobernador se molestó conmigo porque decía que yo le estaba diciendo puras mentiras, que no era cierto, que la Policía Estatal no veía a la gente armada que yo decía, y que mandaban helicópteros y no veían hombres armados”.
Describe cómo se dio el avance de la UPOEG dentro de El Ocotito: “el avance de ellos es que llegaban a casa de un compañero policía comunitario, entraban, saqueaban las cosas y amenazaban a la mujer y a los niños, que estaban solos porque todos los policías estaban en la base replegados, no estaban en su casa, porque teníamos un acuerdo con el gobernador de que íbamos a estar replegados. Entonces los compañeros se empezaron a ir de uno, de tres, y de los 150 que éramos quedamos 50”.
Alanís precisa que la incursión de la UPOEG al valle de El Ocotito se dio el 24 de octubre del año pasado, y ese día llegó la Policía Estatal, que mantenía inmovilizados a los policías comunitarios del FUSDEG mientras permitían el avance de la UPOEG.
Ante este problema, el 27 de octubre, la gente civil del FUSDEG cerró la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, para exigir al gobernador el desarme de la UPOEG y la detención de sus miembros que tenían orden de aprehensión.
La toma de la Autopista, en la que fue destacada la participación de mujeres y niños, comenzó a las 7:40 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente.
Ese día, Alanís, en los medios, exigió al gobierno federal y al estatal “el desarme del grupo delictivo Cártel del Sur que somete a los pueblos del corredor Tierra Colorada-El Ocotito-Petaquillas en alianza con el líder de la UPOEG”, Bruno Plácido Valerio.
El 30 de octubre tres dirigentes del FUSDEG fueron trasladados a Acapulco donde se reunieron con el gobernador en la oficina de la Protur, el secretario general de gobierno Florencio Salazar y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
“El gobernador se molesta mucho porque era el inicio del puente vacacional, me mandó traer, me mandó una (camioneta) blindada con César Flores Maldonado para que fuéramos”.
“Nosotros le explicamos al gobernador cómo estaban operando y cómo nos estaban destruyendo, y el gobernador se comprometió y dijo, le voy a entrar, vamos a hacer acuerdos, lo único que les pido es que se replieguen, que se salgan, que no se metan en nada, no quiero ni un muerto, y la segunda es que quiero que convenzan a la población para que no tape la autopista porque viene el fin de semana largo y van a destruir la economía de Acapulco. A cambio, dice, voy a detener a los líderes de esa gente, pero para que no se vea que yo estoy de un lado voy a detener a uno de ustedes también, pero con el de ustedes yo me comprometo a que en 72 horas esté libre y a aquellos los vamos a llevar a la de alta seguridad”.
El gobernador anunció que entrarían el martes siguiente a El Ocotito ocho BOM, con militares, policías federales, estatales y ministeriales, para detener a todos los hombres armados de la UPOEG y del FUSDEG, y pidió a los dirigentes que sacaran a sus comunitarios para que no fueran detenidos.
Los dirigentes del FUSDEG estuvieron de acuerdo, y después las bases también. Al lunes siguiente, 7 de noviembre, una comisión fue a reunirse con el fiscal Javier Olea, para darle el nombre del miembro del FUSDEG que sería detenido, y el fiscal les dijo que ya estaba todo listo para la entrada a El Ocotito al día siguiente.
La madrugada del 7 de noviembre el FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios de El Ocotito.
“El martes después de que nos salimos, manda el fiscal a traer a una comisión del FUSDEG, va la comisión y les dice el fiscal Javier Olea, que dice mi mamá que siempre no, que ya no iba a haber nada porque ya El Ocotito estaba bien, o sea que ya no había conflicto y que ellos no tenían gente suficiente para ir a hacer un operativo de ese tamaño, y que Carioca (uno de los líderes de la UPOEG, Marco Antonio Salgado Pineda) tenía mejores armas que él y que no iban a hacer operativo.
“Entonces ahí nos dejó embarcados el gobernador, sacamos a casi 100 familias de El Ocotito y ahora las familias están fuera, unas refugiadas en Tierra Colorada, están regadas en muchos lugares de Guerrero y de fuera de Guerrero, y ya no han podido regresar porque el gobernador no cumplió su palabra, ni el fiscal ni el general Almazán ni el secretario de Gobierno. Nos engañaron como tontos y se aprovecharon de la nobleza de la gente buena y ahí está la consecuencia de que ya tienen una narco UPOEG ahí aliada con Los Ardillos, con el Cártel del Sur y con el mismo gobierno. Es una alianza de los cuatro”.
