Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.

Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.

 

Inician proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos sobre candidaturas para el 2024

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos, el plan de trabajo y el calendario para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
La consulta se realizará en cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020, que invalidó las reformas realizadas por 62 legislatura al Congreso local, en las que se establecieron las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Estas reformas deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo local a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral próximo para que sean vigentes en el próximo proceso.
El plazo que la Corte estableció al Poder Legislativo de Guerrero para las reformas en la materia venció el pasado octubre, pues en su resolución los magistrados vincularon al Congreso en la sentencia de invalidez para que realice la consulta y emita la regulación aplicable “a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021”. Sin embargo, el Congreso pidió una prórroga a la Corte y argumentaron que están en “vías de cumplimiento”.
Con la aprobación por el Consejo General de estos lineamientos, el plan de trabajo y el calendario de la consulta se da inicio a este proceso.
La consulta se realizará en “colaboración y coordinación interinstitucional” entre el Congreso y el IEPC de acuerdo con un convenio específico para este fin firmado el martes pasado por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, y la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama.
En este convenio, de acuerdo a lo mencionado en un boletín del Congreso local, “las partes firmantes se comprometen a efectuar de manera coordinada la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, respecto de la consulta ordenada por sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020”.
Esta consulta se da a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de dos procedimientos, en contra de las reformas en materia electoral que tienen que ver con la postulación de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local.
La acción de inconstitucionalidad ante la Corte lo promovió un grupo de 16 diputados de Morena de la pasada legislatura, incluida la ahora presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos ante el TEPJF fue presentado por quien se ostentaba como gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas Hipolito Arriaga Pote, ambas resoluciones ordenan una legislación en la materia a partir de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte ordenó que se establezcan en la legislación -a partir de la consulta- las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos; y el TEPJF ordenó también que se establezcan las reglas para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 que también tiene que ver con que se dé prioridad a candidatos indígenas o afromexicanos en zonas con mayor población de estos dos grupos.
A partir de esta consulta, deberán quedar establecidas las reglas que operarían para el próximo proceso electoral sobre el número de distritos, municipios, cargos que aplicarían para la exclusividad de representación indígena y afrodescendiente y, que en el caso del Congreso del Estado, deberá expedir el decreto que modifique la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena y afrodescendiente.
Ayer en la sesión del CG del IEPC se informó que la consulta se realizará en 49 municipios: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoauilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.
También se hizo la precisión que los resultados de la consulta se sistematizarán y entregarán al Congreso local a través de la Jucopo para que realice las reformas necesarias. El IEPC también utilizará esta información para aprobar los lineamientos que aplicarán en el próximo proceso electoral en materia indígena, y se aprobó la convocatoria para observadores de este proceso de consulta.
Además, se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del IEPC para atender el convenio específico de colaboración interinstitucional suscrito entre el Congreso local y el instituto electoral.
En la sesión también se tomó protesta a las nuevas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se trata de Deysi Anahí Santiago Baltazar, como Técnica de lo Contencioso Electoral, Marleny Larios Bazán como Técnica de Organización Electoral, Aimé Hernández Vélez como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales, y Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales.
 

Llaman a usar leyes para garantizar a mujeres participar en elecciones en sus comunidades