Después de El Ocotito, afirma Alanís, siguió la misma operación en otros pueblos: “Ahí no paró la cosa, sino que una vez que nos sacan de Ocotito sigue el mismo plan para Xaltianguis, toman Xaltianguis, detienen a muchos compañeros, hacen la misma operación, los rodean, los empiezan a amenazar, amenazar, amenazar, y ellos presumen de que no tiraron ni una bala, y pues sí, no tiraban balas porque agarraban a las familias, a las mujeres y a los niños, y todos los hombres comenzaron a dudar con esas amenazas. Tomaron Xaltianguis, Las Marías, El Playón, Xolapa, en todos los pueblitos que teníamos del lado de Xaltianguis hicieron lo mismo y los convierten en UPOEG”.
“La gente empezó a correr a Colorada porque era el centro, porque la intención de ellos eran rodear nuevamente Colorada también. Y fue ahí donde buscamos otra vez al gobernador, pero ya no nos dio la cara”.

“El gobernador me dio la orden de que te detenga”

El 10 de noviembre Alanís le mandó al gobernador un mensaje por Whatsapp en el que le reclama que está actuando mal con el pueblo, dice que ahora sí cree que esté vinculado con el narcotráfico, y señala: “Hoy sé que nos tenemos que levantar nuevamente como pueblo y nuestros enemigos serán la delincuencia organizada y el narcogobierno”.
Este mensaje motivó la amenaza de detención para Alanís, y su salida de Guerrero para protegerse. Dice en entrevista:
“El gobernador vio el Whatsapp como a la una de la mañana, a esa hora el fiscal me marcó, pero yo ya había apagado mis celulares, y le habló al maestro Plancarte (el coordinador de la parte no armada del FUSDEG), a las 3 de la mañana, y lo amenazó, dijo que nos iba a detener porque eran órdenes del gobernador, y quería que yo le hablara para que le bajara de huevos, el fiscal me mandó un mensaje, me dijo que le bajara de huevos porque no le podía hablar así al gobernador”. “Yo me tuve que salir del estado, porque me iban a detener, yo tenía orden de aprehensión pero salía con 3 mil pesos porque es un delito que nunca se comprobó, la persona nunca se presentó, fue algo inventado por alguien que nos quería perjudicar, y lógicamente el gobierno le dio seguimiento, como para agarrarme.
“Y le contesté al fiscal a los dos o tres días, le marqué, y me contestó el fiscal y me dijo, sabes qué, tú eres el número uno ahorita para mí, el gobernador ya me dio órdenes de que te detenga y ¿sí sabes que tienes orden de aprehensión?, y le dije, ¿sí sabes cuál es mi delito, y sabes que con 3 mil pesos voy a salir?, y se empezó a reír el fiscal y le dije, bueno, solamente que me vayas a poner unos 3 kilos de goma y unos tres AR-15 para que puedas justificar porqué me detuviste, así como le hacen a todos. Y me dijo, bueno, pues ahí tú sabes, lo único que te digo es que  le bajes de huevos, ahorita eres el número uno para mí para detenerte, y son órdenes del gobernador, así que si quieres arreglar esto habla con él, habla con Florencio y sólo ellos van a poder cambiar la orden que yo traigo”.
–¿Has regresado a Guerrero, qué vas a hacer?
–Yo sí he regresado pero me salí de Guerrero, todos los compañeros líderes nos salimos, no nada más yo, dijimos, no, ni madres, vamos a arreglar nuestra situación jurídica porque éstos no nos van a detener como a Mireles, como a todos los líderes políticos, Nestora, Eliseo del Villar, Gonzalo Molina. Nosotros nos salimos, nos pusimos a ver la situación jurídica, ahorita la orden de aprehensión ya cumplió su término, y ya el juez nos avisó. Ya nosotros estamos libres, no tenemos ninguna cuenta con la justicia”.

Cambiamos de postura y ya no permitiremos que entren a Tierra Colorada

Dice que los dirigentes del FUSDEG que salieron de Guerrero en noviembre han regresado a organizar y que el Frente ha cambiado su postura.
“Fue ahí cuando ya cambiamos la postura, después de que me amenaza el fiscal y que ahora nos van a detener después de que el gobernador hizo un acuerdo, no nos cumplió y ahora nos quiere detener. Entonces ya cambiamos la postura, porque nosotros teníamos la postura de que no hubiera muertos, de que no nos podíamos matar entre la gente del pueblo”.
–Ahora el FUSDEG sólo está en Tierra Colorada.
–Sí, toda la gente del FUSDEG que ha sido exiliada de sus pueblos se refugia en Tierra Colorada, la misma gente de Ocotito,  Mohoneras, Xaltianguis, están en Tierra Colorada.
–¿Y están en peligro ahí?
–No por ahora, porque cambiamos de postura y cuando iban a tomar Colorada dijimos, aquí ya no van a entrar, y si no quiere muertos que cumpla el gobernador con su parte que nos prometió y si no aquí se van a morir los de UPOEG que entren.
–¿El cambio de postura  es que se van a defender?
–Sí, y fue ahí en Colorada donde se suscitó la balacera que duró casi un día, fue donde quedaron los reporteros atrapados. Porque nosotros nos hemos dedicado a fortalecer la parte armada, ya tenemos muchas armas y balas y el que entre ahí se va morir, porque ya estuvo bueno, se supone que la Policía Comunitaria se hizo para defender al pueblo de los crímenes de los cárteles y del crimen organizado, no para que sea parte de la delincuencia como la UPOEG, para nosotros la UPOEG es parte del crimen organizado, son enemigos de nosotros y son delincuentes, no vamos a permitir que entren, y ya no han intentado entrar, porque  ellos saben que estamos reforzados y tenemos gente y armas.
–¿Tú sigues en el FUSDEG, aunque ya no puedes estar aquí?
–Sí, yo sigo organizando a la gente y apoyando en lo que puedo.

Desde el exilio, denuncia Alanís el saqueo de sus propiedades en El Ocotito

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo, denunció públicamente el saqueo y robo de su casa y de todas sus propiedades en El Ocotito, después de que salió de Guerrero porque fue amenazado por el fiscal Javier Olea con meterlo a prisión.
Como si fuera un botín de guerra, informa que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que desplazó al FUSDEG, le quitaron todo su patrimonio. Afirma que cuando estaban saqueando, el 10 de noviembre, habló por teléfono con el comandante de la Policía Estatal, y le respondió que no era cierto.
Muestra un video de su casa saqueada y fotos de la destrucción de su vivero donde producía jitomate, y de la granja donde tenía 500 gallinas ponedoras que también le robaron y la incubadora, una casa de empeño, las herramientas de un taller mecánico, y una cocina que tenía su esposa donde vendía comida. Además, señala que un terreno de su propiedad, de 13 mil 500 metros cuadrados que le costó 100 mil dólares en 2011, fue declarado parte de movimiento de la UPOEG.
En entrevista, Alanís, de 39 años, habla de su historia:
“Yo soy del DF (ahora Ciudad de México), soy chilango, a los 13 años me vine a vivir al Ocotito, y me encantó tanto El Ocotito, un lugar tan bonito para vivir, pero a los 19 años me fui a Estados Unidos, a Clarkton en Carolina del Norte, estuve 12 años trabajando. Yo vengo de una familia muy pobre, de una madre soltera con ocho hijos, cuando yo era joven por las dificultades económicas no pude terminar la carrera de Economía, que estudié en la UAG, me faltó un año y de ahí me regresé al Tecnológico de Buenavista, estudié Administra-ción de Empresas, yo trabajaba y pagaba mi estudio y el de mi hermano.
“Me fui 12 años a Estados Unidos, a trabajar duro, hice una buena cantidad de dinero. Trabajaba en una empresa de empacar cacahuates y era mecánico de carros, en la mañana en la fábrica y en la tarde era mecánico. Me fue muy bien en Estados Unidos, hice muy buen dinero, y me vine en el 2009 debido a que mi madre ya estaba muy enferma, y ya se iba a morir ya no la iba a ver, me vine, y me quedé en México, me puse a sembrar la tierra en El Ocotito, un valle tan bonito y nadie siembra, yo dije voy a contratar gente y a dar empleo. Me puse a sembrar jitomate y me fue muy bien, busqué un ingeniero, en dos años que sembré jitomate ya tenía 50 empleados, producía mil cajas de jitomate por semana y en las aguas, tres meses, sembraba en Huitziltepec”.
–¿Cómo te uniste al FUSDEG?
–Como ya estaba creciendo mi negocio, la gente de Los Rojos ya me tenía en la mira y me metieron una gente, un infiltrado, para investigarme porque me iban a secuestrar, a la semana matan a los muchachos que me iban a secuestrar, en Mohoneras los mataron y aparecieron en Papagayo muertos. Los mataron los mismos del Cártel de Los Rojos porque habían secuestrado a un ciudadano de Mohoneras y no habían dado el dinero, eso era el rumor que se supo ahí.