La regidora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tepecoacuilco, Anel González Flores, denunció que en el municipio se les impide a las mujeres participar en la elección de Comisarías y al presidente municipal panista Félix López Olivares por usar palabras ofensivas hacia las mujeres a las que se refiere como “pinches viejas” Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La regidora panista de Tepecoacuilco de Trujano, Anel González Flores, denunció durante la conferencia Avances, Obstáculos y Desafíos de la Participación Política de las Mujeres en Guerrero, que el alcalde Félix López Olivares se ha resistido a que las mujeres indígenas de Ahuehuepan ejerzan su derecho de votar y ser votadas en las elecciones de comisarios, además de que la limitan en sus funciones.
La conferencia se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la que participó la regidora, y aprovechó para denunciar las resistencias en su municipio para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y preguntó si son impugnables las elecciones porque sólo han votado los hombres en dicha comunidad.
En su intervención la regidora explicó que para mantener o cambiar un mecanismo de elección por usos y costumbres debe ser aprobado por el cabildo, pero a ella no la han dejado presentar su propuesta para modificar el hecho de que solo los hombres pueden votar.
En ese sentido dijo que el alcalde panista es machista e incluso en sesiones de cabildo se refiere a las mujeres como “pinches viejas”.
Y denunció que se ha encontrado con obstáculos para ejercer su cargo: “he nadado contra corriente a pesar de que somos del mismo partido político (PAN), pero se me ha impedido hacer labor a favor de las mujeres indígenas”.
En respuesta, el fiscal especial en Delitos Electorales, Miguel Guizado Jaimes, recordó que hay un antecedente directo y reciente, el caso de Ocotequila, donde por primera vez las mujeres indígenas de esa población accedieron a su derecho al voto.
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, recordó que el Congreso local aprobó la Ley de Elecciones para La Comisarías Municipales, en la que se garantizan derechos humanos o derechos fundamentales de las mujeres, entre estos la integración con paridad de género de las planillas, disposición legal que se emitió a raíz de una resolución de este Tribunal Electoral por una impugnación en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
También le dijo a la regidora que no es necesario que las ediles tengan que proponer un acuerdo de cabildo para que las mujeres sean tomadas en cuenta, porque esto ya es una obligación de los ayuntamientos que en los municipios, en las elecciones de comisarías, las mujeres tengan el derecho de votar, y ser incluidas en las planillas, sin importar si se rigen por usos y costumbres.
Eugenio Alcaraz apuntó que el artículo segundo de la Constitución federal establece que los usos y costumbres prevalecen y se garantizan, “pero jamás serán violatorios de los derechos humanos, y los derechos políticos de las mujeres, son derechos humanos”.
Y le planteó tres vías para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la primera es a través de un Juicio Electoral Ciudadano (JEC), el cual tiene como fin restituir derechos político-electorales, y se presenta ante el TEE; la segunda vía es el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que tiene como finalidad sancionar a quien comete la violencia política, y la denuncia se presenta ante el IEPC.
El órgano electoral será el encargado de sustanciar e investigar, y una vez hecho, integra el expediente y lo remite al TEE para que sea este órgano jurisdiccional el que resuelva si hay violencia política o no.
Ambos procedimientos se establecen medidas cautelares y medidas de protección, por lo que no es necesario finalizar los procedimientos para que la mujer víctima de violencia esté protegida desde el inicio de la presentación tanto de la demanda de JEC o de la denuncia del PES, por lo que dijo es importante denunciar, para que tengan el acompañamiento con medidas de protección.
Finalmente dijo que la tercera vía, sería una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, donde se sanciona al victimario con prisión y una medida de reparación.
Después en declaraciones, la regidora explicó que ha intentado que en esta comunidad se pueda votar y ser votada en las elecciones de comisarios, pero el alcalde no quiso.
Anel González comentó que en esta comunidad indígena del Alto Balsas las mujeres tienen la intención de participar en los procesos de elección de las autoridades, pero no se les ha permitido y el alcalde no las respalda.
La regidora panista llamó a las autoridades en la materia que acudan a esta población e investiguen preguntando a las mujeres de esta comunidad, por su parte dijo que ella denunciará para que inicien los procedimientos.

Tiene Evelyn agenda feminista, dice consultora

La ponente, la consultora e envestigadora sobre la desigualdades y liderazgo político con perspectiva de género, Mónica Patricia Zárate Martínez, cuando habló de las mujeres guerrerenses que han logrado ganar espacios importantes o emblematicos por su contexto, finalizó con el caso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de quien destacó que sí tiene “una agenda feminista”, a pesar de las resistencias “que seguramente debe tener al interior del gobierno, trae también los estigmas”.
Reiteró que a la gobernadora la deben de acuerpar las organizaciones de mujeres “porque trae el estigma de su proceso de elección, y lo que ustedes quieran, pero demosle chance ¿no? Acuerpémosla, acompañémosla para que pueda hacer su trabajo”.
En su ponencia también dijo que la participación de las mujeres sobre todo en el ámbito político en los espacios que se toman las decisiones “es triplemente difícil”, y eso ha generado muchas denuncias por violencia política.
Destacó que en Guerrero, hay “una capacidad organizativa muy impresionante”, pero consideró importante que las organizaciones locales se vinculen con las nacionales y regionales.
Zárate Martínez valdría la pena “releer algunos puntos que tiene la reforma, el Plan B donde nos están diciendo entre líneas ‘ustedes no pueden estar ahí’ en los cargos públicos”, y afirmó que está en riesgo la equidad en la política.
Destacó también que la estructura organizacional de los partidos políticos en el país no es favorable para las mujeres a quienes mantienen relegadas que no han dejado otro camino o método de garantizar sus derechos que con acciones afirmativas, “por eso es importante tener estos mecanismos temporales que nos ayuden a subir”.
En el país, dijo, los partidos tienen estructuras organizacionales de las “más burocráticas, muy jerárquicas, muy anquilosadas, con modelos de gestión muy anacrónicos… con un liderazgo tipo clan, donde tú tienes que pertenecer a un grupo político, a una tribu, como ustedes le quieran llamar dónde ese liderazgo lo tienen los hombres entonces para que una mujer transite en es en esa estructura organizacional le va a costar muchísimo más trabajo que a los hombre por eso no es que no haya mujeres capaces no es que no haya mujeres es que esa estructura organizacional no es favorable”.
Sumado a que el presupuesto que le llega a los partidos políticos etiquetado exclusivamente para el fortalecimiento y capacitación de las mujeres es utilizado para otros fines y “siguen haciendo simulación”.