“En otra ocasión nos mandaron unos fulanos cuando estábamos entregando el jitomate, y me pensaban asaltar y levantar pero uno de mis trabajadores tenía gente que había sido de Los Pelones, y esos muchachos nos cuidaban, ese día que llegan ya los estaban esperando los otros muchachos que tenían sus armitas y ya no pudieron”.
“Entonces nos juntamos un grupo de comerciantes de Ocotito porque queríamos traer a la Policía Comunitaria, y nos organizamos, fueron a ver a Bruno Plácido y a Ernesto Gallardo (los dirigentes de la UPOEG), pero decían que sí y que no, que querían para gasolina, y dijimos vamos a juntar 30 mil cada comerciante y los vamos a dar, era un grupito bien cerrado y bien secreto, porque te mataban por un peso en Ocotito. Y empezamos a hacer un grupo de los equis, donde yo era un equis e invitaba a otro equis, pero sin decir nombres y sin conocernos, yo me busqué mi gente de confianza que eran puros equis y el otro otros equis, para que si nos agarraban a uno no vamos a decir quién era”.
Habla de la entrada de la UPOEG a El Ocotito, la primera vez, el 23 de enero de 2014, con el dirigente Bruno Plácido a la cabeza. Dice que a los tres meses la gente del pueblo corrió a Bruno y a sus seguidores, acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada, de corrupción y de irregularidades como la acusación a vecinos de cualquier delito fabricado sólo para quedarse con sus bienes. Pero tras la salida de los líderes de la UPOEG, los comunitarios de El Ocotito siguieron siendo UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundaron el FUSDEG.
–Para ser coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG, ¿sabías de armas?
–Yo no sabía de armas, hasta la vez no sé bien de armas, entonces yo era comerciante y me dedicaba a lo mío, a sembrar jitomate. Entonces un día de repente llegó la UPOEG a Ocotito, y los que estábamos organizados nos quedamos boquiabiertos, dijimos, caray, nosotros éramos los que estábamos organizando y ya llegó la UPOEG. No nos pidieron ni para gasolina, nomás nos dijeron una noche, vamos a llegar mañana alístense. Y una hora después nos dicen que se canceló, ya ni les creíamos. Y al otro día llegó la comunitaria de la UPOEG, la Policía Ciudadana de Bruno.
“Al otro día nos dijeron, los queremos aquí a las 2 a todos los que van a apoyar. Entonces yo les comenté, entre mis trabajadores, a un grupo de confianza, y junté siete, y conseguí armas, escopetas y 22, con la misma gente de nosotros. Ya teníamos siete personas conmigo y siete armas, nos presentamos a las 2 con el grupo, yo iba al frente de mi grupito.
“Empezamos a operar con ellos, el primer día nos juntamos como 30 gentes armadas del puro Ocotito, y fue así como nos metimos, pero mi idea es que yo quería apoyar a que se instalara el sistema bien y me retiro, sólo me quedo con mi cooperación. Pero resulta que a los 10 días de que llega la UPOEG empezamos a ver que a unos delincuentes sí les dejaban recargar toda la mano y a otros los dejaban ir. Y empezamos a pelear con ellos, y les de-cíamos: éste era halcón (espía de la delincuencia organizada), cómo es posible que lo hayan dejado ir. Me acuerdo de un caso que nos dijeron: queremos que dejen ir a estos halcones, eran cuatro, y yo les decía: ¿por qué los vamos a dejar ir, qué no se-gún ustedes reeducan?, y dijeron, es que es un delito muy pequeño y yo les decía: ¡ah qué bonito, entonces ahora todo mundo va ser halcón, buenos días, que te vaya bien halcón¡. No, eso se tiene que castigar o hay que entregarlos a las autoridades. Fue el pleito, al otro día dejaron ir a dos, ya no amanecieron.
“Empezamos a ver que a un grupo delictivo sí se le recargaba y a otro grupo no. Como que ya llevaban una línea.
“Como a los 15 días de que entró la UPOEG ya éramos 13 comandantes, de todos los pueblitos. Nos citaron a la primera reunión de comandantes. Yo les decía que yo no era comandante, y me decían: te tienes que hacer comandante, y yo decía que yo nomás estoy apoyando porque me voy a salir. Me dijeron: te tienes que hacer comandante porque tienes tu grupo y si no eres comandante no puedes traer gente. Total que me tuve que hacer comandante a la fuerza”.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.