 

Anuncia Astudillo iniciativa para garantizar igualdad de mujeres en cargos de elección

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que propondrá al Congreso local una iniciativa para la igualdad política, con que la se reformaría la Ley Electoral para dar más espacios a las mujeres.
El gobernador adelantó esa iniciativa este jueves en la Sala de la República de Casa Guerrero, durante el coloquio Paridad de género y legislación electoral en el estado de Guerrero, la agenda pendiente.
Detalló que esta iniciativa tiene el objetivo de que las leyes en materia de electoral de equidad de género, tengan claridad de la situación política de las mujeres, y que los partidos políticos postulen como sus representantes 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
Actualmente la ley garantiza la paridad solo en las candidaturas a diputaciones locales, pero no así en las de ayuntamientos. Por esa razón en la pasada elección local tres mujeres perredistas recurrieron al Tribunal Electoral del Estado (TEE) que, mediante una resolución, obligó a todos los partidos políticos a registrar por lo menos a 40 mujeres en las 81 alcaldías como candidatas a presidentas municipales.
Si bien el TEE intervino para garantizar la paridad en las candidaturas a ayuntamientos en las elecciones de 2015, de no reformarse la ley podría repetirse ese problema.
El encuentro fue organizado por la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y Equipos Feministas, con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres a través del Programa Proequidad, Décimo Quinta Emisión, del gobierno estatal y el Congreso local.
En el coloquio participaron la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figuero;, la senadora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez; la directora de Participación
Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Soto Maldonado, y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, entre otros, quienes abordaron la situación de las mujeres en la política, así como la violencia de cual son víctimas en el estado.
Durante el coloquio se desarrollaron cinco paneles de discusión, que concluyeron que es importante apoyar a las mujeres que cuentan con cargos públicos en los tres niveles de gobierno, así como luchar porque se respeten sus derechos.
La inauguración estuvo a cargo de Astudillo Flores, quien llegó al final del coloquio, y en su intervención dijo que en los últimos dos meses se han hecho eventos sobre mujeres. Además, señaló que es importante la participación de presidentas municipales, regidoras y síndicas en estos actos, así como de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Declaró que “el gobernador se ha comprometido en presentar al Congreso una iniciativa para la igualdad política, quiere ahorrarle trabajo a los tribunales, quiere que las resoluciones de los tribunales se resuelvan desde la ley”.
Manifestó que “es importante tener claridad de los datos y de los números que podamos propiciar, que todo lo que tiene que verse con los feminicidios me ayuden para que tenga mayor precisión en el estado”.
Expresó que cada vez que haya un asesinato de una mujer, se vea como feminicidio, “el gobierno quiere proteger a los guerrerenses, principalmente a las mujeres”.
Dijo que la agenda pendiente del coloquio se trabajará antes del 1 de septiembre. Su participación fue aplaudida por las mujeres presentes en el acto, a quienes Astudillo Flores pidió que lo acompañen a entregar la iniciativa al Congreso local una vez que esté lista y para ellos se comprometió a estar en contacto con las organizaciones que asistieron al acto.
“Tiempos complicados”

Por otra parte, puntualizó que estos “son tiempos complicados no para Astudillo, sino para quien hubiera sido gobernador”, ya que “la tragedia” del estado comenzó en el 2013 con las contingencias que provocaron la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y “la otra tragedia” ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala con los ataques a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Expresó que su deseo es que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos “no estuvieran marchando sino en sus casas, en su campo, trabajando, que los maestros en Tixtla estuvieran en las aulas, es mi deseo”, pero que los problemas no se pueden resolver tan rápido porque para ello se requiere de muchas voluntades.